(Melvin López Herrera)
La exacerbación experimentada colectivamente, con motivo de lo trágico como sorprendente, decepcionante y hasta preocupante que resultó la conducción y el desarrollo del proceso primario en las elecciones 2025, es algo que ha quedado definitivamente escrito en nuestra historia política y con trascendencia extra fronteras. Es indiscutible que la responsabilidad de ello es atribuible al Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas de Honduras… responsabilidad compartida entre las dos instituciones, donde ninguna de ellas tiene autoridad para echarle tierra a la otra… (“no se puede ver la paja en el ojo ajeno sin dejar de ver la viga en el propio”).
Es muy lamentable que este triste suceso nos esté distrayendo y desuniendo respecto a la identidad ciudadana que debe prevalecer dentro de la familia hondureña. Los dos entes directamente responsables, se han sumido contagiosamente en mutuos ataques públicos que en nada resuelven lo sucedido. Por su parte los partidos de oposición intentando señalar como responsable al oficialismo, pretenden olvidar que desde el Congreso Nacional ambos (oficialismo y oposición) negociaron las piezas que integrarían el CNE. El gobierno -por otro lado ni corto ni perezoso- tratando de desvincular a las Fuerzas Armadas de una responsabilidad inevitablemente compartida por éstas que jamás podrán evadir… su reciente comunicado surgido en Consejo de Ministros no escandalizaría si el alto mando de las Fuerzas Armadas no estuviera integrado por la precandidata presidencial del mismo partido de gobierno quien inconstitucionalmente ha participado y se mantiene inconstitucionalmente participando en este proceso primario con el inexplicable consentimiento de la primera mandataria de la nación. Dos de las Consejeras del CNE (el tercero es del ala oficialista) saliendo públicamente a confundirse físicamente dentro de un grupo de manifestantes que se han establecido como vigilantes permanentes alrededor del CNE, cuando lo más aconsejable es que eviten darse color de cualquier naturaleza con los grupos de protestas que han surgido a raíz de lo acontecido y que no se sabe si les mueve un interés cívico o simplemente político partidista.
Indudablemente que en los sucesos del 9 de marzo, que desembocaron en la apertura de algunos puestos de votación hasta altas horas de la noche de ese domingo y concluyendo el lunes siguiente, no se puede ignorar la ineludible responsabilidad compartida del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas de Honduras… y no podemos pensar que esos tristes hechos son meramente “errores” que se dieron en el desarrollo del proceso electoral del domingo 9; eso es mucho más que simples errores. Pero dejemos que sea el Ministerio Público quien asuma con responsabilidad dentro de la apoliticidad debida la investigación que ha iniciado, como muestras de la independencia que debe imprimirle a sus acciones y actuaciones conforme se lo manda la Constitución y su correspondiente ley que le gobierna. Jamás esperaríamos que el Fiscal General de la República se auto descalifique ante el pueblo y ante el mundo alejándose en este caso investigativo de lo que le impone nuestro ordenamiento jurídico y su promesa de ley prestada al asumir su cargo, y que al final sólo ponga en evidencia su falta de independencia empañando con ello su alta investidura al no cumplir con la responsabilidad que carga sobre sus espaldas.
Las próximas elecciones generales del mes de noviembre nos debe mantener a todos totalmente despiertos y alertas hasta lograr que se realicen dentro el debido orden, organización, espíritu democrático y con la responsabilidad que individual e institucionalmente debemos asumir todos los ciudadanos.
No cabe duda de que, al interior de las dos instituciones (según la Constitución y la ley electoral) responsables directas de la conducción y del desenvolvimiento del proceso electoral, se debe revisar con lupa lo sucedido el 9 de marzo hasta identificar plenamente las verdaderas causas de lo acontecido para blindarse y blindarnos contra una eventual repetición de aquella tragedia vivida que pudo habernos llevado a irrevertibles consecuencias de mayores y más graves trascendencias. Es de imperiosa necesidad revisar, y corregir hasta perfeccionar, los protocolos que procedimental y logísticamente cubren todo lo relacionado con el proceso electoral, hasta garantizarle al pueblo y al mundo que las elecciones de noviembre próximo se desarrollarán con la debida transparencia y efectividad, reflejando al final el imperio de la democracia en las urnas.
Sólo nos queda sugerir que en los medios de comunicación social se le ponga punto final a discusiones y debates sobre este tema en la forma en que se le agende y que sólo exhiben la confrontación mediática de quienes, sin objetividad, participan en forma obsesiva con su corazón político partidarista dentro de esos escenarios.
Marzo 28, 2025