LAS SENTENCIOSAS REVELACIONES PÚBLICAS DE EBAL DIAZ

                                                         (Melvin López Herrera)

Siempre se ha sostenido y reconocido en voces altas y bajas que Honduras está carente del necesario estado de derecho que debe prevalecer en toda nación que presume conducirse políticamente dentro de un sistema “democrático”, que muchos Estados y gobiernos quieren hacer creer a propios y extraños. Igualmente se ha pretendido hacer creer desde el Poder mismo, que la Constitución de la República es el pilar donde descansa el régimen de conducción del Estado; particularmente -y sin limitarse a ello- en lo que respecta al ejercicio de sus tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en cuanto la independencia y no subordinación que debe prevalecer entre los mismos.

Siendo objetivos debemos reconocer que en nuestro país siempre ha habido una cierta pretensión de influencia entre los Poderes del Estado (sobre todo del Ejecutivo hacia los otros dos); pero sin llegar -como está sucediendo en la actualidad- a que el artículo 4 constitucional, que define e instituye nuestra forma de gobierno haciendo énfasis en la independencia de sus Poderes constituidos, quede como un simple precepto romántico en nuestra Carta Magna. El actual sometimiento dentro del Estado hacia quien de facto ejerce la jefatura del Ejecutivo es una contundente realidad donde la independencia entre los Poderes del Estado y demás instituciones no existe quedando la institucionalidad secuestrada y a merced del actual gobierno usurpador, desconocido y condenado por nuestra Constitución de la República en su artículo 3.

Así vemos cómo desde el golpe de Estado de 2009, y por sobre todo desde la instauración del cuatrienio iniciado en 2010 nuestras instituciones han venido siendo presas y objeto del diseño ideado, trazado y ejecutado -y con la complicidad de sus incondicionales- por quien violentando la Constitución y las leyes está usurpando la Presidencia de la República, convirtiéndose en el jefe de facto del Ejecutivo.

Recientemente a raíz de la detención y puesta en prisión del periodista David Romero Elner, como consecuencia de la ejecución de una sentencia cuestionada por muchos conocedores de la materia penal, han salido a la luz y conservadas por quienes las consideramos tema de delicado interés, las sentenciosas revelaciones públicas de Ebal Díaz, ministro de la Presidencia de la República, sobre las que  no deja la mínima duda de que Juan Orlando Hernández Alvarado controla a su antojo el funcionamiento de la institucionalidad en nuestro país.

Sobre ese caso particular de David, Ebal ha dicho públicamente en una entrevista televisiva que se le hizo y que ha circulado por las redes sociales que al presidente se le ha dicho: “Presidente no se meta en problemas. Presidente mire, usted no se meta, no se ensucie. Pero ¿sabe cuál era el precio de que el Presidente se echara para atrás con el tema de David Romero?; era entregar a la Fiscal Sonia Gálvez y a sus hijos para que David Romero los hiciera pedazos; ese era el precio; y el Presidente no aceptó”.

Como se dice popularmente: “a confesión de parte relevo de pruebas”.  Y aquí Ebal, siendo el ministro vocero de la Presidencia de la República ha confirmado de una manera categórica que Juan Orlando ha sido y es quien decide qué se hace y qué no se hace en Honduras.  Así entendemos, entre muchos otros casos, 1) porqué una Sala de los Constitucional (de facto) dictó una sentencia eminentemente política en 2015 violando la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia constitucional, tan sólo para imponer una ilegal reelección presidencial; 2) porqué un Tribunal Supremo Electoral (y también de facto) condujo en igual violación el proceso electoral de 2017, mandando  usurpar la Presidencia de la República a quién tenía y sigue teniendo prohibición constitucional para ocupar ese cargo; 3) porqué el Congreso Nacional por medio de su Presidente le tomó la promesa de ley en 2018 a quien a partir de allí usurparía la titularidad del Ejecutivo; 4) porqué las FFAA en su ocasión desobedecieron el mandato constitucional que les impone garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la Presidencia de la República; y por el contrario ejecutaron una represión, impune hasta ahora, contra quienes ejercieron su derecho constitucional a la insurrección, permitiendo con ello la instauración de un gobierno usurpador; 5) porqué la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Presidente y la Sala de lo Constitucional, no ha resuelto a la fecha los amparos contra la “declaratoria de presidente electo” que desde enero de 2018 se mantienen engavetados en ese Poder del Estado; 6) porqué desde la Fiscalía General de la República su titular, quien pudiendo actuar de oficio, ha ignorado las innumerables denuncias que públicamente se le han presentado relacionadas por altos delitos cometidos por funcionarios del Estado e inclusive peticiones formales de investigar a Juan Orlando en relación a su posible y hasta deducible vinculación con las actividades ilícitas de su hermano Tony y de las reveladoras declaraciones de Fernando Suárez en el caso judicializado “Pandora” al decir que detrás de todo ello ha estado el jefe de facto del Ejecutivo;   7) porqué se dispuso el actual acenso ilegal de oficiales de las FFAA y la conformación también ilegal de su actual Estado Mayor Conjunto.

Con estas contundentes revelaciones del ministro de la Presidencia, queda indiscutiblemente evidenciado, tanto para el consumo interno como para el externo y el internacional, que en Honduras estamos sometidos a una férrea dictadura con la amenaza de perpetuarse por quien obsesiva y obstinadamente debe tenerla agendada como propósito personal para protegerse contra la eventual persecución de la justicia; que se dará en algún momento, cuando como verdaderos hondureños estemos dispuestos a rescatar a la nación y devolverle a nuestra Patria su merecido estado de derecho actualmente conculcado por el usurpador y las instituciones cómplices por medio de sus titulares.

De oficio desde luego, le toca al Fiscal General de la República accionar ante las sentenciosas declaraciones Ebal Díaz; y demostrar que no sólo se queda como un “secretario ejecutivo” de la Embajada Americana con las extradiciones, sino que se desempeña como un  fiel cumplidor de la Constitución de la República y la Ley constitutiva del Ministerio Público, por lo que y para lo que está ocupando ese cargo.