(Melvin López Herrera)
La modernización de la vida democrática en las naciones es un proceso continuo que responde a las exigencias de los tiempos, siempre buscando que el mecanismo político en la expresión de la voluntad popular -que no es otra cosa que el ejercicio del sufragio universal- propicie el grado supremo de legitimación que garantice la convivencia armoniosa entre sus habitantes; de tal forma que quienes han sido escogidos por el voto popular para gobernarnos asuman y ejerzan su cargos respaldados por una expresión mayoritaria en las urnas electorales, superando la oposición en su conjunto. Es este escenario precisamente el que refleja la calidad en la legitimación de los gobiernos; y que facilita la gestión de los elegidos.
En nuestro país, después de haber transitado esta cuasi democracia a veces interrumpida por golpes de Estado, mientras la contienda electoral se concentraba en la competencia de dos partidos políticos mayoritarios no representaba ningún riesgo que uno de ellos se alzara con la victoria respaldado por la mayoría de los electores… y así resultó ser por mucho tiempo.
Después del golpe de Estado de 2009, con el significativo fraccionamiento del Partido Liberal que dio lugar al surgimiento de Libertad y Refundación (Libre) en la vida política de la nación, y luego el surgimiento de otras fuerzas también políticas, hemos experimentado -como ha sido hasta con sus ganes fraudulentos- que el Partido Nacional nos ha estado gobernando con un ínfimo porcentaje de votos alcanzados en el proceso electoral.
El resultado de este último proceso electoral de 2017 fue producto de la conspiración orquestada por ese partido político con las autoridades (TSE) encargadas de conducir el mismo; sumando a ello la complicidad de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia; instituciones que no hicieron nada por impedir (y en algunos casos más bien lo facilitaron) que se llegara a usurpar la Presidencia de la República violando la prohibición expresa en los artículos constitucionales 4 párrafo segundo y 240 numeral 3, donde uno de ellos obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y el otro prohíbe que sean elegidos Presidente los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los cuerpos de Seguridad del Estado; mismos artículos que en ningún momento fueron declarados inaplicables en la ilegal sentencia de 2015 de aquella Sala de lo Constitucional y que de conformidad con el artículo 375 de la Carta Magna jamás podría tener vigencia.
A ese hecho señalado habrá que agregar y tenerlo muy en cuenta los grandes escándalos, y sus efectos adversos para la nación, en que se ha visto involucrado el partido de gobierno; desde los juicios ventilados en los órganos jurisdiccionales de los Estados Unidos de América tras el sometimiento a procesos de diversos personajes involucrados en el narcotráfico y otros delitos y su vinculación con quienes nos gobiernan, más los impunes actos de corrupción que han salpicado a la cúpula gobernante en toda la estructura del Estado, y al partido de gobierno como institución bajo la responsabilidad de quienes lo conducen.
Por el consecuente desgaste natural que sufren los partidos políticos hechos gobierno, agregando a ello el hecho de que el Partido Nacional en las últimas elecciones en el nivel presidencial alcanzó un 37% contra un 63% de la oposición, sumando a ello el proceso fraudulento en que desembocaron las elecciones generales de 2017 y la usurpación presidencial impuesta al soberano, lo que a su vez ha propiciado indudablemente la indignación de muchos nacionalistas íntegros; es un hecho muy seguro que en una contienda electoral con el mismo formato, el Partido Nacional alcanzaría un nivel inferior de aceptación popular en comparación con el experimentado en las últimas elecciones generales; y con ello corriendo el riesgo de desaparecer como gobierno.
Ese riesgo pone en zozobra a quienes desde el Estado como partido político han hecho gobierno, pues ya fuera del poder podrían ser perseguidos por la justicia interna o internacional, cambiando de una vez su destino al cesar en su paraíso de impunidad. Y por ello no ven conveniente, y hasta se oponen a, la introducción de la “segunda vuelta” en el proceso electoral que se avecina; y consecuentemente no pueden ver con buenos ojos la necesidad de alcanzar una verdadera legitimación para quienes deberán asumir la conducción del Estado en el nuevo cuatrienio… pretenden continuar gobernando en la forma que hasta ahora lo han hecho: desprovistos de la legitimación debida; beneficiándose para sí en lugar de buscar el beneficio de la nación entera.
Es inaudito escuchar al Presidente del Congreso Nacional, pre candidato presidencial desde ya, quien tiene “los sellos del Pleno” para agendar lo que unilateral o partidariamente se le ocurra o le convenga, al decir que “no hay ambiente para decretar en una reforma constitucional una segunda vuelta electoral… que hay que consultar al pueblo… que no hay recursos para una tercera etapa eleccionaria”. Y a algunos de otros dirigentes del partido de gobierno sostener que “la segunda vuelta electoral debe considerarse hasta para las elecciones de 2025 para descontaminarla de intereses políticos inmediatos y que se ajuste al interés nacional”. ¿Porqué desde 2018 no se agendó desde la Presidencia del Congreso Nacional la reforma constitucional para instaurar la “segunda vuelta electoral”?… ¿Porqué no se dispuso en el Congreso desde 2018 aprobar la consulta al pueblo con la debida anticipación al momento actual, como opción alterna para disponer esa reforma, si se consideraba imprescindible tal consulta?… ¿Porqué se alega “insuficiencia de recursos monetarios” si con la pandemia actual se han dilapidado mediante actos impunes de corrupción cantidades exorbitantemente mayores al posible costo de la segunda vuelta electoral?… ¿Cuál es el “interés político inmediato” que se pretende descontaminar pensando en implantar la segunda vuelta electoral hasta en 2025?.
Ante esa última pregunta derivada de declaraciones de políticos del Partido Nacional, no cabe duda que el interés de implantar la segunda vuelta hasta en 2025 no es otro que evadir el castigo duro del voto digno del pueblo, incluyendo el de los nacionalistas íntegros que ven con repulsión cómo ha sido conducido su partido hecho gobierno por quienes se han posesionado del mismo para sus intereses particulares.
Si realmente el Partido Nacional, o más bien en las personas de quienes desde el gobierno lo conducen, quiere ser abanderado de la democracia y competir por Honduras y no por sus intereses de grupo; deberá promoverse en el Pleno del Congreso Nacional la debida reforma constitucional para implantar la segunda vuelta electoral. Para ello se cuenta con el suficiente tiempo para ese proceso parlamentario. Desde ya debe someterse a aprobación la reforma constitucional requerida y su ratificación deberá hacerse inmediatamente que se instale la siguiente y última legislatura del actual cuatrienio parlamentario. Si en el Congreso su Presidente persiguiendo sus intereses políticos personales (como pre candidato presidencial) no agenda oportunamente la discusión de la correspondiente reforma electoral o si agendándola el Partido Nacional impone su mayoría mecánica para que no se alcance una votación calificada de las dos terceras partes, quedará evidenciado como el partido que teme no seguir gobernando, y que teme acabar con el disfrute de su piñata de impunidad; sin importarle en lo mínimo el futuro de la nación entera.
Agosto 27, 2020
MelvinLopezHerrera-Honduras 