(Melvin López Herrera)
El Congreso Nacional del recién clausurado cuatrienio (2018-2022) controlado por el Partido Nacional y sus aliados del lado obscuro del Partido Liberal, nos recetaron las más viles atrocidades legislando en función de sus propios intereses (personales y grupales) y no en interés del pueblo que electoralmente les permitió ocupar las curules que indignamente ocuparon en ese período.
La repulsa que se ganó del pueblo durante los cuatro años parlamentarios pasados fue contundente. La ofensa que infirieron a la nación y al país, a lo interno y externo, no tuvo parangón alguno con las prácticas del pasado en ese Poder del Estado… él Código Penal de la Impunidad; reformas a la Ley de Presupuesto para blindar actos de corrupción para no ser investigados por el Ministerio Público para su posterior judicialización; la venta del territorio nacional mediante ilegales reformas constitucionales y la emisión de la ilegal ley correspondiente; los saqueos mediante decretos aprovechando el surgimiento de la pandemia para ordeñar multimillonarias sumas de dinero que llenaron el bolsillo de quienes desde el Congreso con esos decretos facilitaban el objetivo de atracar las arcas del Estado…. esos y tantos otros actos totalmente reprochables señalaron al Congreso de esa época como el del mayor foco de la corrupción y la impunidad en la historia política de la nación.
Con paciencia el pueblo hondureño esperó soportando que esos cuatro años de de triste legislación llegaran a su final tras intervenir electoralmente la conducción del Estado devolviendo, después del pasado proceso democrático de noviembre, las esperanzas de este pueblo garantizándole un digno y mejor destino.
En ese pasado cuatrienio la bancada parlamentaria de Libre dio la lucha hasta donde pudo intentando evitar las atrocidades cometidas por quienes como bancada mayoritaria, con la complicidad de quienes le acompañaron, cometieron los más deleznables actos de corrupción con los atracos y blindajes que supieron finamente tejer para ofender y atropellar a la nación entera, manteniéndose dentro de la mayor impunidad.
Ahora que la situación se ha revertido en el Congreso Nacional esperábamos que esa conducta parlamentaria del pasado quedaría enterrada en la triste historia política de la nación. Eso es lo que esperábamos y eso es lo que deseamos en cuanto a la conducta de los parlamentarios de este cuatrienio.
Triste es pensar en lo desacertado por reprochable con que el actual Congreso está iniciando su función parlamentaria “en representación del soberano”. El reciente Decreto aprobado con el que se piensa amnistiar una serie de delitos comunes en nada conexos con delitos políticos, nos lleva a pensar que el actual Congreso estaría funcionalmente convirtiéndose en la continuidad del Congreso anterior; y nos lleva al riesgo de preocuparnos que la corrupción parlamentaria con su conducta, totalmente rechazable por el soberano, es tan solo la vestimenta eterna en ese Poder del Estado que sólo cambia de usuarios cada cuatro años. Esto es de sumo peligroso y desesperanzador para quienes hemos creído que un proceso eleccionario es el tránsito idóneo en la vida democrática de la nación, por el que nos estaríamos conduciendo hacia un horizonte alentador para todos los hondureños.
Igualmente se ha dado con el nombramiento del Procurador y el Sub Procurador del Estado que habrán de sustituir a quienes vacarán en sus cargos en el mes de junio. Por lo que se ha escuchado a través de los medios ni siquiera hubo presentación de la hoja de vida de los que fueron electos y hasta ya juramentados en la sesión donde también se aprobó la amnistía ya referida, y que tampoco se revisó los requisitos que previamente debieron ser confirmados para su elección.
Por el hecho de sorprendernos elocuentemente, y debemos decirlo con nombre y apellido, habremos de mencionar la declaración del diputado Jari Dixon Herrera ante los medios de comunicación que le entrevistaron, quien al ser preguntado si los recién nombrados son notarios… su respuesta fue que ese no es requisitos en la Constitución; que ser abogados es el requisito que deben observar para su nombramiento según el artículo 229 constitucional. Ese artículo mencionado por el parlamentario establece que el Procurador y el Sub Procurador deben reunir las mismas condiciones establecidas para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la misma Constitución cuando se refiere a tales Magistrados en su artículo 309 establece como uno de los requisitos para los mismos ser abogado y notario debidamente colegiado. En conclusión se requiere que tanto el Procurador como el Sub Procurador sean notarios, lo que no se ha dado con la reciente elección.
Con lo actuado por el Congreso Nacional con respecto al Decreto de Amnistía y la elección del Procurador y Sub Procurador se está sentando un funesto precedente que destruye las esperanzas que el pueblo hondureño ha venido guardando durante los pasados cuatro años con la seguridad que después de las elecciones de noviembre Honduras tendría un nuevo rostro ante su pueblo y ante la comunidad internacional, derivado de las actuaciones de las personas elegidas en ese proceso electoral.
Y nos preguntamos con la debida preocupación: ¿Estaremos acaso ante una réplica de lo que fue el Congreso Nacional del cuatrienio anterior?; ¿Con qué hechos nuevos nos habrán de sorprender ante las futuras decisiones que se tomen en ese Poder del Estado?; ¿Hasta dónde estarán comprometiendo la gestión de la actual presidente de la Republica, teniendo en cuenta que los Poderes del Estado constitucionalmente son complementarios entre sí?; ¿Es acaso éste el Congreso Nacional que por cuatro años hemos estado esperando para la reconstrucción de nuestra hiper maltratada Honduras?…. Que el Señor se apiade de este pueblo.
Febrero 3 de 2022
MelvinLopezHerrera-Honduras 