(Este artículo fue rechazado en El Heraldo)
Desde que Juan Orlando se lanzó al proceso electoral que culminó en 2013 declarándole Presidente electo, él ya tenía previsto su período continuista sin importarle que para ello tuviera que violar la Constitución. Y fue muy claro durante su campaña electoral en aquel momento: “Cuando yo sea Presidente de la República voy a gobernar con el Partido Nacional, con las Fuerzas Armadas y como lo hizo el general Carías”… Es bien claro que Tiburcio Carías violando la constitución se recetó 16 años continuos en la Presidencia.
Fue así como JOH en su maquiavélico proyecto personal reeleccionista logró contar con la complicidad y entusiasmo de su Partido Nacional por medio se sus “prominentes” figuras políticas; y con la complicidad y sometimiento de instituciones públicas por medio de sus autoridades: El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por medio de sus magistrados elegidos inconstitucionalmente, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) por medio los miembros del Estado Mayor Conjunto; y también con el sometimiento y tolerancia de la empresa privada y los medios de comunicación social especialmente los corporativos. A ello hay que agregar el paracaídas que se le facilitó desde la Embajada Americana y la tolerancia de la OEA y la Comunidad Europea que no le dieron la debida importancia al indiscutible fraude electoral que se produjo en el proceso.
Todo ello explica cómo Juan Orlando hasta ahora se ha mantenido como jefe de facto del Ejecutivo usurpando la Presidencia de la República, aún cuando la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la Presidencia y la prohibición de que los jefes superiores de las FFAA, de los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado no pueden ser elegidos Presidente, son preceptos vigentes en la Constitución. El sometimiento que impone a los operadores de Justicia ha hecho que no se pueda restablecer el orden constitucional, roto con el gobierno usurpador que él conduce en el Ejecutivo. Las denuncias ante el Ministerio Público y los amparos interpuestos ante la CSJ han sido engavetadas por quienes desde esas instituciones, siendo autoridades de las mismas, se mantienen convertidos en co-artífices y cómplices de la ruptura del orden constitucional.
Ahora que a Juan Orlando desde la usurpación de la Presidencia de la República, se le ha complicado su inconstitucional continuismo, empieza a tomar fuerza su inevitable salida del cargo que usurpa. El enjuiciamiento de su hermano Tony en el exterior, con impactantes revelaciones que desde 2004 estaba involucrado en acciones delictivas, no podían ser desconocidas oficialmente por quien desde 2011 ha sido la cabeza en las instituciones encargadas del diseño e implantación de estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de las conductas delictivas en cualquiera de sus modalidades.
A lo anterior hay que sumarle las impactantes revelaciones del principal indiciado en el Caso Pandora, quien ante las instancias judiciales ha hecho señalamientos al actual jefe de facto del Ejecutivo.
Ante esta situación particular que atraviesa Juan Orlando, y que repercute aún más en la actual ruptura del orden constitucional, ya se habla de su posible renuncia y hasta de una solución política que conlleve a la instauración de un gobierno provisional; e incluso hay quienes ven la posibilidad de un golpe de Estado. No se puede resolver esta crisis con una nueva violación a la Constitución. Las Fuerzas Armadas ya cargan en su Estado Mayor Conjunto el delito imprescriptible de traición a la Patria al haber permitido la violación constitucional de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; y se “embarrarían” más con un golpe de Estado que la nación no debe permitir.
La única salida constitucional que imperativamente queda es que la Sala de lo Constitucional resuelva los amparos presentados contra la inconstitucional declaración de presidente electo, dictada ilegalmente por el TSE; amparos que desde el 18 de enero de este año ha engavetado sin resolverlos. La resolución sobre esos amparos lleva indefectiblemente a anular la declaratoria del TSE haciéndole emitir una nueva en donde se reconozca constitucionalmente a Nasrralla como el presidente electo.
Habrá que ver si esa solución constitucional consigue la venia de quienes desde el exterior nos imponen gobiernos y presidentes.
MelvinLopezHerrera-Honduras 