(Melvin López Herrera)

Recientemente se dio un cruce de mensajes en redes sociales entre la Embajadora de los Estados Unidos de América y nuestro Canciller, que ha llevado a comentarios de aprobación y desaprobación de la reacción de este último ante un pronunciamiento oficial de la Embajadora con relación a un proyecto de decreto que el gobierno ha enviado al Congreso tendente a tomar decisiones impostergables ante la crisis en que se mantiene el sector eléctrico, particularmente con el destino que desde hace muchos años se le ha trazado a la Enee, que ha agravado su situación financiera, por decisiones políticas de los distintos gobiernos que hemos tenido.

Es indudable que la decisión que está tomando el gobierno actual ha provocado la inmediata reacción del sector que se ha beneficiado con la forma en que se ha administrado la contratación por parte del Estado en el suministro de la energía eléctrica en el país; situación que está llevando a la nación a una crisis de grandes dimensiones, donde el mayor afectado es y seguirá siendo el pueblo en la persona de sus presentes y futuras generaciones.

Ante esa situación el gobierno valientemente ha asumido su impostergable roll en busca de la fórmula y el mecanismo para ordenar en todo lo posible la actual situación, que en gran parte es producto de las contrataciones ilegales como gravosas, consecuencia de los precios y condiciones de sus correspondientes negociaciones en su oportunidad. Lo de ilegales, por tratarse de contratos vigentes muchos de ellos aprobados el 20 de enero de 2014 por un Congreso Nacional que nunca existió en esa fecha particular, en virtud que el que correspondió al cuatrienio anterior había clausurado su legislatura el día anterior 19 de enero, y el que se constituiría para el cuatrienio siguiente se dio hasta el 21 de enero.  En otras palabras muchos de esos contratos de suministro de energía eléctrica de esa época fueron aprobados por un Congreso Nacional impostor, cuyos autores o responsables continúan dentro de la impunidad, pues nunca les alcanzó el brazo de la justicia.

Bien se sabe que muchos de los contratos fueron negociados con tarifas exorbitantes como desproporcionadas, lo que está provocando por un lado el beneficio exagerado de unos pocos, y por otro una crisis insostenible en la Enee, con consecuencias funestas para la nación entera.

Era de esperarse la reacción y movilización de los empresarios suministradores del servicio de energía eléctrica a través de sus diferentes plantas, quienes no se quedarán inertes ante la decisión del gobierno. Y viendo que desde el Ejecutivo se nota su inclaudicable posición con el proyecto de decreto que se someterá al Congreso Nacional para convertirse en Ley; es indiscutible aunque no podamos confirmarlo que ya tocaron las puertas de la Embajada Americana para que desde ahí, como ya fue pública la manifestación de esa representación diplomática,  se logre frenar al gobierno de la Republica en su determinación.

No se ha hecho esperar la intervención en sus redes de la actual embajadora de los Estados Unidos de América, quien confirma que en esa representación diplomática se está  analizando la propuesta energética del gobierno, y sin esperar más advierte un posible efecto (adverso) sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora.  Es así como la embajadora americana, apartándose del protocolo tradicional, lanza una pública advertencia al gobierno sobre la decisión de éste, respecto al proyecto de decreto enviado al Congreso… Y nos preguntamos: ¿Qué le faculta en el ámbito diplomático a la embajadora americana para intervenir en asuntos que son de la competencia estricta del Estado de Honduras?; ¿acaso nuestro embajador en el país americano tendría libertad para pronunciarse sobre asuntos que sólo competen al gobierno americano?

No se hizo esperar la reacción del Canciller, quien representa al gobierno en el mundo diplomático, haciéndole ver a la embajadora americana lo desacertado que ha sido su manifestación pública “sobre política interna” propia del Estado de Honduras y que obviamente ninguna representación extranjera debe pronunciarse en consideración al principio universalmente aceptado de la “libre auto determinación de los pueblos”

Es evidente que el pronunciamiento de la señora embajadora de los Estados Unidos de América, y lo peor en la forma pública con que lo ha hecho, deja entre ver el sello permanente en la política exterior de los Estados Unidos de América.  Se atribuye a Lord Palmerton de Inglaterra respecto a su país,  pero también se le atribuye al ex presidente americano  John Quincy Adams la frase en este último caso de que “Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes”

No cabe duda que el contenido de esa frase con respecto a los Estados Unidos es una confirmación que ese país sólo actúa en función de sus intereses independientemente de lo ético de los mismos. Eso explica el porqué avalaron y sostuvieron los fraudes electorales de 2013 y 2017 y sobre todo la ilegal reelección presidencial de 2017 en la persona de quien ahora fue requerido por los mismos Estados Unidos y que actualmente está siendo procesado en aquella nación.

La reacción de nuestro Canciller no es otra que la que irrenunciable e ineludiblemente correspondería a cualquier hondureño, investido o no de autoridad, ante el notorio intervencionismo que siempre ha sido el sello de los Estados Unidos de América en sus relaciones diplomáticas. 

Consideramos que esas verdaderamente  “desacertadas” declaraciones de la embajadora americana, no debe ser bien vistas por los hondureños que teniendo en cuenta que aunque Honduras seguirá siendo un país pobre, jamás debemos permitir que su dignidad sea sometida al imperio de los países que siempre nos han manejado conforme a sus intereses.

Lamentamos que los empresarios del suministro de energía eléctrica tengan que recurrir, tal como lo sentimos que así fue, a un gobierno extranjero para proteger sus intereses leoninos en lugar de acercarse de buena fe al gobierno para buscarle una solución a este problema que actualmente afecta a Honduras como Estado y como nación, y en donde dichos empresarios son los primeros llamados a contribuir a una salida saludable para la nación entera.

Nuestro canciller por su parte, con esa observación que ha hecho a la embajadora americana, y efectuada a la altura de sus opiniones intervencionistas; debe tener el reconocimiento del pueblo que a la vez deberá interpretarse como un apoyo al gobierno en la determinación que ha tomado.

Mayo 3, 2022

(Melvin López Herrera)

Aunque la captura de Juan Carlos (el Tigre) Bonilla, parezca una noticia más sobre varios que aparecen en el listado de solicitudes que ha mandado Usa para candidatos a extradición; este caso particular reviste una importancia relevante en virtud de todo lo que se ha escuchado respecto a ese personaje, y de hechos que incluso él mismo se ha encargado de hacer públicos sobre la forma en que ha operado el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, y denunciando personas que sostiene han estado íntimamente vinculadas a este tipo de operaciones.

Ya hemos sido enterados desde el exterior cómo en la diversas audiencias de quienes ya purgan sus penas en los centros penales del país del norte, y de otras que todavía se les sigue procesos, las tantas veces en que ha salido a relucir el nombre de Juan Carlos Bonilla.  Igualmente hemos tenido conocimiento de que desde el año pasado corría una orden de captura para luego extraditarle a los Estados Unidos.  Finalmente fue capturado cerca de Zambrano en un operativo en donde él no opuso ni la mínima resistencia.

Pero no deja de sorprendernos cómo el juez encargado de administrar su proceso de extradición dispuso mandarlo a los separos en uno de los batallones de la capital, dándole un tratamiento distinto al que se dispuso para el ex gobernante de facto quien fue enviado a la sede de las fuerzas especiales “Cobras” al final de la Colonia 21 de Octubre

¿Qué habrá motivado al juez de la causa para enviar al “Tigre” a un batallón en lugar de recetarle el mismo destino que se dispuso en el caso de Juan Orlando?.  Nos hacemos esta necesaria pregunta porque siendo del dominio público diversas declaraciones del “Tigre” salpicando a varios políticos, empresarios y hasta verdi uniformados; no nos cabe duda que, de ser así, a estos últimos les debe tener preocupados todo cuanto él podría saber y hasta revelar en los tribunales de Nueva York sobre algunos personajes de ese instituto armado que supuestamente serían autores de primer orden en las operaciones de narcotráfico que desde Honduras han tenido su punto de partida hasta terminar en los Estados Unidos de América.

Es indudable que esta organización criminal del narcotráfico que se enraizó en nuestro país estuvo constituida en su cúpula por quienes han ostentado el control del Estado, donde no se podría descartar la participación logística y operativa que privilegia al instituto armado.  El Tigre Bonilla ha sido muy categórico al sostener, y nosotros sin reafirmarlo igualmente lo pensamos y le creemos, que altos oficiales de las Fuerzas Armadas han estado involucrados en estas ilícitas actividades, que por sus actos son objeto de persecución penal desde la nación del norte.

Y nos preguntamos: ¿cuánto debe saber el Tigre Bonilla sobre la real actividad del narcotráfico?; ¿a cuántas personas estaría en condiciones de delatar ante los tribunales de los Estados Unidos de América?; ¿qué tan peligroso es el “Tigre” para la seguridad impune de uniformados que estuvieren involucrados en la comisión de estos delitos?; ¿hasta dónde los posibles involucrados, específicamente los uniformados, estarían dispuestos a arriesgar su suerte sabiendo que el “Tigre” desde Nueva York podría cambiarles su destino definitivo en este mundo?…

Por esas y tantas otras preguntas que nos hacemos sobre el confinamiento al que provisionalmente se le ha dispuesto a Juan Carlos Bonilla, en un batallón de la capital, tenemos el muy fundado presentimiento de que en esas circunstancias se le ha enviado a la boca del lobo… ¿Qué mejor recinto se pudo disponer para el “Tigre” en donde fácilmente y en la clandestinidad puede estar siendo sometido a “tratamientos especiales” para asegurarse que mantendrá su boca cerrada a la hora en que tenga que comparecer y declarar ante los tribunales de los Estados Unidos, pudiendo revelar nombres claves de personajes que hayan tenido destacada participación en las operaciones de narcotráfico?

Es por eso que no dejaremos de preguntarnos porqué al juez que lleva la causa no se le pudo ocurrir otro destino para el procesado, tomando en cuenta los efectos y consecuencias de enviarlo a un batallón para su confinamiento.  ¿Qué le habrá motivado o forzado a hacer ese tipo de elección? ¿puede acaso actualmente disponerle otro sitio de confinamiento para evitar la posibilidad de que pueda estar siendo secreta y silenciosamente sometido por quienes tuvieran un interés personal y hasta colectivo de hacerle enmudecer respecto a todo lo que sabe y podría revelar?

Mientras Juan Carlos Bonilla permanezca recluido en el batallón a donde ha sido enviado no dejaremos de pensar, y con sobrada razón, que movimientos oscuros se estarían activando en su contra con un único propósito: ablandarle mediante posibles amenazas e intimidaciones y hasta posibles ultrajes físicos para que calle todo lo que sabe. Y la próxima audiencia entendemos que se le ha calendarizado para hasta el mes de abril. 

Marzo 13, 2022

(Melvin López Herrera)

La nación entera y la comunidad internacional están siguiendo a través de los medios de comunicación social todo lo que está aconteciendo en el proceso de extradición de Juan Orlando hacia los Estados Unidos de América: las diligencias promovidas por las autoridades de aquel país, las acciones dispuestas y ejecutadas por la autoridades de nuestro país, y el desenvolvimiento en el proceso conducido por el juez natural nombrado al efecto, junto con el papel que dentro del derecho y la ética jurídica estén desempeñando los encargados de su defensa.

El derecho a la defensa y el debido proceso que, de conformidad con la Constitución y las leyes debe tener garantizado Juan Orlando, deberá marchar a la par del principio de lealtad procesal que deberán observar sus apoderados defensores en el aludido proceso, y desde luego también a la par de la sujeción debida del juez natural y cuantos como autoridades jurisdiccionales deben observar conforme a los señalamientos que expresamente les establece la Constitución en un capítulo específico, al referirse a la responsabilidad del Estado y sus servidores, al igual que lo que establece la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

El proceso de  extradición de connacionales, que por excepción reconoce en su artículo 102 nuestra Constitución, descansa en lo que dispone el Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América de 1909 y su convenio adicional de 1927, junto con el Auto Acordado de 2013 de la Corte Suprema de Justicia.

El Tratado de Extradición de 1909 es muy claro en su artículo 6 al establecer que el “Si el criminal evadido cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a la estipulaciones del presente Convenio se halla actualmente enjuiciado, libre de fianza o preso por cualquier delito cometido en el país en que buscó asilo o haya sido condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo a derecho.” Obsérvese que la condición de la demora de la extradición en este caso particular sólo podrá justificarse si Juan Orlando actualmente se halla enjuiciado, lo que equivale a que actualmente se le esté llevando algún proceso previo dentro de los tribunales de la República.

En las últimas horas ha trascendido que desde el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se ha girado un Oficio al Fiscal General de la República solicitando información si contra  Juan Orlando existen denuncias, investigaciones o causas pendientes en el país y el estado de las mismas.  Con respecto a ello, por su parte desde la Dirección General de Fiscalía se ha pedido a las Fiscalías locales y regionales a nivel nacional que informen sobre lo requerido por el Juzgado de Extradición.

Consideramos que el origen del Oficio pudo ser una petición introducida en el proceso por parte de la defensa.  Siendo así, es evidente que quienes ejercitan la defensa  han faltado en este caso al principio de lealtad procesal ya que su petición, que no conduce a nada, está alejada de la consideración que al efecto hace el Tratado de Extradición; ya que el mismo habría de relacionarse estrictamente a casos en que actualmente se halle enjuiciado Juan Orlando.  Así que si han solicitado que la Fiscalía informe sobre denuncias o investigaciones, tal petición es improcedente y debió ser rechazada de plano en el proceso por el Juez encargado de la conducción del mismo; por tratarse de simples como injustificadas demoras promovidas por la defensa que no deben interrumpir en manera alguna el tiempo dentro del cual deba conducirse y resolverse este proceso, tal como lo señala el artículo cuarto del Auto Acordado.

Igualmente es improcedente el Oficio dirigido a la Fiscalía General de la República y su circulación dentro de las Fiscalías Locales y Regionales. Cualquier información que quiera hacerse llegar al Juez encargado de este proceso, y bajo el principio de celeridad procesal, puede y pudo ser recabada directamente dentro del mismo órgano jurisdiccional del Estado, particularmente desde los diferentes Juzgados, de donde fluiría tal información al Juzgado de Extradición. 

Si se hubiera pensado de buena fe solicitar información a la Fiscalía, debió hacerse estrictamente sobre requerimiento judiciales introducidos a los Tribunales de la República, y entenderse ello como filtro o verificación sobre algún requerimiento previamente introducido contra Juan Orlando, que eventualmente podría demorar o diferir la extradición solicitada.  

Si ocurriere que existiera en los tribunales de la República algún proceso introducido previamente y que se le ha mantenido engavetado, por cualquier causa inclusive hasta por “órdenes superiores”… no hay duda que se trataría de una colusión en el Poder Judicial, que habilita promover juicio político contra los autoridades responsables, y la deducción de los delitos que les serían imputados tras incoarles el proceso penal debido.  

Esperamos y demandamos que el Juez natural encargado de la conducción de este proceso, hará que el mismo se lleve a cabo con apego a la Constitución y las leyes, para que la justicia que imparta se manifieste dentro del verdadero equilibrio que impone el fiel de la balanza al momento de ser impartida.  Esto último lo enfatizamos en virtud de que el Magistrado a quien se le ha asignado la conducción de este proceso es integrante de la Sala de lo Constitucional, misma que violentando la Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional engavetó por cuatro años los recursos de amparo interpuestos el 18 de enero de 2018 contra la declaratoria ilegal de presidente electo dictada por el fenecido Tribunal Supremo Electoral; permitiendo y facilitando con ello, desde la Corte Suprema de Justicia, la usurpación que se hizo de la presidencia de la Republica en el cuatrienio anterior; y con lo que se ha coludido esa Sala de lo Constitucional en la persona de sus magistrados integrantes; al haber actuado con manifiesto retardo y denegación de justicia, así como por haber incurrido en incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Febrero 19, 2022

(Melvin López Herrera)

El Congreso Nacional del recién clausurado cuatrienio (2018-2022) controlado por el Partido Nacional y sus aliados del lado obscuro del Partido Liberal, nos recetaron las más viles atrocidades legislando en función de sus propios intereses (personales y grupales) y no en interés del pueblo que electoralmente les permitió ocupar las curules que indignamente ocuparon en ese período.

La repulsa que se ganó del pueblo durante los cuatro años parlamentarios pasados fue contundente.  La ofensa que infirieron a la nación y al país, a lo interno y externo, no tuvo parangón alguno con las prácticas del pasado en ese Poder del Estado… él Código Penal de la Impunidad; reformas a la Ley de Presupuesto para blindar actos de corrupción para no ser investigados por el Ministerio Público para su posterior judicialización; la venta del territorio nacional mediante ilegales reformas constitucionales y la emisión de la ilegal ley correspondiente; los saqueos mediante decretos aprovechando el surgimiento de la pandemia para ordeñar multimillonarias sumas de dinero que llenaron el bolsillo de quienes desde el Congreso con esos decretos facilitaban el objetivo de atracar las arcas del Estado…. esos y tantos otros actos totalmente reprochables señalaron al Congreso de esa época como el del mayor foco de la corrupción y la impunidad en la historia política de la nación.

Con paciencia el pueblo hondureño esperó soportando que esos cuatro años de de triste legislación llegaran a su final tras intervenir electoralmente la conducción del Estado devolviendo, después del pasado proceso democrático de noviembre, las esperanzas de este pueblo garantizándole un digno y mejor destino.

En ese pasado cuatrienio la bancada parlamentaria de Libre dio la lucha hasta donde pudo intentando evitar las atrocidades cometidas por quienes como bancada mayoritaria, con la complicidad de quienes le acompañaron, cometieron los más deleznables actos de corrupción con los atracos  y blindajes que supieron finamente tejer para ofender y atropellar a la nación entera, manteniéndose dentro de la mayor impunidad.

Ahora que la situación se ha revertido en el Congreso Nacional esperábamos que esa conducta parlamentaria del pasado quedaría enterrada en la triste historia política de la nación.  Eso es lo que esperábamos y eso es lo que deseamos en cuanto a la conducta de los parlamentarios de este cuatrienio.

Triste es pensar en lo desacertado por reprochable con que el actual Congreso está iniciando su función parlamentaria “en representación del soberano”. El reciente Decreto aprobado con el que se piensa amnistiar una serie de delitos comunes en nada conexos con delitos políticos, nos lleva a pensar que el actual Congreso estaría funcionalmente convirtiéndose en la continuidad del Congreso anterior; y nos lleva al riesgo de preocuparnos que la corrupción parlamentaria con su conducta, totalmente rechazable por el soberano,  es tan solo la vestimenta eterna en ese Poder del Estado que sólo cambia de usuarios cada cuatro años.  Esto es de sumo peligroso y desesperanzador para quienes hemos creído que un proceso eleccionario es el tránsito idóneo en la vida democrática de la nación, por el que nos estaríamos conduciendo hacia un horizonte alentador para todos los hondureños.

Igualmente se ha dado con el nombramiento del Procurador y el Sub Procurador del Estado que habrán de sustituir a quienes vacarán en sus cargos en el mes de junio.  Por lo que se ha escuchado a través de los medios ni siquiera hubo presentación de la hoja de vida de los que fueron electos y hasta ya juramentados en la sesión donde también se aprobó la amnistía ya referida, y que tampoco se revisó los requisitos que previamente debieron ser confirmados para su elección.

Por el hecho de sorprendernos elocuentemente, y debemos decirlo con nombre y apellido, habremos de mencionar la declaración del diputado Jari Dixon Herrera ante los medios de comunicación que le entrevistaron, quien al ser preguntado si los recién nombrados son notarios… su respuesta fue que ese no es requisitos en la Constitución; que ser abogados es el requisito que deben observar para su nombramiento según el artículo 229 constitucional.  Ese artículo mencionado por el parlamentario establece que el Procurador y el Sub Procurador  deben reunir las mismas condiciones establecidas para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la misma Constitución cuando se refiere a tales Magistrados en su artículo 309 establece como uno de los requisitos para los mismos ser abogado y notario debidamente colegiado.  En conclusión se requiere que tanto el Procurador como el Sub Procurador sean notarios, lo que no se ha dado con la reciente elección.

Con lo actuado por el Congreso Nacional con respecto al Decreto de Amnistía y la elección del Procurador y Sub Procurador se está sentando un funesto precedente que destruye las esperanzas que el pueblo hondureño ha venido guardando durante los pasados cuatro años con la seguridad que después de las elecciones de noviembre Honduras tendría un nuevo rostro ante su pueblo y ante la comunidad internacional, derivado de  las actuaciones de las personas elegidas en ese proceso electoral.

Y nos preguntamos con la debida preocupación: ¿Estaremos acaso ante una réplica de lo que fue el Congreso Nacional del cuatrienio anterior?;  ¿Con qué hechos nuevos nos habrán de sorprender ante las futuras decisiones que se tomen en ese Poder del Estado?; ¿Hasta dónde estarán comprometiendo la gestión de la actual presidente de la Republica, teniendo en cuenta que los Poderes del Estado constitucionalmente son complementarios entre sí?; ¿Es acaso éste el Congreso Nacional que por cuatro años hemos estado esperando para la reconstrucción de nuestra hiper maltratada Honduras?…. Que el Señor se apiade de este pueblo.

Febrero 3 de 2022

(Melvin López Herrera)

A estas alturas ya se ha hablado demasiado sobre el actual conflicto generado en torno a la elección y la consecuentemente toma de posesión, de la Junta Directiva del Congreso Nacional.  Si seguimos buscando en este conflicto si primero fue el huevo o la gallina… antes de que aterricemos habremos encontrado que al primero ya lo veremos “estrellados” en un plato alimenticio y la segunda ya se habrá convertido en un sandwich. ¿Qué esperamos entonces?…¿vamos a salir de este berenjenal?

Sólo tengamos presente tres términos que no entraremos en pretender redefinir para no crear más polémica y que han sido rete comentados en la actualidad en muchos foros: legalidad… legitimidad….ética… y agreguemos uno nuestro al que le llamaremos “leguleyalidad”.  Después de ello identifiquemos mediante una impostergable reflexión  si el evento del 21 de enero en el Congreso Nacional estuvo revestido de alguna de las características de los términos anteriormente citados.

Al margen de lo anterior no se puede evitar el señalamiento directo al Secretario de Estado que debió tener la responsabilidad (irresponsablemente asumida) de conducir la sesión preliminar del Congreso este 21 de enero recién pasado… quien se desempeñó fuera de la mínima legalidad y ética con que debió revestir su participación constitucional… y todos sabemos porqué. 

A este conflicto que pudo previamente evitarse y que fue aprovechado por el actual partido de gobierno en la conducción de la sesión preparatoria del 21 al que nuevamente se le plegó el partido liberal por medio de su bancada instruida indudablemente desde el Central Ejecutivo, démosle un vistazo retrospectivo a la génesis que ha dado lugar a lo que hoy estamos viviendo…

Un acuerdo pre-electoral entre Libre, PSH y Pinu dispuso que se le otorgaba al PSH representado por Nasralla que ese partido escogería quien sería propuesto como presidente del Congreso Nacional, y esto independientemente de los votos obtenidos por cada uno de  los partidos de la alianza.  Bajo el conocimiento pleno de ese acuerdo Libre, por parte de toda su membresía se fue en esas condiciones al proceso del 28 de noviembre. Obviamente la inclusión de Nasralla en la integración de la planilla presidencial (y ese hecho es innegable) contribuyó a la derrota del Partido Nacional y evitó el riesgo de un mega fraude, que fue intentado pero sin éxito..  En esa etapa pre electoral no hubo desacuerdo en ningún diputado de Libre por lo que claramente se infería que todos sin excepción estaban avalando tal acuerdo; sobre el que ahora nadie en Libre puede alegar desconocimiento alguno sobre el mismo.

Posteriormente a la declaratoria del CNE sobre el resultado de las elecciones Salvador dijo que “no se materializaría el acuerdo” y lo dejó entrever porque entre los tres partidos de la alianza no se habían alcanzado los 65 escaños necesarios en el Legislativo. Con ello no querían ni Salvador ni Libre decir que se debería desechar el acuerdo, aunque sin el posible éxito esperado… sólo se reconocía que a ese momento no se contaba con 5 votos (voluntades) de los diputados de la nueva oposición para poder ejecutarlo con éxito.

La manifestación anterior de Salvador no indicaba un fracaso ni tampoco que se daba por un hecho y se admitiría o cedería que la nueva oposición sería la que se adjudicaría el control y posesión de la Junta Directiva del Congreso; con cuyo resultado obviamente se resguardaría de responsabilidades (atrocidades) del cuatrienio anterior al asegurarse el control de las instituciones que hasta ahora han estado al servicio y a las órdenes de Juan Orlando donde sus titulares están próximos a vacar.  Ello, como una realidad que se dejaba ver venir, debió motivar a cualquier diputado de Libre (sin excepción) para una labor de convencimiento a fin de que ese número 5 mágico, dentro de cualquiera de los otros partidos de oposición, se adhiriera con su voto en la sesión preparatoria a los 60 que Libre y PSH ya habían alcanzado.  Adicionalmente como consecuencia de la manifestación de Salvador no se  dejaba en libertad por parte de Libre a cualquiera de sus diputados para alejarse personalmente del acuerdo que en su oportunidad les sirvió personalmente en las elecciones generales, y que se divorciaran ahora de su instituto político accionando para alcanzar para sí la presidencia del Congreso.

Si para alcanzar para si como objetivo propio los diputados disidentes de Libre y los que le acompañaron lograrían, como lo han hecho, convencer a la totalidad de los diputados nacionalistas y liberales para que le prestaran  su voto….¿no habría sido mucho más fácil y aceptable que los ahorra disidentes de Libre se hubieran esforzado para conseguir dentro de la nueva oposición tan solo los 5 votos que faltarían a la materialización del acuerdo?… ¿ pudo ser esa excelente labor de convencimiento dentro de la nueva oposición parlamentaria, tanto o más efectiva a favor del acuerdo y con tan solo 5 votos, en lugar de orientarla a su causa disidente por una “negociación” donde se obtendría la totalidad de los votos de las bancadas nacionalistas y liberales?…. ¿se podría creer y aceptar llanamente que esa integración solidaria del PN y el PL hacia los votos de la disidencia ha sido “incondicional” y sin comprometer nada a cambio?…. ¿esos dos partidos (PN y PL) que en el cuatrienio anterior fueron enemigos declarados de Libre, de la democracia y del pueblo, serán ahora los hijos pródigos que se arrodillan ante la Junta Directiva que respaldan ahora con sus votos y ante el pueblo, para reconstruir lo que ellos mismos destruyeron, sobre todo contando que muchos son repitentes en este Congreso?…. ¿cómo se podría transitar en la conducción de un Congreso con una Junta Directiva en manos de los disidentes de Libre, quienes en lugar de haberle buscado internamente una salida al actual problema prefirieron compartir honores con el enemigo? Jamás debemos olvidar que la manifestación electora popular en noviembre buscaba y sigue buscando el reordenamiento del Estado y de la conducción política de la nación, lo que obliga a depurar lo que tanto daño ha causado hasta nuestras futuras generaciones.  El cáncer que nos ha estado destruyendo debe ser totalmente extirpado.

No hay duda que se nos ha empantanado con las irreflexivas acciones tomadas en esta etapa parlamentaria iniciada con la celebración de la sesión preparatoria al haber sido conducida fuera del marco de la ley y sin la ética debida por quien, a partir de ese momento, ha escrito su epitafio para que se le recuerde por generaciones. Ahora hay que intentar aportar cómo salir de este infierno al que nos han llevado las ambiciones e irreflexiones de unos y aprovechamientos ventajistas de otros.

¿Qué nos queda?: 1) que renuncie a sus pretensiones íntegramente una de las dos juntas directivas  para elegir con su respaldo absoluto a la que queda, 2) que ambas juntas directivas renuncien y que busquen una tercería elegible dentro del partido Libre para aunar todos los votos de la alianza conquistando los 5 que faltarían para hacer mayoría electora, debiendo Nasralla entender y aceptar esta posible salida y que esta tercería como opción incorpore como miembros de la Junta Directiva a algunos diputados de la bancada del PSH con el ánimo de compactar la unidad indisoluble de los partidos de la alianza, a fin de garantizar la gobernanza necesaria; considerando que en el Congreso se estará durmiendo con el enemigo y deben auto resguardarse para lo que se avecina considerando entre ello el nombramiento de las nuevas autoridades en otras instituciones del Estado. Es ahora o nunca.

Enero 26, 2022

(Melvin López Herrera)

La situación actual que en materia político-parlamentaria se nos está creando como consecuencia de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional (primero provisional y después definitiva) nos está arrastrando a todos, independientemente del sector socio económico o político dentro del que se nos identifique, a experimentar consecuencias inesperadas como indeseables que más allá de garantizarnos haber salido del sometimiento al que nos ha tenido la dictadura cachureca del cuatrienio por finalizar, ahora está más bien propiciando en la llanura  el fortalecimiento de quienes nos tuvieron sometidos, al tomar partido, ventaja y acción en el aseguramiento de la nueva conducción del Congreso Nacional desde su nueva Junta Directiva.

Es indudable que quien tuvo la responsabilidad de dirigir la junta preparatoria que señala el artículo 194 constitucional para la elección de la Junta Directiva provisional y quien de todos es conocido que ha integrado hasta este 26 de enero un gabinete usurpador y con militancia en el partido que hecho gobierno ha sumido en la mayor desgracia a la nación… es indudable decíamos, llevaba una misión de su partido político particularmente de la cúpula del mismo que le ha dominado con el usurpador a la cabeza.

Es así como el Secretario de Estado que condujo esa junta preparatoria sin el mínimo disimulo manipuló el proceso parlamentario del 21 de enero, limitando la participación que todos los diputados tenían, y que como derecho les asistía, para hacer cuanta propuesta de fórmulas tuvieren para constituir la Junta Directiva Provisional y que habría concluido dentro de la mayor normalidad, donde al final se habría sometido a consideración y posterior votación todas las fórmulas propuestas.

Ahora nos encontramos ante las puertas (ya abiertas) de una crisis que nunca se debió generar; y que sin duda está siendo conducida en las sombras por el partido de gobierno saliente, de la mano con su aliado liberal. Y aunque refleja un origen político por el control  y el poder que se pretende en el Congreso  Nacional es también evidente la participación en el mismo del eterno poder  económico (el poder fáctico que jamás deberemos ignorar ni negar) tras ver amenazado su status actual ante los augurios (entre otros) de una reconstrucción de la institucionalidad y la reversión de leyes y reformas constitucionales que el parlamento saliente bajo el control del cachurequismo y el lado obscuro de la bancada liberal lograron ilegalmente imponerle a la nación en beneficio de unos pocos.

No entraremos en detalle sobre el conocido y nunca ignorado acuerdo político suscrito por Libre como partido político y al que se debe toda su membresía, con el que se habría decidido la integración de la Junta Directiva provisional y en propiedad del Congreso Nacional. En esas circunstancias, cualquier discrepancia entre sus diputados que con justo derecho aspiraran a presidir la Junta Directiva pudo y debió haber sido planteada al seno de los órganos de conducción del Libre, en lugar de separarse y buscar respaldos exógenos de toda naturaleza como innegablemente se puede observar.

Cuando se decide por el separatismo y el desconocimiento de la línea de Libre y  se busca apoyo de las nuevas bancadas, la del Partido Nacional que ocupó con ánimo perverso sus respectiva curules en el último cuatrienio y la del lado obscuro del liberalismo con igual perfil parlamentario; y todavía se le suma un sector del poder económico que siempre ha sido influyente en el destino político de la nación… cuando se recurre a todo ello repetimos, no nos cabe duda que las esperanzas que nos llevaron a decidir la “derrota” (entre comillas) del Partido Nacional nos dejan en una situación mucho peor que la que hemos vivido durante los transcurridos últimos doce años.  ¿Por qué sostenemos eso?: sencillamente porque no hay almuerzo gratis, ni aquí ni en la China. 

¿Qué intereses tienen el Partido Nacional y el Partido Liberal, por medio de sus bancadas parlamentarias, para apoyar unánimemente con sus votos una determinada candidatura distinta a la que el partido Libre ha nominado para la presidencia del Congreso Nacional?… ¿A quién o quiénes representa el despliegue logístico que se observó para materializar la celebración de una de las sesiones parlamentarias llevadas a cabo este pasado domingo 23 en un lugar distinto del Congreso Nacional?… ¿Por lo anteriormente cuestionado, acaso un cierto sector del poder económico alejado de toda institucionalidad política se ha internado navegando en asuntos que no les compete decidir sobre la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional?… ¿Qué intereses, realmente distintos, alejados y hasta opuestos, se están manejando en la conducción política de la nación por medio del Congreso Nacional?…¿Acaso estará inmiscuido en esto otro poder distinto del poder simplemente económico?

Ante la pugna que ha surgido por la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional y considerando las esperanzas y aspiraciones del pueblo de devolverle al país el Estado de derecho que se le ha atropellado y el rescate de la institucionalidad que le fue secuestrada por el Partido Nacional hecho gobierno, conviene que los grupos que pretendan la asunción de la Junta Directiva respondan al  pueblo las siguientes preguntas: 1) ¿promoverán incitar a la Fiscalía General de la República para que accione ante la Sala de lo Constitucional, en base al ineludible mandato del artículo 375 constitucional, para restaurar la Constitución al estado en que se encontraba antes de la ilegal sentencia el 22 de abril de 2015 orientada a autorizar una inconstitucional reelección presidencial?; 2) ¿le devolverán a la Constitución su estado irreformable promoviendo la derogación de sus artículos ilegalmente reformado para darle vida a las Zede’s, derogando consecuentemente la ley respectiva?; 3) ¿Le darán vuelta a la reforma que se hizo a la ley del presupuesto para proteger los actos de corrupción, cuando lograron anular la acción de la persecución penal que constitucionalmente le corresponde a la Fiscalía General de la República endosándosela como acción administrativa al Tribunal Superior de Cuentas?;

Y seguimos… 4) ¿Estarán dispuestos a derogar la “ley de secretos” o del tazón que sólo ha servido para ordeñar el insipiente erario público mediante ocultos actos de corrupción protegidos por esa ley?; 5) ¿crearán una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo donde la actual más allá  de facilitar un absoluto control antidemocrático del Congreso es una ley que nació durante la diarrea legislativa de 2014, y por lo tanto es indiscutiblemente inconstitucional?; 6) ¿lograrán integrar en su momento una nueva Corte Suprema de Justicia y una nueva Fiscalía General de la República con personas probas o prevalecerá el tradicional cálculo y manoseo político que tanto daño le hace a la institucionalidad y a la nación? 7) ¿respaldarán a la presidente de la República en su propósito de reinstalar la MACCIH o instalar una CICIH para combatir frontalmente la corrupción en la que navegan los políticos en contubernio con el sector privado?

Estas y otras preguntas/inquietudes formuladas deben ser analizadas en la respuesta a obtenerse, en consideración al apoyo condicionado o no, que lograrán de las otras bancadas parlamentarias de la nueva oposición, y el riesgo adverso que se podría inferir del compromiso adquirido con ellas y con sectores del poder económico que  a la luz pública ha dejado ver su intromisión este proceso legislativo que es eminentemente de los diputados que el pueblo ha elegido para representarnos.

Todavía hay tiempo pero cortísimo para salir de este embrollo.

Enero 24 de 2022

(Melvin López Herrera)

En política el diablo nunca duerme.  Ya con la estruendosa derrota sufrida por el Partido Nacional, y por sobre todo por la cúpula que le ha desprestigiado sometiendo a su membresía y desde el poder agudizando la pobreza, la miseria y la dignidad del pueblo hondureño no les queda otra cosa, a quienes desde ese partido hasta ahora constituido en gobierno, que hacer el manoseo electoral clandestino para desfigurar los resultados en el nivel electoral de los diputados al Congreso Nacional; y con ello logrando que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) algunos diputados pirujos sean declarados electos; desplazando dentro y fuera de ese partido a quienes cuentan con la legitimidad para ocupar sus curules en el hemiciclo.

Ya ha sido motivo de escalofriantes denuncias en los medios y en las redes, y hasta trascendido internacionalmente, toda la maniobra que desde los centros operativos encargados de la digitalización de actas en el CNE ha habido significativas adulteraciones de resultados para dejar firme un falso cómputo final a nivel de diputaciones; dejando fuera a muchos candidatos que contaron con el beneplácito del elector, inclusive dentro del mismo Partido Nacional, para en lugar de ello pretender una declaratoria a favor de muchos que no alcanzaron los votos necesarios para la nueva integración del Congreso Nacional.

Se está montando con ello un letal fraude electoral abultando numéricamente la nueva oposición política en el Congreso, capaz de torpedear las decisiones patrióticas que se piensen tomar en el mismo para rescatar la nación, la institucionalidad y asegurar la efectividad de la labor que corresponderá al Ejecutivo con la instalación del nuevo gobierno. Con ese fraude también se pretende blindar a quienes ya fuera del poder requieran de “este servicio” desde la nueva oposición política en el Congreso Nacional.

El pueblo se manifestó en las urnas con la decisión de lograr el cambio de timonel en la conducción del Estado para llevarle el debido bienestar necesario a la nación y darle una buena imagen al país ante la comunidad internacional.  Para ello dispuso electoralmente dar un voto de castigo al actual partido hecho gobierno, y dentro de él a muchos de sus candidatos a diputados que cínicamente estaban pretendiendo repetir, y que ahora se están colando fraudulentamente en la nueva conformación del Congreso; junto con los que se les ha identificado parlamentariamente como el lado obscuro del Partido Liberal.

Las denuncias ya son del conocimiento de las autoridades del CNE. Las mismas han sido interpuestas formalmente ante el Ministerio Público, donde el Fiscal General no tiene otra salida más que darle el debido curso a las mismas haciendo accionar las Fiscalías Especiales que se encargarán de la labor investigativa hasta poder dar con los presuntos responsables de las digitalizaciones fraudulentas que están alterando los resultados en el nivel parlamentario… y más allá de eso, dar con quienes están detrás de este fraude electoral.  Si el Fiscal General se muestra indiferente ante estas denuncias sin hacer funcionar las unidades respectivas que habrán de accionar oportunamente, más allá de indiferente se habrá convertido en cómplice punible del fraude que se requiere neutralizar.

Este atentado a la democracia debe llamarnos a todos a exigir en el CNE la reversión de ese fraude y en el Ministerio Público la presentación de cuanto requerimiento sea necesario para enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales de ese asalto que se quiere dar al Congreso Nacional y a la democracia.

Desde los medios de comunicación social deberá dársele el debido seguimiento investigativo y noticioso, haciendo eco del clamor ciudadano que pide a gritos un Congreso Nacional totalmente depurado electoralmente para asegurarnos que esta vez no estará plagado de alimañas que sólo han servido desde el hemiciclo para incurrir en actos de corrupción con los que se ha mancillado la dignidad de la nación, recetándonos el mayor estado de miseria que se nos ha inferido, hipotecando nuestra soberanía por unos dólares más, y fortaleciendo más la impunidad de las referidas alimañas con el Código Penal de la Impunidad que ellos mismos se han recetado para sí.

¿Vamos a dejar que esos política y socialmente indeseables se incrusten dentro de la nueva conformación del Congreso Nacional?; ¿Actuará el CNE con el ineludible deber de neutralizar ese fraude que se está gestando en el nivel de elección parlamentario?; ¿Se volverá cómplice la Fiscalía General de la República ante ese fraude donde deben identificarse a los responsables del mismo hasta llevarles a los tribunales de justicia?

La única salida efectiva para destruir ese fraude que se está montando, será rehaciendo un nuevo conteo, voto por voto… “marca por marca”, para cotejarlo con las actas oficiales que lleguen al CNE, anulando así las actas adulteradas con las que se ha provocado ese fraude. De no hacerlo así el fraude producirá frutos a favor de las alimañas  y en perjuicio de quienes han tenido el mérito que les ha dispensado el elector, y se habrá inferido un nuevo golpe a la democracia y al pueblo hondureño.  La decisión está en manos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

El CNE, estrictamente sus concejales, se está jugando su carta de prestigio corriendo el riesgo de caer en un situación peor a la experimentada con las elecciones primarias.  Deben responderle a la ciudadanía y a la nación para hacer mérito al cargo que ostentan dentro ese organismo electoral.

Diciembre 5, 2021

(Melvin López Herrera)

En política los años transitados deben capitalizar experiencias para quienes se mantienen dentro de ese ambiente.  Es por eso que dentro un análisis lógico… encontramos rete ilógica esa aventura a la que se lanzó Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, en su obsesión por pretender disputar la primera magistratura de la nación.  No es nada despreciable que su interés primordial radicaba en asegurarse una cuota de poder, cualquiera que ésta fuera,  para recuperar lo que se le había ilegalmente confiscado a él y su familia.

Consideramos que el primer mal cálculo de Yani fue el lanzarse de inmediato después de su viaje por Usa, sabiendo y conociendo la cultura y el pensamiento colectivo de nuestro pueblo.  Creemos que en este caso particular Yani debió incorporarse a la lucha dentro de su partido pero como un gladiador más, sin ni siquiera pensar lanzar su candidatura presidencial ni a cualquier otro cargo político con ese “lunarcito” que no se lo podrá hacer desaparecer tan fácilmente; ni sosteniendo él (y sus seguidores políticos) que ya había pagado su pena y como tal tenía el derecho (que sí lo tenía jurídicamente) a participar.  Con el respeto y las disculpas que Yani se merece pondré el siguiente ejemplo para que sea fácilmente digerible por quienes lean estas reflexiones: un conciudadano que haya sido condenado por violación (especial o no) habiendo pagado su pena, aunque jurídicamente esté habilitado para optar a algún cargo de elección popular, ética y popularmente estaría condenado por el pueblo a fracasar en su intento político.

Acá está el desafortunado cálculo político de Yani, como si fuera un aprendiz en estas lides.  1) Pensó que alcanzando la Presidencia, o al menos una cuota de poder, podría haber rescatado sus bienes familiares, sin considerar que con un gobierno no nacionalista podría lograr que se le aplicara justicia sin necesidad de hipotecarse, como lo pensaba hacer con los cachos si se mantenían en el poder; 2) se dejó apoyar por el lado obscuro del liberalismo, bajo la dirección oculta del “caudillo sin cabeza” sin percibir que estaba siendo manejado por estos para sus propios fines, es decir se dejó utilizar por quienes más bien empañarían su imagen presidenciable (de él) con los resultados que hasta ahora ha obtenido; 3) jamás recapacitó que con la manipulación a su persona que él mismo le permitió al lado obscuro, estos solamente buscaban levantar el estandarte de su figura política para asegurarse su permanencia en el Congreso; no importándoles para nada el fracaso político de Yani respecto a su candidatura presidencial, algo así como (el fin justifica los medios)… se dejó manipular; 4) jamás consideró que su reciente experiencia por Usa, como era obvio,  no le aseguraría los votos necesarios para su objetivo electoral, sin tener en cuenta que la idiosincrasia de nuestro pueblo sería sumamente inmisericorde respecto a su historial procesal por el que pasó en Usa; 5) la presión a la que se vio sometido por el lado obscuro le impidió (de suyo propio) una salida heroica que no quiso asumir, cual era pedirle a su membresía que se incorporara a la alianza de oposición; y al final enterrando con ello su futuro político para el próximo período electoral.

Lo que es peor: Yani con los votos obtenidos fue sepultado por el pueblo liberal, si comparamos el resultado de su participación política con los resultados de algunos aspirantes del lado obscuro de su partido quienes sí aseguraron volver a sus curules en el hemiciclo; y con ello volviendo a ser destructivos desde ese Poder del Estado para la democracia y para el bienestar y seguridad del pueblo hondureño.  Así Yani, con su desacertado cálculo político, al someterse en el proceso a la manipulación de que fue objeto por el lado obscuro (con el caudillo sin cabeza) se ha prestado para que desde el nuevo Congreso Nacional ese lado obscuro vuelva al maridaje que por más de cuatro años ha mantenido con los parlamentarios nacionalistas; y quienes en este nuevo cuatrienio harán oposición para no alcanzar la mayoría, y en algunos casos calificada, en decisiones impostergables para rescatar la institucionalidad hasta ahora secuestrada por la cúpula del Partido Nacional, y para ordenar el nuevo rumbo que necesariamente deba tomar la Honduras que anhelamos reconstruir políticamente. 

En estas circunstancias será ardua la tarea obligada de los parlamentarios “verdaderamente comprometidos con el soberano”, que tendrán que realizar para entre otras cosas: 1) derogar la reforma constitucional para eliminar las ZEDE’s con las que “han vendido” el territorio nacional e hipotecado la soberanía del Estado; 2) devolverle al Estado y a la nación el retorno de la Maccih para acabar con los delincuentes políticos que desde el poder, en cualquier de sus instituciones,  hacen estragos con el dinero del pueblo; 3) derogar la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo que fue creada ilegal como inconstitucionalmente en fecha 20 de enero de 2014 cuando ya había clausurado en Congreso Nacional anterior y no se había constituido el del nuevo cuatrienio, es decir “no había Congreso en esa fecha” y por lo tanto es una ley que nació muerta. 4) implantar constitucionalmente la segunda vuelta electoral, necesaria para fortalecer la democracia y la gobernanza que harán fuerte a todo gobierno que se instale tras un proceso electoral; ; 5) eliminar de la Ley el “cociente electoral” que, pese a haber sido concebido con intenciones democráticas,  al final tan sólo ha servicio para sobornar la conciencia mercenaria de las bancadas de los partidos de maletín.

Otras tareas arduas por mencionar, aunque no las únicas serán: 6) derogar la “asaltadora” ley de secretos que tan sólo ha servido para enriquecer con la tasa de seguridad a quienes se han aprovechado de ese instrumento jurídico; 7) derogar el “Código Penal de la Impunidad”, decretado por los corruptos desde el Congreso Nacional, 8) derogar el Decreto Legislativo en donde se le cortaron las extremidades al Ministerio Público en la persecución del delito de los delincuentes parlamentarios y otros servidores públicos, maquillándole esa función al Tribunal Superior de Cuentas, elefante blanco en todas las administraciones del Estado;… y tantas cosas más que harían una enumeración extensa.

Ahora Yani está listo y servido. La triste experiencia vivida por él en este proceso dejará una gran lección  para quienes aspiren en 2025: la ambición rompe el saco.

Noviembre 30, 2021

(Melvin López Herrera)

Un nuevo amanecer nos ha llegado a los hondureños con el rescate de la nación desde el escenario al que se le había llevado en la conducción del Estado.  No podrían soportarse cuatro años más de sometimiento en la forma en que ha sido conducido el Estado y la nación por doce largos años. Hemos escrito la historia política de Honduras para una nueva etapa que nos concierne a todos quienes hemos enterrado nuestro ombligo en este terruño querido… La tarea es de todos.

Ahora tenemos una nueva agenda conducida por los nuevos gobernantes en los tres niveles electorales fundamentales, y sobre todo en los poderes Ejecutivo y Legislativo; desde luego con la cooperación y vigilancia del pueblo que es el destinatario final de las bondades y desgracias que le han venido de quien le gobierna. Más adelante deberemos decidir la conformación de las otras instituciones dentro de la estructura del Estado, que incluye a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República entre otras.

La Patria ha sido duramente atropellada desde las instituciones del Estado que debieron fortalecerle y que en lugar de ello, quienes les conformaron, se encargaron de desfigurarla con decretos que se vuelven leyes, con una politizada administración de justicia y sobre todo desde una hegemonía de un Poder Ejecutivo convertido en dictadura; todo ello para asegurarse la consolidación de la impunidad en beneficio de unos pocos que se colaron dentro de estas instituciones.

¿Qué nos queda como tarea?… Tantas y tantas responsabilidades. En primer lugar reafirmarle la vida efectiva a nuestra Carta Magna conforme al mandato que ella misma nos impone en su artículo 375: el restablecimiento de su efectiva vigencia, mandando a anular desde la Sala de lo Constitucional la ilegal como inconstitucional sentencia del 22 de abril de 2015 desde donde ilegalmente se impulsó una reelección inconstitucional.

Igualmente, conforme a ese artículo 375, revertir las inconstitucionales “reformas constitucionales” que dieron vida a la ZEDE’s con las que se ha pretendido dividir hasta vender el territorio nacional, al crear dentro de esas zonas territorios independientes y hasta un órgano jurisdiccional con jueces y leyes propias, suplantando la soberanía del pueblo de donde dimanan los poderes del Estado, del que no se excluye el Judicial. En otras palabras: con las ZEDE’s se ha creado en Honduras un Estado dentro de otro Estado.

Otra tarea es revisar hasta derogar el bien llamado “Código penal de la impunidad”, creado para asegurarles la no persecución de la justicia a quienes desde el Estado mismo se han protegido de los grandes saqueos infringidos a nuestra pobre economía, en perjuicio del mínimo bienestar económico y social que se le podría brindar a la nación.

Se deberá derogar también el Decreto Legislativo 116-2019 y otros relacionados desde donde se mutiló la acción del Ministerio Público en su función constitucional de someter a los tribunales de justicia a quienes apoyados el ese decreto aseguraron su impunidad respecto a los recursos del Estado que han depredado en beneficio propio; y sometiéndoles a la decisión política de un Tribunal Superior de Cuentas que, de acuerdo con ese Decreto, alarga en el tiempo esa decisión que al final puede inclusive no declararles responsabilidad penal a quienes sin el mismo irían derechito a domiciliarse en los recintos penales del Estado.

Y de una manera fundamental procurarle una vida digna a la nación propiciando una sola identidad entre los hondureños, en procura de su bienestar económico y social, que acabe con la precaria (por inhuma) situación a que ha sido sometido el pueblo hondureño en general; en contraposición a lo que manda el artículo 59 constitucional: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla…”

Esto último que hemos señalado, no podrá ser fácilmente alcanzable si previamente no se revisan y enmiendan constitucionalmente, lo inconstitucionalmente dispuesto en las cuatro situaciones anteriormente señaladas.

Y para democratizar políticamente a la nación al iniciarse el nuevo cuatrienio legislativo deberá implantarse constitucionalmente la “segunda vuelta electoral”, para asegurar la legitimación de quienes nos habrán de gobernar dentro una verdadera “gobernanza”, tan necesaria para la estabilidad política y social de la nación entera.

Dios bendiga a nuestra querida Honduras… Dios ilumine a sus nuevos gobernantes, dándoles humildad y sabiduría en ese trompo que se ha echado a la uña. De parte nuestra, estaremos atentos y vigilantes, como deberemos de estar, de la responsabilidad con que asuman su mandato constitucional.

Noviembre 29, 2021

(Melvin López Herrera)

Ya estamos en la recta final del actual proceso electoral. En el período de la campaña hubo de todo. Y fue notoria la propaganda del Partido Nacional en donde habiendo caído en el desprestigio en que actualmente encuentra y no teniendo cómo combatir el avance de la alianza Libre-PSH-Pinu, se dedicó a arremeter contra la figura presidenciable de Xiomara y la misma alianza; recurriendo a sus armas habituales: el miedo al comunismo la crítica a otros temas que son de debate mundial, y utilizando esas armas (como en la edad de piedra) con la intención de desfigurar la personalidad de la candidata Xiomara.

Es interesante cómo desde los medios de comunicación (de propia iniciativa o por imposición patronal o chantaje del gobierno) hacen la del pato en la recta final. En 2017 después de un apagón con propósitos fraudulentos, la mañana siguiente desde canal 5 se hizo toda una presentación de los famosos “votos rurales” trascendiendo por las ondas hercianas esa manipuladora información con ánimo enajenador en la mente de todos los ciudadanos para aceptar un descarado robo a los resultados electorales. De esa participación del moderador de esa mañana, él mismo cuando fue invitado a un aniversario de Radio América confesó su sentimiento personal dónde reconoció apesaradamente haberse dejado involucrar en la manipulación de ese espacio noticioso donde se manejó la publicidad de esos “votos rurales”

Debemos recordar que en las elecciones de 2013 o de 2017 hubo una propaganda mediática donde aparecía Lula da Silva dando su voto de confianza al partido Libre; y de inmediato el Tribunal Supremo Electoral de aquella época mandó a suprimir esa propaganda, argumentando que no podía un extranjero involucrarse en asuntos políticos electorales que sólo competen a los hondureños. Ahora es extraño que con ese antecedente se le dé espacio en el foro Frente a Frente de este día a un ex presidente colombiano, un extranjero que viene a hablar del foro de Sao Pablo involucrándolo con Libre para efectos electoreros exclusivamente, y que sólo deben ser estrictamente de los hondureños!!!

Desde que Pastrana más allá de hablar de hablar del foro de Sao Pablo, que lo pudo hacer en fechas no electorales, se ha puesto a hablar de Libre de una manera preocupante en el actual proceso electoral; se deduce sin duda alguna que su participación en el foro de hoy de Frente a Frente no es algo accidental. Es definitivamente pre concebida su participación, con la finalidad de influir en el ánimo elector de los ciudadanos, como una “manito” a los cachurecos al ver que van de caída en estas elecciones.

Y cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿Quién influyó para que en Frente a Frente se haya traído a Pastrana ex profeso a desarrollar su participación con dedicatoria a combatir a Libre (porque en definitiva eso es lo que hizo)?… ¿porqué se permite, contrario a lo de Lula da Silva en elecciones anteriores, que un extranjero venga a inmiscuirse en asuntos políticos eletorales que por ley sólo compete a los hondureños?… ¿fue la participación de Pastrana hoy agenda del medio de comunicación donde se transmite el foro Frente a Frente?… ¿fue acaso una presión del Partido Nacional para que Pastrana viniera a hablar de Libre (porque esa era la finalidad de su intervención)?… ¿acaso es la participación de Pastrana un chantaje del gobierno al medio de comunicación, para manipular mental y animosamente al ciudadano en su participación en las elecciones en favor del Partido Nacional?

Es lamentable, y lo manifestamos con contundencia, cómo Renato quien ha manejado muy bien su moderación en el foro Frente a Frente durante los momentos del presente proceso electoral, al final haya cerrado con “broche de oro” los momentos finales del actual proceso.  Sólo nos recuerda su participación en los famosos “votos rurales” también desde el foro que él dirige. Pensamos que habría sido saludable para él (como una salida inteligente) que se hubiera excusado de participar este día para que otro periodista se encargara del desarrollo de su foro. ¿Acaso estará en agenda la participación de Uribe en las próximas ediciones de Frente a Frente o cualquier otro foro televisivo y con iguales propósitos?

Menos mal que los hondureños estamos muy claros de la realidad política nacional, de tal forma que el patrocinio de Pastrana para aparecer en Frente a Frente no producirá el fruto que el Partido Nacional y el gobierno esperaban de esa desacertada participación. Los hondureños no somos tontos y lucharemos hasta el final por bajar al narco Partido Nacional en las elecciones del 28 de noviembre.

Noviembre 22 de 2021