(Melvin López Herrera)

Desde el Golpe de Estado de 2009 la historia de Honduras tomó otro rumbo hasta los momentos actuales, partiendo de la división del Partido Liberal que le facilitó el acceso al Poder a quienes nos han gobernado por cerca de doce años, sometiéndonos y teniéndonos en las circunstancias en la que actualmente nos encontramos.

De ese Golpe de Estado, el más ganancioso fue el Partido Nacional por medio, tanto de Porfirio Lobo Sosa quien pudo llegar a la Presidencia de la República aún y con la ventaja abismal que le llevaba Elvin Santos, como también Juan Orlando Hernández quien inicialmente se abrió camino asumiendo la Presidencia del Congreso Nacional desde donde desarrolló su plan personal y de su grupo para más adelante llegar a la Presidencia de la República y actualmente mantenerse en forma usurpadora en ese cargo.

Es más que seguro que para el cuatrienio 2014-2018, si el Congreso Nacional en su Junta Directiva hubiera estado conformado por diputados de la oposición, el Partido Nacional por medio de sus cabecillas y que no conformaba mayoría parlamentaria, difícilmente habría avanzado hasta donde ha llegado. Sin embargo cuando el Partido Liberal recibió una propuesta del resto de la oposición parlamentaria para que la Junta Directiva del Congreso fuera presidida por ellos (por el Partido Liberal), hubo un rechazo total a dicha propuesta terminando los liberales en negociaciones con los nacionalistas facilitándoles a estos últimos el control de la Junta Directiva del Congreso, con las lamentables consecuencias de todos conocidas. Esa lamentable decisión del Partido Liberal fue un duro revés que favoreció al Partido Nacional para hacer y deshacer desde el Congreso Nacional como lo ha venido haciendo hasta la fecha.

Luego para las elecciones generales de 2017 se formalizó una alianza política que llevó como candidato presidencial a Salvador Nasrralla. En esa época el candidato presidencial del Partido Liberal fue Luis Zelaya, quien respecto a la alianza manifestó su posición en el sentido que tenía instrucciones de su partido que si no encabezaba él la fórmula presidencial no habría tal alianza. Así fuimos a las elecciones general de 2017 con un candidato presidencial nacionalista inscrito ilegalmente en violación a la Constitución y sufriendo el fraude montado por el Partido Nacional en donde tras una revisión del escrutinio hasta las “boletas planchadas” fueron parte del conteo para declarar ilegalmente presidente electo a Juan Orlando.

Esas fueron las dos ocasiones en que por una mala decisión del Partido Liberal los “narcorruptos” cachurecos se lograron mantener en el poder, con trágicas como lamentables consecuencias para la nación entera: Un Congreso Nacional del período 2014-2018 que lamentablemente, pudiendo haberse tenido la oportunidad,  no pudo ser controlado por la oposición de esa época; y el resultado de una elecciones generales en 2017 donde si se hubiera contado con la adhesión de los liberales a la alianza política que le competía a los nacionalistas, habría sido más que suficiente para rebasar el fraude montado por los cachurecos.

Ahora, nuevamente, estamos por experimentar que los liberales  repitan  esa trágica historia facilitando en noviembre el  gane de los nacionalistas. La no incorporación de los liberales en la alianza opositora a nivel presidencial al menos, favorecerá a los nacionalistas para continuar en el poder, con los efectos perversos que sus administraciones han inferido a la nación entera.

Bien sabemos que Yani Rosenthal está a dos pullas… Por un lado está obligado a reflexionar y convencer a su partido sobre la indiscutible necesidad de que sólo haciendo un bloque en común los partidos mayoritarios de oposición podrían sacar del poder al “narcorrupto” Partido Nacional, y que esto es de vida o muerte y sin parpadeos. Sin embargo por otro lado está recibiendo las presiones de un grupo identificado con los diputados del lado oscuro de dicho partido, dirigidos en la sombra por su “caudillo sin cabeza”, para que se abstenga de incorporarse a esa alianza.

Se ha escuchado inclusive (rumores que corren a sotto voce) que tras esa presión ha habido negociaciones con el Partido Nacional con relación de cederle al Partido Liberal su cuota de poder en la repartición de los próximos cargos institucionales a elegir desde el Congreso Nacional y hasta el control del Congreso mismo por medio de su Junta Directiva.

Cierto o no esto último, si el Partido Liberal termina decidiendo no integrarse a la alianza no hará otra cosa que facilitarle las herramientas electoreras al partido más perverso en la historia política de la nación. ¿Será acaso esa la herencia que nos piensa dejar el Partido Liberal en estas elecciones de noviembre?

Octubre 18, 2021

(Melvin López Herrera)

Lo necesitábamos… lo demandábamos… lo esperábamos….  Y este proceso electoral que cierra en noviembre era, como continúa siéndolo, la única gran oportunidad de los hondureños para sacudirnos del secuestro al que hemos estado sometidos, como nación y como Estado por quien ha venido usurpando la presidencia de la República y su grupito cúpula dentro del Partido Nacional, con la colusión de algunas instituciones claves del Estado por medio de sus titulares; como La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y, entre otros más, el Congreso Nacional por medio de la bancada oficialista y diputados de la oposición que se convirtieron en actores-cómplices del partido político que con alevosía y perversidad nos ha gobernado por doce años.

En más de un ocasión insistimos que una verdadera “alianza de oposición” era y sigue siendo la única fórmula para sacar del gobierno al “narcorrupto” partido político que se sostiene en su esquema fraudulento para imponerse esta vez en las elecciones de noviembre y así mantenerse en el poder por cuatro años más; para auto blindarse sus cabecillas y sus cómplices, y así seguir destruyendo el Estado y la nación con sus continuos actos de corrupción y legislando exclusivamente para su fines y propósitos propios, en busca del aseguramiento de su impunidad como su única arma para sobrevivir sin ser alcanzados por la justicia interna y exterior.

Debemos reconocerle y felicitar a Salvador al haber reflexionado tomando la decisión oportuna de ponerle un “alto” a sus aspiraciones políticas en busca de la presidencia de la República; por el bien de la nación… para facilitar con ello que se materialice la necesaria posibilidad de que el Partido Nacional sea vencido en las elecciones generales de noviembre y con ello sacarle del gobierno.  Esa alianza le devuelve las esperanzas a la nación entera, pues significa el rescate del Estado, de la institucionalidad y del país, actualmente sometidos a la cúpula política de ese partido, con Juan Orlando a la cabeza.

De igual manera debemos reconocer y felicitar a Libre, y con ello a la familia Zelaya, que supo hacer a un lado y olvidar los malestares experimentados por continuas declaraciones “sui géneris” de campaña por parte de Salvador, que nos creaba desesperanzas al sentir más amenazante la grieta que impediría la necesaria como impostergable alianza en esta lucha que debe ser de todo buen hondureño, y con la que tras las elecciones generales se alcanzaría el rescate de la nación.

Dentro de las mayores fuerzas políticas de oposición sólo nos queda que el Partido Liberal se sume a esta alianza para consolidar el triunfo de la democracia, la derrota electoral efectiva del Partido Nacional, y con ello la necesaria e impostergable oxigenación sociopolítica de esta nación que llora a gritos por la felicidad y el bienestar de lo que pobremente disfrutaba, y que de manera inmisericorde se le ha arrebatado.

Yani debe reflexionar en que tiene su única gran oportunidad para aportarle a la nación, facilitando la salida del Partido Nacional en las elecciones de noviembre. Y también debe reconocer que estará siendo presionado en contrario por fuerzas internas de su partido que en el Congreso Nacional sólo han servido para coludirse con la bancada nacionalista y en contra del pueblo hondureño; y que actualmente están pretendiendo repetir electoralmente para mantenerse dentro de las ventajas y beneficios que les ha propiciado estar integrando el Congreso en la forma que lo han hecho.

El trabajo por el rescate de la nación es de todos los buenos ciudadanos habilitados para ejercitar nuestros derechos políticos; pero por sobre todo de los partidos mayoritarios de la oposición política que en concurso pleno están llamados (sin evadir el bulto) a consolidar esta alianza ya iniciada.  Mantenerse al margen será facilitarle el trabajo fraudulento al Partido Nacional para retener el poder y terminar de hundir a la nación.

Octubre 16, 2021   

(Melvin López Herrera)

Nos mueve a escribir en esta oportunidad, el deber ciudadano de ilustrar al director del noticiero Abriendo Brecha, con relación a su editorial de ayer 7  de septiembre en donde él sostiene que los casos de Honduras y El Salvador respecto a la reelección presidencial son distintos; y justifica el porqué Estados Unidos no reaccionó igual cuando ocurrió la aparente habilitación a Juan Orlando para que se reeligiera.  Esto lo hacemos tan sólo para ayudarle en su intención, como lo manifiesta en su editorial, de aclarar “obligatoriamente” como persona de opinión pública lo que es admisible y no de acuerdo a la ley.

No pretenderemos, por corresponder a otro artículo, interiorizar en la posición contradictoria del país del norte ante estos dos sucesos en estas dos repúblicas hermanas. Tampoco intentaremos hacer un análisis jurídico del proceso ilegal, por inconstitucional, en el que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó una inconstitucional sentencia el 22 de abril de 2015, violentando con su fallo la misma Carta Magna tras haber ignorado lo que dispone su artículo 373 sobre el modo de proceder  en las reformas constitucionales, y las reformas de artículos que están prohibidas conforme al 374.

Tomando lo que equivocadamente expuso Rodrigo en su editorial de ayer, le recordamos para aclaración que acá en Honduras Juan Orlando impuso en 2012 una Sala Constitucional que fue de la que se sirvió (entre varios de sus objetivos personales) para que se dictara una sentencia en 2015 con abierta violación a la Constitución, imponiendo una reelección prohibida por la Constitución misma. Ante la actual Sala de lo Constitucional todavía duermen el sueño de los justos los recursos  de amparo interpuestos el 18 de enero de 2018 contra la declaratoria ilegal de presidente electo, promovida por el antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Dice Rodrigo que en Honduras la reelección presidencial fue posible porque los partidos de oposición lo permitieron, (aparentemente según lo que él sostiene); porque no se opusieron a la inscripción de Juan Orlando en las elecciones primarias del Partido Nacional… Es importante aclararle, a manera de ilustración, que las elecciones primarias son procesos al interior de cada partido político, donde los demás no tienen que intervenir, asistiéndole la acción de posibles impugnaciones únicamente a los diferentes movimientos internos en disputa dentro de cada partido donde haya conflicto a su interior. Así, los partidos de oposición no estaban llamados a intervenir dentro de un proceso primario e interno de la exclusividad del Partido Nacional.

Quisiéramos otorgarle a Rodrigo el beneficio de la duda, al creer que él ignora que varios ciudadanos sin bandera política alguna, impuestos del mandato constitucional en el artículo 40 numeral 1 (“cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes”) introdujimos oportunamente al TSE acciones oportunas de oposición a la inscripción de la pre candidatura de Juan Orlando, quien tenía impedimento para ser inscrito por la imposición constitucional de la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la Republica y por la prohibición para ser elegidos presidente los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los cuerpos de Seguridad del Estado, y quien por esa época no era nadie más que Juan Orlando Hernández Alvarado. Esas disposiciones constitucionales jamás fueron ilegalmente declaradas inaplicables en la ilegal sentencia de 2015; es decir se mantuvieron vigentes durante ese proceso electoral, como lo continúan en la actualidad.

Rodrigo menciona que los partidos de oposición pudieron haberse negado a participar en la elecciones generales de 2017; ignorando (eso creemos en su beneficio y no otra cosa) que la anterior ley electoral en su artículo 96 mandaba la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos que no participaran en las elecciones generales.  Ante ello, los partidos de oposición se vieron obligados a acudir al proceso electoral por dos situaciones puntuales: una de carácter jurídico por el riesgo que corrían al llegárseles a cancelar su personería jurídica si no participaban; y otra de carácter político para evitar que Juan Orlando pretendiera obtener un aparente gane abrumador con su participación única y que el Congreso Nacional se conformara en su totalidad con casi sólo diputados nacionalistas; todo ello habría sucedido con repercusiones más dañinas que ahora en la vida política y social de la nación. Eso indiscutiblemente se habría dado si los partidos de oposición no hubieren participado en las elecciones generales.

Menciona Rodrigo, pensamos que de una manera ingenua, que en un primer escenario pudo darse que contra la oposición a la inscripción de Juan Orlando, el TSE al ser emplazado por  los restantes partidos políticos negándose a participar en las elecciones, habría solicitado al Partido Nacional la designación de otro candidato en sustitución de Juan Orlando… Cuando oportunamente varios ciudadanos introdujimos acciones oportunas de oposición a la inscripción de la pre candidatura de Juan Orlando, tuvimos la oportunidad de exponer al Pleno del TSE las sobradas argumentaciones jurídicas para no inscribirle; y la respuesta en la voz de David Matamoros Batson fue que de todos modos al final sería la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que decidiría sobre la inscripción, recalcándonos con su propia voz que no importaba lo que el TSE decidiera, si al final todo quedaría en manos de la CSJ… algo así como dándose una “pilatada” lavándose las manos.

Finalmente el TSE declaró sin lugar las oposiciones y los recursos no prosperaron ante la Sala de lo Constitucional, pese a las prohibiciones constitucionales vigentes todavía para la reelección del presidente de turno; pues era un hecho como lo sigue siendo que ese Poder del Estado se ha mantenido secuestrado y sometido al usurpador de la silla presidencial.

Menciona Rodrigo que un segundo escenario ante tales circunstancias, pudo ser que el Partido Nacional hubiera ocurrido al Poder Judicial solicitando que interpretara en forma oficial si existía el derecho o no a la reelección conforme a la Constitución de la República de Honduras; concluye que nada de eso ocurrió, porque por un silencio cómplice de los partidos de oposición se permitió que el proceso electoral transcurriera como un evento normal…. Acá se le olvida a Rodrigo el ya mencionado secuestro y sometimiento de la institucionalidad estatal que ocurría en esa época y que actualmente continúa ocurriendo en nuestro país

Concluye Rodrigo su editorial diciendo que esa situación que se dio con motivo del proceso electoral de 2017, fue analizada por los equipos jurídicos del Departamento de Estado y del Congreso de los Estados Unidos y por los países europeos y les llevó a pensar que si los opositores no se pronunciaban conforme a derecho, oponiéndose a la reelección (cosa que no es cierta) era porque estaban de acuerdo con la participación de Juan Orlando, y recalca que un aspecto que los americanos respetan es que sean los pueblos de cada país lo que decidan su destino… Se le olvidó a Rodrigo que la encargada de negocios de la Embajada Americana, quien era en esa época la representante oficial del gobierno americano, se “pavoneó” libremente en las instalaciones del TSE cuantas veces quiso, en constantes reuniones con sus magistrados quienes le reverenciaban obediencia; sin ningún respeto al principio de la soberanía política de los pueblos. Eso a la inversa jamás se habría dado en el caso de nuestro embajador en los Estados Unidos en procesos electorales de aquel país.

Finalmente y con mucho gusto, para que se informe debidamente y forme opinión pública,  ponemos a la orden de Rodrigo todas la acciones jurídicas de oposición a la inscripción ilegal por inconstitucional de Juan Orlando que interpusimos ante el TSE, y que éste no consideró; permitiendo ilegalmente dicha inscripción y llevando el proceso electoral hasta el final, con la ilegal declaratoria de presidente electo que promulgó. Igualmente le ofrecemos los expedientes judiciales que siguen sin resolverse a la fecha sobre los recursos de amparo oportunamente interpuestos ante la Sala de lo Constitucional desde hace casi cuatro años.

A manera de cierre, consideramos oportuno aclarar que esta ilustración con la verdad de los hechos que necesita conocer y difundir Rodrigo, y que como consecuencia de ello también la necesitará conocer su auditorio al que pudo confundir con ese editorial…. esta ilustración, repetimos, es para que los comunicadores sociales llamados a forjar una verdadera opinión pública no se manifiesten ni se desvíen, consciente o inconscientemente, desfigurando la misma. Otro tema sería el caso de El Salvador, con muchas similitudes al de Honduras.

Y también otro sería el porqué los Estados Unidos se hicieron de la vista gorda con lo que nos sucedió en 2017, de lo que sólo diremos lo siguiente: en ese país sus instituciones estudian y conocen muy bien las constituciones políticas de todo el mundo; y no desconocen respecto a Honduras el vigente mandato constitucional a la alternancia en la presidencia de la República y la prohibición también vigente para que el presidente del momento electoral no se reelija por ser una disposición prohibitiva contenida en el artículo 240 numeral 3 de nuestra Constitución… Sólo nos preguntamos: ¿porqué  no hizo nada Usa al respecto, y porqué en ningún momento desautorizó los múltiples desplazamientos de su encargada de negocios a lo largo del proceso electoral en las instalaciones ejecutivas del TSE?… “nunca se sabe!!!”

Septiembre 8, 2021

(Melvin López Herrera)

Para las elecciones generales de 2013, Juan Orlando en sus pretensiones de convertirse en presidente de la República utilizaba pelotones de la Fuerzas Armadas acompañándole en sus spots de campaña, violentando con ello disposiciones constitucionales con las que al instituto armado se le impone un comportamiento estrictamente apolítico.  Así fue como se hizo acompañar de pelotones de la Policía Militar del Orden Público en su campaña mediática; haciendo aparecer a la institución castrense sometida inconstitucionalmente a él; dejando con ello una enorme duda en cuanto a su participación de carácter eminentemente logístico de las Fuerzas Armadas en aquel proceso electoral, donde pasaban constitucionalmente a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral.

Ante ese abuso de quien por esa época era presidente del Congresos Nacional el pueblo se hizo muchas interrogantes todavía no respondidas: ¿dejaron de ser apolíticas las Fuerzas Armadas?; ¿están parcializándose, consciente y deliberadamente, con un determinado candidato presidencial?; ¿tienen las Fuerzas Armadas algún interés en que los resultado de las elecciones se inclinen hacia determinado candidato o candidata?; ¿pueden las Fuerzas Armadas hacerle sentir al pueblo la confianza en que este proceso será manejado con manos limpias, dentro de la transparencia debida, y que el instituto armado se apegará estrictamente a participar en el mismo dentro del marco que estrictamente le señala la Constitución?

Una vez convertido en presidente en 2014 Juan Orlando pasó a ejercer una total manipulación de las Fuerzas Armadas, a tal grado que para las elecciones generales de 2017 les hizo coludirse, bajo la responsabilidad cómplice de las tres últimas conformaciones de su Estado Mayor Conjunto; que le permitieron asumir inconstitucionalmente un nuevo mandato presidencial, sin cumplir el instituto castrense la ineludible disposición que les impone la Carta Magna: garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y actualmente sigue siendo así, cuando el Estado Mayor Conjunto -desde 2018- viene sosteniendo la actual usurpación presidencial condenada por la Constitución de la República en su artículo 2; y sus jefes ya politizados se atreven a dar declaraciones de respaldo estrictamente político al gobernante de facto, tratando de justificar lo injustificado: la usurpación actual de la presidencia de la República, cuando los artículos constitucionales 2 párrafo segundo y 240 numeral 3 exigen la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia, y prohíben la reelección de quien es jefe superior de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado.

Así, con esa trayectoria política Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido y continúa siendo el mayor y más peligroso enemigo de las Fuerzas Armadas; al manipularlas a su conveniencia personal hasta hacerlas salirse sumisamente del marco de acción que la Constitución les señala y les impone, y hacerles desobedecer el ineludible mandato constitucional de garantizar la “alternabilidad” en la presidencia de la República.

Para este nuevo proceso electoral que concluirá en noviembre Juan Orlando, un súper genio del maquiavelismo político catracho, ha salido mediáticamente tratando de enfrentar a las Fuerzas Armadas con la mayor parte de la ciudadanía constituida en la oposición a su gobierno usurpador; manifestando irresponsablemente como lo acostumbra con su conducta pública, que “algunos políticos están planteando pensar en un debate de un Estado sin Fuerzas Armadas”.

¿Qué persigue ahora Juan Orlando?… ¿mantenerse dentro de su improcedente proselitismo político -ya de salida- para continuar como figura insustituible dentro del Partido Nacional opacando con ello al candidato presidencial que pasa a un segundo plano?; ¿intensificar la duda ya sembrada acerca de que desde la sombra política dará su salto felino para remplazar en el presente proceso electoral al candidato ganador de su partido político en las pasadas elecciones primarias?; ¿asegurarse para sí la continua complicidad  y colusión de las Fuerzas Armadas hasta lograr su objetivo de retener inconstitucionalmente el poder?; ¿contar con el apoyo del instituto castrense para asegurar su ya judicialmente en riesgo libertad personal una vez que le toque abandonar el trono usurpado?; desestabilizar y hacer fracasar el actual proceso electoral para provocar una nueva crisis política mayor que la que generó en 2017 donde violó la Constitución, y donde él sería el mayor beneficiado de esta nueva crisis?

Juan Orlando se atreve a denunciar sin ningún fundamento que la oposición política está pensando en  un Estado sin Fuerzas Armadas. Esa falsedad en las irresponsables declaraciones  del gobernante de facto se confronta con la realidad de estarnos heredando -él, Juan Orlando- un Estado sin territorio nacional. Porque es indiscutible que con el sostenimiento inconstitucional de las ZEDE’s el gobernante de facto está limitando la función constitucional de las Fuerzas Armadas y con ello reduciéndola a su mínima finalidad con relación a sus principales funciones concebidas en nuestra Carta Magna al momento en que fueron instituidas: la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República; y como consecuencia de esa fatal herencia, la reducción y casi desaparición del Estado de Honduras, al entregar el territorio nacional al dominio extranjero, plantando Estados foráneos dentro de nuestro Estado.

Le queda a las Fuerzas Armadas, por medio de su Estado Mayor Conjunto, decidir continuar o no dentro de la complicidad y colusión que le han venido dispensando a quien continúa usurpando la presidencia de la República… O se despolitizan desmarcándose del gobernante de facto, o continúan, con su actual complicidad y colusión, delinquiendo contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra el pueblo soberano.

Agosto 31, 2021

(Melvin López Herrera)

Para las elecciones generales de 2013, Juan Orlando en sus pretensiones de convertirse en presidente de la República utilizaba pelotones de la Fuerzas Armadas acompañándole en sus spots de campaña, violentando con ello disposiciones constitucionales con las que al instituto armado se le impone un comportamiento estrictamente apolítico.  Así fue como se hizo acompañar de pelotones de la Policía Militar del Orden Público en su campaña mediática; haciendo aparecer a la institución castrense sometida inconstitucionalmente a él; dejando con ello una enorme duda en cuanto a su participación de carácter eminentemente logístico de las Fuerzas Armadas en aquel proceso electoral, donde pasaban constitucionalmente a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral.

Ante ese abuso de quien por esa época era presidente del Congresos Nacional el pueblo se hizo muchas interrogantes todavía no respondidas: ¿dejaron de ser apolíticas las Fuerzas Armadas?; ¿están parcializándose, consciente y deliberadamente, con un determinado candidato presidencial?; ¿tienen las Fuerzas Armadas algún interés en que los resultado de las elecciones se inclinen hacia determinado candidato o candidata?; ¿pueden las Fuerzas Armadas hacerle sentir al pueblo la confianza en que este proceso será manejado con manos limpias, dentro de la transparencia debida, y que el instituto armado se apegará estrictamente a participar en el mismo dentro del marco que estrictamente le señala la Constitución?

Una vez convertido en presidente en 2014 Juan Orlando pasó a ejercer una total manipulación de las Fuerzas Armadas, a tal grado que para las elecciones generales de 2017 les hizo coludirse, bajo la responsabilidad cómplice de las tres últimas conformaciones de su Estado Mayor Conjunto; que le permitieron asumir inconstitucionalmente un nuevo mandato presidencial, sin cumplir el instituto castrense la ineludible disposición que les impone la Carta Magna: garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y actualmente sigue siendo así, cuando el Estado Mayor Conjunto -desde 2018- viene sosteniendo la actual usurpación presidencial condenada por la Constitución de la República en su artículo 2; y sus jefes ya politizados se atreven a dar declaraciones de respaldo estrictamente político al gobernante de facto, tratando de justificar lo injustificado: la usurpación actual de la presidencia de la República, cuando los artículos constitucionales 2 párrafo segundo y 240 numeral 3 exigen la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia, y prohíben la reelección de quien es jefe superior de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado.

Así, con esa trayectoria política Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido y continúa siendo el mayor y más peligroso enemigo de las Fuerzas Armadas; al manipularlas a su conveniencia personal hasta hacerlas salirse sumisamente del marco de acción que la Constitución les señala y les impone, y hacerles desobedecer el ineludible mandato constitucional de garantizar la “alternabilidad” en la presidencia de la República.

Para este nuevo proceso electoral que concluirá en noviembre Juan Orlando, un súper genio del maquiavelismo político catracho, ha salido mediáticamente tratando de enfrentar a las Fuerzas Armadas con la mayor parte de la ciudadanía constituida en la oposición a su gobierno usurpador; manifestando irresponsablemente como lo acostumbra con su conducta pública, que “algunos políticos están planteando pensar en un debate de un Estado sin Fuerzas Armadas”.

¿Qué persigue ahora Juan Orlando?… ¿mantenerse dentro de su improcedente proselitismo político -ya de salida- para continuar como figura insustituible dentro del Partido Nacional opacando con ello al candidato presidencial que pasa a un segundo plano?; ¿intensificar la duda ya sembrada acerca de que desde la sombra política dará su salto felino para remplazar en el presente proceso electoral al candidato ganador de su partido político en las pasadas elecciones primarias?; ¿asegurarse para sí la continua complicidad  y colusión de las Fuerzas Armadas hasta lograr su objetivo de retener inconstitucionalmente el poder?; ¿contar con el apoyo del instituto castrense para asegurar su ya judicialmente en riesgo libertad personal una vez que le toque abandonar el trono usurpado?; desestabilizar y hacer fracasar el actual proceso electoral para provocar una nueva crisis política mayor que la que generó en 2017 donde violó la Constitución, y donde él sería el mayor beneficiado de esta nueva crisis?

Juan Orlando se atreve a denunciar sin ningún fundamento que la oposición política está pensando en  un Estado sin Fuerzas Armadas. Esa falsedad en las irresponsables declaraciones  del gobernante de facto se confronta con la realidad de estarnos heredando -él, Juan Orlando- un Estado sin territorio nacional. Porque es indiscutible que con el sostenimiento inconstitucional de las ZEDE’s el gobernante de facto está limitando la función constitucional de las Fuerzas Armadas y con ello reduciéndola a su mínima finalidad con relación a sus principales funciones concebidas en nuestra Carta Magna al momento en que fueron instituidas: la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República; y como consecuencia de esa fatal herencia, la reducción y casi desaparición del Estado de Honduras, al entregar el territorio nacional al dominio extranjero, plantando Estados foráneos dentro de nuestro Estado.

Le queda a las Fuerzas Armadas, por medio de su Estado Mayor Conjunto, decidir continuar o no dentro de la complicidad y colusión que le han venido dispensando a quien continúa usurpando la presidencia de la República… O se despolitizan desmarcándose del gobernante de facto, o continúan, con su actual complicidad y colusión, delinquiendo contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra el pueblo soberano.

Agosto 31, 2021

(Melvin López Herrera)

Últimamente ha recobrado discusión y debate mediático el tema de las mal llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE) que fue el parto tenebroso y maquiavélico que se gestó a través de un concebido plan en el Congreso Nacional en los años 2012 y 2013, donde se violó y destruyó nuestra Constitución de la República, con la complicidad por inacción de la Fiscalía General de la República y el sometimiento al actual gobernante de facto por parte  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009 – 2016, y ahora con la del período actual como consecuencia de la reciente Resolución emitida por mayoría de su Pleno, aprobando el establecimiento de la jurisdicción especial dentro de las ZEDE. 

Todo ello no es otra cosa que el toque final que se le está dando, dentro de la mayor impunidad y con categoría de traición a la Patria, a la confirmación y habilitación de un Estado dentro de nuestro propio Estado; con lo que se ha vendido o hipotecado nuestra soberanía, destruyendo con ello nuestra identidad colectiva de nación y de país, y propiciando oficialmente el asentamiento en dichas zonas de un moderno sistema de esclavitud laboral en pleno siglo XXI en donde ni la garantía constitucional del derecho al trabajo ni el Código del Trabajo tendrán vigencia protectora para quienes luchan honradamente para procurarse el sustento familiar. Todo ello ha llevado al total resquebrajamiento del Estado de derecho en nuestra atropellada Honduras.

En este período eleccionario se ha encendido nuevamente la pira gubernamental con nuevas acciones que vienen a ahondar el grado de violación a nuestra carta fundamental y leyes secundarias, siendo entre otras esa reciente Resolución de la CSJ; con la que han terminado de hundir el Estado de derecho. Con todo esto se busca que la oposición política caiga en la  trampa que el partido de gobierno y el gobernante de facto le están tendiendo para que ese tema de las ZEDE sea el artificio electorero de quienes quieren permanecer detentando el poder político a toda costa; engañando e ilusionando a un pueblo más que humillado.

Y es allí precisamente donde está la trampa que el Partido Nacional y el gobernante de facto piensan tenderle a la oposición política en este proceso electoral, atrayéndole con este espinoso tema a su propio “ring” de boxeo, pretendiendo evadir la vindicta pública que ya ven venir este 28 de noviembre; haciendo para ello uso de las herramientas que bajo su control disponen: el hambre y necesidad de un pueblo; el engaño al elector con el espejismo que le presentan al anunciarle masiva generación de empleo a través de las ZEDE; el control que ejercen sobre los medios de comunicación social con cadenas radio televisivas, anuncios y pautas con las que enajenan a la nación. Notorio es cómo desde un telenoticiero vespertino de la capital, sus máximos conductores se han convertido en guerreros defensores de este desgobierno y de las “zonas de empleo y desarrollo económico”, al grado inclusive de desarrollar desde ese canal toda una propaganda televisiva promoviendo el paraíso que falsamente se ofrece desde dichas ZEDE.

No se trata que no nos deba importar estos recientes acontecimientos relacionados con el fortalecimiento inconstitucional de las ZEDE que nos deja la Resolución de la CSJ.  Definitivamente es una obligación de todo bien nacido hondureño el luchar por rescatar el Estado de derecho, el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución que nos manda su artículo 375, y darlo  todo por el rescate de la soberanía nacional ahora cercenada con ese proyecto desarrollado e impuesto inconstitucionalmente en 2012 y 2013 desde el Congreso Nacional, con el que se dio vida a las inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”, las que al final se habrán convertido en paraísos fiscales y criminales dentro de nuestra geografía política.

Se trata de que al Partido Nacional y al gobernante de facto, que ya ven venir el castigo de la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre, no les conviene que se le recuerde al pueblo elector el fracaso en la atención indebida con la actual pandemia, que es responsabilidad del gobierno y que tantas vidas ha cobrado; ni el robo ni la estafa al Estado y a la nación con la compra y traída de los hospitales móviles, cuya responsabilidad final recae en el gobernante de facto debiendo responder por ello, ya que al tenor de los numerales 18 y 19 del artículo 245 constitucional es él quien debe velar por la conducta oficial de los funcionarios públicos y quien debe administrar (transparentemente) la Hacienda Pública; ni tampoco el derroche millonario generado desde la famosa “tasa de seguridad”, ya deficitaria, con la injustificable compra de una exagerada flota de vehículos blindados cuyo escándalo surgió recientemente a la luz pública, etc.

Tampoco les conviene que el pueblo elector esté consciente de los grandes actos de corrupción generados por este desgobierno y la impunidad decretada oficialmente desde el Poder Legislativo y refrendada por el Poder Judicial, con reformas también inconstitucionales a leyes con las que han propiciado la evasión de la justicia volviendo inefectiva la acción pública en la persecución del delito, que por disposición constitucional corresponde al Ministerio Público, no importa la calidad y legitimidad cuestionadas de quien actualmente ejerza su titularidad.  Igualmente no les conviene, trabajando para ello desde las tinieblas, que una verdadera oposición política se constituyera en alianza electoral para el proceso de noviembre próximo.

Es por eso que el Partido Nacional y el gobernante de facto han confeccionado su formato de campaña electoral pretendiendo que esos temas y hechos denunciados en los dos párrafos anteriores se mantengan en la oscuridad y el olvido, para que no graviten sobre el venidero proceso electoral.  Prefieren llevar a la oposición a otro escenario, a su propio “ring” político donde querrán desinformar a una población electora, en este caso sobre las falsas bondades de aquellas “zonas de empleo y desarrollo económico”, con la que entregaron la soberanía nacional y donde ni el salario mínimo consensuado por las partes o decretado por el Estado tendrá vigencia en favor de quienes por necesidad o por hambre emigren o les fuercen a emigrar hacia esas zonas.  

Así, imponiendo cadenas radio-televisivas y difundiendo propaganda gubernamental  donde su costo es conmutable con  impuestos, pretenden confundir en su afán de vencer la conciencia y la indignación de un pueblo ofendido; aturdiéndole con abundantes falsos positivos con que nos bombardean en cada momento sobre las falsas bondades de las indiscutiblemente inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”. Y con ese formato de su campaña electoral pretenden embaucar al pueblo para conseguir su voto. ¿Caeremos en su trampa?

Junio 21, 2021

(Melvin López Herrera)

Recientemente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) hizo público un importante comunicado emitido colegiadamente por esa institución, por medio de su Junta Directiva de la que Juan Carlos Sikaffy es su Presidente.  Ese comunicado surgió como una necesidad del Cohep de no quedarse en el silencio sobre lo acontecido con la creación de tres zedes que no pasaron por la aprobación obligada de mayoría calificada (dos terceras partes de sus miembros) del Congreso Nacional, con lo que esas tres aprobaciones violentan la disposición constitucional en el párrafo sexto del artículo 329, que manda que sea el Congreso Nacional el que deberá aprobar la creación de cualquier zede, independientemente de que se lleve a cabo en zonas de baja densidad poblacional; pues lo único que se obvia en este caso particular (en las zonas de baja densidad poblacional) es el requisito de la celebración de un plebiscito a realizarse conforme el procedimiento establecido en el artículo 5 constitucional; pero la aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional se mantiene como atribución exclusiva de ese órgano, y que no puede atribuírsela nadie más.

Igualmente el Cohep señaló en su comunicado que es inconstitucional una interpretación del Congreso Nacional a la Ley de Impuesto sobre Ventas por la que se le otorga un beneficio a las zedes que no está contemplado en su ley orgánica. Para lograr un efecto modificatorio en la Ley de las zedes, la cual sólo puede ser modificada con voto calificado del Congreso Nacional, se introdujo esa interpretación a la Ley de Impuesto sobre Ventas; simplemente para evadir y burlar el requisito único legal de la exigencia del voto calificado del Congreso Nacional para modificar la ley orgánica de las zedes.

Ante esas situaciones el comunicado del Cohep es categórico en el sentido de que su Resolución número 28-02-06-21 del 2 de junio de 2021 emitida después de haber recibido y aprobado el correspondiente informe técnico jurídico de su Comité de Directores encomendado al efecto, establece que ambos hechos relacionados con la creación de tres zedes donde no intervino el Congreso Nacional y la interpretación que se le hace a la Ley de Impuesto sobre Ventas son ambas inconstitucionales, y constitutivo de alto riesgo para quienes se aventuren a invertir en esta zonas; por la ilegalidad que se dio con las mismas.

Como consecuencia del pronunciamiento enérgico del Cohep en su comunicado, no tardó el gobernante de facto en amenazar públicamente con quitarles la administración y el beneficio que hace años les otorgó el Gobierno para la venta y distribución de los marchamos que se utilizan para asegurar la inviolabilidad de los contenedores utilizados en operaciones aduaneras de exportación, y que representa un considerable ingreso autorizado al Cohep.

Ha sorprendido la reacción inmediata de Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, quien en lugar de salirle al paso al gobernante de facto contra la amenaza proferida, se ha pronunciado públicamente mediante su cuenta de tweets afirmando que “estoy de acuerdo con las zonas de empleo y desarrollo, siempre y cuando le otorguen los mismos beneficios a todas la empresas nacionales y extranjeras que operan a nivel nacional”

Realmente esa salida a título personal del presidente del Cohep, en donde es fácilmente identificable que se divorcia del pronunciamiento colegiado de su Junta Directiva, deja un mal sabor a la nación.  Es obvio que con ese pronunciamiento se aleja de mantenerse firme en la posición colegiada del Cohep, para dejar navegando solos a los restantes integrantes de la junta directiva ante esta lucha que debe ser de todos los hondureños por restablecer el Estado de derecho, altamente cercenado por el Partido Nacional hecho gobierno y con la colusión de la institucionalidad del Estado cuya misión debe ser fortalecerlo, en lugar de destruirlo.

Y preocupa ciertamente esa posición personal del presidente del Cohep por dos razones fundamentales: Una de ellas es que pareciera que para él pesó más el efecto de la amenaza del Juan Orlando sobre los marchamos, que la plena convicción de lo que acontece jurídicamente con las zedes y la necesidad de que se mantenga en una posición de la que no se puede claudicar  junto con el resto de los miembros de la junta directiva con relación al comunicado ya referido.

La otra es, que tenemos presente cuando en ocasión de sus participaciones en cadenas realizadas en torno a la actual pandemia, tuvo la oportunidad de pronunciarse públicamente en dos ocasiones como presidente del Cohep, manifestando que esa institución está en contra de la reelección presidencial (como una eventualidad del actual gobernante de facto) por ser inconstitucional.  Y nos preguntamos: ¿Qué pasaría si de pronto el presidente del Cohep cambia su posición sostenida colegiadamente y nos da la sorpresa de manifestarse personalmente a favor de una eventual reelección de Juan Orlando?. Esto es algo que se debe pensar y analizar seriamente pues una variante en el pensamiento de Juan Carlos Sikaffy, tomando en cuenta que es el presidente del gremio empresarial de la nación, puede arrastrar al empresariado hondureño a facilitar nuevamente, como lo hizo con su silencio y con su inacción en 2017, que Juan Orlando vuelva a violar la Constitución pretendiendo reelegirse y mantenerse en el poder desde el poder mismo.

Ya el Cohep cuando, por medio de su presidente, se pronunció públicamente contra la reelección presidencial; nos dio un cierto alentador respiro sobre el desenvolvimiento del actual proceso electoral, y con ello ha hecho mantener las esperanzas en cuanto a que no nos enfrentaremos a una crisis como la de 2017, esta vez con más indeseables como inescrutables consecuencias.

El Cohep debe darle la importancia debida a estas declaraciones personales de su actual presidente. Está llamado a tratar a lo interno y de inmediato este delicado asunto; y hacer ver a la nación que se mantiene invariable ante el comunicado reciente que hizo respecto a las zedes, y reconfirmarle a la nación que mantiene su posición invariable en contra de la reelección presidencial por ser inconstitucional… sobre todo esto último, tomando en cuenta que ya corren muchos rumores sobre el destino final del candidato presidencial del partido político que hecho gobierno, ha sido el constructor de las mayores desgracias para la nación entera.

Junio 13, 2021

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  (Melvin López Herrera)

                             Att. Lic. Osman Reyes

Presidente.

Incorporando a mi personal inquietud, la de muchos ciudadanos, me estoy dirigiendo en esta ocasión al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), y a sus agremiados dentro de dicho Colegio, en ocasión de aproximarnos a la celebración de las elecciones generales de la nación, y con ello la definición del verdadero rumbo y destino que tomará Honduras: recuperarse en su esperanza y dignidad a la que tenemos derecho sus habitantes, o terminar de hundirse dentro de un proceso político-social; al que se le ha sometido a partir del golpe de Estado de 2009 y durante casi doce años de ser gobernada por el partido político convertido en el más perverso en la historia de la nación, al haber caído en manos y bajo el control de la delincuencia, el crimen organizado y hasta la narco actividad entronizados en ese instituto.

Siempre hemos pensado que se le puede dar vida nuevamente a aquel “cuarto poder” de antaño que servía como un equilibrio necesario entre el mundo político y el social dentro del cual se conducía la nación; y que cuando era necesario hacía alzar oportunamente su voz y con el peso debido cuando la Patria lo requería, evitando con ello llegar a los extremos en que actualmente se encuentra nuestra nación como Estado.

Naturalmente que al hablar del “cuarto poder” no nos estamos refiriendo a los medios de comunicación social como entidades mercantiles cuya finalidad es el lucro y que detrás de ellas están sus tenedores como grupos empresariales fundamentalmente corporativos. Nos referimos definitivamente a los comunicadores sociales que a través de aquellos “medios” hacen su labor profesional, misma que en la mayoría de los casos se vuelve vulnerable en su condición de dependientes de sus patronos que logran imponerles el formato con el que habrán de forjar opinión pública. Y en otras ocasiones, cuando no lo es por la vía patronal, se vuelven víctimas de la tentación o amenaza del poder político lo que no les permite actuar con la debida independencia en su ejercicio profesional.

Nos llamó poderosamente la atención que con el ruido que se dio tras la publicación de una lista Hermes, el Colegio de Periodista de Honduras (CPH) se concretó a hacer una pública defensa de sus agremiados señalados en dicha lista, advirtiendo las amenazas y hasta atentados que han sufrido algunos de sus agremiados, que no son los únicos dentro de los gremios profesionales.  Y no es que no estemos de acuerdo en una respuesta colegiada de ese gremio… lo que sí definitivamente extrañamos es que en ningún momento pretendió promover una investigación que llevara a confirmar o descartar los supuestos beneficios alcanzados por quienes fueron señalados con nombres y apellidos en esa lista.

No nos mueve en esta oportunidad revolver esa noticia que pasó bajo las sombras de la noche y de la que actualmente ya nadie habla. Lo que verdaderamente nos inquieta es que si efectivamente hubo algo de cierto en esa lista Hermes; indudablemente esas tentaciones a las que puede sucumbir cualquier mortal podrían ponerse en moda con motivo del actual proceso electoral en su fase final, el que concluirá con la elecciones de noviembre próximo.

Ya el gremio periodístico mantiene una impagable deuda con la nación, que ha sido sometida por casi doce años al dominio de un partido político secuestrado por quienes se mantienen férreamente con el control del mismo.  Y esa deuda sostenemos ha sido producto de su silencio (bajo cualquier motivación) mantenido sobre todo desde que se nos impuso para las elecciones de 2017 una ilegal candidatura presidencial, y luego un ilegal gobierno, violentando la Constitución de la República.  Y le adjudicamos esa responsabilidad que no sólo es de ellos en virtud que siendo los periodistas, y estando entre ellos los voceros oficiales de los medios de comunicación social, quienes tienen a su disposición cámaras y micrófonos las 24 horas y los 7 días de la semana, poco o casi nada hicieron en 2017 por elevar su protesta ciudadana (que nos manda a todos la Constitución) contra una imposición al margen de la ley.  Es más, en todos los programas de debates y noticias se sigue mencionando y reconociendo a quien usurpa el Ejecutivo como “Presidente” sin serlo constitucionalmente… es simplemente un gobernante de facto, aunque la Carta Magna le llama “usurpador”.

No debemos ignorar que quienes se han hecho del poder político a través del Partido Nacional, los mismos que nos tienen sumidos en la miseria, la pobreza y el desprestigio como país, ya tienen planificado su proyecto  continuista en este nuevo proceso electoral; desde luego que a base de fraude y de violaciones a la Constitución y las leyes, para lo que cuentan con el estado de secuestro en que tienen toda la institucionalidad y el silencio que nuevamente pretendan comprar o imponerle al “cuarto poder”. Se espera entonces que esta vez el gremio periodístico y su colegio profesional asuman su responsabilidad ciudadana para oponerse desde sus trincheras de libertad de expresión a cualquier alteración del proceso electoral que se nos quiera imponer en noviembre.

Mayo 31, 2021

Melvin López Herrera.

(Melvin López Herrera)

No somos los únicos que oportunamente señalamos, ser indispensable como necesario que la oposición política en su totalidad constituya un solo bloque para hacerle frente al Partido Nacional en el próximo proceso electoral. Eso se viene repitiendo pero sin los resultados esperados.

Entre varios de los pronunciamientos, está una carta que en diciembre pasado personalmente enviamos a los principales líderes políticos de la oposición (Mel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasrralla), en donde fuimos bien claros en el sentido de hacerles saber que aisladamente serían más que ilusos al pretender que separadamente vencerían esta dictadura, la que ya tiene bien probado su proyecto de imponerse en las elecciones de noviembre con un fraude más que perfeccionado (por descomunal) en comparación con el de 2017, y asegurado con el sometimiento de las Fuerzas Armadas a Juan Orlando Hernández que no sólo se trata de la persona natural que lleva ese nombre de pila,  sino también del grupo delincuencialmente identificado dentro del Partido Nacional, que le ha acompañado y le continuará acompañando para mantenerse en el poder y así seguir usufructuando las delicias del Estado, con sus actos de corrupción, delincuencia y hasta señalados nexos con la narco actividad con una resonancia universal desde las cortes de New York.

Es lamentable que el desastre operado con las elecciones primarias no les dejó lección a esos “líderes políticos de la oposición”. Hasta la persona más sencilla por sus pocos conocimientos en asuntos electorales sabe muy bien que el fraude que se impuso en las primarias, era un diseño creado para propiciar las condiciones que llevarían a un mínimo esfuerzo para impedir que se alcanzara la necesaria consolidación de toda la oposición, que acabaría de una vez con esta dictadura que continúa dispuesta a recetarnos hasta cincuenta años de corrupción y narco estado y un mayor hundimiento en la pobreza y la indigencia, con olores a miseria humana.

Así tomando en cuenta que habiendo sido declarado ganador Yani dentro del Partido Liberal, y sabiendo lo que ya trascendió que él estaría de acuerdo en la constitución de una alianza si, y sólo si él encabeza la candidatura presidencial dentro de la oposición; no se podría esperar acuerdo alguno. Y el Partido Liberal se iría nuevamente separado en el proceso electoral de noviembre; y hasta podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que ese ha sido parte del preconcebido proyecto del Partido Nacional.

Del lado de Libre se ha más que sostenido que Xiomara no estaría dispuesta a ceder en esta ocasión su candidatura presidencial dentro de la ya fracasada alianza de oposición; argumentándose para ello que ya lo hizo en 2017. Y hasta ahora se ve que esa es su definitiva posición personal y la de las bases de su partido.

En cuanto a Salvador, desde un principio él ha considerado contar con la simpatía y respaldo (dice él) de dos millones de electores, con lo que ve innecesaria una alianza del PSH para derrotar al Partido Nacional.  Y con esa seguridad de la que presume, sólo está contribuyendo, con sus continuos insultos y ofensas hacia otros, a acentuar más la grieta en la oposición política; la que no lograría enfrentarse exitosamente al partido que durante casi doce años sólo ha traído miseria, pobreza y humillación a la nación y el descrédito del país ante la comunidad internacional.

Lamentablemente los consejos que en privado y de buena fe le hemos dado, y le seguiremos dando, no le hacen reflexionar y rectificar sobre el comportamiento necesario que todo líder político, sin excepción, está exigido a mantener para sí; y con ello presentar el único y verdadero perfil que un buen político debe trasmitirle a la ciudadanía electora, deseosa de un verdadero cambio dentro de la nación y con la altura política que se impone a quienes pretendan asumir la conducción del Estado.

En la carta de diciembre pasado que al inicio comentamos se hacía ver que si la alianza no se daba, por no ponerse de acuerdo sobre quién encabezaría la fórmula presidencial, que lo más indicado sería que se buscara una cuarta persona (que seguro la hay… y más de una) para encabezarla, y que ese sacrificio patriótico lo hicieran lo líderes para asegurar sacudirnos esta dictadura.

Y me pregunto: ¿porqué no podrían diferir sus naturales aspiraciones presidencialistas, dando vida efectiva a la alianza con otra cabeza, y después de derrotado el Partido Nacional pensar en lanzarse separadamente dentro de su partido para las elecciones de 2025?…¿Pesan más sus ambiciones personales, a sabiendas que una oposición irreconciliable entre sí facilitaría la continuidad de los nacionalistas en el poder y con el mismo esquema de gobernar: el sometimiento de todos los poderes del Estado y sus instituciones, y con ello la continuidad de un gobierno corrupto y con señalamientos de haber convertido al país en un narco Estado?… ¿Tendrán vergüenza los líderes políticos de la oposición sobre el triste destino que nos están recetando con sus obstinaciones; que al final les hará responsables directos de un noviembre negro al que nos estaremos enfrentado dentro del proceso electoral que se nos avecina?

Esta es la realidad actual ante la que nos encontramos de cara a las elecciones de noviembre: otros cuatro años por lo menos, gobernados por la corrupción, la ilegalidad,  y dentro de un narco Estado; situación que los líderes políticos de la oposición podrían evitar si sus ambiciones desmedidas las dejaran a un lado y pensaran primero en Honduras. Si a estos líderes políticos no les da vergüenza… a nosotros nos provoca indignación.

Abril 23 de 2021

(Melvin López Herrera)

Aproximándose ya el proceso electoral primario tenemos frente a nosotros las diferentes opciones, entre los tres partidos políticos participantes, relacionadas con las pre candidaturas ya inscritas; particularmente en las planillas presidenciales. 

En ese proceso electoral encontramos dentro de los partidos de oposición (que podrían ser la alternativa para terminar con la actual dictadura) la pre candidatura presidencial inscrita de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo en las elecciones primarias del Partido Liberal.

De Yani en el proceso que se le siguió en los Estados Unidos de América, conocemos que fue condenado por actividades relacionadas con lavado de dinero en procedimientos financieros a través de una de sus empresas familiares, en operaciones efectuadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que operaban en y desde Honduras hacia los Estados Unidos. De ese proceso recibió y cumplió una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de casi tres millones de dólares.

A lo interior, en nuestro país, él y su familia fueron despojados de gran parte de sus empresas de las que sus bienes fueron confiscados por el Estado.  Ya habiendo cumplido su condena en el exterior, Yani ha retornado al país y entendemos que decidido a rescatar lo que él sostiene le fue arrebatado ilegalmente por parte del Estado.

A Yani se le reconoce su trayectoria y experiencia por la administración pública, además de conocer de él y su familia el poder e influencia que, económica y políticamente han ejercido en el país.  En su tarea personal de rescate de sus bienes se ha escuchado que cuenta con el respaldo de la comunidad judía internacional.

Al decidir Yani volver al ruedo político y constituirse en el pre candidato presidencial del movimiento que él lidera dentro el Partido Liberal, nos preguntamos y reflexionamos en lo acertado o no de tal aventura y las consecuencias que ello podría acarrearle a él, a su partido político y a la nación entera.

Para él, su candidatura nos confirma la aspiración que ha venido sosteniendo desde las competiciones anteriores y que lo que podría estar arriesgando es la inversión económica que tal participación le impone y que, tomando en cuenta lo que él públicamente sostiene que le han dejado pobre, tal inversión debe ser de quienes se han incorporado a su movimiento político, inclusive asumiendo candidaturas en otros niveles eleccionarios, donde muchos  de ellos cuentan con antecedentes procesales dentro de los órganos jurisdiccionales que les han favorecido con insólitos sobreseimientos que les fueron otorgados. En esas circunstancias Yani hace su lanzamiento con un evidente compromiso con estos personajes pues, no hay almuerzo gratis.

Para su partido  político pienso que las opiniones sobre su participación están considerablemente divididas. Los que le siguen, ven a Yani como la persona (así lo piensan) que vendría a unificar al Partido Liberal;  y entre los que dentro de ese grupo comparten pre candidaturas con él, indudablemente se le han acercado porque saben que en los otros movimientos internos  no tendrían cabida. Por lo tanto Yani es su fórmula única  para continuar usufructuando los beneficios que en este caso les da su presencia en el  Congreso Nacional principalmente.

Otros dentro del mismo partido ven tras su candidatura la consolidación de lo que se le conoce como “el lado oscuro del Partido Liberal” del que ha sido caudillo invisibilizado  un personaje a quien se le compara con el Ricardo Zúniga Agustinus (Q.D.D.G) que otrora fue quien controlaba al Partido Nacional; y además ven con mucho recelo su lanzamiento tomando en cuenta la naturaleza de su reciente procedencia.  Así que un gane de Yani en las primarias dejaría todavía más fraccionado a su partido político que quedaría definitivamente bajo el sello y las manos de ese lado oscuro; el mismo “lado” que en el hemiciclo legislativo no ha tenido empacho para someterse a las también oscuras iniciativas de la bancada oficialista la que ha sabido contar con esos votos de adherencia, con los que se  han materializado decisiones perjudiciales para la nación, la democracia y hasta para el Estado de derecho, y que han fortalecido la impunidad que tanto daño le ha causado y le sigue causando al pueblo al que dicen representar.

Para la nación conviene analizar los efectos del lanzamiento de Yani en consideración a las siguientes preguntas que todos debemos hacernos: 1) tomando en cuenta las circunstancias del regreso de Yani a Honduras después de su “permanencia” en el exterior, ¿habría sido mejor que se hubiera abstenido de participar en cualquier proceso eleccionario de su partido político, donde es necesario que una alianza opositora totalmente unificada saque a la actual dictadura del Poder?; 2) Teniendo Yani interés personal en el rescate sus bienes incautados, y originando sus actuales pretensiones políticas un conflicto personal de intereses, ¿estaría propenso a acuerdos personales con el gobierno y el Partido Nacional, llegando con ello a debilitarse la necesaria alianza de oposición y propiciando con ello el aseguramiento del continuismo en el Poder?; 3) tomando en cuenta que su movimiento político lleva adherido algunos pre candidatos que han tenido señalamientos de actos de corrupción contra la administración pública del Estado hasta haber sido llevados a los tribunales de justicia… ¿cómo podría interpretarse esa apertura del pre candidato presidencial hacia esos personajes?; 4) ¿Acaso esa aventura política de Yani, lejos de unificar a su partido, más bien traería un sismo mayor dentro del Partido Liberal, con consecuencias adversas en la lucha contra el continuismo y la dictadura?; 5) Con esa aventura de Yani, ¿sería ello como caído del cielo para el Partido Nacional, ya que en las elecciones generales se estaría enfrentando a una alianza de oposición que desde ya nacería cadavérica?

Así como el Partido Liberal dispuso no participar dentro de la alianza política de oposición en 2017  la que pudo haberse impuesto numéricamente al fraude material confeccionado por el Partido Nacional y con la que se habría dado el tiro de gracia a la actual usurpación presidencial; en esta ocasión nuevamente consideramos que con la participación de Yani en el proceso electoral primario de su partido político, puede haber iguales consecuencias respecto a una necesaria alianza opositora que sería la esperanza para que la nación entera se libere de esta dictadura que pretende incrustarse en forma nociva y definitiva en la vida digna y el merecido destino de todo hondureño.  

Febrero 17, 2021