NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA

(Melvin López Herrera)

Últimamente ha recobrado discusión y debate mediático el tema de las mal llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE) que fue el parto tenebroso y maquiavélico que se gestó a través de un concebido plan en el Congreso Nacional en los años 2012 y 2013, donde se violó y destruyó nuestra Constitución de la República, con la complicidad por inacción de la Fiscalía General de la República y el sometimiento al actual gobernante de facto por parte  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009 – 2016, y ahora con la del período actual como consecuencia de la reciente Resolución emitida por mayoría de su Pleno, aprobando el establecimiento de la jurisdicción especial dentro de las ZEDE. 

Todo ello no es otra cosa que el toque final que se le está dando, dentro de la mayor impunidad y con categoría de traición a la Patria, a la confirmación y habilitación de un Estado dentro de nuestro propio Estado; con lo que se ha vendido o hipotecado nuestra soberanía, destruyendo con ello nuestra identidad colectiva de nación y de país, y propiciando oficialmente el asentamiento en dichas zonas de un moderno sistema de esclavitud laboral en pleno siglo XXI en donde ni la garantía constitucional del derecho al trabajo ni el Código del Trabajo tendrán vigencia protectora para quienes luchan honradamente para procurarse el sustento familiar. Todo ello ha llevado al total resquebrajamiento del Estado de derecho en nuestra atropellada Honduras.

En este período eleccionario se ha encendido nuevamente la pira gubernamental con nuevas acciones que vienen a ahondar el grado de violación a nuestra carta fundamental y leyes secundarias, siendo entre otras esa reciente Resolución de la CSJ; con la que han terminado de hundir el Estado de derecho. Con todo esto se busca que la oposición política caiga en la  trampa que el partido de gobierno y el gobernante de facto le están tendiendo para que ese tema de las ZEDE sea el artificio electorero de quienes quieren permanecer detentando el poder político a toda costa; engañando e ilusionando a un pueblo más que humillado.

Y es allí precisamente donde está la trampa que el Partido Nacional y el gobernante de facto piensan tenderle a la oposición política en este proceso electoral, atrayéndole con este espinoso tema a su propio “ring” de boxeo, pretendiendo evadir la vindicta pública que ya ven venir este 28 de noviembre; haciendo para ello uso de las herramientas que bajo su control disponen: el hambre y necesidad de un pueblo; el engaño al elector con el espejismo que le presentan al anunciarle masiva generación de empleo a través de las ZEDE; el control que ejercen sobre los medios de comunicación social con cadenas radio televisivas, anuncios y pautas con las que enajenan a la nación. Notorio es cómo desde un telenoticiero vespertino de la capital, sus máximos conductores se han convertido en guerreros defensores de este desgobierno y de las “zonas de empleo y desarrollo económico”, al grado inclusive de desarrollar desde ese canal toda una propaganda televisiva promoviendo el paraíso que falsamente se ofrece desde dichas ZEDE.

No se trata que no nos deba importar estos recientes acontecimientos relacionados con el fortalecimiento inconstitucional de las ZEDE que nos deja la Resolución de la CSJ.  Definitivamente es una obligación de todo bien nacido hondureño el luchar por rescatar el Estado de derecho, el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución que nos manda su artículo 375, y darlo  todo por el rescate de la soberanía nacional ahora cercenada con ese proyecto desarrollado e impuesto inconstitucionalmente en 2012 y 2013 desde el Congreso Nacional, con el que se dio vida a las inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”, las que al final se habrán convertido en paraísos fiscales y criminales dentro de nuestra geografía política.

Se trata de que al Partido Nacional y al gobernante de facto, que ya ven venir el castigo de la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre, no les conviene que se le recuerde al pueblo elector el fracaso en la atención indebida con la actual pandemia, que es responsabilidad del gobierno y que tantas vidas ha cobrado; ni el robo ni la estafa al Estado y a la nación con la compra y traída de los hospitales móviles, cuya responsabilidad final recae en el gobernante de facto debiendo responder por ello, ya que al tenor de los numerales 18 y 19 del artículo 245 constitucional es él quien debe velar por la conducta oficial de los funcionarios públicos y quien debe administrar (transparentemente) la Hacienda Pública; ni tampoco el derroche millonario generado desde la famosa “tasa de seguridad”, ya deficitaria, con la injustificable compra de una exagerada flota de vehículos blindados cuyo escándalo surgió recientemente a la luz pública, etc.

Tampoco les conviene que el pueblo elector esté consciente de los grandes actos de corrupción generados por este desgobierno y la impunidad decretada oficialmente desde el Poder Legislativo y refrendada por el Poder Judicial, con reformas también inconstitucionales a leyes con las que han propiciado la evasión de la justicia volviendo inefectiva la acción pública en la persecución del delito, que por disposición constitucional corresponde al Ministerio Público, no importa la calidad y legitimidad cuestionadas de quien actualmente ejerza su titularidad.  Igualmente no les conviene, trabajando para ello desde las tinieblas, que una verdadera oposición política se constituyera en alianza electoral para el proceso de noviembre próximo.

Es por eso que el Partido Nacional y el gobernante de facto han confeccionado su formato de campaña electoral pretendiendo que esos temas y hechos denunciados en los dos párrafos anteriores se mantengan en la oscuridad y el olvido, para que no graviten sobre el venidero proceso electoral.  Prefieren llevar a la oposición a otro escenario, a su propio “ring” político donde querrán desinformar a una población electora, en este caso sobre las falsas bondades de aquellas “zonas de empleo y desarrollo económico”, con la que entregaron la soberanía nacional y donde ni el salario mínimo consensuado por las partes o decretado por el Estado tendrá vigencia en favor de quienes por necesidad o por hambre emigren o les fuercen a emigrar hacia esas zonas.  

Así, imponiendo cadenas radio-televisivas y difundiendo propaganda gubernamental  donde su costo es conmutable con  impuestos, pretenden confundir en su afán de vencer la conciencia y la indignación de un pueblo ofendido; aturdiéndole con abundantes falsos positivos con que nos bombardean en cada momento sobre las falsas bondades de las indiscutiblemente inconstitucionales “zonas de empleo y desarrollo económico”. Y con ese formato de su campaña electoral pretenden embaucar al pueblo para conseguir su voto. ¿Caeremos en su trampa?

Junio 21, 2021