NO PUEDEN REPETIR LOS MAGISTRADOS DEL ACTUAL TSE

(Melvin López Herrera)

Para mediados de este mes de mayo concluye el período de cinco años de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes fueron elegidos inconstitucionalmente el 20 de enero de 2014 cuando el día anterior (el 19) ya había clausurado su cuatrienio el Congreso Nacional y el siguiente nuevo cuatrienio se iniciaría hasta el día siguiente, es decir el 21 de enero.

Ese 20 de enero de 2014, bautizado como el día de la “diarrea legislativa”, los congresistas involucrados con la correspondiente responsabilidad civil y criminal que pesa sobre ellos aprobaron varios decretos que nacieron inconstitucionales, sin vida ni efectos jurídicos, y volviendo nulos los actos derivados de los mismos.  Entre esos decretos están multimillonarios contratos de suministro de energía eléctrica y hasta por 20, 30 y 50 años. Está también la popularmente conocida como “Ley de Secretividad” que ha sido utilizada para esconder grandes fraudes contra el Estado y en detrimento de la nación. Y tantos otros decretos, entre ellos el 419-2013 donde inconstitucionalmente fueron elegidos los señores David Andrés Matamoros Batson, José Saúl Escobar Andrade, Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete y Marcos Ramiro Lobo Rosales como magistrados al TSE; los tres primeros como titulares y el último como suplente.

Estos señores fueron juramentados en mayo de 2014, siendo sin embargo publicado hasta el 1 de julio de 2014 el Decreto de su elección en el Diario Oficial La Gaceta.  Es decir que su juramentación y la toma de posesión de sus cargos surgieron antes de la publicación constitucionalmente requerida para que toda ley o decreto adquiera vigencia; todo esto al margen del que dicho decreto nació muerto por las razones ya expuestas.

En esas condiciones, derivadas de un nombramiento inconstitucional, todos los actos de dichos magistrados han sido y seguirán siendo actos nulos, incluyendo con ello el manejo y administración del proceso electoral de 2017 y con ello la ilegal, por también inconstitucional, declaratoria de presidente electo; misma sobre la cual la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Presidencia y la Sala de lo Constitucional, mantiene engavetados los amparos que se introdujeron el 18 de enero de 2018; y por la que los responsables del engavetamiento han incurrido en imprescriptible responsabilidad penal.

Es más…. Si el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por medio de sus titulares fuera un órgano responsable dentro de la administración pública, de oficio hubiera deducido responsabilidad civil a los actuales magistrados del TSE por todos los actos administrativos que tienen que ver con el manejo presupuestario de esta institución, incluyendo los sueldos y demás beneficios que gozaron durante todos los cinco años de su período, en virtud de estar ocupando ilegalmente esos cargos.

Mucho se ha dicho de la nueva conformación de las instituciones que vienen a sustituir al TSE: el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE); cuyos nuevos magistrados remplazarán  a los que hoy conforman el TSE.  También se ha dicho que el Partido Nacional en el Congreso pretende nombrar en uno de esos nuevos cargos a David Andrés Matamoros Batson, quien por cinco años ejerció inconstitucionalmente (junto con los otros tres) su cargo en el TSE.  Parece que por el lado de Libre se pretende que su representante a uno de los nuevos órganos que sustituyen al TSC sea la abogada Rixy Moncada; pero ello ha provocado la opositora reacción del Partido Nacional, el que sólo convendría a esa propuesta si Libre por su parte no presentare oposición a la reelección de Matamoros Batson.

Yo preguntaría a la bancada parlamentaria de Libre: 1) ¿estarían dispuestos a sellar ese acuerdo de reciprocidad respecto a esos dos posibles candidatos?; 2) ¿aceptaría la cuasi imposición de Matamoros Batson, sabiendo que fue el artífice de los dos últimos fraudes electorales en donde impusieron la declaratoria ilegal de JOH en lugar de los ganes legítimos de Xiomara en 2013 y Nasrralla en 2017?; 3) ¿hasta qué punto estaría Libre de acuerdo en permitir que se le torciera la conciencia sellando un acuerdo con tal grado de reciprocidad?; 4) ¿qué esperanzas le estaría Libre dándole a un pueblo que ha luchado exponiendo hasta su vida por el verdadero imperio de la Constitución?

Esa misma pregunta se la formularíamos en lo que corresponda a lado oscuro de la bancada liberal, la que se ha caracterizado por también llegar a acuerdos con el partido de gobierno.

De ultima hora se ha sabido que por no haberse emitidos las nuevas leyes constitutivas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Constitucional, como consecuencia de ello se está llegando a un acuerdo político en el Congreso Nacional para prorrogar el período de los actuales magistrados del TSE mientras se emiten y publican esas nuevas leyes.  De materializarse ese posible convenio político, se estaría prorrogando el período de los actuales magistrados inconstitucionalmente electos el 20 de enero de 2014, y con ello caerían sus nuevas actuaciones dentro de esa prórroga como actos totalmente nulos con las correspondientes consecuencias jurídicas derivadas de su nulidad.  No se puede prorrogar la vigencia de un decreto (el del 20 de enero de 2014) cuando dicho decreto se emitió inconstitucionalmente.

Lo que verdaderamente cabe es que de inmediato se presente al pleno del Congreso, para su aprobación  los proyectos de ley tanto de Consejo Nacional Electoral así  como del Tribunal de Justicia Electoral, para darle la correspondiente vida constitucional a esas dos instituciones que vienen a sustituir al actual Tribunal Supremo Electoral, y seguidamente elegir a sus nuevas autoridades.  El retener el proceso de creación de esas leyes constitutivas no tiene otro propósito que mantener en sus cargos a quienes cargan en sus espaldas imprescriptibles responsabilidades penales al habernos impuesto un jefe de facto del Ejecutivo y al margen de la Constitución. Ese es precisamente el interés político del Partido Nacional, debiendo contar con la complicidad de las bancadas opositoras que permitan sumar con sus votos la mayoría calificada requerida.

Consideramos que si, como resultado de estos acuerdos políticos los nacionalistas logran la mayoría calificada para imponer a Matamoros Batson, o cualquiera de los otros tres magistrados del actual TSE, la oposición parlamentaria estará demostrando que la ética política pierde su verdadera dimensión cuando priman otros intereses distintos a la reivindicación del pueblo, a quien dicen representar en el Congreso Nacional.