(Melvin López Herrera)
Desde 2013, cuando los candidatos presidenciales de aquella época se comprometieron con los observadores internacionales en introducir impostergables reformas en la vida “democrática” y electoral de la nación, el Partido Nacional se ha mostrado como el más enconado enemigo de la democracia; al utilizar cualquier subterfugio y hasta mecanismos de extorsión parlamentaria, para que la ciudadanía no cuente con verdaderas reformas tanto constitucionales como electorales que se han vuelto necesariamente impostergables para devolver la urgente credibilidad a los procesos electorales, y el necesario fortalecimiento de cualquier gobierno en su instalación, para asegurarle la legitimación que sólo se obtiene con una mayoría absoluta de los electores que concurren a las urnas.
El reciente proceso electoral quedó evidenciado de ser la mayor vergüenza y ofensa a la ciudadanía, al haber sido sus resultados el producto de un fraude jurídico-electoral, tras la inscripción ilegal de quien actualmente usurpa la silla presidencial teniendo prohibición constitucional para ocuparla, y por la manipulación material del proceso que concluyó en darle al partido de gobierno cantidad de votos que nunca obtuvo. Además de la condición de “usurpador” de de la que no puede desdoblarse el jefe de facto del Ejecutivo, al haberse roto el tradicional bipartidismo resulta casi imposible ganar (legítimamente desde luego) cualquier proceso electoral con mayoría absoluta, por lo que quien quiera que llegue a la Presidencia de la República, lo estará haciendo con la desaprobación de la mayoría de los ciudadanos que expresaron con su voto su voluntad propia. Es decir que bajo las actuales circunstancias, donde no existe la segunda vuelta electoral, ningún presidenciable puede alcanzar la legitimación requerida para garantizarse la gobernanza necesaria para una exitosa conducción de la nación.
Desde la fragmentación política acaecida en 2009 El Partido Nacional, siendo el co-artífice incógnito del golpe de Estado, sabe que mientras esa fragmentación persista -con o sin fraude- nunca alcanzaría la mayoría absoluta requerida para ganar un proceso electoral. Por tanto quiere seguir usufructuando esa circunstancia, y por tal se opone al balotaje o segunda vuelta electoral; y con absurdos argumentos para justificar su antidemocrática posición. Su presidente, con el mayor descaro que no es otra cosa que un absoluto irrespeto a la inteligencia de la ciudadanía, arguye que la segunda vuelta al ganarla de nuevo el vencedor de primera, acarrearía mayores actos violentos que los de 2017; desconociendo que la mayor motivación de esos hechos fue el fraude materializado por su partido político.
La segunda vuelta electoral, que sólo cinco países latinoamericanos no la tienen, es la verdadera salida democrática en nuestro proceso electoral. En ella la membresía electora de los partidos que quedaren al margen de ese proceso definirán en las urnas su inclinación por cualquier de los dos competidores sobrevivientes; haciendo a uno de ellos el ganador definitivo por mayoría absoluta; y no como ahora que, el ganador de la única vuelta llega a ocupar la silla aún sin alcanzar esa mayoría.
En cuanto al fraude material del proceso electoral sobre lo que el Partido Nacional tiene doctorado “in horroris causa”, seguirá siendo la amenaza latente en todos los procesos, y la herramienta a la que acude ese partido para manipular y asaltar los resultados de las elecciones. Ese fraude, que no dudamos se perfeccionaría más desde el poder, puede ser controlado y hasta neutralizado entre las probables reformas electorales incluye la implantación del sistema de verificación de los códigos MIC’S en el proceso.
Los Mic’s (micro identification code), es un micro código de identificación -marca de agua digital- que se refleja en puntos de color amarillo en las actas y papeletas electorales que a simple vista son imperceptibles; pero que permanecen en dichas actas y papeletas. Ese micro código existente brinda información fidedigna respecto a: la máquina impresora, la fecha de impresión de las actas y papeletas, el micro número correlativo de cada impresión que se ha efectuado desde la primera; permitiendo identificar cualquier interrupción de secuencias numéricas de impresión; no respecto al número visible del acta o papeleta impresa sino al micro número que identifica cada impresión y que está asociado a cada máquina de impresión. Al pretenderse una verificación selectiva o total de actas y papeletas respecto a su micro código de identificación (mic) puede confirmarse si ha habido reemplazo y sustitución de las mismas con ánimo fraudulento para alterar resultados electorales; basta con relacionar las máquinas impresoras con su correspondiente centro de impresión acreditado en los contratos suscritos por el Tribunal Supremo Electoral. Este mecanismo de verificación y control del proceso electoral convertido en reformas electorales; sería una de las manera de contraponerse anticipadamente a un fraude electoral.
Hay otros temas adicionales de reformas tanto electorales como constitucionales que ameritan ser discutidas en el Congreso Nacional; y se podrá llegar a algunos acuerdos. Pero si no se aprueba la segunda vuelta para democratizar el proceso electoral y si tampoco se implanta el sistema de control a través de los Mic’s que permitiría superar el fraude material -si eso no se logra- cualquier reforma nunca será una verdadera reforma.