EN EL CONGRESO NACIONAL… A OIDOS Y OJOS DE L. REDONDO Y C. ZELAYA

(Melvin López Herrera)

El 3 de febrero recién pasado, inaugurada la administración de Xiomara Castro, nos pronunciamos en torno a lo que estaba aconteciendo en el Congreso Nacional con el surgimiento de los primeros decretos legislativos en donde se arrancaba lamentablemente con vicios del pasado. Ahí fuimos muy categóricos al manifestar nuestro sentir y tratar de interpretar el sentir de la ciudadanía al enfatizar que no deseamos ni esperamos de lo mismo.

No nos debe caber ni la menor duda que la votación masiva que hubo en noviembre pasado se debió a la motivación que tuvo el electorado para enterrar de una vez esa dictadura que por doce años se mantuvo a toda costa en el poder, habiendo causado con ello la mayor desgracia socio política infringida a la nación, al país y al Estado.

Igualmente no debemos apartar de nuestra memoria uno de los hechos que contribuyeron al sostenimiento de esa dictadura, cuando toda la institucionalidad estuvo totalmente secuestrada por quien usurpó la presidencia de la República en este último período presidencial. Nos referimos inconfundiblemente, entre otros, a la magistratura de la actual Corte Suprema de Justicia; la misma donde sus integrantes fueron y siguen siendo co autores y cómplices, con su silencio e inacción, de la usurpación presidencial impuesta a la nación, con sus secuelas.

Ya el período de la más nefasta conformación de la Corte Suprema con sus magistrados actuales, está por finalizar afortunadamente.  Con este cambio de gobierno hasta se esperaba un efectivo juicio político para sus integrantes; pero lamentablemente no se alcanzaría la necesaria mayoría calificada para hacer justicia, pues sería totalmente imposible contar con los votos del partido político responsable del espinoso camino transitado a lo largo de estos doce años de dictadura.

Cuando se tiene la gran oportunidad al venir el cambio constitucional de la magistratura del más alto tribunal de justicia, es indudable que la nación entera debe y espera contar con la garantía de que el proceso de selección se debe desarrollar dentro de una nueva modalidad, que impida volver a los vicios del pasado de los que debemos recordar la última experiencia vivida, donde al final se impuso el plan pre concebido de elegir a quienes ya estaban previamente escogidos de dedo… y ahí tenemos los resultados.

Por ello es necesario e impostergable una obligada revisión de la actual ley que regula el procedimiento para elegir a los miembros de la “Junta Nominadora”, y la forma en que ésta someterá la participación de los aspirantes a magistrados y administrará su correspondiente proceso de selección.

A tal efecto el Congreso Nacional cuenta desde hace más de un mes antes de su receso de medio año con tres proyectos de decreto por los que se emitiría una nueva ley mediante la cual se haría la convocatoria para elegir a los miembros de la Junta Nominadora; estableciendo en esa nueva ley la forma de elegir a sus miembros y el proceso a seguir para esta nueva selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. 

Los tres proyectos buscan asegurar un efectivo filtro en ese proceso, de tal forma que se pueda neutralizar el manoseo de los políticos y del verdadero poder fáctico detrás de ellos; todo para confirmarle a la nación que con la nueva elección de los magistrados se nos dé la certeza de que en la Suprema habrá la debida impartición de justicia que hasta ahora ha brillado por su ausencia; y que con ello se fortalecerá el Estado de derecho que desde ese mismo Poder Judicial ha sido manoseado al antojo de quienes han detentado el poder político o fáctico.

No entendemos porqué desde la Junta Directiva del Congreso, y con la pasividad de la Comisión Dictaminadora respectiva, continúan engavetados los tres proyectos sobre los que en un principio es una obligación del diputado Carlos Zelaya, Secretario de la Junta Directiva, hacerlos llegar a la brevedad a la Comisión de Dictamen respectiva. 

Y nos preguntamos: ¿será que el Secretario del Congreso está recibiendo instrucciones de su partido político, o del líder del mismo, para que se mantenga la actual ley con el engavetamiento de estos tres proyectos?; ¿será que el Presidente del Congreso está atado al no imponerse desde su cargo ordenando al Secretario que remita esos proyectos a la brevedad a la Comisión?; ¿será que la misma Comisión Dictaminadora está instruida para actuar pasivamente y no insistir en la impostergable necesidad que le hagan llegar esos proyectos a la  brevedad?

Y continuamos preguntándonos… ¿será que todo es de “compadre hablado” entre los partidos políticos para acordar una repartición de la Suprema en función de los interés partidistas como en el pasado, o de los compromisos de los diputados con quienes financiaron su campaña electoral?, pues hasta el Pleno mismo no ha hecho el reclamo respectivo tal como lo faculta el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo!!; ¿será que desde el verdadero poder fáctico se tiene controladas a las bancadas parlamentarias para, en beneficio de aquel, mantener este atolladero en que se encuentran los proyectos de decretos no turnados a la Comisión Dictaminadora, y con ello manosear el proceso de elección de los nuevos magistrados?; ¿será que nos van a recetar de lo mismo, no haciendo la debida diferencia en el actual Congreso Nacional respecto del anterior?

Sería bueno que el Secretario del Congreso Nacional aclare de una vez si constitucionalmente está sometido a la Carta Magna y a las leyes, o a los dictados de su partido político y más bien de su coordinador general. Igualmente sería interesante que el presidente del Congreso nos diga con la mayor trasparencia qué es lo que está impidiendo que los tres proyectos se sometan al debido dictamen y su discusión antes de la convocatoria de integración de la «Junta Nominadora»… y que también nos diga qué  le detiene imponerse desde su cargo para ordenar al Secretario, conforme al artículo 22 numeral 16, que cumpla con su deber. Y definitivamente sería necesario que la Comisión Dictaminadora ya deje de manifestarse públicamente, y en forma pasiva, que aún no ha recibido los referidos proyectos; pues más allá de ello debe demandarle públicamente al Secretario y al Presidente del Congreso que se los remitan a la brevedad para cumplir con su deber como Comisión… que no se sacuda el bulto conformándose con señalar a quienes tienen engavetados esos proyectos.

Todo esto que estamos observando respecto al venidero proceso de elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia está levantando una inusitada suspicacia en la ciudadanía. Todo parece que es una trama urdida desde el mismo Congreso Nacional, para enmarañar este proceso y montarnos una Corte Suprema de Justicia con magistrados que ya llegarán comprometidos con los partidos políticos o con los poderes fácticos; manteniendo con ello la abominable costumbre de que los diputados en lugar de representar al pueblo responden más bien  a los intereses de “los poderosos”.

Es realmente sorprendente a estas alturas del tiempo transcurrido cómo, cuando el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los proyectos de decreto que procedan del Poder Ejecutivo deben ser sometidos a discusión en un plazo no mayor de treinta días calendario, el proyecto enviado por el Ejecutivo ha sido “congelado” rebasando el tiempo límite que dispone la Ley para su discusión; pues no olvidemos que uno de los tres proyectos es iniciativa de aquel Poder del Estado.

Finalmente debemos recordarle a las bancadas parlamentarias que no constituyen la oposición política en el Congreso Nacional, que los votos que ganaron en el pasado noviembre se debieron exclusivamente a que  “no deseamos ni esperamos de lo mismo”.

Junio 26 de 2022