(Melvin López Herrera)

Ante los acontecimientos que se han venido presentando, acumulando y agravando la vida política y social de la nación; y que vienen afectando con riesgos irreparables, entre otras, nuestro débil sistema democrático, nuestra seguridad personal y de la comunidad entera, el fortalecimiento de la institucionalidad, la debida conducción del Estado, así como la precaria situación económica de las familias hondureñas; y con ello dejando un legado funesto a nuestras futuras generaciones; la ciudadanía toda debe hacer un emplazamiento enérgico a las Fuerzas Armadas de Honduras, bajo la conducción del Estado Mayor Conjunto de las mismas, para el impostergable restablecimiento del orden constitucional.

La Constitución de la República define a las Fuerzas Armadas como una institución de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica obediente y no deliberante; instituida entre otras cosas para mantener la paz, el imperio de la Constitución los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. (art. 272)

Dentro del aseguramiento del imperio de la Constitución delegado a las Fuerzas Armadas está su responsabilidad en asegurar el cumplimiento del artículo 240.3 constitucional que impone que no pueden ser elegidos presidente de la Presidente: los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de Policía o de Seguridad del Estado.

Las dos imposiciones constitucionales anteriores cuyo cumplimiento y custodio es exclusivo de las Fuerzas Armadas en ningún momento requieren de orden judicial para efectivizarlos.  En ese sentido cualquier acto de omisión a los mismos hace incurrir en responsabilidad penal a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, por la comisión del delito imprescriptible de Traición a la Patria.

Las Fuerzas Armadas en desobediencia a su mandato constitucional han permitido y continúan permitiendo que se haya violentado el orden constitucional que se dio, al no impedir y permitir que la presidencia de la República esté actualmente usurpada por quien tuvo y sigue teniendo prohibición constitucional para ocupar ese cargo, asumido en violación a la Constitución de la República.  Esa usurpación se ha vuelto más gravosa para la nación y nuestro sistema democrático con las revelaciones que desde la Fiscalía del Estado de Nueva York han trascendido al mundo entero, en las que se involucra al actual jefe de facto del Ejecutivo, identificándole como CC4, con vinculaciones con el narcotráfico desde donde fue financiada su campaña primero para ser en su momento Presidente del Congreso Nacional, y posteriormente Presidente de la República en el cuatrienio anterior y Jefe de facto del Ejecutivo en el cuatrienio presidencial actual al haber usurpado la Presidencia de la República.

Ante esos involucramientos en los que se señala al jefe de facto del Ejecutivo se tiene conocimiento que, como un juego político del partido de gobierno y del mismo señalado, se está pensando en una posible renuncia del usurpador; con la que desde el Congreso Nacional se pretendería dejar en su cargo a cualquiera de los designados de facto actuales; arropándose en la figura de la sustitución constitucional.  Esa sustitución pretendida es  inaplicable en virtud de que con ello lo que se buscaría legitimar indebidamente una sucesión con personajes que están inconstitucionalmente ocupando sus cargos actuales, al haber integrado una ilegal planilla presidencial electoral no permitida por la Constitución de la República.

Como única solución constitucional viable que nos saque de esta crisis originada con la usurpación presidencial condenada por nuestra Constitución, y llevada a cabo con la complicidad punible de las Fuerzas Armadas, el Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia, el instituto armado está irrenunciable como inevitablemente obligado a retomar su mandato constitucional, revirtiendo los efectos de la ilegal declaratoria de presidente electo en el pasado proceso electoral; haciendo imponer la obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y la prohibición sobre quienes no pueden ser declarados presidentes de la República, y con ello hacer que la Presidencia de la República sea asumida por quien debió  constitucionalmente ser declarado presidente electo, al estar vigente para Juan Orlando Hernández Alvarado la prohibición constitucional contenida en el artículo 240.3 que le impide ser Presidente de la República. Ratificamos que para ello la Fuerzas Armadas no requieren autorización judicial por ser este un mandato directo de la misma Constitución de la República, no sometible a proceso judicial alguno.

Por lo tanto, y con fundamento en los artículos 40 numeral 1 y 375 de nuestra Carta Magna, que manda a todo ciudadano a velar porque se cumpla la Constitución de la República y a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, la ciudadanía debe emplazar enérgicamente al Jefe y todo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que a la brevedad procedan a capturar al actual usurpador de la Presidencia de la República entregándolo a la autoridad para su juzgamiento; y en su lugar proceda a instalar al ciudadano que conforme a la Constitución obtuvo el mayor número de votos constitucionalmente válidos en el reciente proceso electoral, para que sea juramentado por el Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, con fundamento en el artículo constitucional 244 párrafo segundo.

La ciudadanía entera está llamada irrenunciablemente a salir a la lucha y formular un  enérgico emplazamiento público a las Fuerzas Armadas hasta que éstas asuman el mandato constitucional que hasta la fecha han mantenido violado y por lo que continúan  incurriendo en la comisión del delito imprescriptible de Traición a la Patria recaído en quienes han conformado su Estado Mayor Conjunto desde la época del pasado proceso electoral hasta la fecha.

(Melvin López Herrera)

De todos es sabido que para la semana del martes 11 de julio el Congreso Nacional se instalará en Gracias, Lempira, en donde además de resultar su costo de instalación ofensivo para esta sociedad calamitosa, donde la pobreza colinda con la muerte, tal instalación obedece a estrategias del partido de gobierno y algún sector de la oposición parlamentaria en contubernio.

Efectivamente en Gracias no se cuenta con la pizarra electrónica con la que, a pesar de manipulaciones que se le han hecho al momento de las votaciones, queda historia para archivos y para acciones judiciales el resultado de las votaciones cuando esa pizarra electrónica registra la participación de los diputados.

En Gracias, indudablemente la votación en las decisiones del Congreso se hará con la sola mano levantada, donde no se facilita y se manipula hasta con el mayor descaro el voto de los diputados.  Y siendo evidente la labor sucia y corrupta de la Junta Directiva en la conducción plenaria de ese Poder del Estado; no cabe duda que todo se manejará a la conveniencia política del partido de gobierno y los intereses compartidos con ciertas bancadas que conciertan en función de sus intereses y nunca en función de la nación.

Se ha dicho y se le ha dado la suficiente publicidad que uno de los temas son las reformas electorales, sobre las que el Partido Nacional unilateralmente se aproximó ante la Secretaría General de la OEA para presionar desde afuera la discusión en el Pleno de unas reformas jamás transparentadas ante la ciudadanía, que es en definitiva el sujeto de derecho de la debida conducción de procesos electorales.

No se sabe absolutamente cuál es el proyecto de reformas electorales que deberán ser discutidas en el Congreso; y como consecuencia de ello estamos más que seguros que se impondrá el interés del partido gobernante sobre las mismas; dejando aspectos vitales que necesariamente deben ser considerados dentro de unas verdaderas reformas electorales.  De lo contrario con simples maquillajes se quiere manejar los futuros procesos electorales que nos traerían como resultado la repetición perfeccionada del fraude operado en las elecciones generales de 2017, las que tanta tragedia y muerte dejaron como resultado.

Sería interesante confirmar si las reformas que se discutirán en el Congreso incluye la implantación de los MIC’s (micro identification code) en donde se evitaría al cien por ciento cualquier fraude material que se pretenda imponer con papeletas y actas electorales.

Los Mic’s (micro identification code), es un micro código de identificación -marca de agua digital- que se refleja en puntos de color amarillo en las actas y papeletas electorales que a simple vista son imperceptibles; pero que permanecen en dichas actas y papeletas. Ese micro código existente brinda información fidedigna respecto a: la máquina impresora, la fecha de impresión de las actas y papeletas, el micro número correlativo de cada impresión que se ha efectuado desde la primera; permitiendo identificar cualquier interrupción de secuencias numéricas de impresión; no respecto al número visible del acta o papeleta impresa sino al micro número que identifica cada impresión, y que está asociado a cada máquina de impresión. Al pretenderse una verificación selectiva o total de actas y papeletas respecto a su micro código de identificación (mic) puede confirmarse si ha habido reemplazo y sustitución de las mismas con ánimo fraudulento para alterar resultados electorales; basta con relacionar las máquinas impresoras con su correspondiente centro de impresión acreditado en los contratos suscritos por el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Este mecanismo de verificación y control del proceso electoral convertido en reformas electorales; sería una de las manera de contraponerse anticipadamente a un fraude electoral.

Otro asunto que se ha dicho será agendado en el Congreso de Gracias es la improcedente reglamentación de la reelección, que en ningún momento ha sido autorizada en la Constitución, y que nos tiene actualmente con un gobierno de facto dirigido por quien desde la Presidencia de la República ha estado usurpando ese cargo.  A pesar del delito imprescriptible cometido por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2015, los artículos que hacen referencia a la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la presidencia y la prohibición para ser elegido presidente los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado; esos artículos se mantienen vigentes, por lo que la reelección al ser inconstitucional por ningún lado que se le busque puede ser objeto de reglamentación. La sola pretensión de introducir ese tema en el Congreso de Gracias hará incurrir en el delito de traición a la Patria a quien o quienes se atrevan a hacer ese intento.

La ciudadanía entera debería imponerse de inmediato prevenir que desde el Congreso vaya a oficializarse la burla al electorado con reformas a aprobarse y que desconocemos; donde se correo el irremediable riesgo que se instrumentalice mediante el proceso legislativo unas reformas hechas a la medida de la dictadura con afán único de perpetuarse en el Poder, como es la agenda del Partido Nacional, el más corrupto e impune en la vida política de la nación. Igualmente debe reaccionar con la pretendida reglamentación de la reelección, actualmente prohibida en nuestra Constitución.

El derecho a la insurrección que nos confiere la Constitución de la República no sólo nos lleva a luchar por devolverle el estado de derecho secuestrado a nuestra nación, sino también a prevenir cualquier atentado que se pretenda contra el remedo de democracia que se nos ha impuesto y la perpetuación de la dictadura pretendida por el partido de gobierno.

(Melvin López Herrera)

Desde el momento en que Juan Orlando Hernández y sus dos movimientos políticos internos dentro del Partido Nacional solicitaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de su precandidatura presidencial, se oficializaron ante ese órgano las respectivas oposiciones para que el TSE resolviera dentro del marco de la Constitución, fundamentalmente en torno a la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la Presidencia que manda su artículo 4 párrafo segundo; y su correspondiente 240 numeral 3 que prohíbe ser elegido Presidente los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de Policía y Seguridad del Estado.

Esa oposición previa fue resuelta simultáneamente y en forma negativa junto con la oficialización por parte del TSE de la inscripción de su precandidatura en violación a lo que dispone la Constitución de la República. Posteriormente los correspondientes recursos fueron desestimados por el TSE y la Corte Suprema de Justicia, resolviendo no conforme a derecho. Hasta aquí las Fuerzas Armadas debieron mantenerse observadoras de lo que ocurriría en el proceso; sencillamente porque la etapa inmediata eran las elecciones primarias en donde Juan Orlando dentro de su partido podría salir o no triunfante.

Cuando se llegó a la etapa de las elecciones generales, ya las Fuerzas Armadas habían recibido muchos escritos de grupos ciudadanos vigilantes del proceso, en donde se les advertía de su deber constitucional que les manda en su artículo 272 párrafo segundo, mantener el imperio de la Constitución y garantizar la alternabilidad en la presidencia de la República; deber que para su cumplimiento no requiere de orden judicial, por ser un mandato expreso y directo de nuestra Constitución.  Las Fuerzas Armadas, bajo las autoridades del momento, ignoraron ese mandato, al igual que el legítimo reclamo que les fue oficialmente formulado, y permitieron el curso del proceso.

Transcurrido el día D de las elecciones generales, teniendo información del TSE de los resultados de los escrutinios, y antes de ser emitida la ilegal Declaratoria de Presidente electo, las Fuerzas Armadas debieron prepararse para actuar si se daba tal Declaratoria, y en su caso asumir su mandato constitucional interviniendo el proceso para imponer la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.  Las Fuerzas Armadas se llamaron a la inacción convirtiéndose su mando superior, por cómplices, en responsables en la comisión del delito imprescriptible de traición a la Patria.  En estas circunstancias las Fuerzas Armadas, en las personas de su mando superior, son los mayores responsables de la imposición e instalación de un gobierno usurpador; con lo que se rompió el orden constitucional, convirtiéndose ese hecho en un invisibilizado golpe de Estado al Ejecutivo facilitado por las mismas Fuerzas Armadas, que no obligaron a la “alternabilidad” constitucionalmente dispuesta.

Esa situación de usurpación por el actual gobierno ha llegado a extremos con impredecibles consecuencias, tras la ejercitación del derecho a la insurrección popular que garantiza la Constitución en su artículo 3.  El gobierno usurpador apoyándose en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está dispuesto a toda cosa a repeler ese derecho constitucional a la insurrección popular, llegando con ello a provocar una espiral crisis política y de gobernabilidad en donde podrían arriesgarse vidas humanas.

Ante las circunstancias en que se está manifestando crecientemente ese descontento del pueblo sin distingos políticos, la solución a esta crisis sólo tiene una salida…. la salida de Juan Orlando del cargo que actualmente usurpa.  Pero en este caso no se puede pensar ni admitir el procedimiento de la sustitución constitucional que dispone su artículo 242… la cadena sucesoria de Designados, presidente del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia.  Sostenemos categóricamente que en este caso no aplica tal procedimiento, pues jamás por esa vía se podría legitimar lo ilegítimo. El pretender la implantación de ese procedimiento equivale ni más ni menos a dar un nuevo golpe de Estado al Ejecutivo, al que las Fuerzas Armadas no deben prestarse.

Si se hubiera evitado la ilegal declaratoria de presidente electo recaída ilegalmente en Juan Orlando… si las Fuerzas Armadas hubieran cumplido con el mandato constitucional de hacer prevalecer la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, otra planilla presidencial estaría ocupando la presidencia de la República, y sólo con esta planilla legítima habría procedido, de darse el caso, el procedimiento de sustitución constitucional que dispone el artículo 242 de la Carta Magna… jamás con la actual planilla usurpadora.

¿Qué procede entonces ante la crisis actual? Ni más ni menos que las Fuerzas Armadas están llamadas a restablecer el orden constitucional conforme al mandato vigente del artículo 272 párrafo segundo.  Siendo que está vigente la prohibición para ser elegido presidente conforme al artículo 240 numeral 3 ya citado; los votos que resultaron a favor de Juan Orlando en el proceso electoral pasado son votos constitucionalmente nulos y sin ningún valor jurídico independientemente del volumen adquirido. Apartado constitucionalmente Juan Orlando del Proceso, el legítimo ganador en las elecciones generales es indiscutiblemente Salvador Nasralla con su planilla presidencial.  En consecuencia el es quien debería estar ejerciendo la presidencia de la República.

Si las Fuerzas Armadas decidieran borrar su pecado como institución, en cumplimiento al mandato de 272 párrafo segundo constitucional; están entonces irrenunciablemente obligadas a imponer la “alternabilidad” que en su momento  desobedecieron mantener como mandato y en consecuencia la separación de Juan Orlando y su planilla impone innegablemente que la cabeza del Ejecutivo corresponde a Salvador Nasrralla junto con su planilla presidencial.  La salida de Juan Orlando no conduce, en las circunstancias en que de facto se ha convertido en jefe del Ejecutivo, a pretender la disposición del artículo 242 constitucional.  Tampoco es constitucionalmente válida una junta o triunvirato… todas estas inaceptables opciones  darían lugar a otro golpe de Estado al Ejecutivo; haciendo irrecuperable el ausente estado de derecho y orden constitucional; y en las Fuerzas Armadas particularmente en la persona de sus mandos superiores recaería la correspondiente responsabilidad penal en este caso.

Las Fuerzas Armadas deberán ser muy cuidadosas en su ineludible cumplimiento de su mandato constitucional.  Sus altos mandos no deben continuar en su actual condición de violadores de la Constitución hasta mantenerse incurriendo en el imprescriptible como inamnistiable delito de traición a la Patria.  Están llamadas constitucionalmente y sin requerir de orden judicial a restablecer el mandato de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.  Y deberán tener presente que si en su oportunidad se hubieren mostrado obedientes a la Constitución, habrían impedido la violación a la “alternabilidad en la presidencia de la República”  que ha llevado a la usurpación actual de ese poder del Estado; en donde quien legítimamente debe ocuparlo es Salvador Alejandro Cesar Nasrralla Salum, por ser él quien constitucionalmente obtuvo la mayoría de la votación jurídicamente válida en la elecciones generales de 2017.

(Melvin López Herrera)

 La insurrección viene y nadie la detiene.  Este es un derecho constitucional, comprendido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna por el que el pueblo ejerce su legítima desobediencia a un gobierno usurpador.  Entiéndase por pueblo la integración de todas la fuerzas políticas, sociales, económicas y tantas otras que no deben rehuir a su responsabilidad de defender y preservar la soberanía popular, y jamás deberán mostrarse indiferentes, complacientes y hasta coludidas con quienes desde un estado de inconstitucionalidad impuesta por la fuerza de las armas han secuestrado la institucionalidad, colocando y sosteniendo peones incondicionales y sumisos en los órganos e instituciones del Estado encargadas de hacer prevalecer el derecho, la justicia y sobre todo el imperio de la Constitución.

El recorrido de Juan Orlando por la jefatura de facto del Ejecutivo, pese a tener el blindaje que le ofrecen las Fuerzas Armadas y el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su embajada, y las fuerzas económicas que velan por sus intereses asociados con -o amenazado por- el gobierno; lejos de fortalecerse se ha ido irremediablemente debilitando.  Y es que un gobierno usurpador, por mucha maniobra que ejecute, no puede sostenerse en el tiempo tras el despertar de un pueblo que, transitando de un estado de miedo al de valentía, ejerce irrenunciablemente su derecho constitucional a la insurrección.

Actualmente Juan Orlando y su séquito ante la forma dictatorial en que está conduciendo las cosas de Estado tomando en cuenta que ejerce hegemonía sobre todos los poderes e instituciones del Estado, están siendo enfrentados desde varios ángulos por diferentes fuerzas inclusive religiosas las que están conscientes que no puede postergarse ni un solo segundo el urgente rescate de la nación y la urgente recuperación del estado de derecho por el cual debemos regirnos todos sin excepción alguna.

La fuerte oposición y resistencia que ha encontrado en la “Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación Gratuitas”, movimiento genuino cuya lucha está inspirada en declaraciones constitucionales como la de su artículo 59 donde se aclama a la persona humana con el fin supremo de la sociedad y el Estado, siendo obligación de todos el protegerla… obligación de la que jamás debe desligarse el Estado, está haciendo retroceder al régimen en su pretensión de imponerse dictatorialmente al pueblo.

Los intentos desde el Estado de transitar hacia la privatización de la educación y la salud ha provocado el surgimiento de la lucha de los gremios de docentes y profesionales de la medicina, desde luego con el apoyo y calor popular, para hacer retroceder al gobierno usurpador en algunas decisiones que habían sido tomadas por medio de unos decretos ejecutivos y hasta legislativos.  Tras los efectos de esa lucha algunos empresarios, sobre todo los de la costa norte, se han empezado  a desmarcar, pronunciándose en desacuerdo con el gobierno y advirtiendo que las circunstancias actuales pueden llevar a indeseables situaciones de mayor peligro y efecto en vida de la nación.

A lo anterior se ha sumado el pronunciamiento de los obispos de Honduras a través de la Conferencia Episcopal donde se hacen señalamientos puntuales. La Iglesia en su mensaje hace eco de la situación de calamidad de la mayoría de la población contrastada de forma impotente contra la corrupción focalizada en las diferentes instituciones del Estado, desde la forma en que se legisla para proveernos de leyes protectoras de la corrupción y la delincuencia,  la forma en que se sigue administrando la cosa pública, hasta la forma desproporcionada con la que los cuerpos de policía (civil y militar) pretender imponer orden ante las protestas populares.

Es plausible la fortaleza con que se ha mantenido la plataforma defensora de la salud y la educación, pese al intento del gobierno por debilitarla pues, como Juan Orlando nunca duerme, desde el Ejecutivo se ha pretendido montar unas mesas de diálogo integrándolas con algunos personajes a los que el mismo gobierno los ha llevado a los tribunales y ahora les incorpora al “diálogo” con el único fin de avalar decisiones en las mesas que al final serán modelos impuestos por el gobierno mismo.  Es lamentable que desde la cooperación internacional se estén acreditando representantes ante esas mesas, aún estando conscientes que las mismas han sido integradas con  “representantes” gremiales que no tienen la autorización de sus bases.

Pero como ciudadanos obligados a no desconocer nuestros deberes con la Patria, desde los diferentes gremios y sectores, no debemos continuar automarginándonos de nuestra responsabilidad constitucional de devolverle el estado de derecho a nuestra Honduras.

Así los empresarios no deben conducir su actividad lucrativa por sobre el interés nacional encaminado al sostenimiento de la democracia, al fortalecimiento y reafirmación de la soberanía que, conforme al artículo 2 constitucional, corresponde irrenunciablemente al pueblo.

Los periodistas -llámeseles reporteros, directores y conductores de programas de debate y noticiosos- deben estar conscientes que individual y gremialmente constituyen las venas comunicantes del cuerpo social, el puente de la identidad nacional, el vehículo informativo de la realidad nacional. Cualquier sometimiento a las presiones de los dueños de medios y del gobierno les volverá históricamente responsables del incierto  destino de nuestras futuras generaciones.  No deben permanecer silenciados ni mantenerse como informadores pasivos de los lamentables acontecimientos en la conducción de la nación por parte de quienes se enquistan, hasta inconstitucionalmente, en las diferentes instituciones del Estado.

La Iglesia, sobre todo la evangélica que se ha identificado con el gobierno usurpador, debe sostener la antorcha de luz del evangelio; denunciando todo le que esté mal hecho desde las estructuras del Estado y anunciando la esperanza que debe prevalecer en el pueblo para la reconstrucción de nuestra nación a la que estamos llamados todos.

No debemos olvidar que Juan Orlando se está rifando su propia libertad personal, y hará lo que tenga que hacer para que la justicia que se imparte a nuestros connacionales desde el exterior nunca le abarque a él.  Obvio… dentro de sus planes personales está el definitivo blindaje que puede asegurarse desde las Fuerzas Armadas donde él es su máxima autoridad.  Si pierde ese apoyo se considerará automáticamente desprotegido y obligado a responder a la justicia, por el asalto perpetrado al Ejecutivo, hasta la eventual vinculación ante la jurisdicción americana con la actividad ilícita por la que esta siendo sometido a la justicia su hermano Tony.

Y ante ese riesgo no descartemos que pretenda inclusive prolongar su dictadura más allá del período actual.  Para ello deberá cuidar que el control de las Fuerzas Armadas esté ejercido por sus incondicionales. Y siendo que en el mes de diciembre vendrán cambios en la institución castrense, no descartemos que pretenda hacer un nuevo salto de promociones, entregando el control y mando de la institución a la promoción 26, y tras ello con la posibilidad que su primo actualmente comandando la Fuerza Aerea pase a ser el nuevo Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Es por eso que la insurrección popular debe fortalecerse, mantenerse compacta y decidida a la reconstrucción de la nación devolviéndole el estado de derecho y liberando a la institucionalidad del secuestro a que la ha sometido el actual jefe de facto del Ejecutivo. Y Las Fuerzas Armadas, cuya cúpula pasada y actual desobedeció el mandato constitucional que le impone el artículo 272 respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, debe saber que repeler el derecho a la insurrección popular constituye también delito de traición a la Patria.

(Melvin López Herrera)

La insurrección viene y nadie la detiene.  Este es un derecho constitucional, comprendido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna por el que el pueblo ejerce su legítima desobediencia a un gobierno usurpador.  Entiéndase por pueblo la integración de todas la fuerzas políticas, sociales, económicas y tantas otras que no deben rehuir a su responsabilidad de defender y preservar la soberanía popular, y jamás deberán mostrarse indiferentes, complacientes y hasta coludidas con quienes desde un estado de inconstitucionalidad impuesta por la fuerza de las armas han secuestrado la institucionalidad, colocando y sosteniendo peones incondicionales y sumisos en los órganos e instituciones del Estado encargadas de hacer prevalecer el derecho, la justicia y sobre todo el imperio de la Constitución.

El recorrido de Juan Orlando por la jefatura de facto del Ejecutivo, pese a tener el blindaje que le ofrecen las Fuerzas Armadas y el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su embajada, y las fuerzas económicas que velan por sus intereses asociados con -o amenazado por- el gobierno; lejos de fortalecerse se ha ido irremediablemente debilitando.  Y es que un gobierno usurpador, por mucha maniobra que ejecute, no puede sostenerse en el tiempo tras el despertar de un pueblo que, transitando de un estado de miedo al de valentía, ejerce irrenunciablemente su derecho constitucional a la insurrección.

Actualmente Juan Orlando y su séquito ante la forma dictatorial en que está conduciendo las cosas de Estado tomando en cuenta que ejerce hegemonía sobre todos los poderes e instituciones del Estado, están siendo enfrentados desde varios ángulos por diferentes fuerzas inclusive religiosas las que están conscientes que no puede postergarse ni un solo segundo el urgente rescate de la nación y la urgente recuperación del estado de derecho por el cual debemos regirnos todos sin excepción alguna.

La fuerte oposición y resistencia que ha encontrado en la “Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación Gratuitas”, movimiento genuino cuya lucha está inspirada en declaraciones constitucionales como la de su artículo 59 donde se aclama a la persona humana con el fin supremo de la sociedad y el Estado, siendo obligación de todos el protegerla… obligación de la que jamás debe desligarse el Estado, está haciendo retroceder al régimen en su pretensión de imponerse dictatorialmente al pueblo.

Los intentos desde el Estado de transitar hacia la privatización de la educación y la salud ha provocado el surgimiento de la lucha de los gremios de docentes y profesionales de la medicina, desde luego con el apoyo y calor popular, para hacer retroceder al gobierno usurpador en algunas decisiones que habían sido tomadas por medio de unos decretos ejecutivos y hasta legislativos.  Tras los efectos de esa lucha algunos empresarios, sobre todo los de la costa norte, se han empezado  a desmarcar, pronunciándose en desacuerdo con el gobierno y advirtiendo que las circunstancias actuales pueden llevar a indeseables situaciones de mayor peligro y efecto en vida de la nación.

A lo anterior se ha sumado el pronunciamiento de los obispos de Honduras a través de la Conferencia Episcopal donde se hacen señalamientos puntuales. La Iglesia en su mensaje hace eco de la situación de calamidad de la mayoría de la población contrastada de forma impotente contra la corrupción focalizada en las diferentes instituciones del Estado, desde la forma en que se legisla para proveernos de leyes protectoras de la corrupción y la delincuencia,  la forma en que se sigue administrando la cosa pública, hasta la forma desproporcionada con la que los cuerpos de policía (civil y militar) pretender imponer orden ante las protestas populares.

Es plausible la fortaleza con que se ha mantenido la plataforma defensora de la salud y la educación, pese al intento del gobierno por debilitarla pues, como Juan Orlando nunca duerme, desde el Ejecutivo se ha pretendido montar unas mesas de diálogo integrándolas con algunos personajes a los que el mismo gobierno los ha llevado a los tribunales y ahora les incorpora al “diálogo” con el único fin de avalar decisiones en las mesas que al final serán modelos impuestos por el gobierno mismo.  Es lamentable que desde la cooperación internacional se estén acreditando representantes ante esas mesas, aún estando conscientes que las mismas han sido integradas con  “representantes” gremiales que no tienen la autorización de sus bases.

Pero como ciudadanos obligados a no desconocer nuestros deberes con la Patria, desde los diferentes gremios y sectores, no debemos continuar automarginándonos de nuestra responsabilidad constitucional de devolverle el estado de derecho a nuestra Honduras.

Así los empresarios no deben conducir su actividad lucrativa por sobre el interés nacional encaminado al sostenimiento de la democracia, al fortalecimiento y reafirmación de la soberanía que, conforme al artículo 2 constitucional, corresponde irrenunciablemente al pueblo.

Los periodistas -llámeseles reporteros, directores y conductores de programas de debate y noticiosos- deben estar conscientes que individual y gremialmente constituyen las venas comunicantes del cuerpo social, el puente de la identidad nacional, el vehículo informativo de la realidad nacional. Cualquier sometimiento a las presiones de los dueños de medios y del gobierno les volverá históricamente responsables del incierto  destino de nuestras futuras generaciones.  No deben permanecer silenciados ni mantenerse como informadores pasivos de los lamentables acontecimientos en la conducción de la nación por parte de quienes se enquistan, hasta inconstitucionalmente, en las diferentes instituciones del Estado.

La Iglesia, sobre todo la evangélica que se ha identificado con el gobierno usurpador, debe sostener la antorcha de luz del evangelio; denunciando todo le que esté mal hecho desde las estructuras del Estado y anunciando la esperanza que debe prevalecer en el pueblo para la reconstrucción de nuestra nación a la que estamos llamados todos.

No debemos olvidar que Juan Orlando se está rifando su propia libertad personal, y hará lo que tenga que hacer para que la justicia que se imparte a nuestros connacionales desde el exterior nunca le abarque a él.  Obvio… dentro de sus planes personales está el definitivo blindaje que puede asegurarse desde las Fuerzas Armadas donde él es su máxima autoridad.  Si pierde ese apoyo se considerará automáticamente desprotegido y obligado a responder a la justicia, por el asalto perpetrado al Ejecutivo, hasta la eventual vinculación ante la jurisdicción americana con la actividad ilícita por la que esta siendo sometido a la justicia su hermano Tony.

Y ante ese riesgo no descartemos que pretenda inclusive prolongar su dictadura más allá del período actual.  Para ello deberá cuidar que el control de las Fuerzas Armadas esté ejercido por sus incondicionales. Y siendo que en el mes de diciembre vendrán cambios en la institución castrense, no descartemos que pretenda hacer un nuevo salto de promociones, entregando el control y mando de la institución a la promoción 26, y tras ello con la posibilidad que su primo actualmente comandando la Fuerza Aerea pase a ser el nuevo Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Es por eso que la insurrección popular debe fortalecerse, mantenerse compacta y decidida a la reconstrucción de la nación devolviéndole el estado de derecho y liberando a la institucionalidad del secuestro a que la ha sometido el actual jefe de facto del Ejecutivo. Y Las Fuerzas Armadas, cuya cúpula pasada y actual desobedeció el mandato constitucional que le impone el artículo 272 respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, debe saber que repeler el derecho a la insurrección popular constituye también delito de traición a la Patria.

(Melvin López Herrera)

Para mediados de este mes de mayo concluye el período de cinco años de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes fueron elegidos inconstitucionalmente el 20 de enero de 2014 cuando el día anterior (el 19) ya había clausurado su cuatrienio el Congreso Nacional y el siguiente nuevo cuatrienio se iniciaría hasta el día siguiente, es decir el 21 de enero.

Ese 20 de enero de 2014, bautizado como el día de la “diarrea legislativa”, los congresistas involucrados con la correspondiente responsabilidad civil y criminal que pesa sobre ellos aprobaron varios decretos que nacieron inconstitucionales, sin vida ni efectos jurídicos, y volviendo nulos los actos derivados de los mismos.  Entre esos decretos están multimillonarios contratos de suministro de energía eléctrica y hasta por 20, 30 y 50 años. Está también la popularmente conocida como “Ley de Secretividad” que ha sido utilizada para esconder grandes fraudes contra el Estado y en detrimento de la nación. Y tantos otros decretos, entre ellos el 419-2013 donde inconstitucionalmente fueron elegidos los señores David Andrés Matamoros Batson, José Saúl Escobar Andrade, Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete y Marcos Ramiro Lobo Rosales como magistrados al TSE; los tres primeros como titulares y el último como suplente.

Estos señores fueron juramentados en mayo de 2014, siendo sin embargo publicado hasta el 1 de julio de 2014 el Decreto de su elección en el Diario Oficial La Gaceta.  Es decir que su juramentación y la toma de posesión de sus cargos surgieron antes de la publicación constitucionalmente requerida para que toda ley o decreto adquiera vigencia; todo esto al margen del que dicho decreto nació muerto por las razones ya expuestas.

En esas condiciones, derivadas de un nombramiento inconstitucional, todos los actos de dichos magistrados han sido y seguirán siendo actos nulos, incluyendo con ello el manejo y administración del proceso electoral de 2017 y con ello la ilegal, por también inconstitucional, declaratoria de presidente electo; misma sobre la cual la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Presidencia y la Sala de lo Constitucional, mantiene engavetados los amparos que se introdujeron el 18 de enero de 2018; y por la que los responsables del engavetamiento han incurrido en imprescriptible responsabilidad penal.

Es más…. Si el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por medio de sus titulares fuera un órgano responsable dentro de la administración pública, de oficio hubiera deducido responsabilidad civil a los actuales magistrados del TSE por todos los actos administrativos que tienen que ver con el manejo presupuestario de esta institución, incluyendo los sueldos y demás beneficios que gozaron durante todos los cinco años de su período, en virtud de estar ocupando ilegalmente esos cargos.

Mucho se ha dicho de la nueva conformación de las instituciones que vienen a sustituir al TSE: el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE); cuyos nuevos magistrados remplazarán  a los que hoy conforman el TSE.  También se ha dicho que el Partido Nacional en el Congreso pretende nombrar en uno de esos nuevos cargos a David Andrés Matamoros Batson, quien por cinco años ejerció inconstitucionalmente (junto con los otros tres) su cargo en el TSE.  Parece que por el lado de Libre se pretende que su representante a uno de los nuevos órganos que sustituyen al TSC sea la abogada Rixy Moncada; pero ello ha provocado la opositora reacción del Partido Nacional, el que sólo convendría a esa propuesta si Libre por su parte no presentare oposición a la reelección de Matamoros Batson.

Yo preguntaría a la bancada parlamentaria de Libre: 1) ¿estarían dispuestos a sellar ese acuerdo de reciprocidad respecto a esos dos posibles candidatos?; 2) ¿aceptaría la cuasi imposición de Matamoros Batson, sabiendo que fue el artífice de los dos últimos fraudes electorales en donde impusieron la declaratoria ilegal de JOH en lugar de los ganes legítimos de Xiomara en 2013 y Nasrralla en 2017?; 3) ¿hasta qué punto estaría Libre de acuerdo en permitir que se le torciera la conciencia sellando un acuerdo con tal grado de reciprocidad?; 4) ¿qué esperanzas le estaría Libre dándole a un pueblo que ha luchado exponiendo hasta su vida por el verdadero imperio de la Constitución?

Esa misma pregunta se la formularíamos en lo que corresponda a lado oscuro de la bancada liberal, la que se ha caracterizado por también llegar a acuerdos con el partido de gobierno.

De ultima hora se ha sabido que por no haberse emitidos las nuevas leyes constitutivas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Constitucional, como consecuencia de ello se está llegando a un acuerdo político en el Congreso Nacional para prorrogar el período de los actuales magistrados del TSE mientras se emiten y publican esas nuevas leyes.  De materializarse ese posible convenio político, se estaría prorrogando el período de los actuales magistrados inconstitucionalmente electos el 20 de enero de 2014, y con ello caerían sus nuevas actuaciones dentro de esa prórroga como actos totalmente nulos con las correspondientes consecuencias jurídicas derivadas de su nulidad.  No se puede prorrogar la vigencia de un decreto (el del 20 de enero de 2014) cuando dicho decreto se emitió inconstitucionalmente.

Lo que verdaderamente cabe es que de inmediato se presente al pleno del Congreso, para su aprobación  los proyectos de ley tanto de Consejo Nacional Electoral así  como del Tribunal de Justicia Electoral, para darle la correspondiente vida constitucional a esas dos instituciones que vienen a sustituir al actual Tribunal Supremo Electoral, y seguidamente elegir a sus nuevas autoridades.  El retener el proceso de creación de esas leyes constitutivas no tiene otro propósito que mantener en sus cargos a quienes cargan en sus espaldas imprescriptibles responsabilidades penales al habernos impuesto un jefe de facto del Ejecutivo y al margen de la Constitución. Ese es precisamente el interés político del Partido Nacional, debiendo contar con la complicidad de las bancadas opositoras que permitan sumar con sus votos la mayoría calificada requerida.

Consideramos que si, como resultado de estos acuerdos políticos los nacionalistas logran la mayoría calificada para imponer a Matamoros Batson, o cualquiera de los otros tres magistrados del actual TSE, la oposición parlamentaria estará demostrando que la ética política pierde su verdadera dimensión cuando priman otros intereses distintos a la reivindicación del pueblo, a quien dicen representar en el Congreso Nacional.

                                                         (Melvin López Herrera)

Siempre se ha sostenido y reconocido en voces altas y bajas que Honduras está carente del necesario estado de derecho que debe prevalecer en toda nación que presume conducirse políticamente dentro de un sistema “democrático”, que muchos Estados y gobiernos quieren hacer creer a propios y extraños. Igualmente se ha pretendido hacer creer desde el Poder mismo, que la Constitución de la República es el pilar donde descansa el régimen de conducción del Estado; particularmente -y sin limitarse a ello- en lo que respecta al ejercicio de sus tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en cuanto la independencia y no subordinación que debe prevalecer entre los mismos.

Siendo objetivos debemos reconocer que en nuestro país siempre ha habido una cierta pretensión de influencia entre los Poderes del Estado (sobre todo del Ejecutivo hacia los otros dos); pero sin llegar -como está sucediendo en la actualidad- a que el artículo 4 constitucional, que define e instituye nuestra forma de gobierno haciendo énfasis en la independencia de sus Poderes constituidos, quede como un simple precepto romántico en nuestra Carta Magna. El actual sometimiento dentro del Estado hacia quien de facto ejerce la jefatura del Ejecutivo es una contundente realidad donde la independencia entre los Poderes del Estado y demás instituciones no existe quedando la institucionalidad secuestrada y a merced del actual gobierno usurpador, desconocido y condenado por nuestra Constitución de la República en su artículo 3.

Así vemos cómo desde el golpe de Estado de 2009, y por sobre todo desde la instauración del cuatrienio iniciado en 2010 nuestras instituciones han venido siendo presas y objeto del diseño ideado, trazado y ejecutado -y con la complicidad de sus incondicionales- por quien violentando la Constitución y las leyes está usurpando la Presidencia de la República, convirtiéndose en el jefe de facto del Ejecutivo.

Recientemente a raíz de la detención y puesta en prisión del periodista David Romero Elner, como consecuencia de la ejecución de una sentencia cuestionada por muchos conocedores de la materia penal, han salido a la luz y conservadas por quienes las consideramos tema de delicado interés, las sentenciosas revelaciones públicas de Ebal Díaz, ministro de la Presidencia de la República, sobre las que  no deja la mínima duda de que Juan Orlando Hernández Alvarado controla a su antojo el funcionamiento de la institucionalidad en nuestro país.

Sobre ese caso particular de David, Ebal ha dicho públicamente en una entrevista televisiva que se le hizo y que ha circulado por las redes sociales que al presidente se le ha dicho: “Presidente no se meta en problemas. Presidente mire, usted no se meta, no se ensucie. Pero ¿sabe cuál era el precio de que el Presidente se echara para atrás con el tema de David Romero?; era entregar a la Fiscal Sonia Gálvez y a sus hijos para que David Romero los hiciera pedazos; ese era el precio; y el Presidente no aceptó”.

Como se dice popularmente: “a confesión de parte relevo de pruebas”.  Y aquí Ebal, siendo el ministro vocero de la Presidencia de la República ha confirmado de una manera categórica que Juan Orlando ha sido y es quien decide qué se hace y qué no se hace en Honduras.  Así entendemos, entre muchos otros casos, 1) porqué una Sala de los Constitucional (de facto) dictó una sentencia eminentemente política en 2015 violando la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia constitucional, tan sólo para imponer una ilegal reelección presidencial; 2) porqué un Tribunal Supremo Electoral (y también de facto) condujo en igual violación el proceso electoral de 2017, mandando  usurpar la Presidencia de la República a quién tenía y sigue teniendo prohibición constitucional para ocupar ese cargo; 3) porqué el Congreso Nacional por medio de su Presidente le tomó la promesa de ley en 2018 a quien a partir de allí usurparía la titularidad del Ejecutivo; 4) porqué las FFAA en su ocasión desobedecieron el mandato constitucional que les impone garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la Presidencia de la República; y por el contrario ejecutaron una represión, impune hasta ahora, contra quienes ejercieron su derecho constitucional a la insurrección, permitiendo con ello la instauración de un gobierno usurpador; 5) porqué la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Presidente y la Sala de lo Constitucional, no ha resuelto a la fecha los amparos contra la “declaratoria de presidente electo” que desde enero de 2018 se mantienen engavetados en ese Poder del Estado; 6) porqué desde la Fiscalía General de la República su titular, quien pudiendo actuar de oficio, ha ignorado las innumerables denuncias que públicamente se le han presentado relacionadas por altos delitos cometidos por funcionarios del Estado e inclusive peticiones formales de investigar a Juan Orlando en relación a su posible y hasta deducible vinculación con las actividades ilícitas de su hermano Tony y de las reveladoras declaraciones de Fernando Suárez en el caso judicializado “Pandora” al decir que detrás de todo ello ha estado el jefe de facto del Ejecutivo;   7) porqué se dispuso el actual acenso ilegal de oficiales de las FFAA y la conformación también ilegal de su actual Estado Mayor Conjunto.

Con estas contundentes revelaciones del ministro de la Presidencia, queda indiscutiblemente evidenciado, tanto para el consumo interno como para el externo y el internacional, que en Honduras estamos sometidos a una férrea dictadura con la amenaza de perpetuarse por quien obsesiva y obstinadamente debe tenerla agendada como propósito personal para protegerse contra la eventual persecución de la justicia; que se dará en algún momento, cuando como verdaderos hondureños estemos dispuestos a rescatar a la nación y devolverle a nuestra Patria su merecido estado de derecho actualmente conculcado por el usurpador y las instituciones cómplices por medio de sus titulares.

De oficio desde luego, le toca al Fiscal General de la República accionar ante las sentenciosas declaraciones Ebal Díaz; y demostrar que no sólo se queda como un “secretario ejecutivo” de la Embajada Americana con las extradiciones, sino que se desempeña como un  fiel cumplidor de la Constitución de la República y la Ley constitutiva del Ministerio Público, por lo que y para lo que está ocupando ese cargo.

(Melvin López Herrera)

Este 5 de marzo en el foro televisivo matutino “Frente a Frente” de canal 5 en Honduras, el programa fue anunciado y dedicado a la situación personal de la familia Zelaya Medrano y con relación al conflicto hereditario con motivo de la muerte del padre de Luis Orlando Zelaya Medrano (Luis), actual presidente del Concejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL).  El foro con la presencia de tres invitados que, unos más que otros, han tenido grandes diferencias y hasta resentimientos políticos con Luis, fue indudablemente preconcebido para prestarse al morbo político con un único objetivo: destruir la imagen política del actual presidente del CCEPL y su posición dentro del devenir político de la nación dentro de su partido; pero por sobre todo para inducir la renuncia o defenestración de Luis de su actual cargo, por ser un obstáculo para quienes pretenden perpetuar su poder influyente en ese instituto político y continuar desprestigiándole con actos de corrupción pasados y presentes que han manejado a su empacho mientras han tenido influencias negativas en esa institución.

En noviembre del año recién pasado fue capturado en los Estados Unidos de América Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano del actual jefe de facto del Ejecutivo, por encontrarlo responsable de tráfico de drogas (cocaína) en gran escala dentro del territorio americano y con manejo desde Honduras, además por considerarlo portador armas de grueso calibre y haber mentido en sus declaraciones a autoridades de aquel país del norte. Tony sigue actualmente respondiendo al proceso judicial que se le ha incoado por los cargos anteriormente apuntados; y dentro de dicho proceso se ha establecido que las actuaciones delictivas de Tony se han venido sucediendo en Usa y en Honduras desde el año 2004.  Entre los años 2004 a 2006 el actual gobernante de facto era Secretario (influyente) del Congreso Nacional; entre 2006 al 2010 continuó como diputado en ese poder del Estado; entre 2010 a 2014 fue presidente del Congreso y a la vez integrante del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; entre 2014 a la fecha (siendo inicialmente presidente de la República y ahora jefe de facto del Ejecutivo) este hermano de Tony Hernández ha sido el presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Ese Consejo, por definición de su ley constitutiva en su artículo 3, es el que diseña las estrategias de prevención, combate, “investigación” y  sanción de las conductas delictivas en cualquiera de sus modalidades.  Ese Consejo por lo tanto, para el desempeño de su misión constitutiva,  se informa de todo lo que acontece en el crimen organizado en Honduras; a tal grado que por su poder de acción ninguno de quienes lo integran pueden ni deben ignorar, por ser los mejor informados, sobre las personas involucradas en actos delictivos criminales, incluidos desde luego los relacionados con el tráfico de drogas, y dentro de ello de las personales actuaciones históricas de Tony Hernández en el crimen organizado y por lo que se le está siguiendo proceso en Usa.

Hacemos esta referencia a la situación política actual del gobernante de facto de quien, a pesar de ser innegable su conocimiento y consentimiento del accionar de su hermano Tony, los medios de comunicación social poco y casi nada han debatido sobre si el mandatario de facto debería de renunciar a su usurpado cargo por los actos personales de su hermano. Y me hago y comparto la siguiente interrogante: ¿Quién entre Luis Zelaya y Juan Orlando está más exigido ante la situación particular que cada uno de ellos está enfrentado personalmente?; ¿Con cuáles de las dos actuaciones de ellos se ve más afectada Honduras y el Estado, y con grandes repercusiones hasta internacionales?; ¿Desde el cargo de facto que ocupa Juan Orlando es más gravosa por impactante su situación personal que la de Luis Zelaya? ¿Alguna vez cualquier medio de comunicación social, y sobre todo sus conductores, le dieron una connotación similar al caso Juan Orlando-Tony que la que le ha dado “Frente a Frente” al caso particular de la familia Zelaya Medrano que no es exclusivamente Luis?

No cabe duda que el foro montado en “Frente a Frente” este 5 de marzo fue intencionalmente introducido para un ataque eminentemente político por parte de los interesados y los encargados de la conducción de dicho foro a la persona de Luis Zelaya Medrano, tomando en cuenta su cargo actual en el CCEPL; pues la interrogante en la encuesta del foro no iba conducida a obtener un pronunciamiento sobre su conducta personal respecto a su familia, sino a inducir al público a que se pronunciara sobre la conveniencia o no de su renuncia en su actual cargo.

Es así cómo en el mundo mediático muchas veces sus conductores no reflexionan sobre su compromiso periodístico a la luz de su decálogo profesional; y algunas veces adoptan o se prestan a posturas de terceros, llevando el morbo en su espacios noticiosos y de debate público…Y, lo peor, dejando de tratar temas impostergables de interés nacional y de vida o muerte de nación y Estado, para en lugar de ello ponerse a la orden del juego en el ajedrez de los políticos.

                                                      (Melvin López Herrera)

Desde 2013, cuando los candidatos presidenciales de aquella época se comprometieron con los observadores internacionales en introducir impostergables reformas en la vida “democrática” y electoral de la nación, el Partido Nacional se ha mostrado como el más enconado enemigo de la democracia; al utilizar cualquier subterfugio y hasta mecanismos de extorsión parlamentaria, para que la ciudadanía no cuente con verdaderas reformas tanto constitucionales como electorales que se han vuelto necesariamente impostergables para devolver la urgente credibilidad a los procesos electorales, y el necesario fortalecimiento de cualquier gobierno en su instalación, para asegurarle la legitimación que sólo se obtiene con una mayoría absoluta de los electores que concurren a las urnas.

El reciente proceso electoral quedó evidenciado de ser la mayor vergüenza y ofensa a la ciudadanía, al haber sido sus resultados el producto de un fraude jurídico-electoral, tras la inscripción ilegal de quien actualmente usurpa la silla presidencial teniendo prohibición constitucional para ocuparla, y por la manipulación material del proceso que concluyó en darle al partido de gobierno cantidad de votos que nunca obtuvo.  Además de la condición de “usurpador” de de la que no puede desdoblarse el jefe de facto del Ejecutivo, al haberse roto el tradicional bipartidismo resulta casi imposible ganar (legítimamente desde luego) cualquier proceso electoral con mayoría absoluta, por lo que quien quiera que llegue a la Presidencia de la República, lo estará haciendo con la desaprobación de la mayoría de los ciudadanos que expresaron con su voto su voluntad propia.  Es decir que bajo las actuales circunstancias,  donde no existe la segunda vuelta electoral, ningún presidenciable puede alcanzar la legitimación requerida para garantizarse la gobernanza necesaria para una exitosa conducción de la nación.

Desde la fragmentación política acaecida en 2009 El Partido Nacional, siendo el co-artífice incógnito del golpe de Estado, sabe que mientras esa fragmentación persista -con o sin fraude- nunca alcanzaría la mayoría absoluta requerida para ganar un proceso electoral. Por tanto quiere seguir usufructuando esa circunstancia, y por tal se opone al balotaje o segunda vuelta electoral; y con absurdos argumentos para justificar su antidemocrática posición. Su presidente, con el mayor descaro que no es otra cosa que un absoluto irrespeto a la inteligencia de la ciudadanía, arguye que la segunda vuelta al ganarla de nuevo el vencedor de primera, acarrearía mayores actos violentos que los de 2017; desconociendo que la mayor motivación de esos hechos fue el fraude materializado por su partido político.

La segunda vuelta electoral, que sólo cinco países latinoamericanos no la tienen, es la verdadera salida democrática en nuestro proceso electoral.  En ella la membresía electora de los partidos que quedaren al margen de ese proceso definirán en las urnas su inclinación por cualquier de los dos competidores sobrevivientes; haciendo a uno de ellos el ganador definitivo por mayoría absoluta; y no como ahora que, el ganador de la única vuelta llega a ocupar la silla aún sin alcanzar esa mayoría.

En cuanto al fraude material del proceso electoral sobre lo que el Partido Nacional tiene doctorado “in horroris causa”, seguirá siendo la amenaza latente en todos los procesos, y la herramienta a la que acude ese partido para manipular y asaltar los resultados de las elecciones.  Ese fraude, que no dudamos se perfeccionaría más desde el poder, puede ser controlado y hasta neutralizado entre las probables  reformas electorales incluye la implantación del sistema de verificación de los códigos MIC’S en el proceso.

Los Mic’s (micro identification code), es un micro código de identificación -marca de agua digital- que se refleja en puntos de color amarillo en las actas y papeletas electorales que a simple vista son imperceptibles; pero que permanecen en dichas actas y papeletas. Ese micro código existente brinda información fidedigna respecto a: la máquina impresora, la fecha de impresión de las actas y papeletas, el micro número correlativo de cada impresión que se ha efectuado desde la primera; permitiendo identificar cualquier interrupción de secuencias numéricas de impresión; no respecto al número visible del acta o papeleta impresa sino al micro número que identifica cada impresión y que está asociado a cada máquina de impresión. Al pretenderse una verificación selectiva o total de actas y papeletas respecto a su micro código de identificación (mic) puede confirmarse si ha habido reemplazo y sustitución de las mismas con ánimo fraudulento para alterar resultados electorales; basta con relacionar las máquinas impresoras con su correspondiente centro de impresión acreditado en los contratos suscritos por el Tribunal Supremo Electoral. Este mecanismo de verificación y control del proceso electoral convertido en reformas electorales; sería una de las manera de contraponerse anticipadamente a un fraude electoral.

Hay otros temas adicionales de reformas tanto electorales como constitucionales que ameritan ser discutidas en el Congreso Nacional; y se podrá llegar a algunos acuerdos. Pero si no se aprueba la segunda vuelta para democratizar el proceso electoral y si tampoco se implanta el sistema de control a través de los Mic’s que permitiría superar el fraude material -si eso no se logra- cualquier reforma nunca será una verdadera reforma.

                                                      (Melvin López Herrera)

Este 2019 será el año de los grandes desenlaces en la vida política y social de la nación. Tras la usurpación de la Presidencia de la República que se facilitó desde el proceso electoral de 2017, ha continuado hasta ahora la manipulación, el contubernio y el sometimiento de las instituciones  de orden público al servicio de quien, comandando una red criminal entronizada dentro del Estado, ha hecho de sus instituciones el aliado, el socio, y el cómplice en la aventura del asalto que ha sufrido la Constitución con el secuestro de tales instituciones.

Así los responsables en la conducción del  Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Fuerzas Armadas de Honduras y hasta el Congreso Nacional (CN) con sus diputados oficialistas a los que se han sumado sus diputados apéndices de los partidos políticos de maletín y hasta el lado obscuro de la bancada liberal, se han mantenido fieles al Partido Nacional y a quien ha sabido per$uadirle$ para garantizarse para sí su propósito continuista en una afrenta sin precedentes a la Constitución y al estado de derecho; lo que le ha permitido convertirse en el usurpador-dictador del siglo XXI en nuestra nación.

El 18 de enero se cumplirá un año de haberse introducido ante la Sala de lo Constitucional un recurso de amparo contra la ilegal declaratoria de presidente electo, sin que esa Sala le haya dado el curso de ley, incurriendo con ello en el intencional delito de retardo de justicia y con el agravante delito imprescriptible de traición a la Patria.  Igualmente las Fuerzas Armadas por medio de su Estado Mayor Conjunto, al haber permanecido inerte ante la ilegal toma de posesión (más bien de usurpación) del 27 de enero han incurrido igualmente en el delito de traición a la Patria, del que deberán responder en cualquier momento.

Tras transcurrir casi un año del mantenimiento de un gobierno usurpador, muchas cosas han surgido que amenazan el espíritu continuista-usurpador del jefe de facto del Ejecutivo y su plana mayor dentro del Estado. El señalamiento de estar involucrado en los hechos del caso Pandora donde se sustrajeron 282 millones de lempiras del tesoro público y sumado a ello la captura y enjuiciamiento en el exterior de su hermano menor por delitos relacionados con el narcotráfico, donde el jefe de facto del Ejecutivo más allá de aparentar desconocimiento lo evidencian como protector oficial las actividades ilícitas de su hermano, hacen ver que más temprano la caída de él y de su gobierno; arrastrando con ello a quienes se han coludido con él en su desafortunada aventura política.

Todo ello obliga a la cúpula del Partido Nacional, en sus manotadas de ahogado, a plantearse  su emergente estrategia 2019 en los asuntos políticos de nación y Estado; pues de lo contrario podría caer (como pronto acontecerá) en un abismo mucho más profundo que el sufrido por el Partido Liberal con los acontecimientos de 2009, y en el que los nacionalistas en la cúpula fueron “co artífices incógnitos” en aquellos hechos, sin los cuales no se habrían recetado la jamás despreciable oportunidad de agenciarse el Poder con ánimo continuista, mediante la violación a la Constitución, quebrantando el estado de derecho, y con la complicidad institucional antes referida.

Ahora hablan de reformas electorales que nunca les interesó discutir en el CN, pero por sobre todo hablan de una reforma constitucional a la conformación del TSE, en donde pretenden integrarlo con cinco magistrados, en lugar de los tres que actualmente establece la Carta Magna; indudablemente con el único propósito de seguir manteniendo el control de ese órgano del Estado, con la incorporación de dos magistrados adicionales que pretenderían seleccionarlos de sus partidos políticos apéndices; con los que la balanza de las decisiones les marcaría un favorable 3 a 2.  Sabe el Partido Nacional que esa conformación pretendida es la herramienta que les podría favorecer en la retención del Poder para evitarse esa estrepitosa caída a la que están condenados y que no pueden evitar.

Llama poderosamente la atención que aún cuando se ha denunciado públicamente que los actuales magistrados del TSE fueron elegidos y se mantienen inconstitucionalmente en esos cargos, y donde nada ha hecho la Sala de lo Constitucional  desde julio de 2017 sobre un recurso interpuesto contra sus nombramientos, por el lado del CN sus diputados actuales (sobre todo la bancada de Libre) han hecho absolutamente nada por promover la sustitución inmediata de aquellos magistrados dentro del TSE, inconstitucionalmente electos.

Ante los acontecimientos actuales que desfavorablemente rodean al jefe de facto del Ejecutivo y al Partido Nacional; tenemos la convicción que los nacionalistas de base sabrán imponerse a los propósitos de la cúpula que sólo mira su grupúsculo  interés y desde donde se ha conformado una red criminal que mediante un reciente e ilegal proceso electoral se ha entronizado y pretende perpetuarse en el aparato estatal; en detrimento del interés nacional.

Conservamos la fe en que Libre, alejando los intereses personales de quienes lideran ese partido político, sabrá asumir su verdadero papel de oposición y se identificará en la verdadera lucha contra la dictadura.  Su papel de oposición dentro del Congreso Nacional no deberá levantar la más mínima sospecha de haber negociado con los nacionalistas el destino de la nación, de la democracia y del estado de derecho que debe imperar en nuestra Honduras….Eso también sería traición a la Patria.