(Melvin López Herrera)

Sr.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO,

Presente:

Señor Hernández:

Actualmente la nación entera está pendiente de los acontecimientos que están surgiendo, que repercuten en nuestro entorno y sobre los que no podemos mantenernos indiferentes, tomando en cuenta que sobre nuestra actitud personal pesa una responsabilidad colectiva que no es otra cosa que la garantía por parte de todos para el buen suceso del bienestar sanitario, económico y social de la nación entera como consecuencia de la actual pandemia; y con ello la debida transparencia que debe observarse en el manejo de los recursos asignados a enfrentar la crisis, en donde los únicos responsables son quienes conducen las cosas de Estado, independientemente de la condición de ilegitimidad en que se encuentren, como es su caso particular al frente del Poder Ejecutivo.

La pandemia del Covid 19 nos podría arrastrar a todos, si nos desentendemos de nuestro esfuerzo personal y colectivo, hacia un destino indeseado como irreversible con tremendas repercusiones en la vida de hasta nuestras futuras generaciones.

Actualmente con el manejo de esta crisis aunado al hecho de conformar un país pobre con grandes endeudamientos a futuro, ello no ha sido tan fácil. Y los grandes sacrificios que se le han impuesto al pueblo con el efecto de enormes préstamos que más adelante pagaremos cada uno de nosotros o nuestros descendientes; esos sacrificios se han traducido en la más viles de las ofensas por parte de los responsables superiores dentro de las instituciones del Estado autorizadas para operar compras directas (sin ningún proceso de licitación pública) donde la finalidad de las mismas, que no es otra cosa que facilitar su ejecución abreviada para atender oportunamente las exigencias en esta crisis, en la práctica se ha orientado a abrir la puerta para cometer las peores atrocidades con los escasos recursos del pueblo; y en algunos casos sin ninguna separación de los responsables de esas instituciones donde se han cometido tales atracos, más su respectivo sometimiento a la justicia; y donde usted señor Hernández se convierte en el responsable final al mantener en sus cargos de una manera inexplicable a quienes han sido denunciados públicamente en la comisión de esos hechos.

Paradójicamente a su silencio e indiferencia ante estos abusos, que técnica y científicamente han sido probados públicamente hasta por el CNA, observamos la frecuencia con la que aparece usted en sistemáticas cadenas de radio y televisión dando repetidos y hasta elementales consejos a la nación en algunos casos. Ante sus reiteradas comparecencias nos preguntamos si detrás de esas cadenas su interés y objetivo es realmente buscar un desinteresado acercamiento con el pueblo y darle un aliento de esperanza en esta crisis; o es acaso un intento propio suyo de levantar su imagen personal con otros propósitos (¿?). Nos hacemos la anterior interrogante porque no podemos ni podremos ignorar ni olvidar sus obsesivas ambiciones políticas con las que se ha dejado llevar, al grado de empoderarse del sillón que ilegalmente ocupa y del cual posiblemente no querrá desprenderse en ningún momento y por ningún motivo.

Con relación a lo anterior, no debo pasar por desapercibida su conducta política que llama a mi deber ciudadano que me imponen los artículos constitucionales  40 numeral 1 y 375; el primero que me exige irrenunciablemente cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes y el segundo que también me exige irrenunciablemente la colaboración obligada para el restablecimiento y vigencia de la Constitución, cuando ha sido modificada por procedimientos indebidos no considerados en la misma Carta Magna; debiendo accionar oportunamente ante ese mandato constitucional en el caso que usted esté aprovechando sus comparecencias -no lo estoy afirmando- en la actual crisis de la pandemia, hasta para editar anticipadamente material de futuras campañas electorales para su partido político y… porqué no para usted mismo si es que tiene en mente volver a violentar nuevamente la Constitución de la República.

En consecuencia señor Hernández hago pública las siguientes preguntas directas para usted y para una respuesta contundente y sin evasivas  de su parte:

1.- ¿Está consciente que la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la Presidencia de la República que manda el vigente párrafo segundo del artículo cuatro (4) constitucional está en consonancia con el también vigente artículo 240 numeral tres (3) de la misma, que dispone prohibitivamente que no pueden ser elegidos Presidente de la República los jefes superiores de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Policía y de Seguridad del Estado?

2.- ¿Ha pensado nuevamente saltarse la tranca constitucional para pretender una nueva reelección proscrita en nuestra Carta Magna?

3.- ¿Pretende usted inconstitucionalmente prorrogar su permanencia en el cargo que está ilegalmente ejerciendo, más allá del 27 de enero de 2022?

4.- ¿Es acaso lo circunstancial de esta pandemia el asidero suyo, como caído del cielo, para justificar par sí un continuismo en el cargo que ilegalmente ocupa en la actualidad, que a todas luces sería nuevamente violatorio a la Constitución?

Estas obligadas preguntas de quien le escribe y que usted inevitablemente debe contestarlas en forma contundente y obligada a la nación entera, nacen de la omisión observada por los comunicadores sociales quienes, teniendo la facilidad de contar con micrófonos y cámaras permanentemente a la orden y con mayores oportunidades que nosotros, serían los mayormente exigidos a formulárselas desde ya en las circunstancias actuales en que nos encontramos respecto a la pandemia, respecto a la vergonzosa administración de los recursos financieros destinados sagradamente a la atención de la actual crisis sanitaria, y circunstancialmente como producto de las últimas noticias surgidas a la luz pública desde órganos de justicia internacionales.

Confiamos en que se sentirá comprometido con la nación entera en aclarar, a la brevedad y con las debidas respuestas a estas preguntas, las circunstancias relacionadas con sus comparecencias en las cadenas radio-televisivas, donde permanecemos en la incertidumbre de que si su participación en dichas cadenas va o no va más allá de su accionar exclusivamente en torno al combate a la pandemia misma.

Hago de su conocimiento mi carta abierta por este medio, debido a la dificultad en hacer llegar la misma a casa de gobierno; con lo cual confío en que se dará por enterado de su contenido y comprometido con su debida como impostergable respuesta… no hacia mi persona, sino hacia la nación entera; que clama por una paz social dentro de una verdadera democracia y el debido respeto a la Constitución y las leyes.

Nos quedamos a la expectativa de su impostergable respuesta.

Mayo 1, 2020

(Melvin López Herrera)

“Después del trueno, Jesús María”. Ya están anunciando que las operaciones de compras de emergencia con motivo de la pandemia, serán encargadas a Naciones Unidas; como consecuencia de los grandes escándalos que han salido a la luz pública, donde se ha evidenciado el descarado manoseo y robo en las adquisiciones realizadas por las instituciones del Estado autorizadas para manejar las mismas.

Esto era de esperarse…. en esta “piñata virus” se ha estado jugando con balón adelantado. Estamos ante un gobierno nacionalista que lleva tres períodos consecutivos, donde se ha caracterizado por los grandes como impunes latrocinios, contra las débiles arcas del Estado y en donde apenas unos pocos están siendo juzgados, sin alcanzar el brazo de la justicia a quienes, desde la cúspide delincuencial, han sido los verdaderos peces gordos en la comisión de esos delitos.

Debemos reconocer que históricamente en todos los gobiernos ha habido malversación en los fondos del Estado, constituidos por los impuestos pagados por todos los hondureños y la deuda pública nacional e internacional contraída y con la que ha quedado hipotecada la nación en sus futuras generaciones. Pero es indiscutible que el partido político actualmente en el poder ha sido y sigue siendo el más corrupto al momento de volverse gobierno.

Basta recordar los grandes escándalos como el desfalco al Seguro Social, desde donde inclusive se alimentó millonariamente a ese partido político para atender sus campañas electorales; la gran millonada que se filtró a particulares a través de una de la Secretarías de Estado y cuyo proceso judicial fue identificado como “la caja de Pandora” y donde ha sido señalada la alta cúpula que nos ha gobernado; pero sin juzgársele. Igualmente cómo desde el Congreso Nacional se han reformado leyes con el único fin de que la justicia no alcance a ese foco de corrupción enquistado en ese poder del Estado controlado por el Partido Nacional, y con el soporte de  algunos diputados de la oposición quienes a la hora de pronunciarse con su voto se les han adherido, lo más seguro que a cambio de algún beneficio pues, no haya almuerzo gratis. Bajo ese conocido perfil, no podía esperarse otra cosa de quienes nos gobiernan.

Con la emisión del Decreto Legislativo dándole vida a la “LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19” en la que, entre otras cosas, se autorizó la compra directa por la emergencia a Copeco, Invest-H y a la Secretaría de Salud; en la ejecución de esas autorizaciones sin el menor ápice de vergüenza (que nunca se tendrían) ni de temor alguno, se han saqueado los fondos del Estado que en este caso de la pandemia deberían ser sagradamente administrados.

El gobernante de facto en el caso de Copeco hizo sustituir a su cabeza por otra persona, sin que ello sirva para garantizar a la nación que a partir de allí las cosas serán manejadas con manos puras.  Las otras dos autoridades dentro de las otras dos instituciones siguen capitaneando las acciones relacionadas con la pandemia. Pero es sorprendente que en el caso de Invest-H las cosas sigan igual pese a los grandes escándalos que se han hecho públicos en las compras sobre valoradas, y donde se han operado millonarias adjudicaciones de las mismas a personajes vinculados en otros negocios con Invest-H; y en otros casos a vendedores que resultaron ser familiares, descendientes o parientes, de otros funcionarios del Estado y de altas autoridades del Cohep.  Y a pesar de ello no ha habido remoción en la persona que está al mando de aquella institución.

En estas operaciones emergentes, derivadas del combate a la pandemia, no se le ha querido dar la participación debida al CNA ni a FOSDEH, las que serían las únicas instituciones creíbles en la necesaria veeduría a practicar a las ejecutorias de las tres instituciones que tienen carta libre para realizar compras directas, con lo que queda suspendido el procedimiento regular de las mismas que incluye la debida apertura a licitaciones públicas.  Y con ese marginamiento es indiscutible que, sin la participación de CNA y FOSDEH habrá ninguna garantía de haber administrado con la debida pureza la administración de los recursos financieros autorizados, que suman cuantiosos millones de lempiras. Con la designación del Fonac y el Cohep en la veeduría de estas operaciones de emergencia, no podría ni puede esperarse resultados concluyentes.

El Fonac recordemos que fue revivido como necesidad de darle vida al órgano paralelo del CNA con el único fin de neutralizar a este último en su accionar de combatir la corrupción. El Fonac sus altas autoridades con facultades de representación, están identificadas o integran instituciones de sociedad civil (particularmente la ASJ) que tienen encomendado por el Ejecutivo los procesos de depuración de la Policía Nacional. Y por consiguiente, quiérase o no, tienen intereses encontrados que no les permitiría desempeñarse con la idoneidad esperada; pues es difícil en esas circunstancias poner en evidencia la acción despilfarradora de este gobierno, que a su vez es quien les tiene en el mando de las tareas de depuración policial.

El Cohep por su lado es un órgano de naturaleza privada que está integrado por el mundo empresarial organizado, donde algunos de sus empresarios están entre los proveedores inmediatos en estas operaciones de compras directas autorizadas para esta crisis pandémica.  Y en estas operaciones de compraventa de insumos y equipos emergentes siempre habrá un comprador identificado como el Estado y un vendedor identificado por los empresarios; de tal forma que se juegan intereses que indudablemente entrarían en conflicto con la tarea de veeduría encomendada al Cohep.

Así, mientras no se les permita irrestrictamente al CNA y al FOSDEH su necesaria participación en las tareas de veeduría sobre las operaciones de compras directas autorizadas a las tres instituciones del Estado; por mucha información que se brinde -como la que ya hizo evidente los grandes latrocinios ejecutados- no se le puede garantizar al pueblo que se esté administrando con manos puras sus débiles recursos; pues inclusive ha circulado que algunos de los vendedores de insumos y materiales están familiarmente identificados con algunas de las autoridades del Cohep y con algunos magistrados del TSC quienes tienen la responsabilidad final en  la acción fiscalizadora del Estado.

Consideramos que asignadas las tareas de compra a Naciones Unidas, este organismo debe hacer pública en su plataforma, y en tiempo real, los procesos secuenciales en estas operaciones de compras: invitación a cotización, las cotizaciones mismas, y las concluyentes adjudicaciones.  Así, y sólo así, se la habrá devuelto la confianza a la nación sobre la correcta administración de sus recursos en estas operaciones emergentes derivadas de la pandemia. Esa transparencia informativa debería observarla Naciones Unidas en la tarea que le está siendo encomendada.

Se debe ponchar de una vez ese balón adelantado, para ponerle fin a esta “piñata virus”.

Abril 23, 2020

(Melvin López Herrera)

 No cabe duda que, en estos momentos circunstanciales que estamos experimentando como consecuencia de la pandemia del Corona Virus, todos los habitantes de la nación debemos estar en sintonía con el gobierno, independientemente de la indiscutible ilegitimidad de quien lo conduce; y hacerle frente -de una manera responsable y transparente- a esta realidad que cada día se vuelve más amenazante ante el derecho natural a la existencia con que Dios ha privilegiado a la humanidad.  Igualmente el gobierno debe ser coherente con los diferentes sectores de la nación, sobre todo con la debida inclusión de quienes por su especialidad en la materia son los únicos que conocen con propiedad las circunstancias, alcances y el tratamiento de este virus, que si no es enfrentado científica y técnicamente nos va a dar tremendas como irreversibles sorpresas al final.

Este es un esfuerzo de todos… todos.  Y aunque esta pandemia traiga efectos sociales y económicos que no deben ignorarse ni dejarse de atender, el accionar de todos, y la conducción del gobierno, debe estar mayormente centrado en las oportunas estrategias a seguir para hacerle frente a esta pandemia.

El llamado del gobierno en todo momento debe ser escuchado y atendido.  Pero ese llamado deberá necesariamente estar revestido de la ineludible responsabilidad en el manejo de este problema que es de todos, evitando imprimirle un matiz político donde se evidencie el interés sectario; debiendo primar únicamente el interés por el bienestar y la seguridad salubre de la nación entera.

Por eso los comunicados que en cadenas nacionales se transmiten por los medios televisivos y radiales deben ceñirse estrictamente a manejar un hilo efectivo de conexión entre gobierno y pueblo y en torno a mantenernos informados y prevenidos de nuestro actual estado como nación, ante los avances y combate de este virus, y desde luego informando sobre las medidas que se estén adoptando y que debamos asumir día a día de cara a esta inesperada circunstancia en que nos encontramos y sus colaterales efectos; y desde luego con la participación del personal calificado científica y técnicamente por ser conocedor de tema.

El lunes 6 de abril un periodista de un foro televisivo matutino capitalino hizo el oportuno llamado a que el gobernante revisara su participación en las diarias cadenas, haciendo énfasis en que se despojara de cualquier propósito personal protagónico; y que le diera en las mismas mayor participación a los especialistas profesionales que prácticamente han estado marginados de la comunicación con el pueblo mediante estos oficiales enlaces radio televisivos e igualmente de su participación activa en la tarea a emprender contra esta pandemia.  Ese llamado del periodista es el reconocido sentir de la población en cuanto al papel responsable que el gobernante debe estrictamente asumir… sin ánimo protagonista alguno.

Lamentablemente como tristemente sucede en todo gremio, al haber intereses personales diferenciados y hasta contrapuestos, no pasaron ni dos días cuando desde otro programa televisivo vespertino y también capitalino otro colega (como si estuviera apoyando una campaña política) saliera en defensa del gobernante y atacando al periodista que no habiéndose llamado al silencio prefirió no callar y decir lo que debió en el momento necesario; tal como nos lo recuerda el Eclesiatés bíblico: “hay tiempo para callar y tiempo para hablar”.

Quiérase o no, teniendo presente aquello también bíblico de “por sus hechos los conoceréis”, y recordando inolvidable situación particular del actual gobernante con respecto a sus declaraciones en su primer período de gobierno, en el sentido de que no aspiraría a un segundo mandato por ser y seguir siendo inconstitucional; nos llama a la duda razonable si actualmente con sus comparecencias (lejos de hacerlo con actitudes de absoluta transparencia y desinterés personal) estaría acaso editando futuros guiones televisivos que se convertirían en material de futuras campañas electorales para su partido político… y porqué no para él mismo.

Es aquí donde consideramos que los conductores de programas de foros y debates radiales y televisivos deberían preguntarle directamente al gobernante si ha considerado que eventualmente podría intentar un nuevo período presidencial inconstitucional, aprovechándose o no del estado de crisis al que podríamos llegar con lo que nos está aconteciendo con esta pandemia… y arrancarle una respuesta contundente que le comprometiera ante el pueblo.

En la noche del 7 de abril, en la cadena radio televisiva el gobernante se atrevió a informar que se está trabajando en un nuevo diseño para una nueva Honduras y para 20 años.  Independientemente de lo oportuno o no de ese anuncio nos preguntamos: ¿tuvimos que caer en la desgracia en que nos tiene actualmente el Corona Virus para que quien gobierna desde enero de 2014 y hasta la fecha. se haya decidido informar sobre la construcción de este nuevo diseño para la nación? ¿será acaso que el gobernante está aprovechando la coyuntura actual del corona virus para develar hasta este momento ese diseño de nueva Honduras con fines que sólo el conoce? ¿será acaso la mejor oportunidad que ha caído como anillo al dedo para él y para su partido político, pretendiendo imponerle al pueblo la necesidad de un nuevo continuismo inconstitucional en la conducción de los destinos de la nación, aprovechándose de la situación actual respecto a esta pandemia?

Todo esto debe aclararlo desde ya el gobernante para devolverle la tranquilidad político-social al pueblo; que ya carga con un yugo muy pesado por la pandemia que nos está afectando actualmente.  Y es deber de los conductores de los programas noticiosos y de foros y debates radiales y televisivos, verdaderamente preocupados por Honduras, no llamarse al silencio cuando su tiempo actual no es para callar. El mantenerse en un repudiado silencio ante asuntos sobre los que están moral y profesionalmente obligados en forma ineludible a abordarle al gobernante, les hará compartir irrenunciablemente de las cuotas y consecuencias de haber callado sin ninguna justificación, cuando oportunamente debieron hablar.

Abril 13, 2020

(Melvin López Herrera)

El 27 de este mes de enero de 2020 se cumplieron dos años de usurpación en la Presidencia de la República por parte de Juan Orlando Hernández Alvarado, quien se posesionó de ese cargo en abierta violación a la Constitución de la República y con la complicidad de la institucionalidad coludida que le dio entrada, cabida y estadía teniendo hasta esta fecha prohibiciones para ocupar el cargo que usurpa. Y el 18 de enero de 2020, se cumplieron exactamente dos años de haber interpuesto ante la Sala de lo Constitucional (la Sala) de la Corte Suprema de Justicia los recursos de amparo contra la ilegal (por inconstitucional) declaratoria de presidente electo proferida por el fenecido Tribunal Supremo Electoral (TSE); cuyos magistrados violentando los artículos constitucionales 4 párrafo segundo y 240 numeral 3 incurrieron en el delito imprescriptible de traición a la Patria al imponernos al actual usurpador de la Presidencia de la República, con la complicidad de la Fuerzas Armadas de Honduras, por medio de sus integrantes del Estado Mayor Conjunto, en sus tres últimas conformaciones, quienes nunca quisieron obedecer y continúan desobedeciendo el mandato constitucional de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, tal como se lo impone el artículo constitucional 272 párrafo segundo y el 1 de su ley constitutiva.

En esta aventura se involucraron también el Congreso Nacional por medio los diputados que asistieron a la imposición de la ilegal asunción presidencial, y de una manera especial su Presidente quien tuvo la osadía de no importarle la complicidad en ese delito, al tomarle la promesa de ley a quien tenía  y sigue teniendo prohibición constitucional para ocupar el cargo que actualmente continúa usurpando.

Igualmente el Fiscal General de la República quien por mandato de la Constitución y la Ley constitutiva del Ministerio Público se convierte en la primera persona llamada a resguardar la Constitución en todo lo que ésta disponga. Así el Fiscal General, lejos de cumplir con el cargo para el que también rindió su promesa de ley, se llamó y sigue llamándose al silencio y la inacción, permitiendo con ello la actual usurpación presidencial condenada en el artículo 3 constitucional

Atendiendo el deber que impone a todo ciudadano la Constitución de la República en su artículo 40 numeral 1, de “cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes”, entre varios hondureños asumimos esa responsabilidad ciudadana al presentar en fecha 18 de enero de 2018 a la Corte Suprema de Justicia a travez de la Sala de lo Constitucional varios recursos de amparo contra esa ilegal declaratoria del TSE, fundamentados en la Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).

Desde el 24 de enero de ese mismo 2018, habiendo admitido la Sala los recursos registrados dos de ellos con los números 55-2018 y 61-2018, fecha que es anterior a aquella en que se materializó la usurpación de la Presidencia de la República, esos recursos han estado prácticamente engavetados; cuando los miembros de la Sala con la participación activa y cómplice del presidente del Poder Judicial se han impuesto detener el trámite dispuesto en la LSJC inobservando los plazos improrrogables que ésta dispone para una expedita resolución; las que por tarde debieron dictarse en el mes de febrero de 2018; y con la que quedaría invalidada conforme a derecho la ilegal declaratoria del TSE y en consecuencia reversada la usurpación de la Presidencia de la República.

En el expediente 55-2018 la última actuación registrada es la del 6 de junio de 2019 donde se manda “resolver oportunamente” el recurso de amparo.  Nos preguntamos: ¿Qué pretenderá dar a entender la Sala con eso de “resolver oportunamente”?….¿Será que ese momento oportuno, para sus magistrados integrantes, es el 27 de enero de 2022 cuando tocaría asumir un nuevo período presidencial?…¿Será que para ellos no es un problema capital de Estado lo planteado en los recursos de amparo interpuestos, así como la realidad de la usurpación presidencial condenada por nuestra Constitución?

En el expediente 61-2018 la última actuación registrada tiene fecha 8 de enero de 2019, después de resolver una recusación de los miembros de la Sala. En ella  se ordena poner en trámite el recurso. ¿Qué detiene desde esa fecha a la Sala para continuar el trámite del recurso hasta dictar sentencia?

Vemos pues cómo desde niveles supremos en el Poder Judicial se ha impuesto un estilo particular de impartir justicia. ¿Será efectivamente justicia lo que desde la Sala se está impartiendo con el “engavetamiento” de tales recursos, con lo que mientras nos se resuelvan se le está dando sostenimiento a un gobierno usurpador condenado por la Constitución de la República?.  ¿No le preocupa a los magistrados integrantes de la Sala llegar a conformar el pelotón de altos funcionarios del Estado al estar igualmente, con los demás ya señalados, incurriendo en el delito imprescriptible de traición a la Patria?

Igualmente nos preguntamos: ¿Cómo es que la comunidad internacional, y de una manera particular el gobierno americano por medio de su embajada en nuestro país, no se inmutan ante la realidad jurídica nuestra, reflejada en la forma en que desde el Poder Judicial, y particularmente de la Corte Suprema, se imparte justicia en Honduras?…¿Será que para ellos pesan más sus intereses económicos que su relación de convivencia con países cuyo sistema de justicia se bota al estercolero?….¿Les importa poco o nada evidenciarse embarrados como producto de su indiferencia y hasta consentimiento y contubernio hacia esas prácticas de antidemocracia y hasta impunidad con que ha quedado estigmatizada Honduras?

Cada uno de los hondureños, incluyendo a los nacionalistas honestos, debemos de una vez alzar nuestra multi manifiesta protesta en la lucha por devolverle a nuestra nación su debido estado de derecho, que día a día se ultraja más por parte de quienes institucionalmente se coluden con el usurpador de la silla presidencial.

29 de enero de 2020

(Melvin López Herrera)

 Ya desde el Congreso Nacional (CN) la bancada nacionalista acompañada de otros diputados que en colusión con quienes manejan el dinero y el control en ese Poder del Estado no se pueden quitar la máscara como abanderados de la corrupción y la impunidad, han logrado hacer una amalgama política con fines exclusivistas para sus intereses y propósitos personales y de grupo.

La corrupta o corruptible red que opera desde el CN y que con el mínimo cinismo se conjugan armónicamente para modificar inconstitucionalmente leyes con las que se neutralizan disposiciones jurídicas orientadas a combatir la corrupción y la impunidad con que operan quienes desde el poder abusan del poder mismo para enriquecerse a costas de los escasos recursos económicos del pueblo y la hipoteca de futuras generaciones con respecto a financiamientos obtenidos de gobiernos, fuentes e instituciones externas; así como de los famosos efectos de los fideicomisos aprobados desde el Congreso.. esa conducta parlamentaria se ha querido blindar poniendo un “hasta aquí” a la pobre como débil institucionalidad que mediante acuerdos internacionales debidamente aprobados por el órgano legislativo y que como tales forman parte del derecho interno, podrían contribuir a adecentar gradualmente el estado de corrupción en que han caídos nuestras instituciones, y sobre todo el CN como el principal foco de corrupción e impunidad desde donde se protegen muchos de sus miembros.

Lo que se está experimentando con la Maccih desde el CN es un hecho evidente que pone de manifiesto la resistencia férrea de diputados corruptos que se han visto involucrados en  actos fuera de la ley y que se les tiene dentro de los procesos que se han introducido en los tribunales de la República.

La Maccih ha sido el producto de un pueblo rebelado contra el privilegio condenable de quienes desde las esferas del poder se ríen de la democracia, del estado de derecho ausente en nuestra nación, y del hambre de un pueblo que tiene que agachar la cabeza por tan solo 50 o 100 lempiras, a cambio de sostener en el poder a quienes desde el poder ofenden la dignidad de ese mismo pueblo.

Hubo de surgir esas inolvidables marchas populares que pusieron en jaque al actual mandatario de facto, para que al final conviniera con la OEA suscribir el convenio que dio vida al órgano de colaboración que con dificultad se está haciendo notar, alentando esperanzas en una nación cansada de la corrupción y la impunidad con que se ha auto retratado el partido de gobierno, los diputados de ese mismo partido ante el Congreso Nacional y de aquellos otros que integrando otras corrientes políticas dentro del hemiciclo has sabido ganarse los favores coludiéndose en sus decisiones con los propósitos de los que luchan por legalizar y fortalecer la corrupción y la impunidad dentro del Poder llamado a legislar contra esos mismos vicios delictivos.

Ya dentro de un plan bien orquestado desde el Congreso Nacional se conformó inconstitucionalmente una comisión encargada de evaluar a la Maccih; resultando de ese trabajo una moción respaldada por la bancada nacionalista y con la colusión de diputados de otras bancadas -hasta completar 71 votos- para encomendarle al Ejecutivo que no renueve el convenio constitutivo de la Maccih.

Aunque el Congreso Nacional dentro de la atribución constitucional que le reserva el artículo 205 numeral 21 puede nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional… nos preguntamos: ¿será realmente del interés nacional, o más bien de los diputados corruptos, que el convenio relacionado con la existencia y funcionamiento de la Maccih en Honduras no sea renovado por un nuevo período? ¿Hasta qué punto la creación de esa Comisión  nombrada por el Congreso refleja el interés nacional o más bien de los diputados que se sienten personalmente afectados con la participación de la Maccih en nuestro país? ¿Si realmente no hubiera diputados cuestionados ante los tribunales de justicia, habría surgido en el CN la intencionalidad de nombrar esa comisión especial para investigar el desenvolvimiento de la Maccih?

Ya el Congreso Nacional, a velocidad de rayo brindó un informe del que se ha derivado una moción para pedirle al Ejecutivo que no renueve el Convenio de la Maccih… Ahora nos queda por esperar qué va a decidir el Ejecutivo. ¿Será acaso que el gobernante de facto se coludirá con los diputados corruptos del CN interesados en la defunción de la Maccih en nuestro país? ¿Se aprovechará el gobernante de facto para pretender introducir cambios al contenido esencial del Convenio para proteger a sus correligionarios corruptos  quienes sienten pasos de animal grande con la participación de la Maccih?

De lo que sí no nos cabe duda alguna es que en comparación con el sentimiento de los años 15 o 16 para que se instalara en Honduras una “Cicig”; ahora ese sentimiento se ha multiplicado y somos más los hondureños interesados en que el Convenio relacionado con la Maccih sea renovado, como una lucha permanente del pueblo contra la corrupción y la impunidad que tan destruidos nos tiene como país y como nación.  No se quiere ni se espera que desde el CN los diputados continúen a sus anchas disfrutando de los privilegios de la corrupción y la impunidad con que la mayoría de ellos ha hecho su indesprendible estilo de vida política.  El pueblo debe mantenerse alerta ante esta amenaza latente con que diputados corruptos del Congreso Nacional quieran salirse con la suya. Es impostergable que el Convenio sea renovado al menos por cuatro años más.

Diciembre 13, 2019

(Melvin López Herrera)

Para todo hondureño bien nacido no pueden pasar por desapercibidos los preceptos constitucionales dedicados a la “ciudadanía”, en donde en su artículo 38 se señala entre otros que todo hondureño está obligado a defender la Patria y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación… esto último no es otra cosa que procurar y luchar por un verdadero estado de derecho, para alcanzar el verdadero fortalecimiento de la institucionalidad; que no se logra sin hacer prevalecer la Constitución y las leyes por sobre todas la cosas.

Por su lado el artículo 40 constitucional señala entre diversos deberes del ciudadano: “cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes”; abarcando con la calidad de ciudadano incluso, a quienes estén de alta en las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.

Y en el artículo constitucional 272 en su párrafo primero le da un ineludible mandato a las Fuerzas Armadas  al definirle como una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante; agregando en su párrafo segundo la razón de su existencia, entre otros, para mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Quienes en la misión operativa de las Fuerzas Armadas, y particularmente dentro de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las mismas, quieran perderse, no por desconocimiento, de esa alta responsabilidad a la que están sometidos dentro de ese cargo; no cabe duda que su conducta punible no puede tipificarse penalmente más que como de traidores a la Patria y con la correspondiente imprescriptible sanción penal; que deberán cargar en cualquier momento en que en nuestro país se restablezca la debida administración de justicia.

En el pasado reciente y en los días en curso ha sido notoria por pública la participación inconstitucional del General Ponce Fonseca, actual Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien sin empacho ni vergüenza, ni respeto a la Constitución y las leyes, se ha atrevido a violentar la conducta apolítica y no deliberante que le impone la Constitución y la misma Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.  Ya antes con su inacción tras las elecciones generales de 2017, al no obedecer el precepto constitucional que impone al cuerpo armado asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, se convirtió en traidor a la Patria cargando de por vida la sanción punible que deberá soportar cuando sea juzgado en cualquier tiempo.

El 20 de agosto de 2019 en un programa radial de HRN, en una pretensión de sabiduría e ignorancia jurídicas se atrevió a manifestar que las Fuerzas Armadas seguirán respetando el estado (¿?) de derecho; y avalando la reelección ilegal de JOH.  Estas irresponsables declaraciones cayeron como un abominable balde de agua fría en quienes tuvimos la desdicha de escucharle, y como una burla a la sabiduría y dignidad del pueblo.  En la fecha calendarizada para las Fuerzas Armadas apareció en diferentes medios de comunicación social, después de un desfile intimidatorio de las FFAA, volviendo a inmiscuirse en política y ratificando su desobediencia al mandato constitucional que obliga a “la alterabilidad” ya referida.

Y lo más reciente fue una declaración pública en Radio América, donde sugiere desarrollar una encuesta mediante la cual se consulte el grado de popularidad y reelección del actual gobernante de facto… mismo que las FFAA mantienen ilegalmente en el cargo que dicha institución está llamada a proteger de toda usurpación, como actualmente está ocurriendo.

Con este Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA se dio algo insólito cuando sin haberse sometido a la aprobación constitucional del Congreso Nacional, tal como lo manda la Constitución de la República en su artículo 205 numeral 17; se atrevió a recibir una condecoración de gobierno extranjero como el de Estados Unidos de América por medio del Comando Sur.  Este artículo constitucional es muy categórico al señalar entre las atribuciones indelegables del Congreso Nacional (numeral 17) la de “conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar cargos o condecoraciones de otro Estado”.  Y lo inaudito como insólito resulto ser que esa inconstitucional ceremonia llevó consigo el beneplácito presencial y personal del gobernante de facto y del Presidente del Congreso Nacional donde jamás se sometió a su debida aprobación esa condecoración inconstitucionalmente recibida por Ponce Fonseca y que lo convierte una vez más en traidor a la Patria.

¿Cómo contralar la conducta reiteradamente violatoria del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA?… ¿Cómo lograrlo si, contario a ello, el titular ilegal del Ejecutivo y el del Congreso Nacional comparecieron como cómplices en esa inconstitucional ceremonia?

Como buenos hondureños, sabedores y reconocedores de las obligaciones ciudadanas que nos impone el artículo constitucional 40 numeral 1 (cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes) debemos exigirle al General Ponce Fonseca que se abstenga de desobedecer las restricciones que la Constitución y la Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas le imponen desde el cargo que ocupa. Ponce Fonseca, al margen de la complicidad de sus autoridades superiores,  debe mantenerse dentro de la apoliticidad  y la no deliberancia a la que le tiene sometido el artículo 272 párrafo primero constitucional.

Igualmente importante como imprescindible es que desde los debates y foros radio televisivos se abstengan de darle cabida en sus espacios al General Ponce Fonseca, quien asiste a esos eventos con deliberada desobediencia a las restricciones constitucionales que le son impuestas mientras ocupe ese cargo y pretendiendo levantarle imagen al gobernante de facto, como si se estuviera en una abierta campaña electoral.  Y no es que con ello se esté atentando contra la libertad de expresión… sucede únicamente que desde los medios de comunicación social, el darle cabida es incurrir en complicidad con su desacato a la Constitución.  Para los comunicadores sociales,  la libertad de expresión abusada por Ponce Fonseca no debe sobreponerse facilitando el empañamiento de la conducta profesional y ciudadana de los periodistas en el ejercicio de su profesión al coludirse con el General.

Si por su soberbia Ponce Fonseca piensa continuar en desobediencia a ese mandato constitucional, sería bueno que en las redes sociales se sometiera una encuesta sobre esa conducta; para con la venia del soberano declararle una baja deshonrosa muy bien merecida por su atrevimiento y osadía.

Y como el General no tiene quien le reprenda, nos toca al pueblo hacer valer el imperio de la Constitución a través de esa encuesta, para que el sometido y sus autoridades superiores entiendan que la Constitución merece el respeto que ellos desde sus cargos le desconocen.

Diciembre 10 de 2019

(Melvin López Herrera)

Antes de profundizar sobre este tema, que ha acaparado últimamente la atención de casi toda la ciudadanía, mientras mediáticamente no se le ceda el espacio a otros temas distractores que no tardan en surgir; merecen atención los siguientes “fenómenos” recientes que todavía circulan insistentemente por nuestra memoria:

El 18 de octubre recién pasado la noticia que acaparó los titulares y foros de  los medios de comunicación social, tanto nacional como internacional, fue el fallo del jurado en Nueva York sobre el proceso que se le siguió a Juan Antonio (Tony) Hernández, hermano de quien usurpa en Honduras la Presidencia de la República; en donde se le señaló culpable de los cuatro cargos que pesaron sobre él en el juicio.

El 21 de octubre, a pocos días, se hizo un despliegue militar inusual como ostentoso por oneroso, pretendiendo una demostración al pueblo de la fortaleza de las Fuerzas Armadas (FFAA), instituidas constitucionalmente para entre otros, mantener el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; todo según el artículo 272 constitucional en su segundo párrafo. A partir de ese evento (de intimidación) la irresponsabilidad punible del Jefe del Estado Mayor Conjunto le llevo a varios medios tele-radiales y hasta rotativos a hacer declaraciones que pese al mandato de apolicitidad y no deliberancia que le impone la Carta Magna; incurrió en esa desobediencia inclusive mintiéndole al pueblo hondureño en su falsa insistencia de que la institución que representa fortalece el estado de derecho, y además sosteniendo que las FFAA se mantendrán inactivas ante el mandato que, sin necesidad de orden judicial, les impone hacer efectiva la “alternabilidad”; con todo ello reafirmando su tolerancia y complicidad para que actualmente se siga usurpando el cargo en la Presidencia de la República por quien, con el deleznable espaldarazo de las mismas FFAA, sigue sin dejar el cargo asumido inconstitucionalmente, y éstas sin forzar constitucionalmente la “alternabilidad” obligatoria.

Para el 26 de octubre la noticia que recorrió el mundo entero fue el filmado del asesinato en la cárcel de mayor seguridad en ilama (para que se lea bien) de Magaleno Meza, identificado como la persona a quien se le decomisó en un operativo una libreta con anotaciones de los destinatarios de contribuciones a políticos que favorecieron actividades del narco tráfico en el país.  Magdaleno era un potencial declarante en las Cortes de Nueva York donde se lograría identificar procesalmente con nombres y apellidos a los beneficiados de esas contribuciones.

Así una noticia mediática va sustituyendo rápidamente a otra que pasa al mundo del olvido…

Doblando la hoja noticiosa de ese suceso carcelero, surge el polémico decreto ejecutivo PCM-052-2019 que está acaparando el interés y la atención de todos, por la disposición del Ejecutivo de delegar a las FFAA y con un costo de Lps. 4,000.000.000.00 (cuatro mil millones de Lempiras) la ejecución de programas en el área agrícola que corresponden por ley a la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería (SAG). Ese PCM-052-2019 lo hacen descansar en la disposición constitucional contenida en el artículo 274 donde se le atribuye a las FFAA una gestión de segundo grado, cual es la colaboración en diferentes labores con las Secretarías de Estado y a pedimento de éstas, incluyendo las labores agrícolas. Este decreto fue aprobado en fecha 5 de septiembre de 2019 y publicado en La Gaceta de fecha 18 de octubre de este mismo año.

Es un hecho curioso que mientras el martes 5 de octubre estaba participando en el Foro de “Frente a Frente” un grupo de representativo del sector agrícola en nuestro país, elevando su protesta y manifestando su descontento ante tal equivocada o mal dispuesta decisión del Ejecutivo -y cuando ese foro es siempre retransmitido en vivo por Radio Centro- esta vez el debate en el Foro no tuvo la retransmisión radial esperada sobre todo para los moradores de los lugares campestres del país.  Sin embargo al siguiente día, cuando se presentó en la nueva edición de dicho foro la otra parte del sector agrícola que bendice la participación de las FFAA en ese proyecto agrícola, esta vez sí tuvo la cobertura radial censurada en el día anterior.

Resulta sorprendente para muchos sectores, particularmente los relacionados con la actividad agrícola, cómo habiendo una Secretaría de Estado (SAG) encargada por disposición de ley de diseñar, desarrollar e implantar la política agrícola en el país, y contando con su propia estructura organizativa y presupuestaria adecuada, tenga que trasladarse a las FFAA las tareas que deben corresponder a la primera. La labor constitucional pero secundaria de las FFAA es eminentemente de apoyo logístico a las demás Secretarías de Estado sin suplantarlas por ningún motivo y a petición de éstas. No cabe por consiguiente que se traslade parte de las ejecutorias de la administración pública a la institución castrense cuya existencia fundamental está claramente plasmada en el párrafo segundo del artículo 272 de la Constitución de la República. Estamos volviendo a años pasados en donde las FFAA eran otro Estado dentro del mismo Estado.

Nos preguntamos…¿Qué hay de trasfondo en esa disposición Ejecutiva con ese alto costo, teniendo y contando con el órgano encargado de ejecución de las políticas agrícolas del Estado y que cuenta ya con la estructura organizativa y presupuestaria para ello?… ¿Será una simple coincidencia ese espaldarazo que recibió quien usurpa la Presidencia de la Republica de parte de quien irresponsablemente dentro de las FFAA manifiesta públicamente que se le va a sostener en la usurpación del cargo presidencial?… ¿Es acaso una compensación del primero al segundo por la complicidad de las FFAA al desobedecer el mandato constitucional de imponer la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República?’… ¿Será este acaso el primer inicio de la prolongación de la dictadura actual -estratégicamente planificada- con la complicidad y colusión del cuerpo armado, teniendo personas irresponsables y coludidas desde la cabeza del Estado Mayor Conjunto?

Esto que está por suceder con los efectos de trasladarle a las FFAA la administración de la gestión agrícola del Estado no debe verse como una simple arbitrariedad por parte del Ejecutivo ni su alto costo como una simple evasión a la correspondiente rendición de cuentas tomando en consideración que en la práctica no hay auditoría efectiva dentro de las FFAA, sobre todo cuando sigue vigente la inconstitucional ley de secretividad.

Los efectos definitivamente van más allá de lo que a simple vista vemos… Las FFAA abandonarán su centro de trabajo dentro de los cuarteles y se desplegarán libremente dentro del todo el territorio nacional, asentándose irrestrictamente hasta en el más recóndito como abandonado espacio territorial nuestro… y desde esos habilitados asentamientos y con el disfraz de una actividad agrícola en la que no están capacitados, realizarán con sus cuerpos de inteligencia todo el espionaje requerido para inmovilizar a todo un pueblo que está a punto de lanzarse a una verdadera insurrección autorizada constitucionalmente.  Y desde ese escenario empadronarán al sector rural; neutralizarán y hasta sobornarán a sus líderes campesinos, frenarán con mayor facilidad cualquier intento reivindicatorio del estado de derecho actualmente mutilado, se empoderarán de los predios donde mora la clase más desprotegida de la nación; comprarán conciencias y con ello la información necesaria para, en complicidad con quien usurpa la presidencia de la República, mantener sometido a este pueblo facilitando así la prolongación de la actual dictadura. Entraremos pues a una triste etapa mucho peor que la experimentada en los años 80’s.

 

(Melvin López Herrera)

El veredicto esperado se dio en New York…. en Honduras indudablemente habría sido distinto. Tony fue encontrado culpable de los cargos que se le imputaron en el juicio y ahora sólo queda esperar la lectura de la sentencia de enero próximo.

Es indudable que en este proceso todo mundo se vio impresionado por el sistema efectivo con que Tony realizaba sus actividades relacionadas con el narcotráfico; con muy buenos sucesos para él y, desde luego, para quienes estuvieron y están ligados a él por diferentes vínculos; inclusive familiares.

Los medios informativos internacionales acapararon en sus espacios las secuencias del proceso contra Juan Antonio Hernández Alvarado (Tony) inclusive hasta escuchar la decisión final del jurado.  Esta particularidad de los medios para informar sobre ese juicio se debió mayor como insólitamente, que se trataba del hermano de quien actualmente se encuentra gobernando de facto y ocupando ilegalmente la Presidencia de la República en Honduras.

Con todo el operativo y la logística que manejaba Tony en sus actividades, nadie puede creer que él era un Superman… no lo era.  Esas billonarias dosis de cocaína que logró introducir a los Estados Unidos de América y manejadas desde territorio hondureño; ese manejo de armas oficiales que se dijo en el proceso que él comercializaba con el hampa; eso y mucho más no son hazañas sólo de él. La coordinada red que el manejó incluye a quienes han estado involucrados en el mundo del narcotráfico y a quienes le favorecían y facilitaban sus accionares desde la institucionalidad misma del Estado de Honduras.

Desde 2011 se creó mediante decreto legislativo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Dicho Consejo está integrado los presidentes de los tres Poderes del Estado, el Fiscal General, y los ministros de Defensa y de Seguridad; y quien lo dirige por disposición de su Ley constitutiva es quien ejerce la Presidencia de la República.

El actual gobernante de facto, que ilegalmente usurpa la Presidencia de la República y quien es a la vez hermano carnal de Tony, integra ese Consejo desde el año de su creación en 2011 cuando fue Presidente del Poder Legislativo, y durantes 6 años posteriores en la Presidencia de la República.

Ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad según el artículo 3 de su ley constitutiva, tiene la exclusividad en el diseño de las estrategias de  prevención, combate, investigación y sanción de las conductas delictivas en cualquiera de sus modalidades. Además conforme a su artículo 2, es el ente que rectora, diseña y supervisa las políticas en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia.  En consecuencia es este Consejo el más informado con respecto a las responsabilidades que conforme a su ley constitutiva le corresponden, debiendo reunirse al menos mensualmente para el logro de sus objetivos.

Por eso sostenemos con firme criterio que Tony  Hernández en sus actividades por las que ha sido procesado nunca fue un Supermán…la capa que como tal personaje utilizaba, le fue facilitada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; el que pese a tener bien definidas sus funciones y alcances, jamás pudo detectar las operaciones de narcoatividad que se le atribuyeron a Tony en el juicio.

Por eso no nos equivocamos al pensar que Tony, si haber sido el Supermán que pudiéramos habernos imaginado, es solamente el hilo de la madeja integrada institucionalmente por quienes desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad facilitaron cuanto salvoconducto necesitó Tony y los narcotraficantes relacionados con él para llevar a cabo libremente y por muchos años esa punible actividad desde nuestro territorio y hacia los Estados Unidos de América; salvoconducto ejecutoriado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encargadas en la práctica de integrar el equipo de combate a la narco actividad en Honduras.

¿Dónde estaban y que hacían los miembros de ese Consejo en todos estos años de la actividad de Tony? ¿Porqué jamás con su cuerpo de inteligencia lograron descubrir e interceptar al menos un cargamento dentro de esa operación? ¿Qué vinculación tenía ese Consejo para permitir, y no impedir, las operaciones realizadas por Tony en asociación con los grandes cárteles que se habían establecido en Honduras? ¿Acaso ese Consejo tenía compromisos que cumplir con quienes lavaron dólares financiando campañas electorales de los años 2009, 2013 y 2017 a los candidatos presidenciales del Ejecutivo y del Legislativo y hasta alcaldes que lograron sentarse en sus respectivos sillones? ¿Dónde estuvo y que frutos dio la actividad persecutoria del delito de narcotráfico por parte de la Fiscalía General bajo la responsabilidad de uno de los integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad? ¿Por qué dentro de los operativos ejecutados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional nunca se dio con los movimientos de Tony?

Por eso, indudablemente, el proceso contra Tony Hernández que concluyó encontrándole culpable de los cuatro delitos que se le imputaron; es el comienzo de otros sucesivos que después de las investigaciones correspondientes arrimará a la Corte del Distrito Sur de New York, a quienes recibieron dinero del narcotráfico para el financiamiento de sus propias campañas electorales en todos los niveles hasta establecer narco gobiernos como el que tenemos actualmente , y a quienes desviaban los operativos policiales y militares que debieron montarse y ser efectivos en la lucha y el combate a la narco actividad en nuestro país. Esto abarcará indudablemente a políticos del partido de gobierno quienes seguramente con esas fuentes de financiamiento se lograron introducir como diputados y que han logrado influir en decisiones desde el Congreso Nacional para elecciones de segundo grado en las diferentes instituciones del Estado incluyendo las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Con ese hilo de la madeja que ha sido identificado en la Cortes del Distrito Sur de New York, al final se habrá alcanzado a todas hebras que se desprenden de la misma.  Sólo nos queda esperar.

(Melvin López Herrera)

 No cabe duda hasta este momento. El usurpador de la silla presidencial tiene más vidas que un gato, desde que surgió a la palestra política y hasta ahora que podría estar a punto de serle adjudicada una visa negra para viajar a rendir cuentas en el exterior; por lo que sigue maniobrando, sosteniéndose o dejándose sostener de quienes y por quienes podrían estar compartiendo “honores” con él, permitiéndole mantenerse en el cargo que inconstitucionalmente ocupa y que le está sirviendo de escudo en caso que pudiera ser alcanzado por una justicia ultra fronteras, que hasta ahora ha sido la única efectiva en ausencia de la que debería producir frutos internos dentro del cumplimiento y sometimiento a nuestras leyes.

El proceso judicial a que está siendo sometido en los Estados Unidos Tony Hernández, hermano carnal de gobernante de facto, tiene en alas de cucaracha a éste último junto con el círculo que le rodea y que le ha servido de escudo para haber llegado ilegalmente a usurpar el más alto cargo político en la nación, y a mantenerse en él, violentando el principio que aparenta sustentar al decir falazmente en forma reiterada que “nadie está por sobre la ley”; sin importarle cómo se le tiene calificado a lo interno y a lo interno del país, por pisotear la ley desde el cargo usurpado.

El proceso judicial que se le está siguiendo a su hermano Tony se está tornando candente con impactantes revelaciones que están surgiendo en los correspondientes debates; algunas que ya se conocían por lo que previamente fue circulado en los medios de comunicación social. Pero otras nuevas están llamando la atención de la comunidad nacional e internacional que están siguiendo el desenvolvimiento de este proceso. La gran revelación de ayer jueves 3 de octubre fue que el Chapo Guzmán le dio a Tony un millón de dólares para la campaña de quien fue declarado inconstitucionalmente presidente electo y que ahora usurpa el sillón presidencial.  Esta revelación obviamente provocó mediáticamente la reacción de quien defendiéndose “panza arriba” trata de minimizar o desvirtuar (sin argumentaciones de peso) lo que surge probatoriamente en el proceso que se le está siguiente a Tony, su hermano.  No vale la pena revisar las inconsistentes argumentaciones del gobernante de facto; pues es un hecho que con algo deberá estar saliendo cada vez que se dan las grandes sorpresas en el debate que se desarrolla en las cortes de Nueva York.

Pero el pueblo se pregunta insistentemente: ¿A estas alturas de quién se sostiene o quién sostiene a Juan Orlando? ¿Acaso somos un pueblo castrado que no se llena de valor para rescatar la dignidad política que le fue conculcada a la soberanía popular? ¿Porqué sólo en Honduras, contrario a lo que sucede y ha sucedido en los países vecinos, todo pasa sin que pase nada? ¿Será que individual y colectivamente llegaremos a la otra vida con un rosario de deudas ciudadanas de las que daremos cuenta por no haber dado la respuesta oportuna a la Patria? ¿Acaso la insurrección constitucional es un derecho inefectivo escrito sobre las aguas o la arena?

Es indudable que ante lo que está aconteciendo en el proceso contra Tony, revelará a la larga los nexos que han existido entre el hampa del narcotráfico y las autoridades que nos han venido y nos continúan gobernando; enraizadas en las diversas instituciones del Estado. El primer sostén que le ha permitido a Juan Orlando mantenerse ilegalmente en el poder son la Fuerzas Armadas, bajo la responsabilidad directa de su Estado Mayor Conjunto que se plantó y se sigue plantando en desobediencia al mandato constitucional de garantizar la alternabilidad obligatoria en el ejercicio de la Presidencia de la República, mismo mandato que se le da en su ley constitutiva.

Otro de los pilares de sostenimiento de Juan Orlando es la actual Corte Suprema de Justicia, que desde la Sala de lo Constitucional no ha resuelto los amparos interpuestos desde el 18 de enero de 2018 contra la inconstitucional declaratoria de presidente electo; y que en uno de sus expedientes existe una auto que manda a resolver “oportunamente” su respectivo amparo. Nos preguntamos: ¿Qué significa el mandato “oportunamente” para la Corte y para la Sala?

Otro de los sostenes incondicionales del gobernante de facto es el actual Fiscal General de la República quien jamás ha movido un dedo para poner en acción al Ministerio Público con respecto a las innumerables denuncias y demandas de investigación contra las posibles acciones de Juan Orlando circunstancialmente vinculadas con los actos delictivos por los que su hermano está siendo sometido en las cortes de Nueva York.

Indudablemente que no debemos dejar por un lado a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, quienes han sido incondicionales del mandatario de facto, y que junto con el Fiscal General los Secretarios de Defensa y de Seguridad, integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, como órgano exclusivo encargado de diseñar las estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de conductas delictivas en cualquiera de sus modalidades. Este Consejo debió necesariamente saber las actividades y conexiones de Tony Hernández y los contactos estatales para asegurarse del exitoso trasiego de cocaína por nuestro territorio en su comercialización hacia los Estados Unidos. Este Consejo teniendo necesariamente conocimiento de ello se convirtió indiscutiblemente en protector de esas acciones…no podríamos pensarlo de otra forma.

Finalmente no debemos ignorar la política exterior del los distintos gobiernos de los Estados Unidos de América que por medio de sus embajadas imponen y sostienen a los gobernantes en los países del tercer mundo, inmiscuyéndose presencialmente como inductor en los procesos electorales  y dando al final su beneplácito, que más bien resulta una credencial,  a la persona que convenga a sus intereses en la asunción del poder en estos países, sin importarles las condiciones irregulares con las que ilegal y fraudulentamente se alzan con los triunfos electorales.

Paralelamente a estas fuerzas institucionales están los medios de comunicación social, especialmente los corporativos, donde periodistas que fueron lumbrera en derecho constitucional cuando pasaron por las aulas universitarias, jamás levantan su bandera de lucha para devolverle a la nación el estado de derecho que le ha sido secuestrado. Igualmente algunos empresarios que han tenido al Estado como su mejor cliente o de quien han sido sometidos a extorsiones dentro de sus actividades lucrativas, y que jamás se identificarían como pueblo en esa lucha que debe ser de todos… de todos los responsablemente comprometidos con la Patria y con nuestras futuras generaciones.

Conociendo y reconociendo ya quienes sostienen o de quienes se sostiene ilegalmente Juan Orlando en el poder…¿Qué nos queda por hacer?  Busquémosle respuesta inmediata a esta ineludible interrogante y ejerzamos nuestro deber y derecho constitucional a la insurrección que es de todo ciudadano…de  todos…. todos. Debemos rescatar la secuestrada institucionalidad desde la que se nos gobierna. Esa es tarea de ayer… jamás de mañana… y es de todos.

(Octubre 4, 2019)

(Melvin López Herrera)

El martes 20 de este mes de agosto de 2019, en el programa “Carlos Ridel Presenta” que se transmite por H.R.N., comparecieron el General René Orlando Ponce Fonseca, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el General Tito Libio Moreno Coello, comandante General del Ejército; y el General Javier Barrientos, Comandante General de la Fuerza Aérea.  En dicho programa se abordaron varios temas, entre ellos desde luego el inevitable tema de la ilegal como inconstitucional reelección presidencial; materializada bajo la complicidad punible de varias instituciones del Estado entre ellas las Fuerzas Armadas de Honduras como responsable final directo por medio de su Estado Mayor Conjunto, tras haber permitido y jamás impedido la actual usurpación en el cargo de la Presidencia de la República; habiendo incumplido puniblemente con ello el mandato constitucional que les impone el artículo 272 párrafo segundo de Constitución de la República y 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, que es una copia calcada del anteriormente citado.

Esos dos artículos le mandan ineludiblemente a las Fuerzas Armadas a mantener el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; so pena de incurrir en el imprescriptible delito de Traición a la Patria. Al tocar este tema, todavía de actualidad mientras se mantenga la usurpación presidencial, los tres oficiales asistentes al programa radial pretendieron confundir al auditorio al querer justificar lo injustificable: que las Fuerzas Armadas cumplen las disposiciones de la Constitución.

El General Ponce Fonseca manifestó entre otras cosas que las Fuerzas Armadas seguirán respetando el estado de derecho; que están comprometidos con la misión que se les ha dado; que seguirán siendo baluarte o bastión sumamente importante en el sostenimiento del país; que institucionalmente han garantizado la Constitución y el estado de derecho; que no han permitido la reelección al no ser diputados; que han hecho lo justo y lo correcto y que por eso son honorables y respetables. Continuó manifestando en defensa propia y de la institución que si se estaba seguro que la reelección era prohibida, ¿porqué se fue a elecciones?… con ello pretendiendo ignorar la obligación a la participación que impone el artículo 96 numeral 5 de la Ley electoral y de las organizaciones políticas, so pena de cancelarse la inscripción de los partidos políticos que no participen en elecciones generales

El General Moreno Coello dijo que la participación de las Fuerzas Armadas es en el marco constitucional, que simplemente cumplen la Constitución en sus artículos 272 (que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia) y el 274, y que no van a violentar las cosas que están establecidas en las leyes del país; sosteniendo además que una vez que se elige al presidente debe respetarse ese mandato… pero haciéndose el desentendido en la disposición constitucional contenida en el artículo vigente 240 numeral 3 que prohíbe ser elegido presidente a los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los cuerpos de Seguridad del Estado; y con la que se refuerza la obligatoriedad constitucional a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, mimas que debe ser ineludiblemente garantizadas y hechas cumplir por las Fuerzas Armadas.

El General Barrientos por su parte, mostrándose un tanto prudente en sus declaraciones, reconoció que la ambición política ha rebasado las acciones normales para llegar al poder. Pero se quedó o quiso quedarse corto al no reconocer que las Fuerzas Armadas permitieron la materialización de esa ambición política «rebasada» a que él alude, al facilitar que se usurpara y se continúe usurpando la Presidencia del República.

Todos estos lamentables sucesos políticos que nos mantienen con un gobierno usurpador bajo la punible protección de las Fuerzas Armadas, repito, todos estos sucesos fueron de la advertencia y conocimiento oportunos de esa institución castrense a lo largo del pasado proceso electoral; quedando constancia material de diferentes escritos presentados a su Estado Mayor Conjunto; sin que los integrantes anteriores de ese Estado Mayor movieran un solo dedo para cumplir el mandato constitucional que justifica la existencia jurídica de la institución, y posteriormente sin que los integrantes actuales de ese Estado Mayor Conjunto hubieran impedido constitucionalmente (artículo 272) la asunción al poder de quien actualmente usurpa la Presidencia de la República.

Un escrito  de fecha 14 de noviembre de 2017, de los varios que les fueron presentados antes de las elecciones, recordaba preventivamente al Estado Mayor Conjunto del las Fuerzas Armadas el ineludible deber de las mismas de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; haciéndole en él la advertencia de las consecuencias penales si las Fuerzas Armadas no atendían el mandato constitucional que les impone el respectivo artículo 272 párrafo segundo.

Otro escrito de fecha 1 de diciembre de 2017, ya pasadas las elecciones, le exigía a las Fuerzas Armadas, como única institución delegada constitucionalmente, a hacer prevalecer el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Este último escrito iba acompañado de otro dirigido al Tribunal Supremo Electoral, en oposición oportuna a una posible declaratoria de presidente electo que podría dictarse inconstitucionalmente como efectivamente ocurrió.

Las Fuerzas Armadas cuentan indiscutiblemente con su asesores jurídicos, y en consecuencia no podían ni pueden alegar (“minusválidamente”) nada distinto al verdadero contenido y comprendido en las disposiciones constitucionales de los artículos 4 párrafo segundo (la alternabilidad presidencial), 240 numeral 3 (la prohibición para ser elegido presidente) y el 272 (la razón de ser de las Fuerzas Armadas) que también está comprendido en el artículo 1 de su ley constitutiva.

Venir ahora a justificarse las Fuerzas Armadas, con las declaraciones de estos tres generales en el programa radial referido, es pretender mantenerse en la punible desobediencia al mandato constitucional, del cual no requieren orden judicial alguna para su ejecución por ser esta un mandato directo de la Carta Magna; que fuerza a su cumplimiento inmediatamente cuando las instituciones del Estado conspiran y se coluden violentando la Constitución de la República, y como ha ocurrido en este caso particular imponiendo un gobierno usurpador. La inacción sostenida de las Fuerzas Armadas, ante esta situación particular, al no cumplir con el precepto 272 párrafo segundo constitucional y el 1 de su ley constitutiva, les hace incurrir (por medio de su Estado Mayor Conjunto)  en co conspiradores en la imposición de ese gobierno usurpador; con las consecuencias penales correspondientes.