(Melvin López Herrera)

Empezaremos por citar el numeral 10 del artículo 115 de la Ley Electoral de Honduras (la Ley): Artículo 115.- PROHICIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Se prohíbe a los partidos políticos, Alianzas y sus movimientos internos y candidatos: … 10) Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral…”

Del precepto anterior se desprende sin lugar a dudas: 1) que ningún ciudadano puede ser inscrito como candidato a cargo de elección popular para las elecciones generales si ya participó en otro partido o en el mismo período electoral y 2) que quien, por defecto, no haya participado en otro partido o en el mismo proceso no se le puede privar de su derecho constitucional a participar en este caso en la elecciones generales. 3) que el “haber participado” que menciona la Ley se refiere estrictamente al hecho de efectivamente haber sido opción al momento preciso de la elección (en este caso “las primarias”) dentro de otro partido o con el mismo partido en el mismo período electoral.

Si revisamos el caso de Mauricio Oliva Herrera, que ha sido inscrito como candidato al Parlacén para las elecciones generales, vemos que efectivamente él participó como candidato de su partido político en las elecciones primarias de marzo recién pasado. En este caso él (Mauricio Oliva Herrera) tiene vedada la inscripción, por parte del Partido Nacional o cualquier otro partido, para haber sido inscrito como candidato al Parlacén para elecciones general de este mes de noviembre.

Sin embargo según ha trascendido Kelvin Aguirre, presidente del CNE, dispuso administrativamente aprobar su inscripción y darle el curso hasta incorporarlo a la papeleta  para diputados al Parlacén.  Es extraño, sin embargo, que ninguna de las dos Concejales restantes del CNE hayan tratado de darle vuelta a esa inscripción considerando la inhabilitación que por ley le es aplicable a su candidatura.  Está sucediendo exactamente lo de 2017 cuando teniendo Juan Orlando prohibición constitucional, vigente todavía, para ser inscrito y participar en aquel proceso electoral se le permitiera participar en el proceso hasta llegarle a declarar ilegalmente “presidente electo”.

Contrario a lo anterior, el caso de Roberto Contreras es un evidente caso de abuso de autoridad de los dos Concejales (Kelvin y Ana Paola) que votaron en contra de su inscripción para participar como candidato a Alcalde por San Pedro Sula en la planilla de Libre.  Al tenor de la Ley…. ¿participó Contreras dentro de otro partido en elecciones primarias?…No.  ¿Participo dentro de este mismo proceso electoral?…No.

Roberto Contreras primero se inscribió en las planillas del PSH (que no tuvo elecciones primarias) para participar en las elecciones generales a realizarse en noviembre.  Habiendo retirado su candidatura de las planillas del PSH se inscribió como candidato independiente, y tanto el retiro como la nueva inscripción no rebelaban conflicto con la Ley.  Luego retira su inscripción como candidato independiente la que se le acepta, pero no se le permite inscribirse como candidato en las planillas de Libre y sin ningún fundamento legal conforme a la Ley Electoral de Honduras, pues en ningún momento había participado en elecciones dentro de las primarias de ningún partido político.

Fue sorprendente el voto de la Concejal Ana Paola Hall negando la inscripción de Roberto, sobre todo considerando que las anteriores actuaciones de ella han sido estrictamente apegadas a derecho y sometiéndose a la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras. Entonces.. ¿qué le arrastró a violentar esos dos instrumentos jurídicos? Hasta ahora lo que se ha escuchado, sin afirmarlo ni ratificarlo nosotros desde luego, es que por un lado tuvo presiones de su partido político, y dentro de éste del caudillo sin cabeza del mismo, para asumir esa ilegal decisión. Y por otro lado que tenía conflicto de intereses, por lo que debió apartarse y poner el lugar a su sustituto legal, conflictos relacionados con un pariente suyo quien tiene fuertes relaciones contractuales con la municipalidad de San Pedro Sula, a través de una empresa conocida como Siglo XXI.

Sólo ella, conociendo para sí que no tuvo ningún asidero jurídico en qué sostenerse y violando la Ley Electoral de Honduras, podrá explicarnos qué le motivó a dar su ilegal voto contra la inscripción de Roberto Contreras.  La verdad, cualquiera de las dos anteriores que haya sido la motivación de la Concejal Ana Paola Hall, le ha provocado un fuerte golpe al proceso electoral así como desde ya se miraría el riesgo de futuras actuaciones de ella dentro del mismo, y una incertidumbre en el sentido de cuál será su posición al momento de que el CNE emita el Acuerdo final respecto al resultado de la elecciones generales del 28.

Ya tenemos por sentado que Kelvin Aguirre, perteneciendo y estando puesto por un partido político que mantiene e impone un verticalismo dentro de todas sus estructuras, él podría estar “insacudiblemente” presionado en relación a su fallo en el CNE sobre los resultados de las elecciones generales.  Pero si Ana Paola llega a actuar en la forma que lo hizo recientemente, cuando rechazó la inscripción de Roberto Contreras en sus pretensiones a la Alcaldía de San Pedro Sula… este proceso electoral correría el riesgo de no tener un legítimo fin el 28 de noviembre.

Hasta ahora lo que nos queda: 1) un Mauricio Oliva Herrera que está compitiendo y se mantiene en el proceso, en abierta violación de la Ley Electoral de Honduras y 2) un Roberto Contreras que fue ilegalmente inhabilitado para participar en las elecciones generales del 28 de noviembre, al no tener ninguna prohibición legal para haber sido apartado del proceso. 3) un válido anhelo de la nación entera para que las elecciones del 28 no sean una réplica de las de 2017. Dios nos guarde el 28 de noviembre!!!

Noviembre 15, 2021

(Melvin López Herrera)

A esta fecha tan sólo nos quedan 35 días (7 días de octubre y 28 días de noviembre) para las elecciones generales; cuando se habrá sellado el hasta ahora incierto destino de nuestra querida Honduras.  El camino en el proceso a recorrer por la verdadera oposición política, aunque hasta ahora va a paso firme, no está siendo del todo fácil porque el actual partido político hecho gobierno cuenta con todos los elementos que le permiten llevar una ventaja no numérico-electoral dentro del proceso pero que es de lo que se valdrá para imponerse, sin descartar hasta el fraude para lo que han sido expertos en los procesos anteriores, y el “salvavidas” que tienen en las Fuerzas Armadas.

Así el Partido Nacional cuenta con:  a) el poder que actualmente detenta dentro del Estado, b) el billete que ha conformado con los atracos al erario público mayormente facilitado desde disposiciones decretadas en el Congreso Nacional y con los que se permite sus campañas millonarias  y la compra de los votos de los ciudadanos abandonados a la miseria, c) la forzada disposición de los medios de comunicación social con las constantes cadenas radiales aparentemente de carácter humanitario pero con fines estrictamente electores, d) los nexos vinculantes que se le señala con el narcotráfico y que sería su fuente para el financiamiento de su campaña, e) el secuestro de la institucionalidad sometida a los dictados del usurpador, f) el “divide y vencerás” con el que lograrían quitarle fuerza a la oposición política aislando de la “alianza” en este caso al Partido Liberal y g) el sostenimiento en el poder que les ha facilitado las Fuerzas Armadas; estás últimas que han permitido la usurpación de la presidencia de la República y que serían las protagonistas de un eventual auto golpe de Estado con que se podría hacer fracasar el actual proceso electoral.

A lo anterior habría que sumar la lamentable decisión de un Partido Liberal controlado por su “lado obscuro” y por su “caudillo sin cabeza” que preferirá aliarse con el partido de gobierno materializando sonados acuerdos en la sombra, de los que se dice que ya tienen negociados para sí el control de algunas instituciones del Estado, entre las que suena el Congreso Nacional por medio de su nueva Junta Directiva, y desde allí la designación, mediante elecciones en segundo grado, de nuevas autoridades institucionales  en sustitución de las que habrán llegado a completar su período para el que fueron electas en su oportunidad.

Desde el lanzamiento de la pre candidatura de Yani Rosenthal presentíamos para dónde sería llevado su partido político en esta contienda electoral. A él, más allá de querer convertirse en el futuro presidente de la República (a lo que desde mucho atrás ha aspirado), lo primero que le interesa  es recuperar los bienes que le incautó el gobierno a su núcleo familiar; y obviamente esta vía la de las elecciones generales se le convierte circunstancialmente en el medio efectivo para alcanzar su objetivo primario (la recuperación de sus bienes desde un eventual poder alcanzado electoralmente). 

Y desde esa pre candidatura ha quedado comprometido con quienes se le acercaron para apoyarle y ahora le cercaron para atarle: el lado obscuro de su partido.  En ese estado actual Yani está enfrentado una presión férrea dentro de su partido para que este instituto político se mantenga alejado de la alianza opositora, facilitando con ello la resistencia del partido de gobierno ante las elecciones generales; convirtiéndose así el Partido Liberal en el aliado del “narcorrupto” Partido Nacional que tanto daño le ha hecho y le seguiría haciendo a la nación.

¿Qué nos queda con respecto al Partido Liberal en este proceso electoral?… sencillamente que sus bases tomen conciencia y presionen para que el partido se sume a la alianza opositora respaldando la candidatura presidencial de Xiomara, y con ellos procurando la derrota del “narcorrupto” partido de gobierno.  Y si las autoridades que controlan el Partido Liberal se hacen sordos a ese llamado, que las mismas bases sumen el día de las elecciones con su voto el triunfo de la “alianza”, para desterrar del gobierno al partido político más perverso hasta ahora en la vida política de la nación.

O se está con la “alianza” o se está con los cachurecos… no hay término medio.  Lo primario es sacar al Partido Nacional del poder, y la “alianza” es la única y necesaria esperanza para la nación entera. Las bases del liberalismo, en este caso, tendrán la última palabra para consolidarla íntegramente.

Octubre 25, 2021

(Melvin López Herrera)

Este jueves 21 de octubre se estará celebrando el día asignado en nuestro calendario cívico a las Fuerzas Armadas de Honduras; la institución castrense que ha mantenido como lema la frase “Honor, Lealtad, Sacrificio”; y que tristemente ha empañado en las últimas décadas siendo responsables de ello quienes sucesivamente han venido conformando su Estado Mayor Conjunto hasta la época actual. Honor: no han dignificado con sus actuaciones el uniforme distintivo que han mal vestido… Lealtad: no se han mantenido en estricta obediencia a la Constitución de la República… Sacrificio: no se han desempeñado dándose como el “brazo armado del pueblo” al que contrariamente han atropellado y con irreparables consecuencias.

El deterioro de la credibilidad de las Fuerzas Armadas ha venido “in crescendo” desde muchos años atrás, pasando en su triste tránsito por el golpe de Estado de 2009; y desde 2017 se han convertido, con sus últimas conformaciones de su Estado Mayor Conjunto, en el mayor cómplice del actual orden  de cosas al facilitar la instalación y el sostenimiento del actual gobierno usurpador (identificado así constitucionalmente) con Juan Orlando Hernández a la cabeza. 

Y ahora desde el 28 del presente mes, conforme lo establece la Constitución de la República,   las Fuerzas Armadas, pasarán a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE); convirtiéndose durante el proceso eleccionario en el brazo logístico de ida y vuelta encargado de la custodia, transporte y vigilancia del material electoral con el que se acreditará la manifestación de la voluntad libre y secreta de los ciudadanos, quienes habremos de decidir si permitiremos seguir siendo gobernados por el Partido Nacional, o por el contario si habremos de decidir por un cambio en la conducción de la vida político-social de la nación.

Teniendo en cuenta que la conducta del instituto armado, bajo la responsabilidad sucesiva de su Estado Mayor Conjunto en sus tres últimas conformaciones, ha sido de un sometimiento y obediencia indebida a quien por extensión también usurpa la Comandancia General de las Fuerzas Armadas;  nos hacemos la obligada interrogante de si en esta ocasión del proceso electoral las Fuerzas Armadas se mantendrán firmes en su participación con estricto apego a lo que les impone la Constitución de la República, cual es en este caso la defensa de los principios del libre sufragio y la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República.

Es por eso, y dado la colusión por complicidad que ha mantenido la institución castrense con el sostenimiento del actual gobierno usurpador; consideramos oportuno como necesario que el Estado Mayor Conjunto, por medio de quien ejerce la jefatura del mismo, mande un mensaje público a la nación asegurándonos que en este proceso de elecciones generales las Fuerzas Armadas sabrán mantenerse con sujeción a la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras, acatando estrictamente las disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Esa manifestación pública que se les demanda en ningún momento rompe el mandato de la “apoliticidad” que la Constitución le impone a las Fuerzas Armadas; así que no puede utilizarse ese mandato como excusa para no pronunciarse públicamente sobre lo que se les pide.

Un inexplicable silencio del Estado Mayor Conjunto, evitando pronunciarse sobre lo que la ciudadanía demanda, sólo contribuirá a crear un ambiente de inseguridad frente al proceso electoral que se nos avecina; tomando en cuenta que el partido de gobierno hará hasta lo imposible por mantenerse en el poder a toda costa, incluyendo cualquier sabotaje planificado al proceso electoral, y hasta pretender un  eventual golpe de Estado que sólo se daría con la participación de las Fuerzas Armadas.

Queda en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas procurar mantenernos dentro de la debida y ansiada calma, asegurándonos que su participación logística en el proceso electoral no se verá empañada con actos que perjudiquen el mismo y provoquen un indeseado caos en la nación.

Los comunicadores sociales, por su parte, tendrán su debida participación ciudadana en este caso desde la plataforma donde profesionalmente se desempeñen; haciendo que la Fuerzas Armadas, por medio de las autoridades de su Estado Mayor Conjunto, salgan de ese indebido silencio y manifiesten categóricamente su compromiso constitucional en el presente proceso electoral; procurando  el mantenimiento de la paz y el imperio de la Constitución, tal como se los impone la Carta Magna en su artículo 272, párrafo segundo, y el artículo 1 párrafo segundo de la Ley Constitutiva de la Fuerzas Armadas.

No habrá nada mejor que en ocasión de su fecha calendario, este 21 de octubre, las Fuerzas Armadas hagan público su pronunciamiento respecto a lo que acá se les demanda.

Octubre 20, 2021

(Melvin López Herrera)

Desde el Golpe de Estado de 2009 la historia de Honduras tomó otro rumbo hasta los momentos actuales, partiendo de la división del Partido Liberal que le facilitó el acceso al Poder a quienes nos han gobernado por cerca de doce años, sometiéndonos y teniéndonos en las circunstancias en la que actualmente nos encontramos.

De ese Golpe de Estado, el más ganancioso fue el Partido Nacional por medio, tanto de Porfirio Lobo Sosa quien pudo llegar a la Presidencia de la República aún y con la ventaja abismal que le llevaba Elvin Santos, como también Juan Orlando Hernández quien inicialmente se abrió camino asumiendo la Presidencia del Congreso Nacional desde donde desarrolló su plan personal y de su grupo para más adelante llegar a la Presidencia de la República y actualmente mantenerse en forma usurpadora en ese cargo.

Es más que seguro que para el cuatrienio 2014-2018, si el Congreso Nacional en su Junta Directiva hubiera estado conformado por diputados de la oposición, el Partido Nacional por medio de sus cabecillas y que no conformaba mayoría parlamentaria, difícilmente habría avanzado hasta donde ha llegado. Sin embargo cuando el Partido Liberal recibió una propuesta del resto de la oposición parlamentaria para que la Junta Directiva del Congreso fuera presidida por ellos (por el Partido Liberal), hubo un rechazo total a dicha propuesta terminando los liberales en negociaciones con los nacionalistas facilitándoles a estos últimos el control de la Junta Directiva del Congreso, con las lamentables consecuencias de todos conocidas. Esa lamentable decisión del Partido Liberal fue un duro revés que favoreció al Partido Nacional para hacer y deshacer desde el Congreso Nacional como lo ha venido haciendo hasta la fecha.

Luego para las elecciones generales de 2017 se formalizó una alianza política que llevó como candidato presidencial a Salvador Nasrralla. En esa época el candidato presidencial del Partido Liberal fue Luis Zelaya, quien respecto a la alianza manifestó su posición en el sentido que tenía instrucciones de su partido que si no encabezaba él la fórmula presidencial no habría tal alianza. Así fuimos a las elecciones general de 2017 con un candidato presidencial nacionalista inscrito ilegalmente en violación a la Constitución y sufriendo el fraude montado por el Partido Nacional en donde tras una revisión del escrutinio hasta las “boletas planchadas” fueron parte del conteo para declarar ilegalmente presidente electo a Juan Orlando.

Esas fueron las dos ocasiones en que por una mala decisión del Partido Liberal los “narcorruptos” cachurecos se lograron mantener en el poder, con trágicas como lamentables consecuencias para la nación entera: Un Congreso Nacional del período 2014-2018 que lamentablemente, pudiendo haberse tenido la oportunidad,  no pudo ser controlado por la oposición de esa época; y el resultado de una elecciones generales en 2017 donde si se hubiera contado con la adhesión de los liberales a la alianza política que le competía a los nacionalistas, habría sido más que suficiente para rebasar el fraude montado por los cachurecos.

Ahora, nuevamente, estamos por experimentar que los liberales  repitan  esa trágica historia facilitando en noviembre el  gane de los nacionalistas. La no incorporación de los liberales en la alianza opositora a nivel presidencial al menos, favorecerá a los nacionalistas para continuar en el poder, con los efectos perversos que sus administraciones han inferido a la nación entera.

Bien sabemos que Yani Rosenthal está a dos pullas… Por un lado está obligado a reflexionar y convencer a su partido sobre la indiscutible necesidad de que sólo haciendo un bloque en común los partidos mayoritarios de oposición podrían sacar del poder al “narcorrupto” Partido Nacional, y que esto es de vida o muerte y sin parpadeos. Sin embargo por otro lado está recibiendo las presiones de un grupo identificado con los diputados del lado oscuro de dicho partido, dirigidos en la sombra por su “caudillo sin cabeza”, para que se abstenga de incorporarse a esa alianza.

Se ha escuchado inclusive (rumores que corren a sotto voce) que tras esa presión ha habido negociaciones con el Partido Nacional con relación de cederle al Partido Liberal su cuota de poder en la repartición de los próximos cargos institucionales a elegir desde el Congreso Nacional y hasta el control del Congreso mismo por medio de su Junta Directiva.

Cierto o no esto último, si el Partido Liberal termina decidiendo no integrarse a la alianza no hará otra cosa que facilitarle las herramientas electoreras al partido más perverso en la historia política de la nación. ¿Será acaso esa la herencia que nos piensa dejar el Partido Liberal en estas elecciones de noviembre?

Octubre 18, 2021

(Melvin López Herrera)

Lo necesitábamos… lo demandábamos… lo esperábamos….  Y este proceso electoral que cierra en noviembre era, como continúa siéndolo, la única gran oportunidad de los hondureños para sacudirnos del secuestro al que hemos estado sometidos, como nación y como Estado por quien ha venido usurpando la presidencia de la República y su grupito cúpula dentro del Partido Nacional, con la colusión de algunas instituciones claves del Estado por medio de sus titulares; como La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y, entre otros más, el Congreso Nacional por medio de la bancada oficialista y diputados de la oposición que se convirtieron en actores-cómplices del partido político que con alevosía y perversidad nos ha gobernado por doce años.

En más de un ocasión insistimos que una verdadera “alianza de oposición” era y sigue siendo la única fórmula para sacar del gobierno al “narcorrupto” partido político que se sostiene en su esquema fraudulento para imponerse esta vez en las elecciones de noviembre y así mantenerse en el poder por cuatro años más; para auto blindarse sus cabecillas y sus cómplices, y así seguir destruyendo el Estado y la nación con sus continuos actos de corrupción y legislando exclusivamente para su fines y propósitos propios, en busca del aseguramiento de su impunidad como su única arma para sobrevivir sin ser alcanzados por la justicia interna y exterior.

Debemos reconocerle y felicitar a Salvador al haber reflexionado tomando la decisión oportuna de ponerle un “alto” a sus aspiraciones políticas en busca de la presidencia de la República; por el bien de la nación… para facilitar con ello que se materialice la necesaria posibilidad de que el Partido Nacional sea vencido en las elecciones generales de noviembre y con ello sacarle del gobierno.  Esa alianza le devuelve las esperanzas a la nación entera, pues significa el rescate del Estado, de la institucionalidad y del país, actualmente sometidos a la cúpula política de ese partido, con Juan Orlando a la cabeza.

De igual manera debemos reconocer y felicitar a Libre, y con ello a la familia Zelaya, que supo hacer a un lado y olvidar los malestares experimentados por continuas declaraciones “sui géneris” de campaña por parte de Salvador, que nos creaba desesperanzas al sentir más amenazante la grieta que impediría la necesaria como impostergable alianza en esta lucha que debe ser de todo buen hondureño, y con la que tras las elecciones generales se alcanzaría el rescate de la nación.

Dentro de las mayores fuerzas políticas de oposición sólo nos queda que el Partido Liberal se sume a esta alianza para consolidar el triunfo de la democracia, la derrota electoral efectiva del Partido Nacional, y con ello la necesaria e impostergable oxigenación sociopolítica de esta nación que llora a gritos por la felicidad y el bienestar de lo que pobremente disfrutaba, y que de manera inmisericorde se le ha arrebatado.

Yani debe reflexionar en que tiene su única gran oportunidad para aportarle a la nación, facilitando la salida del Partido Nacional en las elecciones de noviembre. Y también debe reconocer que estará siendo presionado en contrario por fuerzas internas de su partido que en el Congreso Nacional sólo han servido para coludirse con la bancada nacionalista y en contra del pueblo hondureño; y que actualmente están pretendiendo repetir electoralmente para mantenerse dentro de las ventajas y beneficios que les ha propiciado estar integrando el Congreso en la forma que lo han hecho.

El trabajo por el rescate de la nación es de todos los buenos ciudadanos habilitados para ejercitar nuestros derechos políticos; pero por sobre todo de los partidos mayoritarios de la oposición política que en concurso pleno están llamados (sin evadir el bulto) a consolidar esta alianza ya iniciada.  Mantenerse al margen será facilitarle el trabajo fraudulento al Partido Nacional para retener el poder y terminar de hundir a la nación.

Octubre 16, 2021   

(Melvin López Herrera)

Nos mueve a escribir en esta oportunidad, el deber ciudadano de ilustrar al director del noticiero Abriendo Brecha, con relación a su editorial de ayer 7  de septiembre en donde él sostiene que los casos de Honduras y El Salvador respecto a la reelección presidencial son distintos; y justifica el porqué Estados Unidos no reaccionó igual cuando ocurrió la aparente habilitación a Juan Orlando para que se reeligiera.  Esto lo hacemos tan sólo para ayudarle en su intención, como lo manifiesta en su editorial, de aclarar “obligatoriamente” como persona de opinión pública lo que es admisible y no de acuerdo a la ley.

No pretenderemos, por corresponder a otro artículo, interiorizar en la posición contradictoria del país del norte ante estos dos sucesos en estas dos repúblicas hermanas. Tampoco intentaremos hacer un análisis jurídico del proceso ilegal, por inconstitucional, en el que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó una inconstitucional sentencia el 22 de abril de 2015, violentando con su fallo la misma Carta Magna tras haber ignorado lo que dispone su artículo 373 sobre el modo de proceder  en las reformas constitucionales, y las reformas de artículos que están prohibidas conforme al 374.

Tomando lo que equivocadamente expuso Rodrigo en su editorial de ayer, le recordamos para aclaración que acá en Honduras Juan Orlando impuso en 2012 una Sala Constitucional que fue de la que se sirvió (entre varios de sus objetivos personales) para que se dictara una sentencia en 2015 con abierta violación a la Constitución, imponiendo una reelección prohibida por la Constitución misma. Ante la actual Sala de lo Constitucional todavía duermen el sueño de los justos los recursos  de amparo interpuestos el 18 de enero de 2018 contra la declaratoria ilegal de presidente electo, promovida por el antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Dice Rodrigo que en Honduras la reelección presidencial fue posible porque los partidos de oposición lo permitieron, (aparentemente según lo que él sostiene); porque no se opusieron a la inscripción de Juan Orlando en las elecciones primarias del Partido Nacional… Es importante aclararle, a manera de ilustración, que las elecciones primarias son procesos al interior de cada partido político, donde los demás no tienen que intervenir, asistiéndole la acción de posibles impugnaciones únicamente a los diferentes movimientos internos en disputa dentro de cada partido donde haya conflicto a su interior. Así, los partidos de oposición no estaban llamados a intervenir dentro de un proceso primario e interno de la exclusividad del Partido Nacional.

Quisiéramos otorgarle a Rodrigo el beneficio de la duda, al creer que él ignora que varios ciudadanos sin bandera política alguna, impuestos del mandato constitucional en el artículo 40 numeral 1 (“cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes”) introdujimos oportunamente al TSE acciones oportunas de oposición a la inscripción de la pre candidatura de Juan Orlando, quien tenía impedimento para ser inscrito por la imposición constitucional de la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la Republica y por la prohibición para ser elegidos presidente los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los cuerpos de Seguridad del Estado, y quien por esa época no era nadie más que Juan Orlando Hernández Alvarado. Esas disposiciones constitucionales jamás fueron ilegalmente declaradas inaplicables en la ilegal sentencia de 2015; es decir se mantuvieron vigentes durante ese proceso electoral, como lo continúan en la actualidad.

Rodrigo menciona que los partidos de oposición pudieron haberse negado a participar en la elecciones generales de 2017; ignorando (eso creemos en su beneficio y no otra cosa) que la anterior ley electoral en su artículo 96 mandaba la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos que no participaran en las elecciones generales.  Ante ello, los partidos de oposición se vieron obligados a acudir al proceso electoral por dos situaciones puntuales: una de carácter jurídico por el riesgo que corrían al llegárseles a cancelar su personería jurídica si no participaban; y otra de carácter político para evitar que Juan Orlando pretendiera obtener un aparente gane abrumador con su participación única y que el Congreso Nacional se conformara en su totalidad con casi sólo diputados nacionalistas; todo ello habría sucedido con repercusiones más dañinas que ahora en la vida política y social de la nación. Eso indiscutiblemente se habría dado si los partidos de oposición no hubieren participado en las elecciones generales.

Menciona Rodrigo, pensamos que de una manera ingenua, que en un primer escenario pudo darse que contra la oposición a la inscripción de Juan Orlando, el TSE al ser emplazado por  los restantes partidos políticos negándose a participar en las elecciones, habría solicitado al Partido Nacional la designación de otro candidato en sustitución de Juan Orlando… Cuando oportunamente varios ciudadanos introdujimos acciones oportunas de oposición a la inscripción de la pre candidatura de Juan Orlando, tuvimos la oportunidad de exponer al Pleno del TSE las sobradas argumentaciones jurídicas para no inscribirle; y la respuesta en la voz de David Matamoros Batson fue que de todos modos al final sería la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que decidiría sobre la inscripción, recalcándonos con su propia voz que no importaba lo que el TSE decidiera, si al final todo quedaría en manos de la CSJ… algo así como dándose una “pilatada” lavándose las manos.

Finalmente el TSE declaró sin lugar las oposiciones y los recursos no prosperaron ante la Sala de lo Constitucional, pese a las prohibiciones constitucionales vigentes todavía para la reelección del presidente de turno; pues era un hecho como lo sigue siendo que ese Poder del Estado se ha mantenido secuestrado y sometido al usurpador de la silla presidencial.

Menciona Rodrigo que un segundo escenario ante tales circunstancias, pudo ser que el Partido Nacional hubiera ocurrido al Poder Judicial solicitando que interpretara en forma oficial si existía el derecho o no a la reelección conforme a la Constitución de la República de Honduras; concluye que nada de eso ocurrió, porque por un silencio cómplice de los partidos de oposición se permitió que el proceso electoral transcurriera como un evento normal…. Acá se le olvida a Rodrigo el ya mencionado secuestro y sometimiento de la institucionalidad estatal que ocurría en esa época y que actualmente continúa ocurriendo en nuestro país

Concluye Rodrigo su editorial diciendo que esa situación que se dio con motivo del proceso electoral de 2017, fue analizada por los equipos jurídicos del Departamento de Estado y del Congreso de los Estados Unidos y por los países europeos y les llevó a pensar que si los opositores no se pronunciaban conforme a derecho, oponiéndose a la reelección (cosa que no es cierta) era porque estaban de acuerdo con la participación de Juan Orlando, y recalca que un aspecto que los americanos respetan es que sean los pueblos de cada país lo que decidan su destino… Se le olvidó a Rodrigo que la encargada de negocios de la Embajada Americana, quien era en esa época la representante oficial del gobierno americano, se “pavoneó” libremente en las instalaciones del TSE cuantas veces quiso, en constantes reuniones con sus magistrados quienes le reverenciaban obediencia; sin ningún respeto al principio de la soberanía política de los pueblos. Eso a la inversa jamás se habría dado en el caso de nuestro embajador en los Estados Unidos en procesos electorales de aquel país.

Finalmente y con mucho gusto, para que se informe debidamente y forme opinión pública,  ponemos a la orden de Rodrigo todas la acciones jurídicas de oposición a la inscripción ilegal por inconstitucional de Juan Orlando que interpusimos ante el TSE, y que éste no consideró; permitiendo ilegalmente dicha inscripción y llevando el proceso electoral hasta el final, con la ilegal declaratoria de presidente electo que promulgó. Igualmente le ofrecemos los expedientes judiciales que siguen sin resolverse a la fecha sobre los recursos de amparo oportunamente interpuestos ante la Sala de lo Constitucional desde hace casi cuatro años.

A manera de cierre, consideramos oportuno aclarar que esta ilustración con la verdad de los hechos que necesita conocer y difundir Rodrigo, y que como consecuencia de ello también la necesitará conocer su auditorio al que pudo confundir con ese editorial…. esta ilustración, repetimos, es para que los comunicadores sociales llamados a forjar una verdadera opinión pública no se manifiesten ni se desvíen, consciente o inconscientemente, desfigurando la misma. Otro tema sería el caso de El Salvador, con muchas similitudes al de Honduras.

Y también otro sería el porqué los Estados Unidos se hicieron de la vista gorda con lo que nos sucedió en 2017, de lo que sólo diremos lo siguiente: en ese país sus instituciones estudian y conocen muy bien las constituciones políticas de todo el mundo; y no desconocen respecto a Honduras el vigente mandato constitucional a la alternancia en la presidencia de la República y la prohibición también vigente para que el presidente del momento electoral no se reelija por ser una disposición prohibitiva contenida en el artículo 240 numeral 3 de nuestra Constitución… Sólo nos preguntamos: ¿porqué  no hizo nada Usa al respecto, y porqué en ningún momento desautorizó los múltiples desplazamientos de su encargada de negocios a lo largo del proceso electoral en las instalaciones ejecutivas del TSE?… “nunca se sabe!!!”

Septiembre 8, 2021

(Melvin López Herrera)

Para las elecciones generales de 2013, Juan Orlando en sus pretensiones de convertirse en presidente de la República utilizaba pelotones de la Fuerzas Armadas acompañándole en sus spots de campaña, violentando con ello disposiciones constitucionales con las que al instituto armado se le impone un comportamiento estrictamente apolítico.  Así fue como se hizo acompañar de pelotones de la Policía Militar del Orden Público en su campaña mediática; haciendo aparecer a la institución castrense sometida inconstitucionalmente a él; dejando con ello una enorme duda en cuanto a su participación de carácter eminentemente logístico de las Fuerzas Armadas en aquel proceso electoral, donde pasaban constitucionalmente a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral.

Ante ese abuso de quien por esa época era presidente del Congresos Nacional el pueblo se hizo muchas interrogantes todavía no respondidas: ¿dejaron de ser apolíticas las Fuerzas Armadas?; ¿están parcializándose, consciente y deliberadamente, con un determinado candidato presidencial?; ¿tienen las Fuerzas Armadas algún interés en que los resultado de las elecciones se inclinen hacia determinado candidato o candidata?; ¿pueden las Fuerzas Armadas hacerle sentir al pueblo la confianza en que este proceso será manejado con manos limpias, dentro de la transparencia debida, y que el instituto armado se apegará estrictamente a participar en el mismo dentro del marco que estrictamente le señala la Constitución?

Una vez convertido en presidente en 2014 Juan Orlando pasó a ejercer una total manipulación de las Fuerzas Armadas, a tal grado que para las elecciones generales de 2017 les hizo coludirse, bajo la responsabilidad cómplice de las tres últimas conformaciones de su Estado Mayor Conjunto; que le permitieron asumir inconstitucionalmente un nuevo mandato presidencial, sin cumplir el instituto castrense la ineludible disposición que les impone la Carta Magna: garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y actualmente sigue siendo así, cuando el Estado Mayor Conjunto -desde 2018- viene sosteniendo la actual usurpación presidencial condenada por la Constitución de la República en su artículo 2; y sus jefes ya politizados se atreven a dar declaraciones de respaldo estrictamente político al gobernante de facto, tratando de justificar lo injustificado: la usurpación actual de la presidencia de la República, cuando los artículos constitucionales 2 párrafo segundo y 240 numeral 3 exigen la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia, y prohíben la reelección de quien es jefe superior de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado.

Así, con esa trayectoria política Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido y continúa siendo el mayor y más peligroso enemigo de las Fuerzas Armadas; al manipularlas a su conveniencia personal hasta hacerlas salirse sumisamente del marco de acción que la Constitución les señala y les impone, y hacerles desobedecer el ineludible mandato constitucional de garantizar la “alternabilidad” en la presidencia de la República.

Para este nuevo proceso electoral que concluirá en noviembre Juan Orlando, un súper genio del maquiavelismo político catracho, ha salido mediáticamente tratando de enfrentar a las Fuerzas Armadas con la mayor parte de la ciudadanía constituida en la oposición a su gobierno usurpador; manifestando irresponsablemente como lo acostumbra con su conducta pública, que “algunos políticos están planteando pensar en un debate de un Estado sin Fuerzas Armadas”.

¿Qué persigue ahora Juan Orlando?… ¿mantenerse dentro de su improcedente proselitismo político -ya de salida- para continuar como figura insustituible dentro del Partido Nacional opacando con ello al candidato presidencial que pasa a un segundo plano?; ¿intensificar la duda ya sembrada acerca de que desde la sombra política dará su salto felino para remplazar en el presente proceso electoral al candidato ganador de su partido político en las pasadas elecciones primarias?; ¿asegurarse para sí la continua complicidad  y colusión de las Fuerzas Armadas hasta lograr su objetivo de retener inconstitucionalmente el poder?; ¿contar con el apoyo del instituto castrense para asegurar su ya judicialmente en riesgo libertad personal una vez que le toque abandonar el trono usurpado?; desestabilizar y hacer fracasar el actual proceso electoral para provocar una nueva crisis política mayor que la que generó en 2017 donde violó la Constitución, y donde él sería el mayor beneficiado de esta nueva crisis?

Juan Orlando se atreve a denunciar sin ningún fundamento que la oposición política está pensando en  un Estado sin Fuerzas Armadas. Esa falsedad en las irresponsables declaraciones  del gobernante de facto se confronta con la realidad de estarnos heredando -él, Juan Orlando- un Estado sin territorio nacional. Porque es indiscutible que con el sostenimiento inconstitucional de las ZEDE’s el gobernante de facto está limitando la función constitucional de las Fuerzas Armadas y con ello reduciéndola a su mínima finalidad con relación a sus principales funciones concebidas en nuestra Carta Magna al momento en que fueron instituidas: la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República; y como consecuencia de esa fatal herencia, la reducción y casi desaparición del Estado de Honduras, al entregar el territorio nacional al dominio extranjero, plantando Estados foráneos dentro de nuestro Estado.

Le queda a las Fuerzas Armadas, por medio de su Estado Mayor Conjunto, decidir continuar o no dentro de la complicidad y colusión que le han venido dispensando a quien continúa usurpando la presidencia de la República… O se despolitizan desmarcándose del gobernante de facto, o continúan, con su actual complicidad y colusión, delinquiendo contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra el pueblo soberano.

Agosto 31, 2021

(Melvin López Herrera)

Para las elecciones generales de 2013, Juan Orlando en sus pretensiones de convertirse en presidente de la República utilizaba pelotones de la Fuerzas Armadas acompañándole en sus spots de campaña, violentando con ello disposiciones constitucionales con las que al instituto armado se le impone un comportamiento estrictamente apolítico.  Así fue como se hizo acompañar de pelotones de la Policía Militar del Orden Público en su campaña mediática; haciendo aparecer a la institución castrense sometida inconstitucionalmente a él; dejando con ello una enorme duda en cuanto a su participación de carácter eminentemente logístico de las Fuerzas Armadas en aquel proceso electoral, donde pasaban constitucionalmente a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral.

Ante ese abuso de quien por esa época era presidente del Congresos Nacional el pueblo se hizo muchas interrogantes todavía no respondidas: ¿dejaron de ser apolíticas las Fuerzas Armadas?; ¿están parcializándose, consciente y deliberadamente, con un determinado candidato presidencial?; ¿tienen las Fuerzas Armadas algún interés en que los resultado de las elecciones se inclinen hacia determinado candidato o candidata?; ¿pueden las Fuerzas Armadas hacerle sentir al pueblo la confianza en que este proceso será manejado con manos limpias, dentro de la transparencia debida, y que el instituto armado se apegará estrictamente a participar en el mismo dentro del marco que estrictamente le señala la Constitución?

Una vez convertido en presidente en 2014 Juan Orlando pasó a ejercer una total manipulación de las Fuerzas Armadas, a tal grado que para las elecciones generales de 2017 les hizo coludirse, bajo la responsabilidad cómplice de las tres últimas conformaciones de su Estado Mayor Conjunto; que le permitieron asumir inconstitucionalmente un nuevo mandato presidencial, sin cumplir el instituto castrense la ineludible disposición que les impone la Carta Magna: garantizar la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y actualmente sigue siendo así, cuando el Estado Mayor Conjunto -desde 2018- viene sosteniendo la actual usurpación presidencial condenada por la Constitución de la República en su artículo 2; y sus jefes ya politizados se atreven a dar declaraciones de respaldo estrictamente político al gobernante de facto, tratando de justificar lo injustificado: la usurpación actual de la presidencia de la República, cuando los artículos constitucionales 2 párrafo segundo y 240 numeral 3 exigen la “alternabilidad” en el ejercicio de la presidencia, y prohíben la reelección de quien es jefe superior de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado.

Así, con esa trayectoria política Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido y continúa siendo el mayor y más peligroso enemigo de las Fuerzas Armadas; al manipularlas a su conveniencia personal hasta hacerlas salirse sumisamente del marco de acción que la Constitución les señala y les impone, y hacerles desobedecer el ineludible mandato constitucional de garantizar la “alternabilidad” en la presidencia de la República.

Para este nuevo proceso electoral que concluirá en noviembre Juan Orlando, un súper genio del maquiavelismo político catracho, ha salido mediáticamente tratando de enfrentar a las Fuerzas Armadas con la mayor parte de la ciudadanía constituida en la oposición a su gobierno usurpador; manifestando irresponsablemente como lo acostumbra con su conducta pública, que “algunos políticos están planteando pensar en un debate de un Estado sin Fuerzas Armadas”.

¿Qué persigue ahora Juan Orlando?… ¿mantenerse dentro de su improcedente proselitismo político -ya de salida- para continuar como figura insustituible dentro del Partido Nacional opacando con ello al candidato presidencial que pasa a un segundo plano?; ¿intensificar la duda ya sembrada acerca de que desde la sombra política dará su salto felino para remplazar en el presente proceso electoral al candidato ganador de su partido político en las pasadas elecciones primarias?; ¿asegurarse para sí la continua complicidad  y colusión de las Fuerzas Armadas hasta lograr su objetivo de retener inconstitucionalmente el poder?; ¿contar con el apoyo del instituto castrense para asegurar su ya judicialmente en riesgo libertad personal una vez que le toque abandonar el trono usurpado?; desestabilizar y hacer fracasar el actual proceso electoral para provocar una nueva crisis política mayor que la que generó en 2017 donde violó la Constitución, y donde él sería el mayor beneficiado de esta nueva crisis?

Juan Orlando se atreve a denunciar sin ningún fundamento que la oposición política está pensando en  un Estado sin Fuerzas Armadas. Esa falsedad en las irresponsables declaraciones  del gobernante de facto se confronta con la realidad de estarnos heredando -él, Juan Orlando- un Estado sin territorio nacional. Porque es indiscutible que con el sostenimiento inconstitucional de las ZEDE’s el gobernante de facto está limitando la función constitucional de las Fuerzas Armadas y con ello reduciéndola a su mínima finalidad con relación a sus principales funciones concebidas en nuestra Carta Magna al momento en que fueron instituidas: la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República; y como consecuencia de esa fatal herencia, la reducción y casi desaparición del Estado de Honduras, al entregar el territorio nacional al dominio extranjero, plantando Estados foráneos dentro de nuestro Estado.

Le queda a las Fuerzas Armadas, por medio de su Estado Mayor Conjunto, decidir continuar o no dentro de la complicidad y colusión que le han venido dispensando a quien continúa usurpando la presidencia de la República… O se despolitizan desmarcándose del gobernante de facto, o continúan, con su actual complicidad y colusión, delinquiendo contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra el pueblo soberano.

Agosto 31, 2021

(Melvin López Herrera)

Últimamente ha recobrado discusión y debate mediático el tema de las mal llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE) que fue el parto tenebroso y maquiavélico que se gestó a través de un concebido plan en el Congreso Nacional en los años 2012 y 2013, donde se violó y destruyó nuestra Constitución de la República, con la complicidad por inacción de la Fiscalía General de la República y el sometimiento al actual gobernante de facto por parte  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009 – 2016, y ahora con la del período actual como consecuencia de la reciente Resolución emitida por mayoría de su Pleno, aprobando el establecimiento de la jurisdicción especial dentro de las ZEDE. 

Todo ello no es otra cosa que el toque final que se le está dando, dentro de la mayor impunidad y con categoría de traición a la Patria, a la confirmación y habilitación de un Estado dentro de nuestro propio Estado; con lo que se ha vendido o hipotecado nuestra soberanía, destruyendo con ello nuestra identidad colectiva de nación y de país, y propiciando oficialmente el asentamiento en dichas zonas de un moderno sistema de esclavitud laboral en pleno siglo XXI en donde ni la garantía constitucional del derecho al trabajo ni el Código del Trabajo tendrán vigencia protectora para quienes luchan honradamente para procurarse el sustento familiar. Todo ello ha llevado al total resquebrajamiento del Estado de derecho en nuestra atropellada Honduras.

En este período eleccionario se ha encendido nuevamente la pira gubernamental con nuevas acciones que vienen a ahondar el grado de violación a nuestra carta fundamental y leyes secundarias, siendo entre otras esa reciente Resolución de la CSJ; con la que han terminado de hundir el Estado de derecho. Con todo esto se busca que la oposición política caiga en la  trampa que el partido de gobierno y el gobernante de facto le están tendiendo para que ese tema de las ZEDE sea el artificio electorero de quienes quieren permanecer detentando el poder político a toda costa; engañando e ilusionando a un pueblo más que humillado.

Y es allí precisamente donde está la trampa que el Partido Nacional y el gobernante de facto piensan tenderle a la oposición política en este proceso electoral, atrayéndole con este espinoso tema a su propio “ring” de boxeo, pretendiendo evadir la vindicta pública que ya ven venir este 28 de noviembre; haciendo para ello uso de las herramientas que bajo su control disponen: el hambre y necesidad de un pueblo; el engaño al elector con el espejismo que le presentan al anunciarle masiva generación de empleo a través de las ZEDE; el control que ejercen sobre los medios de comunicación social con cadenas radio televisivas, anuncios y pautas con las que enajenan a la nación. Notorio es cómo desde un telenoticiero vespertino de la capital, sus máximos conductores se han convertido en guerreros defensores de este desgobierno y de las “zonas de empleo y desarrollo económico”, al grado inclusive de desarrollar desde ese canal toda una propaganda televisiva promoviendo el paraíso que falsamente se ofrece desde dichas ZEDE.

No se trata que no nos deba importar estos recientes acontecimientos relacionados con el fortalecimiento inconstitucional de las ZEDE que nos deja la Resolución de la CSJ.  Definitivamente es una obligación de todo bien nacido hondureño el luchar por rescatar el Estado de derecho, el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución que nos manda su artículo 375, y darlo  todo por el rescate de la soberanía nacional ahora cercenada con ese proyecto desarrollado e impuesto inconstitucionalmente en 2012 y 2013 desde el Congreso Nacional, con el que se dio vida a las inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”, las que al final se habrán convertido en paraísos fiscales y criminales dentro de nuestra geografía política.

Se trata de que al Partido Nacional y al gobernante de facto, que ya ven venir el castigo de la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre, no les conviene que se le recuerde al pueblo elector el fracaso en la atención indebida con la actual pandemia, que es responsabilidad del gobierno y que tantas vidas ha cobrado; ni el robo ni la estafa al Estado y a la nación con la compra y traída de los hospitales móviles, cuya responsabilidad final recae en el gobernante de facto debiendo responder por ello, ya que al tenor de los numerales 18 y 19 del artículo 245 constitucional es él quien debe velar por la conducta oficial de los funcionarios públicos y quien debe administrar (transparentemente) la Hacienda Pública; ni tampoco el derroche millonario generado desde la famosa “tasa de seguridad”, ya deficitaria, con la injustificable compra de una exagerada flota de vehículos blindados cuyo escándalo surgió recientemente a la luz pública, etc.

Tampoco les conviene que el pueblo elector esté consciente de los grandes actos de corrupción generados por este desgobierno y la impunidad decretada oficialmente desde el Poder Legislativo y refrendada por el Poder Judicial, con reformas también inconstitucionales a leyes con las que han propiciado la evasión de la justicia volviendo inefectiva la acción pública en la persecución del delito, que por disposición constitucional corresponde al Ministerio Público, no importa la calidad y legitimidad cuestionadas de quien actualmente ejerza su titularidad.  Igualmente no les conviene, trabajando para ello desde las tinieblas, que una verdadera oposición política se constituyera en alianza electoral para el proceso de noviembre próximo.

Es por eso que el Partido Nacional y el gobernante de facto han confeccionado su formato de campaña electoral pretendiendo que esos temas y hechos denunciados en los dos párrafos anteriores se mantengan en la oscuridad y el olvido, para que no graviten sobre el venidero proceso electoral.  Prefieren llevar a la oposición a otro escenario, a su propio “ring” político donde querrán desinformar a una población electora, en este caso sobre las falsas bondades de aquellas “zonas de empleo y desarrollo económico”, con la que entregaron la soberanía nacional y donde ni el salario mínimo consensuado por las partes o decretado por el Estado tendrá vigencia en favor de quienes por necesidad o por hambre emigren o les fuercen a emigrar hacia esas zonas.  

Así, imponiendo cadenas radio-televisivas y difundiendo propaganda gubernamental  donde su costo es conmutable con  impuestos, pretenden confundir en su afán de vencer la conciencia y la indignación de un pueblo ofendido; aturdiéndole con abundantes falsos positivos con que nos bombardean en cada momento sobre las falsas bondades de las indiscutiblemente inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”. Y con ese formato de su campaña electoral pretenden embaucar al pueblo para conseguir su voto. ¿Caeremos en su trampa?

Junio 21, 2021

(Melvin López Herrera)

Recientemente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) hizo público un importante comunicado emitido colegiadamente por esa institución, por medio de su Junta Directiva de la que Juan Carlos Sikaffy es su Presidente.  Ese comunicado surgió como una necesidad del Cohep de no quedarse en el silencio sobre lo acontecido con la creación de tres zedes que no pasaron por la aprobación obligada de mayoría calificada (dos terceras partes de sus miembros) del Congreso Nacional, con lo que esas tres aprobaciones violentan la disposición constitucional en el párrafo sexto del artículo 329, que manda que sea el Congreso Nacional el que deberá aprobar la creación de cualquier zede, independientemente de que se lleve a cabo en zonas de baja densidad poblacional; pues lo único que se obvia en este caso particular (en las zonas de baja densidad poblacional) es el requisito de la celebración de un plebiscito a realizarse conforme el procedimiento establecido en el artículo 5 constitucional; pero la aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional se mantiene como atribución exclusiva de ese órgano, y que no puede atribuírsela nadie más.

Igualmente el Cohep señaló en su comunicado que es inconstitucional una interpretación del Congreso Nacional a la Ley de Impuesto sobre Ventas por la que se le otorga un beneficio a las zedes que no está contemplado en su ley orgánica. Para lograr un efecto modificatorio en la Ley de las zedes, la cual sólo puede ser modificada con voto calificado del Congreso Nacional, se introdujo esa interpretación a la Ley de Impuesto sobre Ventas; simplemente para evadir y burlar el requisito único legal de la exigencia del voto calificado del Congreso Nacional para modificar la ley orgánica de las zedes.

Ante esas situaciones el comunicado del Cohep es categórico en el sentido de que su Resolución número 28-02-06-21 del 2 de junio de 2021 emitida después de haber recibido y aprobado el correspondiente informe técnico jurídico de su Comité de Directores encomendado al efecto, establece que ambos hechos relacionados con la creación de tres zedes donde no intervino el Congreso Nacional y la interpretación que se le hace a la Ley de Impuesto sobre Ventas son ambas inconstitucionales, y constitutivo de alto riesgo para quienes se aventuren a invertir en esta zonas; por la ilegalidad que se dio con las mismas.

Como consecuencia del pronunciamiento enérgico del Cohep en su comunicado, no tardó el gobernante de facto en amenazar públicamente con quitarles la administración y el beneficio que hace años les otorgó el Gobierno para la venta y distribución de los marchamos que se utilizan para asegurar la inviolabilidad de los contenedores utilizados en operaciones aduaneras de exportación, y que representa un considerable ingreso autorizado al Cohep.

Ha sorprendido la reacción inmediata de Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, quien en lugar de salirle al paso al gobernante de facto contra la amenaza proferida, se ha pronunciado públicamente mediante su cuenta de tweets afirmando que “estoy de acuerdo con las zonas de empleo y desarrollo, siempre y cuando le otorguen los mismos beneficios a todas la empresas nacionales y extranjeras que operan a nivel nacional”

Realmente esa salida a título personal del presidente del Cohep, en donde es fácilmente identificable que se divorcia del pronunciamiento colegiado de su Junta Directiva, deja un mal sabor a la nación.  Es obvio que con ese pronunciamiento se aleja de mantenerse firme en la posición colegiada del Cohep, para dejar navegando solos a los restantes integrantes de la junta directiva ante esta lucha que debe ser de todos los hondureños por restablecer el Estado de derecho, altamente cercenado por el Partido Nacional hecho gobierno y con la colusión de la institucionalidad del Estado cuya misión debe ser fortalecerlo, en lugar de destruirlo.

Y preocupa ciertamente esa posición personal del presidente del Cohep por dos razones fundamentales: Una de ellas es que pareciera que para él pesó más el efecto de la amenaza del Juan Orlando sobre los marchamos, que la plena convicción de lo que acontece jurídicamente con las zedes y la necesidad de que se mantenga en una posición de la que no se puede claudicar  junto con el resto de los miembros de la junta directiva con relación al comunicado ya referido.

La otra es, que tenemos presente cuando en ocasión de sus participaciones en cadenas realizadas en torno a la actual pandemia, tuvo la oportunidad de pronunciarse públicamente en dos ocasiones como presidente del Cohep, manifestando que esa institución está en contra de la reelección presidencial (como una eventualidad del actual gobernante de facto) por ser inconstitucional.  Y nos preguntamos: ¿Qué pasaría si de pronto el presidente del Cohep cambia su posición sostenida colegiadamente y nos da la sorpresa de manifestarse personalmente a favor de una eventual reelección de Juan Orlando?. Esto es algo que se debe pensar y analizar seriamente pues una variante en el pensamiento de Juan Carlos Sikaffy, tomando en cuenta que es el presidente del gremio empresarial de la nación, puede arrastrar al empresariado hondureño a facilitar nuevamente, como lo hizo con su silencio y con su inacción en 2017, que Juan Orlando vuelva a violar la Constitución pretendiendo reelegirse y mantenerse en el poder desde el poder mismo.

Ya el Cohep cuando, por medio de su presidente, se pronunció públicamente contra la reelección presidencial; nos dio un cierto alentador respiro sobre el desenvolvimiento del actual proceso electoral, y con ello ha hecho mantener las esperanzas en cuanto a que no nos enfrentaremos a una crisis como la de 2017, esta vez con más indeseables como inescrutables consecuencias.

El Cohep debe darle la importancia debida a estas declaraciones personales de su actual presidente. Está llamado a tratar a lo interno y de inmediato este delicado asunto; y hacer ver a la nación que se mantiene invariable ante el comunicado reciente que hizo respecto a las zedes, y reconfirmarle a la nación que mantiene su posición invariable en contra de la reelección presidencial por ser inconstitucional… sobre todo esto último, tomando en cuenta que ya corren muchos rumores sobre el destino final del candidato presidencial del partido político que hecho gobierno, ha sido el constructor de las mayores desgracias para la nación entera.

Junio 13, 2021

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