(Melvin López Herrera)
Por la forma armónicamente secuencial en que se están presentando los hechos, ya podemos afirmar con certeza que el proceso electoral de 2025 ha sido planificadamente torpedeado desde la etapa de las elecciones primarias que desembocaron en la dilación hasta media noche de la apertura de muchas urnas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Esos hechos, desde luego, no fueron en nada circunstanciales. Fueron más bien el producto de un proyecto finamente preconcebido y diseñado con un único propósito: materializar el fracaso del proceso electoral de 2025 posiblemente apuntando a la no celebración de las elecciones generales del 30 de noviembre o, en su defecto, implantar un fraude electoral encaminado a provocar la alteración o adulteración de los resultados y con esto violentar la voluntad de la ciudadanía que habrá de recurrir a manifestarse libremente en las urnas.
Siempre hemos sostenido categóricamente que estas elecciones de 2025 serán indiscutiblemente conflictivas en relación con las celebradas en 2021. Cuatro años atrás, en aquel proceso electoral al menos hubo dos puntos convergentes de significativo peso dentro del electorado de esa época: 1) el propósito de las fuerzas de oposición para evitar el continuismo de la dictadura que tanto daño ha hecho a la nación en sus generaciones actuales y futuras y 2) las expectativas del electorado en general, al querer contar con un nuevo amanecer tras brindársenos en las urnas un nuevo gobierno; distinto a los anteriores y con el que se lograría cambiar el frustrante destino que se le impuesto a los hondureños.
Con los muchos desaciertos del actual gobierno con actos y actuaciones que se identifican con la arbitrariedad y la ilegalidad, más los actos de corrupción -que no son sólo los que hasta ahora han surgido a la luz pública y que han igualado y hasta superado a los de las anteriores administraciones- el cuestionamiento que debemos hacernos, necesariamente en forma responsable y seria, es el que nos llevaría a encontrar tras una imperiosa meditación la debida respuesta a la siguiente interrogante: ¿a quiénes confiarle responsablemente nuestro voto el 30 de noviembre… a los partidos políticos de gobiernos anteriores que aparentan haber mutado su piel, de lobos a ovejas, pretendiendo reivindicarse y ser la solución y la nueva esperanza en el actual proceso… o a los lobatos actuales -«por sus hechos les conoceréis»- que sin haber operado mutación alguna ni en sus conciencias pretenden aparentar engañosamente el perfil político que nunca tuvieron?. Y en este afán electorero los partidos mayoritarios (oficialistas o de oposición) enfrascados en ganar las elecciones, buscarán el respaldo del electorado o pretenderán arrebatárselo; en este último caso recurriendo a un fraude electoral o boicoteando el proceso como hasta ahora se ha venido percibiendo.
Al día de hoy, los signos inconfundibles que ponen en evidencia un orquestado boicot al proceso electoral los podemos señalar así: 1) el inexplicable suceso del 9 de marzo que obstaculizó la apertura de urnas en algunas mesas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula dentro de las horas legalmente establecidas; 2) la obstaculización para que los oferentes, en los llamamientos a licitar dentro del proceso, presentaran sus ofertas en el tiempo señalado en las bases de las mismas; 3) el desafío de uno de los consejeros propietarios del CNE, seguido de los dos suplentes, negándose injustificadamente a asistir al las sesiones del Pleno legalmente convocadas, impidiendo con ello constituir el número de asistentes requerido y con ello obstaculizando la continuidad del proceso mismo dentro de los plazos exigidos por la Ley. Todo ello nos indica que lo que hasta ahora está ocurriendo en el desarrollo del proceso electoral es un plan armoniosamente secuencial concebido por quienes pretenden sabotear el desarrollo de las elecciones generales a practicarse el 30 de noviembre.
No podemos afirmar pero nos da el derecho y la libertad de pensarlo que, la decisión de una de las consejeras del CNE de poner a disposición su cargo haya sido por alguna presión interna o externa del partido en que milita. Ello -su decisión- llevaría a quebrantar la unidad dentro de su partido político respecto a su participación dentro del proceso electoral favoreciendo con ello al oficialismo y/o al otro partido mayoritario de oposición; pero más que todo afectando sensible e impredeciblemente la invulnerabilidad que se debe mantener en el CNE con la inquebrantable posición que deben asumir y mantener sus consejeros dentro del marco de la Constitución y la Ley.
Ahora, como complemento secuencial al plan montado contra el proceso electoral ya ha habido pronunciamientos públicos de sabotear un llamado cívico y reflexivo de autoridades de las iglesias cristianas de nuestro país, invitando a una caminata en todo el país en paz y esperanza -dice el comunicado de las iglesias- haciendo énfasis en que, por no tratarse de marcha política alguna, no se debe llegar con banderas o emblemas de ningún partido político; y sugiriendo a quienes ocupen cargos públicos o integren candidaturas dentro del proceso que se abstengan de participar en dicha caminata, para no desvirtuar la naturaleza de la misma.
Sobre el llamado de las iglesias, y no podemos interpretarlo de otra manera que un nuevo e inconfundible signo de boicot o sabotaje, se ha anunciado por parte de algunos servidores públicos que concurrirán a la caminata y algunos atreviéndose a manifestar que lo harán portando sus camisetas con consignas y banderas que los identificarán con el partido de gobierno.
¿Es acaso este desafío un boicot o sabotaje a la caminata que promueven las iglesias cristianas de nuestro país, buscando otros fines como los que que hasta inescrupulosamente algunas veces persiguen los políticos o politiqueros nuestros?. Pudiéndose identificar inconfundiblemente la filiación política de quienes con nombre y apellido han lanzado públicamente tal desafío nos preguntamos: ¿lo permitirán o promoverán quienes tienen bajo su responsabilidad en sus partidos la coordinación en la conducción, orientación y hasta supervisión del desplazamiento y manifestación de sus bases?… ¿de qué partido político y desde qué nivel dentro del mismo se estará deliberadamente boicoteando el actual proceso electoral?… siendo que quienes han lanzado el desafío a las iglesias son funcionarios públicos y como tales sometidos a la autoridad de la presidente de la República además de la del coordinador de su partido político, ¿permitirá, apoyará o motivará la presidente ese desafío irresponsablemente lanzado por esos colaboradores de su gobierno?
Recordemos que ya tenemos identificado quién(es) dentro del CNE ha(n) incurrido en delitos electorales al impedir la constitución del Pleno no asistiendo a las sesiones últimamente convocadas, boicoteando o saboteando las mismas. Falta ver si la Fiscalía General de la República actúa a la brevedad contra la comisión de tales delitos o si, por el contrario, con su censurable inacción estará ignorando la reiterada comisión de los mismos hasta posiblemente facilitar el fracaso del actual proceso electoral, llevando con ello a la comunidad electora a un indeseable desenlace trágico hasta provocar una indeleble marca en la historia política y democrática de nuestra querida Honduras.
Bienvenido el llamamiento de las iglesias cristianas de Honduras a la caminata por la paz y la esperanza, sin la participación de los funcionarios del gobierno ni candidato alguno. Esta caminata no es de ningún partido político ni del gobierno ni de los actuales candidatos a cualquier cargo público. Esta caminata es de connacionales comprometidos con la paz y en un ambiente de esperanza, en busca la unidad con que se fortalezca el pueblo hondureño.
Julio 19 de 2025
MelvinLopezHerrera-Honduras 