(Melvin López Herrera)
No cabe duda de que, el Partido Nacional cuando asume el poder busca blindarse por todos los ángulos para procurarse el control absoluto del Estado, con miras a edificar su perpetuidad como gobierno; tal como lo hizo en los doce años en que manipularon a su gusto y antojo el remedo de democracia en que hemos vivido y nos han impuesto vivir. Así, concitando a la bancada liberal como nuevamente lo están haciendo ahora: descabezaron la Sala de lo Constitucional de 2012; se defecaron en la Constitución de la República al crear las inconstitucionales “zede” por la cuales se nos tiene en un conflicto internacional del que nos está resultando difícil salir; promovieron ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral de aquella época la inconstitucional reelección presidencial imponiéndonos y sentando a un usurpador en la silla presidencial… y hay mucho más desde luego.
Con el retorno al poder, y nuevamente con la complicidad del Partido Liberal (por disposición de la cúpula chele, tras el sometimiento de sus congresistas controlados por el impostor parlamentario como jefe de bancada) el actual partido de gobierno, desde el Congreso Nacional ha estado manejando sutilmente la agenda legislativa del momento y proyectándose con ello desde ya hacia el venidero proceso electoral.
Recientemente promovieron juicios políticos contra el Fiscal General, contra consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que a nuestro juicio procedía promovérseles. Naturalmente que el procedimiento respectivo fue conducido con saña; alejándose de lo que sobre ello dispone la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político.
Sin lugar a duda, el juicio político ejecutado desde el Congreso Nacional -si consideramos el grado de discriminación con que se le revistió-nunca estuvo inspirado en la esencia de su contenido en la Constitución y en la Ley, que se resume en: actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional, negligencia, incapacidad o incompetencias de los funcionarios en el desempeño en sus cargos. Por los efectos posteriores de los juicios promovidos, tomando en cuenta la modalidad empleada en el actual proceso de sustitución de los sancionados en el CNE y el TJE, se puede afirmar que lo que pretende el partido gobernante en el Congreso Nacional va más allá: evitar la representación de Libre en los entes electorales, reservando con exclusividad al bipartidismo los cargos sustituidos o por sustituir.
Es más… los juicios políticos llevados a cabo en el Congreso Nacional, lo decimos con propiedad, fueron juicios selectivos tras la exclusión de personajes que necesariamente debieron ser también sometidos. Y lo insólito es que primero desde el Congreso Nacional se reforma la Ley Electoral de Honduras incorporándole la habilitación de licencias a funcionarios de los órganos electorales, para así poder conceder vacaciones profilácticas (nunca licencias) a quienes por haber igualmente violentado la Constitución y la Ley Electoral de Honduras debieron también ser forzosamente sometidos a juicio político. Sostenemos lo de “vacaciones profilácticas” porque todo lo que se ha promovido a favor de dos consejeras del CNE ha sido supuestamente como un reconocimiento a lo que vivieron durante los conflictivos momentos del proceso electoral.
No vamos a dejar pasar por desapercibido el caso del magistrado sobreviviente del Tribunal de Justicia Electoral quien, con la magistrada fallecida, integró un pleno con tan sólo dos magistrados de los tres de rigurosa obligatoriedad, emitiendo en ese pleno una resolución, también de dos magistrados, en la que mandaban al CNE a inscribir al ahora impostor parlamentario como candidato a diputado en las elecciones generales de 2025. Así, pretendiendo el Congreso ignorar esos hechos, se ha fortalecido la impunidad con la que se protegen entre políticos desde ese poder del Estado.
Con las dos consejeras del CNE premiadas desde el Congreso Nacional, ello sólo ha demostrado el interés del partido de gobierno para, desde el mismo Congreso, blindarles contra un merecido juicio político y asegurándoselas como sus piezas eficaces para el próximo proceso electoral. Sobrado está decirlo, según se ha hecho público, que con dedicatoria a ellas se hizo la ya referida reforma a la Ley para habilitarles la “licencia” con la que ahora se les manda a disfrutar de sus vacaciones profilácticas… ahora se legisla con dedicatoria personalizada!!!!
Las dos consejeras a quienes se le ha autorizado la “licencia” propiciaron al menos tres motivos en su contra para ser también sometidas a juicio político, por sus actuaciones desde su investidura de consejeras, al violentar los artículos constitucionales 198 numeral 4 y 240 numeral 3, así como también el artículo 183 numeral 5 de la Ley Electoral de Honduras: 1) inscribieron para las elecciones primarias a Rodolfo Augusto Padilla Sunceri como pre candidato a alcalde por San Pedro Sula, sin haber nacido en ese municipio y sin haber residido en él previamente durante los últimos cinco años; 2) inscribieron para las primarias como pre candidata presidencial a Rixi Ramona Moncada Godoy, quien contaba con la prohibición constitucional contenida en el 240 numeral 3 al mantenerse (por no renunciar a su cargo previamente a su inscripción) como una de los jefes superiores de las Fuerzas Armadas en su condición de Secretaria de Estado en el despacho de Defensa y 3) con el más grande de los desafíos a la Constitución y a la Ley, y habiendo con ello burlado la democracia y la voluntad soberana de la ciudadanía electora, declararon diputado electo por Olancho a Jorge Luis Calix Espinal, quien ni participó en las elecciones generales, ni nació en el departamento de Olancho, ni tampoco ha residido en aquel departamento previamente durante los últimos cinco años.
Sin embargo, lejos de habérseles sometido a juicio político, como incuestionablemente debió ser, se les premia dándoles unas vacaciones profilácticas disfrazadas de licencia; bendiciéndoles por su desafío y burla a la Constitución de las República, a la Ley Electoral de Honduras y a la dignidad soberana del pueblo elector hondureño; todo ello combinado con el silencio cómplice de quienes por norma se auto silencian o se dejan silenciar respecto a la libre emisión del pensamiento cuya garantía la tienen asegurada en nuestra Carta Magna y que por cualquier inexplicable motivación se atreven a despreciarla.
Que viva la impunidad en Honduras!!!
Junio 24, 2026
MelvinLopezHerrera-Honduras 