(Melvin López Herrera)

Últimamente ha recobrado discusión y debate mediático el tema de las mal llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE) que fue el parto tenebroso y maquiavélico que se gestó a través de un concebido plan en el Congreso Nacional en los años 2012 y 2013, donde se violó y destruyó nuestra Constitución de la República, con la complicidad por inacción de la Fiscalía General de la República y el sometimiento al actual gobernante de facto por parte  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009 – 2016, y ahora con la del período actual como consecuencia de la reciente Resolución emitida por mayoría de su Pleno, aprobando el establecimiento de la jurisdicción especial dentro de las ZEDE. 

Todo ello no es otra cosa que el toque final que se le está dando, dentro de la mayor impunidad y con categoría de traición a la Patria, a la confirmación y habilitación de un Estado dentro de nuestro propio Estado; con lo que se ha vendido o hipotecado nuestra soberanía, destruyendo con ello nuestra identidad colectiva de nación y de país, y propiciando oficialmente el asentamiento en dichas zonas de un moderno sistema de esclavitud laboral en pleno siglo XXI en donde ni la garantía constitucional del derecho al trabajo ni el Código del Trabajo tendrán vigencia protectora para quienes luchan honradamente para procurarse el sustento familiar. Todo ello ha llevado al total resquebrajamiento del Estado de derecho en nuestra atropellada Honduras.

En este período eleccionario se ha encendido nuevamente la pira gubernamental con nuevas acciones que vienen a ahondar el grado de violación a nuestra carta fundamental y leyes secundarias, siendo entre otras esa reciente Resolución de la CSJ; con la que han terminado de hundir el Estado de derecho. Con todo esto se busca que la oposición política caiga en la  trampa que el partido de gobierno y el gobernante de facto le están tendiendo para que ese tema de las ZEDE sea el artificio electorero de quienes quieren permanecer detentando el poder político a toda costa; engañando e ilusionando a un pueblo más que humillado.

Y es allí precisamente donde está la trampa que el Partido Nacional y el gobernante de facto piensan tenderle a la oposición política en este proceso electoral, atrayéndole con este espinoso tema a su propio “ring” de boxeo, pretendiendo evadir la vindicta pública que ya ven venir este 28 de noviembre; haciendo para ello uso de las herramientas que bajo su control disponen: el hambre y necesidad de un pueblo; el engaño al elector con el espejismo que le presentan al anunciarle masiva generación de empleo a través de las ZEDE; el control que ejercen sobre los medios de comunicación social con cadenas radio televisivas, anuncios y pautas con las que enajenan a la nación. Notorio es cómo desde un telenoticiero vespertino de la capital, sus máximos conductores se han convertido en guerreros defensores de este desgobierno y de las “zonas de empleo y desarrollo económico”, al grado inclusive de desarrollar desde ese canal toda una propaganda televisiva promoviendo el paraíso que falsamente se ofrece desde dichas ZEDE.

No se trata que no nos deba importar estos recientes acontecimientos relacionados con el fortalecimiento inconstitucional de las ZEDE que nos deja la Resolución de la CSJ.  Definitivamente es una obligación de todo bien nacido hondureño el luchar por rescatar el Estado de derecho, el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución que nos manda su artículo 375, y darlo  todo por el rescate de la soberanía nacional ahora cercenada con ese proyecto desarrollado e impuesto inconstitucionalmente en 2012 y 2013 desde el Congreso Nacional, con el que se dio vida a las inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”, las que al final se habrán convertido en paraísos fiscales y criminales dentro de nuestra geografía política.

Se trata de que al Partido Nacional y al gobernante de facto, que ya ven venir el castigo de la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre, no les conviene que se le recuerde al pueblo elector el fracaso en la atención indebida con la actual pandemia, que es responsabilidad del gobierno y que tantas vidas ha cobrado; ni el robo ni la estafa al Estado y a la nación con la compra y traída de los hospitales móviles, cuya responsabilidad final recae en el gobernante de facto debiendo responder por ello, ya que al tenor de los numerales 18 y 19 del artículo 245 constitucional es él quien debe velar por la conducta oficial de los funcionarios públicos y quien debe administrar (transparentemente) la Hacienda Pública; ni tampoco el derroche millonario generado desde la famosa “tasa de seguridad”, ya deficitaria, con la injustificable compra de una exagerada flota de vehículos blindados cuyo escándalo surgió recientemente a la luz pública, etc.

Tampoco les conviene que el pueblo elector esté consciente de los grandes actos de corrupción generados por este desgobierno y la impunidad decretada oficialmente desde el Poder Legislativo y refrendada por el Poder Judicial, con reformas también inconstitucionales a leyes con las que han propiciado la evasión de la justicia volviendo inefectiva la acción pública en la persecución del delito, que por disposición constitucional corresponde al Ministerio Público, no importa la calidad y legitimidad cuestionadas de quien actualmente ejerza su titularidad.  Igualmente no les conviene, trabajando para ello desde las tinieblas, que una verdadera oposición política se constituyera en alianza electoral para el proceso de noviembre próximo.

Es por eso que el Partido Nacional y el gobernante de facto han confeccionado su formato de campaña electoral pretendiendo que esos temas y hechos denunciados en los dos párrafos anteriores se mantengan en la oscuridad y el olvido, para que no graviten sobre el venidero proceso electoral.  Prefieren llevar a la oposición a otro escenario, a su propio “ring” político donde querrán desinformar a una población electora, en este caso sobre las falsas bondades de aquellas “zonas de empleo y desarrollo económico”, con la que entregaron la soberanía nacional y donde ni el salario mínimo consensuado por las partes o decretado por el Estado tendrá vigencia en favor de quienes por necesidad o por hambre emigren o les fuercen a emigrar hacia esas zonas.  

Así, imponiendo cadenas radio-televisivas y difundiendo propaganda gubernamental  donde su costo es conmutable con  impuestos, pretenden confundir en su afán de vencer la conciencia y la indignación de un pueblo ofendido; aturdiéndole con abundantes falsos positivos con que nos bombardean en cada momento sobre las falsas bondades de las indiscutiblemente inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”. Y con ese formato de su campaña electoral pretenden embaucar al pueblo para conseguir su voto. ¿Caeremos en su trampa?

Junio 21, 2021

(Melvin López Herrera)

Recientemente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) hizo público un importante comunicado emitido colegiadamente por esa institución, por medio de su Junta Directiva de la que Juan Carlos Sikaffy es su Presidente.  Ese comunicado surgió como una necesidad del Cohep de no quedarse en el silencio sobre lo acontecido con la creación de tres zedes que no pasaron por la aprobación obligada de mayoría calificada (dos terceras partes de sus miembros) del Congreso Nacional, con lo que esas tres aprobaciones violentan la disposición constitucional en el párrafo sexto del artículo 329, que manda que sea el Congreso Nacional el que deberá aprobar la creación de cualquier zede, independientemente de que se lleve a cabo en zonas de baja densidad poblacional; pues lo único que se obvia en este caso particular (en las zonas de baja densidad poblacional) es el requisito de la celebración de un plebiscito a realizarse conforme el procedimiento establecido en el artículo 5 constitucional; pero la aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional se mantiene como atribución exclusiva de ese órgano, y que no puede atribuírsela nadie más.

Igualmente el Cohep señaló en su comunicado que es inconstitucional una interpretación del Congreso Nacional a la Ley de Impuesto sobre Ventas por la que se le otorga un beneficio a las zedes que no está contemplado en su ley orgánica. Para lograr un efecto modificatorio en la Ley de las zedes, la cual sólo puede ser modificada con voto calificado del Congreso Nacional, se introdujo esa interpretación a la Ley de Impuesto sobre Ventas; simplemente para evadir y burlar el requisito único legal de la exigencia del voto calificado del Congreso Nacional para modificar la ley orgánica de las zedes.

Ante esas situaciones el comunicado del Cohep es categórico en el sentido de que su Resolución número 28-02-06-21 del 2 de junio de 2021 emitida después de haber recibido y aprobado el correspondiente informe técnico jurídico de su Comité de Directores encomendado al efecto, establece que ambos hechos relacionados con la creación de tres zedes donde no intervino el Congreso Nacional y la interpretación que se le hace a la Ley de Impuesto sobre Ventas son ambas inconstitucionales, y constitutivo de alto riesgo para quienes se aventuren a invertir en esta zonas; por la ilegalidad que se dio con las mismas.

Como consecuencia del pronunciamiento enérgico del Cohep en su comunicado, no tardó el gobernante de facto en amenazar públicamente con quitarles la administración y el beneficio que hace años les otorgó el Gobierno para la venta y distribución de los marchamos que se utilizan para asegurar la inviolabilidad de los contenedores utilizados en operaciones aduaneras de exportación, y que representa un considerable ingreso autorizado al Cohep.

Ha sorprendido la reacción inmediata de Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, quien en lugar de salirle al paso al gobernante de facto contra la amenaza proferida, se ha pronunciado públicamente mediante su cuenta de tweets afirmando que “estoy de acuerdo con las zonas de empleo y desarrollo, siempre y cuando le otorguen los mismos beneficios a todas la empresas nacionales y extranjeras que operan a nivel nacional”

Realmente esa salida a título personal del presidente del Cohep, en donde es fácilmente identificable que se divorcia del pronunciamiento colegiado de su Junta Directiva, deja un mal sabor a la nación.  Es obvio que con ese pronunciamiento se aleja de mantenerse firme en la posición colegiada del Cohep, para dejar navegando solos a los restantes integrantes de la junta directiva ante esta lucha que debe ser de todos los hondureños por restablecer el Estado de derecho, altamente cercenado por el Partido Nacional hecho gobierno y con la colusión de la institucionalidad del Estado cuya misión debe ser fortalecerlo, en lugar de destruirlo.

Y preocupa ciertamente esa posición personal del presidente del Cohep por dos razones fundamentales: Una de ellas es que pareciera que para él pesó más el efecto de la amenaza del Juan Orlando sobre los marchamos, que la plena convicción de lo que acontece jurídicamente con las zedes y la necesidad de que se mantenga en una posición de la que no se puede claudicar  junto con el resto de los miembros de la junta directiva con relación al comunicado ya referido.

La otra es, que tenemos presente cuando en ocasión de sus participaciones en cadenas realizadas en torno a la actual pandemia, tuvo la oportunidad de pronunciarse públicamente en dos ocasiones como presidente del Cohep, manifestando que esa institución está en contra de la reelección presidencial (como una eventualidad del actual gobernante de facto) por ser inconstitucional.  Y nos preguntamos: ¿Qué pasaría si de pronto el presidente del Cohep cambia su posición sostenida colegiadamente y nos da la sorpresa de manifestarse personalmente a favor de una eventual reelección de Juan Orlando?. Esto es algo que se debe pensar y analizar seriamente pues una variante en el pensamiento de Juan Carlos Sikaffy, tomando en cuenta que es el presidente del gremio empresarial de la nación, puede arrastrar al empresariado hondureño a facilitar nuevamente, como lo hizo con su silencio y con su inacción en 2017, que Juan Orlando vuelva a violar la Constitución pretendiendo reelegirse y mantenerse en el poder desde el poder mismo.

Ya el Cohep cuando, por medio de su presidente, se pronunció públicamente contra la reelección presidencial; nos dio un cierto alentador respiro sobre el desenvolvimiento del actual proceso electoral, y con ello ha hecho mantener las esperanzas en cuanto a que no nos enfrentaremos a una crisis como la de 2017, esta vez con más indeseables como inescrutables consecuencias.

El Cohep debe darle la importancia debida a estas declaraciones personales de su actual presidente. Está llamado a tratar a lo interno y de inmediato este delicado asunto; y hacer ver a la nación que se mantiene invariable ante el comunicado reciente que hizo respecto a las zedes, y reconfirmarle a la nación que mantiene su posición invariable en contra de la reelección presidencial por ser inconstitucional… sobre todo esto último, tomando en cuenta que ya corren muchos rumores sobre el destino final del candidato presidencial del partido político que hecho gobierno, ha sido el constructor de las mayores desgracias para la nación entera.

Junio 13, 2021

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  (Melvin López Herrera)

                             Att. Lic. Osman Reyes

Presidente.

Incorporando a mi personal inquietud, la de muchos ciudadanos, me estoy dirigiendo en esta ocasión al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), y a sus agremiados dentro de dicho Colegio, en ocasión de aproximarnos a la celebración de las elecciones generales de la nación, y con ello la definición del verdadero rumbo y destino que tomará Honduras: recuperarse en su esperanza y dignidad a la que tenemos derecho sus habitantes, o terminar de hundirse dentro de un proceso político-social; al que se le ha sometido a partir del golpe de Estado de 2009 y durante casi doce años de ser gobernada por el partido político convertido en el más perverso en la historia de la nación, al haber caído en manos y bajo el control de la delincuencia, el crimen organizado y hasta la narco actividad entronizados en ese instituto.

Siempre hemos pensado que se le puede dar vida nuevamente a aquel “cuarto poder” de antaño que servía como un equilibrio necesario entre el mundo político y el social dentro del cual se conducía la nación; y que cuando era necesario hacía alzar oportunamente su voz y con el peso debido cuando la Patria lo requería, evitando con ello llegar a los extremos en que actualmente se encuentra nuestra nación como Estado.

Naturalmente que al hablar del “cuarto poder” no nos estamos refiriendo a los medios de comunicación social como entidades mercantiles cuya finalidad es el lucro y que detrás de ellas están sus tenedores como grupos empresariales fundamentalmente corporativos. Nos referimos definitivamente a los comunicadores sociales que a través de aquellos “medios” hacen su labor profesional, misma que en la mayoría de los casos se vuelve vulnerable en su condición de dependientes de sus patronos que logran imponerles el formato con el que habrán de forjar opinión pública. Y en otras ocasiones, cuando no lo es por la vía patronal, se vuelven víctimas de la tentación o amenaza del poder político lo que no les permite actuar con la debida independencia en su ejercicio profesional.

Nos llamó poderosamente la atención que con el ruido que se dio tras la publicación de una lista Hermes, el Colegio de Periodista de Honduras (CPH) se concretó a hacer una pública defensa de sus agremiados señalados en dicha lista, advirtiendo las amenazas y hasta atentados que han sufrido algunos de sus agremiados, que no son los únicos dentro de los gremios profesionales.  Y no es que no estemos de acuerdo en una respuesta colegiada de ese gremio… lo que sí definitivamente extrañamos es que en ningún momento pretendió promover una investigación que llevara a confirmar o descartar los supuestos beneficios alcanzados por quienes fueron señalados con nombres y apellidos en esa lista.

No nos mueve en esta oportunidad revolver esa noticia que pasó bajo las sombras de la noche y de la que actualmente ya nadie habla. Lo que verdaderamente nos inquieta es que si efectivamente hubo algo de cierto en esa lista Hermes; indudablemente esas tentaciones a las que puede sucumbir cualquier mortal podrían ponerse en moda con motivo del actual proceso electoral en su fase final, el que concluirá con la elecciones de noviembre próximo.

Ya el gremio periodístico mantiene una impagable deuda con la nación, que ha sido sometida por casi doce años al dominio de un partido político secuestrado por quienes se mantienen férreamente con el control del mismo.  Y esa deuda sostenemos ha sido producto de su silencio (bajo cualquier motivación) mantenido sobre todo desde que se nos impuso para las elecciones de 2017 una ilegal candidatura presidencial, y luego un ilegal gobierno, violentando la Constitución de la República.  Y le adjudicamos esa responsabilidad que no sólo es de ellos en virtud que siendo los periodistas, y estando entre ellos los voceros oficiales de los medios de comunicación social, quienes tienen a su disposición cámaras y micrófonos las 24 horas y los 7 días de la semana, poco o casi nada hicieron en 2017 por elevar su protesta ciudadana (que nos manda a todos la Constitución) contra una imposición al margen de la ley.  Es más, en todos los programas de debates y noticias se sigue mencionando y reconociendo a quien usurpa el Ejecutivo como “Presidente” sin serlo constitucionalmente… es simplemente un gobernante de facto, aunque la Carta Magna le llama “usurpador”.

No debemos ignorar que quienes se han hecho del poder político a través del Partido Nacional, los mismos que nos tienen sumidos en la miseria, la pobreza y el desprestigio como país, ya tienen planificado su proyecto  continuista en este nuevo proceso electoral; desde luego que a base de fraude y de violaciones a la Constitución y las leyes, para lo que cuentan con el estado de secuestro en que tienen toda la institucionalidad y el silencio que nuevamente pretendan comprar o imponerle al “cuarto poder”. Se espera entonces que esta vez el gremio periodístico y su colegio profesional asuman su responsabilidad ciudadana para oponerse desde sus trincheras de libertad de expresión a cualquier alteración del proceso electoral que se nos quiera imponer en noviembre.

Mayo 31, 2021

Melvin López Herrera.

(Melvin López Herrera)

No somos los únicos que oportunamente señalamos, ser indispensable como necesario que la oposición política en su totalidad constituya un solo bloque para hacerle frente al Partido Nacional en el próximo proceso electoral. Eso se viene repitiendo pero sin los resultados esperados.

Entre varios de los pronunciamientos, está una carta que en diciembre pasado personalmente enviamos a los principales líderes políticos de la oposición (Mel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasrralla), en donde fuimos bien claros en el sentido de hacerles saber que aisladamente serían más que ilusos al pretender que separadamente vencerían esta dictadura, la que ya tiene bien probado su proyecto de imponerse en las elecciones de noviembre con un fraude más que perfeccionado (por descomunal) en comparación con el de 2017, y asegurado con el sometimiento de las Fuerzas Armadas a Juan Orlando Hernández que no sólo se trata de la persona natural que lleva ese nombre de pila,  sino también del grupo delincuencialmente identificado dentro del Partido Nacional, que le ha acompañado y le continuará acompañando para mantenerse en el poder y así seguir usufructuando las delicias del Estado, con sus actos de corrupción, delincuencia y hasta señalados nexos con la narco actividad con una resonancia universal desde las cortes de New York.

Es lamentable que el desastre operado con las elecciones primarias no les dejó lección a esos “líderes políticos de la oposición”. Hasta la persona más sencilla por sus pocos conocimientos en asuntos electorales sabe muy bien que el fraude que se impuso en las primarias, era un diseño creado para propiciar las condiciones que llevarían a un mínimo esfuerzo para impedir que se alcanzara la necesaria consolidación de toda la oposición, que acabaría de una vez con esta dictadura que continúa dispuesta a recetarnos hasta cincuenta años de corrupción y narco estado y un mayor hundimiento en la pobreza y la indigencia, con olores a miseria humana.

Así tomando en cuenta que habiendo sido declarado ganador Yani dentro del Partido Liberal, y sabiendo lo que ya trascendió que él estaría de acuerdo en la constitución de una alianza si, y sólo si él encabeza la candidatura presidencial dentro de la oposición; no se podría esperar acuerdo alguno. Y el Partido Liberal se iría nuevamente separado en el proceso electoral de noviembre; y hasta podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que ese ha sido parte del preconcebido proyecto del Partido Nacional.

Del lado de Libre se ha más que sostenido que Xiomara no estaría dispuesta a ceder en esta ocasión su candidatura presidencial dentro de la ya fracasada alianza de oposición; argumentándose para ello que ya lo hizo en 2017. Y hasta ahora se ve que esa es su definitiva posición personal y la de las bases de su partido.

En cuanto a Salvador, desde un principio él ha considerado contar con la simpatía y respaldo (dice él) de dos millones de electores, con lo que ve innecesaria una alianza del PSH para derrotar al Partido Nacional.  Y con esa seguridad de la que presume, sólo está contribuyendo, con sus continuos insultos y ofensas hacia otros, a acentuar más la grieta en la oposición política; la que no lograría enfrentarse exitosamente al partido que durante casi doce años sólo ha traído miseria, pobreza y humillación a la nación y el descrédito del país ante la comunidad internacional.

Lamentablemente los consejos que en privado y de buena fe le hemos dado, y le seguiremos dando, no le hacen reflexionar y rectificar sobre el comportamiento necesario que todo líder político, sin excepción, está exigido a mantener para sí; y con ello presentar el único y verdadero perfil que un buen político debe trasmitirle a la ciudadanía electora, deseosa de un verdadero cambio dentro de la nación y con la altura política que se impone a quienes pretendan asumir la conducción del Estado.

En la carta de diciembre pasado que al inicio comentamos se hacía ver que si la alianza no se daba, por no ponerse de acuerdo sobre quién encabezaría la fórmula presidencial, que lo más indicado sería que se buscara una cuarta persona (que seguro la hay… y más de una) para encabezarla, y que ese sacrificio patriótico lo hicieran lo líderes para asegurar sacudirnos esta dictadura.

Y me pregunto: ¿porqué no podrían diferir sus naturales aspiraciones presidencialistas, dando vida efectiva a la alianza con otra cabeza, y después de derrotado el Partido Nacional pensar en lanzarse separadamente dentro de su partido para las elecciones de 2025?…¿Pesan más sus ambiciones personales, a sabiendas que una oposición irreconciliable entre sí facilitaría la continuidad de los nacionalistas en el poder y con el mismo esquema de gobernar: el sometimiento de todos los poderes del Estado y sus instituciones, y con ello la continuidad de un gobierno corrupto y con señalamientos de haber convertido al país en un narco Estado?… ¿Tendrán vergüenza los líderes políticos de la oposición sobre el triste destino que nos están recetando con sus obstinaciones; que al final les hará responsables directos de un noviembre negro al que nos estaremos enfrentado dentro del proceso electoral que se nos avecina?

Esta es la realidad actual ante la que nos encontramos de cara a las elecciones de noviembre: otros cuatro años por lo menos, gobernados por la corrupción, la ilegalidad,  y dentro de un narco Estado; situación que los líderes políticos de la oposición podrían evitar si sus ambiciones desmedidas las dejaran a un lado y pensaran primero en Honduras. Si a estos líderes políticos no les da vergüenza… a nosotros nos provoca indignación.

Abril 23 de 2021

(Melvin López Herrera)

Aproximándose ya el proceso electoral primario tenemos frente a nosotros las diferentes opciones, entre los tres partidos políticos participantes, relacionadas con las pre candidaturas ya inscritas; particularmente en las planillas presidenciales. 

En ese proceso electoral encontramos dentro de los partidos de oposición (que podrían ser la alternativa para terminar con la actual dictadura) la pre candidatura presidencial inscrita de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo en las elecciones primarias del Partido Liberal.

De Yani en el proceso que se le siguió en los Estados Unidos de América, conocemos que fue condenado por actividades relacionadas con lavado de dinero en procedimientos financieros a través de una de sus empresas familiares, en operaciones efectuadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que operaban en y desde Honduras hacia los Estados Unidos. De ese proceso recibió y cumplió una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de casi tres millones de dólares.

A lo interior, en nuestro país, él y su familia fueron despojados de gran parte de sus empresas de las que sus bienes fueron confiscados por el Estado.  Ya habiendo cumplido su condena en el exterior, Yani ha retornado al país y entendemos que decidido a rescatar lo que él sostiene le fue arrebatado ilegalmente por parte del Estado.

A Yani se le reconoce su trayectoria y experiencia por la administración pública, además de conocer de él y su familia el poder e influencia que, económica y políticamente han ejercido en el país.  En su tarea personal de rescate de sus bienes se ha escuchado que cuenta con el respaldo de la comunidad judía internacional.

Al decidir Yani volver al ruedo político y constituirse en el pre candidato presidencial del movimiento que él lidera dentro el Partido Liberal, nos preguntamos y reflexionamos en lo acertado o no de tal aventura y las consecuencias que ello podría acarrearle a él, a su partido político y a la nación entera.

Para él, su candidatura nos confirma la aspiración que ha venido sosteniendo desde las competiciones anteriores y que lo que podría estar arriesgando es la inversión económica que tal participación le impone y que, tomando en cuenta lo que él públicamente sostiene que le han dejado pobre, tal inversión debe ser de quienes se han incorporado a su movimiento político, inclusive asumiendo candidaturas en otros niveles eleccionarios, donde muchos  de ellos cuentan con antecedentes procesales dentro de los órganos jurisdiccionales que les han favorecido con insólitos sobreseimientos que les fueron otorgados. En esas circunstancias Yani hace su lanzamiento con un evidente compromiso con estos personajes pues, no hay almuerzo gratis.

Para su partido  político pienso que las opiniones sobre su participación están considerablemente divididas. Los que le siguen, ven a Yani como la persona (así lo piensan) que vendría a unificar al Partido Liberal;  y entre los que dentro de ese grupo comparten pre candidaturas con él, indudablemente se le han acercado porque saben que en los otros movimientos internos  no tendrían cabida. Por lo tanto Yani es su fórmula única  para continuar usufructuando los beneficios que en este caso les da su presencia en el  Congreso Nacional principalmente.

Otros dentro del mismo partido ven tras su candidatura la consolidación de lo que se le conoce como “el lado oscuro del Partido Liberal” del que ha sido caudillo invisibilizado  un personaje a quien se le compara con el Ricardo Zúniga Agustinus (Q.D.D.G) que otrora fue quien controlaba al Partido Nacional; y además ven con mucho recelo su lanzamiento tomando en cuenta la naturaleza de su reciente procedencia.  Así que un gane de Yani en las primarias dejaría todavía más fraccionado a su partido político que quedaría definitivamente bajo el sello y las manos de ese lado oscuro; el mismo “lado” que en el hemiciclo legislativo no ha tenido empacho para someterse a las también oscuras iniciativas de la bancada oficialista la que ha sabido contar con esos votos de adherencia, con los que se  han materializado decisiones perjudiciales para la nación, la democracia y hasta para el Estado de derecho, y que han fortalecido la impunidad que tanto daño le ha causado y le sigue causando al pueblo al que dicen representar.

Para la nación conviene analizar los efectos del lanzamiento de Yani en consideración a las siguientes preguntas que todos debemos hacernos: 1) tomando en cuenta las circunstancias del regreso de Yani a Honduras después de su “permanencia” en el exterior, ¿habría sido mejor que se hubiera abstenido de participar en cualquier proceso eleccionario de su partido político, donde es necesario que una alianza opositora totalmente unificada saque a la actual dictadura del Poder?; 2) Teniendo Yani interés personal en el rescate sus bienes incautados, y originando sus actuales pretensiones políticas un conflicto personal de intereses, ¿estaría propenso a acuerdos personales con el gobierno y el Partido Nacional, llegando con ello a debilitarse la necesaria alianza de oposición y propiciando con ello el aseguramiento del continuismo en el Poder?; 3) tomando en cuenta que su movimiento político lleva adherido algunos pre candidatos que han tenido señalamientos de actos de corrupción contra la administración pública del Estado hasta haber sido llevados a los tribunales de justicia… ¿cómo podría interpretarse esa apertura del pre candidato presidencial hacia esos personajes?; 4) ¿Acaso esa aventura política de Yani, lejos de unificar a su partido, más bien traería un sismo mayor dentro del Partido Liberal, con consecuencias adversas en la lucha contra el continuismo y la dictadura?; 5) Con esa aventura de Yani, ¿sería ello como caído del cielo para el Partido Nacional, ya que en las elecciones generales se estaría enfrentando a una alianza de oposición que desde ya nacería cadavérica?

Así como el Partido Liberal dispuso no participar dentro de la alianza política de oposición en 2017  la que pudo haberse impuesto numéricamente al fraude material confeccionado por el Partido Nacional y con la que se habría dado el tiro de gracia a la actual usurpación presidencial; en esta ocasión nuevamente consideramos que con la participación de Yani en el proceso electoral primario de su partido político, puede haber iguales consecuencias respecto a una necesaria alianza opositora que sería la esperanza para que la nación entera se libere de esta dictadura que pretende incrustarse en forma nociva y definitiva en la vida digna y el merecido destino de todo hondureño.  

Febrero 17, 2021

(Melvin López Herrera)

Conciudadanos

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

LUIS ORLANDO ZELAYA MEDRANO

SALVADOR ALEJANDRO CESAR NASRALLA SALUM

(Enviada el 14 de diciembre de 2020)

Señores:

Con el deber, el derecho y la imperativa necesidad de ciudadano preocupado profundamente por el derrotero al que se está enfrentando la nación entera a las puertas del próximo proceso electoral, cuyo resultado repercutirá inevitable e indudablemente en nuestras inmediatas y mediatas generaciones; me estoy dirigiendo a ustedes tres con el único ánimo de externarles mi pensamiento actual para que dentro de la mesura debida de ustedes, como verdaderos y reconocidos líderes dentro de su respectivo partido político (y porqué no dentro de nuestra comunidad ciudadana entera), me concedan la cortesía de leer esta carta colectiva que les estoy dirigiendo; y que saquen las conclusiones que consideren, con el único fin común que en este caso nos identifica a los cuatro: el rescate global de nuestro país como Estado y como nación.

Me siento con la confianza (y aunque no sea así lo haría) de poderme dirigir a ustedes tres dentro de un ambiente propicio, dado el hecho de conocernos mutuamente. Quizá Mel no se acuerde tanto del suscrito pero podrá recordar fácilmente que en la época de Segovia en Cohdefor, donde él (Mel) integró el Consejo Directivo, yo era el Gerente Administrativo-Financiero de aquella institución, y pudimos tener constante comunicaciones desde el cargo que desempeñábamos.

Siento señores que la experiencia vivida en 2017 nos ha dejado muchas lecciones a la oposición como Alianza o fuera de ella,  que nos obligaría responsablemente a comprender que en esta ocasión nos estaremos enfrentando a un oficialismo más fortalecido estratégicamente (no éticamente) para asegurarse un continuismo que sería el tiro de gracia para la democracia, para el bien común, para el rescate de la institucionalidad, y para el anhelo justo y natural de este pueblo que se merece salir el estado de pobreza y humillación a que se le tiene sometido. Digo esto porque el oficialismo sostiene su fortalecimiento en el control que ejerce sobre la institucionalidad, el sometimiento de la institución armada que facilitó el asalto al poder cuando por el contrario debió imponer la alternabilidad obligatoria, el control ya sabido de todos sobre el Poder Judicial, el manejo del Poder mismo con las decisiones que nos impone y el presupuesto nacional que manosea a su antojo y conveniencia… todo ello le es propicio para implantar de una forma más efectiva y hasta perfeccionada un fraude electoral al que nunca van a renunciar.

Aunque sólo lo menciono para ver hacia delante, cuando la Oposición en 2017 no pudo superar el fraude al no contar con una Alianza total por la no integración de un partido político de los mayoritarios; en esta ocasión veo a esa Oposición más dispersa por posiciones cuasi irreconciliables de sus líderes exponenciales de cada uno de estos partidos.  Ha sido públicamente notorio el efecto en el distanciamiento que se ha venido sucediendo entre las bases de los partidos de oposición (unos respecto a otros), que en lo personal veo casi inmaterializable una imprescindible alianza para sacar a los nacionalistas del poder… y el tiempo ha ido inevitablemente avanzando.

Pensar, dentro de cada uno de los tres partidos mayoritarios de la oposición, que individualmente pueden asegurarse el triunfo en este próximo proceso electoral no es otra cosa que caer sus líderes dentro una “ceguera irreflexiva” que nos les permite ver más allá de lo que sus dedos les señalan. Y mientras que cada uno de estos tres líderes políticos con aspiraciones presidenciales piensen que no necesitan de los otros partidos de oposición (sobre todo de los otros dos mayoritarios); lo único que conseguirán es facilitar la consolidación de la actual dictadura, habiéndole infringido con ello el mayor daño a la nación.

Y me pregunto lo siguiente:

1) ¿No habrá una cuarta persona, de reconocido prestigio, honorabilidad y poder de convocatoria inclusive dentro de un partido distinto de los tres, alrededor de la cual estos tres líderes posponiendo sus aspiraciones personales estarían dispuestos a constituir la Alianza Opositora necesaria para sacar a los nacionalistas del poder?.  Pienso que teniendo Luis 53 años, Xiomara 61 y Salvador 67…. los tres son mucho menores que Biden (con 78 años como ejemplo vivo) para  no querer sacrificarse un período más, sabiendo que con esa opción facilitarían la necesaria derrota del Partido Nacional. Ya una vez vencido los nacionalistas en las urnas; para las elecciones de 2025 (continuando siempre menores que el actual Biden de 78 años) cualquiera de los tres podría cristalizar sus muy genuinas aspiraciones a la presidencia de la República.

2) ¿Se ha pensado además -contrario a lo que se ignoró para 2017- que es más que necesario constituir una alianza también en el nivel electoral parlamentario? Ya vimos y vivimos la experiencia de lo que resultó desestimar esta fórmula de alianza en 2017, y por lo que el Partido Nacional tiene esa mayoría dañina que tan destructivamente ha controlado el Congreso Nacional.  Ojo… el Partido Nacional vendrá con mayor fuerza a pretender un mayor control numérico en el Congreso Nacional; y para ello cuenta con el poder, el dinero del pueblo y el apoyo de las instituciones que tiene sometidas. En ese sentido… ¿No sería recomendable que desde ya se conviniera, pensando en una eventual Alianza opositora, que internamente dentro de los tres partidos políticos se acordara la posibilidad de poner a disposición para las elecciones generales algunas candidaturas a diputados, con el único fin de facilitar un gane de esa Alianza para la conformación del nuevo Congreso Nacional?

3.- ¿Han pensado estos tres líderes de los partidos mayoritarios de oposición que sería conveniente que en conjunto consiguieran una cita con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ante de que se lleven a cabo las elecciones primarias, aún y cuando el PSH no las tuviere?.  En lo particular pienso que es conveniente hacerles ver que no esperan del instituto armado la colusión en que incurrieron y que en la que se han mantenido desde el proceso electoral de 2017, y con lo que desobedecieron el mandato constitucional de asegurar la alternabilidad en la presidencia de la República, mandato que no requirió en ningún momento de orden judicial, por ser una disposición constitucional de efectividad inmediata, sostenido por el contenido de los también artículos constitucionales 4 párrafo segundo y 240 numeral 3.  Esto se los menciono considerando personalmente que dudo que Juan Orlando haya descartado su intención de volver a usurpar el cargo que ocupa… ello es su carta de libertad personal.

Estimado Mel, Luis y Salvador; espero que esta carta mía (que estoy seguro es la inquietud de muchísimos ciudadanos) la tomen con la reflexión debida y que hagan un esfuerzo por alcanzar en colectivo, como partidos políticos,  la salida del Partido Nacional del poder; para después asumir la tarea ineludible de reconstruir Honduras.

Reciban mi incondicional respeto y reconocimiento a su liderazgo personal dentro de la vida política de la nación.

Atentamente,

Melvin López Herrera

(Melvin López Herrera)

Ahora que nos estamos enfrentando a un nuevo proceso electoral que se inicia con elecciones primarias para algunos de los partidos políticos, debemos reflexionar en que los hondureños estamos agotando los últimos cartuchos dentro de las esperanzas que aún debemos y podemos abrigar en nuestro anhelo porque la nación entera salga y se libere del sometimiento que le han impuesto quienes habiéndose apoderado de la conducción del Partido Nacional, han controlado el Partido tan sólo para sus intereses grupales, y con ello asaltado el poder y la institucionalidad del Estado, constituyéndose en  el grupo delincuencial más peligroso que haya tenido históricamente la nación enraizado en las estructuras de gobierno; y que valiéndose del secuestro de la institucionalidad mediante el montaje de fraudes electorales y con la ayuda del mundo del narcotráfico  externo e interno ha llegado ese grupo a convertirse y encarnar aquello  de lo de “el Estado soy yo”.

Es triste reconocer pero mucho más lamentable negarse a hacerlo, cómo el Partido Nacional de Honduras después del golpe de Estado, ha venido siendo controlado por la actual cúpula que ha logrado mantenerse casi por tres períodos de gobierno, consolidándose con ello en el poder al grado de pretender repetir nuevamente dentro del actual proceso electoral que en marzo tiene calendarizada las elecciones primarias de este instituto político. ¿Cuál es el producto que para la nación ha dejado esa argolla, esa cúpula, ese clan, esa red que se ha encargado de dirigir los destinos de este pobre pueblo?

Si no fue más antes, basta con recordar el atraco al Seguro Social que costó muchas vidas y donde los delincuentes intelectuales, que fueron los verdaderas cabecillas, siguen disfrutando de su asegurada impunidad

Los grandes atracos que se dio con el caso llamado “La caja chica de la dama”, donde la justicia no ha alcanzado aplicarse rigurosamente

El caso de la famosa “Caja de Pandora” donde no solo se gratificó con los respectivos sobreseimientos a los sindicados, sino  que algunos de ellos (los de pesos pesados) aparecen en la actualidad figurando dentro de planillas para diputados y con posibilidades de entronizarse otras vez dentro de las estructuras del Estado para continuar en lo mismo: despedazando y frustrando las esperanzas de la nación entera.

El festín que se han recetado quienes controlan el Congreso Nacional y que han logrado, con la complicidad de algunas bancadas que no han sido oposición, blindarse contra la persecución de la justicia al reformar leyes que protejan sus fechorías; hasta llegar a diezmar las facultades constitucionales otorgadas a la Fiscalía General de la República en su acción pública para perseguir el delito; y hasta acabaron con la Maccih.

Las maniobras de poderosos políticos que con sus influencias logran que desde los órganos jurisdiccionales del Estado se les resuelvan recursos ordenando el paro de las investigaciones de que están siendo objeto por parte del Ministerio Público, encaminadas a sustentar los respectivos requerimientos fiscales; y tras eso no tener impedimento alguno para estar figurando nuevamente como aspirantes a cargos de elección popular.

El gran perjuicio infringido a la población al no atender como debió ser su crisis sanitaria con motivo de la actual pandemia ocasionada por el Covid-19; todo como consecuencia del gran robo que se materializó con la movida de los hospitales comprados y otros insumos para atender esta pandemia. Hasta la fecha poco o nada se ha visto con los hospitales que llegaron al país; nada se ha hecho para recuperar las cantidades millonarias con que la nación fue estafada tras esa compra; y aún la justicia no ha alcanzado a quienes tienen responsabilidad con lo ocurrido; que no sólo se refleja en las grandes pérdidas de dinero sino en los efectos causados a la población ocasionándole irreparables pérdidas en vidas humanas.

Y por si fuera poco, resulta innegable rechazar los señalamientos que se han hecho y continúan haciéndose en los órganos jurisdiccionales de la poderosa nación del norte, en donde los fiscales de aquellas urbes han sido categóricos al poner su dedo índice en quienes (ilegalmente) nos gobiernan; con todos los efectos adversos a la nación incluyendo el que nuestro país sea señalado como un narco Estado.  Y aunque aquellos fiscales señalan a una persona determinada; la narco actividad no es exclusividad de uno solo…es desarrollada por una organización de redes de personas, con poder e influencias capaces de desafiar a los órganos de seguridad del Estado, a la justicia y a democracia; y con más facilidad si esa red está entronizada en las estructuras del mismo Estado; con agravantes consecuencias para la nación, su seguridad personal, su bienestar y dignidad humana.

¿Y en qué circunstancias nos encontramos ante este nuevo proceso electoral?… Refiriéndonos estrictamente al partido político que está actualmente en el poder, desde ya se ve venir la gran amenaza en la vida política y social de la nación cuando la gran mayoría de quienes tienen actualmente secuestrado a ese partido están pretendiendo repetir en este nuevo proceso electoral para retener sus diputaciones, o en busca de la titularidad en otro poder del Estado. Igualmente en el caso de las alcaldías municipales.

Ante ese panorama ya descrito ilustrativamente nos atrevemos a preguntar:

¿Dónde están los nacionalistas íntegros, que indudablemente deben existir, que sean capaces de lanzarse sin paracaídas al rescate del Partido Nacional; o al menos a frenar las aspiraciones de quienes, ya conocidos por sus actos delincuenciales y de corrupción, pretenden continuar dentro de las estructuras del Estado ofendiendo a su partido, maniatándole, manchando su membresía y burlándose de la nación?

¿Es que acaso la gran membresía del Partido Nacional debe resignarse a continuar secuestrada y sometida por quienes desde la cúpula del partido se han servido de ellos, dejándose manipular electoralmente, para asegurar su festín político dentro ese perfil de red constituida en el mismo partido y en las diferentes estructuras del Estado?

¿Será que se acabaron o están acabados los nacionalistas íntegros que debieron y deberían luchar para el rescate de su partido, como una ineludible necesidad para asegurarle un mejor destino a la nación hondureña?

Los nacionalistas íntegros, que aún deben existir dentro de su partido político, consideramos que deben arriesgar el todo por el todo por rescatar a su partido de las garras de quienes le tienen secuestrado, si realmente piensan en la nación y en la Patria. El mantenerse indiferentes o pusilánimes les hará cargar con su cuota de responsabilidad ante la nación, la Patria y las futuras generaciones.  Esa red debe caer y más temprano que tarde. Es ahora la gran oportunidad para quienes se consideren realmente íntegros dentro del Partido Nacional.

Febrero 1, 2021

(Melvin Lopez Herrera)

ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presente.

Atención Abogada Ana Abarca

Señores:

Como ciudadano hondureño, consciente y ejercitando los derechos y deberes que me otorga y me impone la Constitución de la República, me dirijo a esa Asociación que integra a los diferentes medios de comunicación social (prensa hablada, escrita y televisada) en ocasión del próximo proceso electoral general, el que se llevará a cabo en una versión inédita, tomando en cuenta las diferentes circunstancias de las que habrá de partir en esta ocasión, como ser: la existencia actual de un gobierno de facto mediante el cual se mantiene usurpada la Presidencia de la República y quebrantado el estado de derecho; la actual crisis en salubridad derivada de la pandemia que ha afectado a la nación; los dos huracanes que convertidos en tormentas tropicales han ocasionado lamentables destrozos dentro del territorio nacional y como consecuencia de ello, provocada  la mayor desgracia a la que se habrá sumido la nación, la que tristemente navega dentro de la tragedia natural y el actual impune latrocinio gubernamental.

No cabe duda que estos acontecimientos naturales que nos ha tocado enfrentar (pandemia y huracanes) habrían sido inevitables con cualquier gobierno que estuviera instalado constitucionalmente. Pero con este gobierno usurpador, esta desgracia ha sido mayor al haber colocado a la nación en circunstancia más lamentables después de la tragedia político-social que hemos venido padeciendo producto de la corrupción y el latrocinio impunes que se pasean campantes por el Estado y sus instituciones bajo la autoría de quienes se han constituido en gobierno usurpador con sus instituciones coludidas; volviendo inciertas para esta pobre nación y sus futuras generaciones las esperanzas que aún ciframos todos cuantos queremos revertir esta situación actual.

Con el proceso electoral venidero, estando actualmente sometida incondicionalmente la institucionalidad  a la voluntad personal del gobernante de facto y del partido político que le llevó a usurpar la presidencia de la República, es necesario como imprescindible que cada sector de la nación con poder de decisión en el destino que deba trazársele, como es el caso de la “Asociación de Medios de Comunicación”, se pronuncie institucionalmente sobre cuál habrá de ser su papel en la reconstrucción constitucional del Estado.

El 1 de mayo de este año el suscrito, con el derecho y deber ya anunciado en el preámbulo de esta carta, se dirigió abiertamente al gobernante de facto pidiéndolo que públicamente se pronunciara sobre sus intenciones referente al nuevo proceso electoral, siendo concretos al preguntarle si pensaba violar nuevamente la Constitución pretendiendo un nuevo lanzamiento ilegal de su candidatura…  El usurpador se llamó al silencio.

Posteriormente, el 19 de abril, nos dirigimos al Cohep también en carta abierta pidiendo se pronunciara públicamente sobre cual sería su posición institucional en cuanto a la posibilidad que el gobernante de facto pretendiera nuevamente violar la Constitución.  Aunque no hubo respuesta inmediata, el Cohep con ocasión de la actual crisis pandémica se pronunció públicamente por medio de su presidente manifestando que se está en contra de una reelección presidencial; con lo que ha dejado clara su postura en este sentido.

El 21 de octubre, nos dirigimos en carta abierta al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se manifestara públicamente si en esta ocasión obedecerían el mandato constitucional del artículo 272 párrafo segundo que les manda garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, o si por el contrario se volverían a coludir asumiendo una nueva conducta delictiva tras llegar a facilitar una nueva usurpación presidencial desobedeciendo tal mandato…. Hasta ahora se han mantenido en el silencio.

Finalmente, el 9 de noviembre se envió una carta abierta a la Sala de lo Constitucional recordándoles que desde el 18 de enero de 2018 tienen engavetados dos recursos de Amparo (55-2018 y 61-2018) que hasta la fecha no han resuelto y que se interpusieron contra la ilegal declaratoria de presidente electo, emitida por el fenecido Tribunal Supremo Electoral…. La Sala a la fecha sigue sin resolver tales recursos.

Ahora consideramos necesario dirigirnos a los medios de comunicación social, por medio de su “Asociación”, para despejar la incertidumbre en que vive la nación entera sobre el papel que esos medios asumirán (no sus directores ni conductores de programas noticiosos y foros… sus propietarios) en el proceso de recuperación del estado de derecho con ocasión de las próximas elecciones, tanto primarias como generales.  Y consideramos que los medios a través de su “Asociación” deberían despejarnos esta incógnita.

Es así como nos mantenemos a la expectativa pretendiendo contar con un panorama claro sobre el papel que asumirán en este nuevo proceso electoral; por lo que consideramos necesario que su “Asociación” se pronuncie institucionalmente tal como lo hizo el Cohep, en el sentido del papel que asumirá ese sector de la nación (los medios de comunicación) en el caso de que el partido de gobierno y el gobernante de facto pretendieran alargar el actual período de gobierno o imponer, ilegalmente y en nueva violación a la Constitución, una nueva reelección presidencial cuya prohibición continua vigente en el texto constitucional; y sobre los cuales ya se han hecho los primeros lanzamientos mediáticos anunciando ese propósito.

Y nos preguntamos: ¿Se prestarán los medios de comunicación con su indiferencia y hasta tolerancia, durante la vigencia  de este proceso electoral ya iniciado, a que se pretenda clausurar el mismo alargando el ejercicio del actual período presidencial, o imponiéndonos un triunvirato que no tendría ningún respaldo constitucional, o pretendiendo otra ilegal postulación a una inconstitucional reelección presidencial?

Siendo que la actual usurpación de la presidencia de la República continúa cobijada bajo el manto de la impunidad, con  la complicidad de las instituciones del Estado que incluyen entre otras a las Fuerzas Armadas y la Sala de lo Constitucional, es necesario responderle preventivamente a la democracia y a la nación, aclarándole si los medios de comunicación social  se mantendrán o no dentro del silencio y  la tolerancia ante la mínima intención de violentarse el mandato constitucional de la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la presidencia de la República y ante la prohibición sobre quiénes no pueden ser elegidos presidente de la República; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 párrafo segundo y 240 numeral 3, ambos de la Constitución de la República; igualmente aclarándole al pueblo si se  estará o no en contra de que se alargue el actual período presidencial ya usurpado en su ejercicio, y hasta la conformación de un triunvirato que no contempla nuestra vigente Constitución de la República.

Quedamos pues, en la espera de un pronunciamiento oportuno y categórico de la Asociación de Medios de Comunicación.

Noviembre 25 de 2020

Melvin LópezHerrera

(Enviado al destinatario en esta misma fecha vía whatsApp)

(Melvin López Herrera)

Señores Magistrados de la Sala de lo Constitucional,

Corte Suprema de Justicia.

Señores Magistrados.

El 21 de octubre recién pasado esa Sala de lo Constitucional emitió el Acuerdo SCO-001-2020, mediante el cual dispone habilitar los términos judiciales y notificar todo auto, resolución y sentencia, dictados durante el actual período de la pandemia, y hace un llamamiento a los abogados que tengan procesos pendientes en acciones constitucionales, entre ellas las de Amparo, para que procedan a personarse diligencialmente ante esa Sala, cubriendo los debidos requisitos de bioseguridad.

La motivación que ha impulsado a la Sala a la emisión del referido Acuerdo, según su Considerando tercero, se fundamenta en el numeral 7 del artículo 3 del Reglamento interno de dicha Sala mediante el que se pretende “una mejor justicia constitucional” y todo a efecto de “garantizar el acceso a una justicia constitucional pronta y efectiva, mediante la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de Honduras” La entrada en vigencia de ese Acuerdo es a partir de este día 9 de noviembre de 2020

La nación entera, señores Magistrados, en el caso de lo dispuesto en el Acuerdo en referencia desea otorgarles el beneficio de la duda; olvidándonos del comportamiento inaceptable que la Sala ha mantenido desde el 18 de enero de 2018 ante los recursos de Amparo números 55-2018 y 61-2018 interpuestos oportunamente contra la declaratoria ilegal de presidente electo, dictada por el fenecido Tribunal Supremo Electoral, y que ha permitido hasta ahora que la Presidencia de la República esté siendo usurpada por quien tuvo y sigue teniendo prohibición constitucional para reelegirse y ser declarado presidente electo; prohibición  sustentada legalmente en los artículos constitucionales 4 párrafo segundo y 240 numeral 3, que se mantienen incólumes dentro del texto constitucional; y que sólo podrían ser modificados mediante el procedimiento del plebiscito que dispone el artículo 5 de la misma Carta Magna.

Ha sido y continúa siendo inaudito por inconcebible, tanto para el consumo interno como el internacional, cómo la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia ha mantenido literalmente engavetados esas dos acciones constitucionales de Amparo ya mencionadas, cuando las mismas  y su inaplazable resolución revisten asuntos de una trascendental magnitud por tratarse de intereses de Estado, del sostenimiento del orden constitucional, así como de la garantía de la vigencia efectiva de la Constitución de la República, tal como lo impone la misma Carta Magna en su artículo 375 a todo ciudadano investido o no de autoridad; incluyendo de una manera imperativa a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional en este caso particular.

Del recurso de amparo 55-2018 lo último que consta en autos es el emitido el 6 de septiembre de 2018, en donde se dispone que dicho recurso se resuelva oportunamente…¿Qué significa para la Sala eso de “oportunamente” después de 2 años 2 meses y 3 días a la fecha de hoy? 

Del número 61-2018 lo último que consta en autos es uno de fecha 8 de enero de 2019 donde se recibe el pronunciamiento de los Magistrados de la Sala sobre una recusación contra ellos con respecto a este recurso, interrumpiéndole desde esa fecha la continuidad en el trámite de ley; habiendo ya transcurrido 1 año, 10 meses y un día, a la fecha de hoy.

Desde entonces esos recursos han permanecido injustificadamente  engavetados en la Sala.

En virtud del beneficio de la duda ya expresado y tomando en cuenta lo dispuesto por la Sala en el Acuerdo 001-2020 del reciente 21 de octubre; consideramos que la Sala no debe tan siquiera esperar que esos dos procesos se muevan al impulso que le generen los recurrentes por medio de un posible “pronto despacho”. Si realmente el Acuerdo 001-2020 es una disposición de auténtica buena fe dispuesta por la Sala, esperamos que inclusive de oficio procedan a concluir con el proceso de las dos acciones constitucionales de amparo hasta ahora engavetadas, y dictar la sentencia que corresponda sin mayor dilación.

Señores Magistrados: Consideramos que jamás deben olvidar su promesa de ley al haber asumido sus cargos y que deben mantenerla hasta que constitucionalmente ustedes cesen en los mismos. No deben olvidar jamás el párrafo primero del artículo 323 constitucional: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” Deben tener presente, en el ejercicio de sus funciones, lo que les impone la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional… y someterse a ello en lugar de apartarse de esos mandatos.

Sería lamentable, y considerado como una burla a la soberanía popular de la que dimanan los Poderes del Estado, que esperaran al 27 de enero de 2022 para dictar sentencia sobre los referidos recursos de Amparo 55-2018 y 61-2018. Deben tener en cuenta de una manera inequívoca que ustedes, “guardianes, custodios y vigilantes de la Constitución de la República” con el engavetamiento de los referidos amparos sin resolver, han cargado en sus espaldas las consecuencias penales del imprescriptible delito de Traición a la Patria, con los agravantes de la pena en función del cargo que ejercen, y por el cual están llamados a resolver tales amparos en lugar de tenerlos engavetados.

Quedamos pues en espera de su inmediata atención a este clamor del pueblo;  resolviendo de inmediato los recursos de amparo ya señalados; pues como siempre se ha sostenido: “justicia tardía no es justicia”.

Tegucigalpa M.D.C. 9 de noviembre de 2020

Melvin López Herrera.

(Entregado/recibido y sellado en esta misma fecha)

(Melvin López Herrera)

SEÑORES MIEMBROS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Presente:

Atención:

Jefe de Estado Mayor Conjunto.

Señores:

En esta ocasión que en nuestro calendario cívico esta fecha 21 está dedicada a las Fuerzas Armadas de Honduras; con mi derecho y deber ciudadanos me estoy dirigiendo al Estado Mayor Conjunto como órgano superior técnico militar de las mismas, en donde su Jefe de Estado Mayor es quien ejerce el mando operativo militar del Instituto Castrense que, conforme a la Carta Magna tiene la responsabilidad ineludible de mantener el imperio de la Constitución de la Republica y con ello el aseguramiento de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Todo ello sustentado en los artículos 272 párrafo segundo de la Constitución de la República; 1 párrafo segundo, 37 y 48 numeral 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

Como es del conocimiento del Estado Mayor Conjunto, en el mes de septiembre recién pasado se convocó por parte del  Consejo Nacional Electoral (CNE) al próximo proceso electoral de la nación, que se inicia con las elecciones primarias e internas de los partidos políticos y concluye con la generales.

El proceso electoral de 2017 es del conocimiento público, nacional e internacionalmente, que culminó con una ilegal declaratoria de presidente electo (por parte del Tribunal Supremo Electoral de aquel momento) con el que se permitió que JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO usurpara y continúe usurpando la Presidencia de la República, y con ello otros cargos como el de Comandante General de las Fuerzas Armadas.  Entre las muchas responsables instituciones del Estado en calidad de cómplices de la referida usurpación están: El Congreso Nacional en la persona de su presidente como consecuencia de la juramentación inconstitucional hecha al usurpador y los diputados que formaron quórum al momento de su inconstitucional toma de posesión, la Fiscalía General de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el fenecido Tribunal Supremo Electoral y desde luego, de una forma muy relevante, las Fuerzas Armadas de Honduras por medio de sus Estado Mayor Conjunto en la persona de quienes desde 2017 lo han venido integrando sucesivamente hasta llegar al actual.

Es un hecho incuestionable -del cual los integrantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas no pueden alegar ignorancia ni justificar la abstención de su responsabilidad constitucional- que el instituto castrense fue creado según el artículo 272 párrafo segundo  de la Carta Magna y el artículo 1 de su ley constitutiva (entre otras motivaciones) “para mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”.  Y esos preceptos dispuestos no son otra cosa que un mandato para las Fuerzas Armadas, de ejecución forzosa a través del Estado Mayor Conjunto; mandato que para su ejecución no requiere ser dictado por los órganos jurisdiccionales del Estado. 

La desobediencia a ese mandato, por parte de las Fuerzas Armadas no lleva a su Estado Mayor Conjunto a otra cosa que la comisión del imprescriptible delito de Traición a la Patria.  No puede justificarse  el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas arropándose en  una ilegal sentencia que, al margen de su ilegalidad, jamás neutralizó el mandato constitucional de la “alternabilidad” preceptuado en el artículo 4 párrafo segundo, y que también jamás neutralizo el 240 numeral 3 que prohíbe ser elegido presidente el jefe superior de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los cuerpos de Seguridad del Estado, e igualmente jamás neutralizó la obligación impuesta a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, según el artículo constitucional 272 párrafo segundo.

Hemos observado con bastante preocupación que; aunque las Fuerzas Armadas están constitucionalmente definidas como una institución apolítica, obediente y no deliberante, ya se está haciendo costumbre en el actual Jefe de Estado Mayor Conjunto, y ahora con la adición del Secretario de Estado en el despacho Defensa, ignorar la apoliticidad que les impone la Constitución; tan solo para justificar la actual usurpación presidencial, permitida por la complicidad  de las Fuerzas Armadas.  Es abominable como aborrecible desde todo punto de vista el comportamiento hasta el cinismo cuando sostienen que la actual usurpación está legitimada con la participación de la oposición en el proceso electoral.  Así lo sostuvo el Ministro de Defensa en un foro televisivo matutino este lunes 19; y así lo ha venido sosteniendo mediáticamente el Jefe del Estado Mayor Conjunto.  Lo anterior se torna más agravante, en consideración a las revelaciones del Jefe de Estado Mayor Conjunto quien se reconoce haber pasado por la Facultad de Derecho, con lo que por nada justificaría la aparente ignorancia que quiere vender al publico respecto al desconocimiento de las leyes.

Lo que más preocupa es que desde los medios de comunicación social que se prestan a permitir tales “falsos positivos”, con la cómplice actitud pasiva de sus moderadores, se le impone mentalmente a una nación pobremente ilustrada lo que falsamente se ha venido insistiendo desde las Fuerzas Armadas: que con la participación de la oposición se legitimó la actual usurpación presidencial

El artículo 96 numeral 5 de la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas manda la cancelación de los partidos políticos que no participen directamente en el proceso de elecciones generales. La participación de la oposición en el anterior proceso electoral en nada legitimó la actual usurpación de la Presidencia de la República y obedeció estrictamente a dos razones: una jurídica para evitar ser cancelados como partidos políticos; y otra de naturaleza política para evitar que contáramos con un Congreso Nacional conformado por casi 128 diputados nacionalistas

Tomando en cuenta el papel constitucional de las Fuerzas Armadas en el venidero proceso electoral, por todo lo ya acontecido nos lleva a formular las siguientes preguntas al instituto castrense, por medio de su Estado Mayor Conjunto:

¿Se someterán las Fuerzas Armadas a su irrenunciable obligación de asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República?.  ¿Si el actual gobernante de facto pretendiera violar nuevamente la Constitución, lanzándose al proceso electoral, se le dejaría que nuevamente violara la Constitución?  ¿Están comprometidas las Fuerzas Armadas con el actual gobernante de facto al grado volver a servirle de cómplices, reincidiendo con ello en la comisión del delito de Traición a la Patria?

Estas solas preguntas, deben ser respondidas públicamente por el Estado Mayor Conjunto a través de su «Jefe».  El silencio a las mismas será un indicador de la nueva intención de las Fuerzas Armadas a internarse nuevamente en esa aventura delictiva.

Quedamos a la espera de la debida respuesta, que será para la nación entera y en procura de la paz y de un verdadero estado de derecho.

Tegucigalpa M.D.C.21 de octubre de 2020

Melvin López Herrera