(Melvin López Herrera)
A estas alturas ya conocemos gran parte (porque indudablemente surgirán nuevos hallazgos) del desastre y latrocinio producido con las operaciones de adquisición de equipos e instalaciones médicas y demás insumos sanitarios por parte de Invest-H para atender las necesidades originadas con la pandemia del Covid 19, que tiene sumida a la nación en una profunda crisis sanitaria y hasta con considerables efectos económicos; y lamentablemente con irreparables pérdidas en vidas humanas. Tenemos más que sobrada razón para pensar que ese fue un festín dirigido, consentido y ejecutado por diferentes niveles enlazados en la administración pública; desde su cúspide hasta la base operativa que descansó en la Dirección Ejecutiva de la institución, desde donde se defraudó con significativos valores millonarios el erario nacional, con profundos daños a la seguridad sanitaria de la nación e impactando las esperanzas de un pueblo que tradicionalmente ha sido manipulado e ignorado, hasta la ofensa, por quienes asumen las riendas en la conducción del Estado.
Siempre hemos tenido una justificable duda sobre el ejercicio efectivo de la acción encomendada constitucionalmente al Ministerio Público por medio de sus máximas autoridades, sobre todo por quien por dos períodos consecutivos ha estado a cargo de la Fiscalía General de la República. No son de nadie desconocidas las innumerables denuncias que se han formulado ante esa institución y sobre muy diversos casos que han requerido la acción inmediata del Ministerio Público con los resultados debidos que nunca llegaron. Para citar sólo dos, tenemos: El primero que fue llamado “el robo parlamentario del siglo” donde en una fecha (20/1/2014), sin estar constituido constitucionalmente el Congreso Nacional, tuvo lugar la conocida “diarrea legislativa” en donde se emitieron 67 decretos en un mismo día (todos ellos falsos y constitutivos de delitos de acción pública), con grandes y negativos efectos económicos e institucionales y cuya denuncia fue engavetada por el Ministerio Público. El segundo fue el caso relacionado con el juicio que en Estados Unidos se le siguió a Tony Hernández, ahora declarado culpable, y sobre lo que en un acto público se le exigió al Ministerio Público investigar, para confirmar o descartar, el posible encubrimiento del actual gobernante de facto en las acciones por las que se le siguió proceso penal a su hermano Tony, por ser dicho gobernante quien ha venido integrando y hasta presidiendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que como tal jamás pudo alegar desconocimiento de esos hechos de su hermano… También este caso fue engavetado por el Ministerio Público.
Ahora estamos observando mucha actividad investigativa en esa institución fiscal, con relación al caso particular de Invest-H. Ya fueron llamados a declarar el propio Director Ejecutivo que fungía en esta institución, y las Secretarias de Estado en los despachos de Salud, Finanzas y Coordinación de Gobierno (creemos que ese es el nombre). Indudablemente es nuestro pensar que siendo que estas tres funcionarias integraban con otros el Consejo Directivo de Invest-H, por acción o por omisión asumen su cuota de responsabilidad respecto a las “irregularidades” en las adquisiciones ejecutadas por su Director Ejecutivo, quien estaba bajo la orientación y control de dicho Consejo como su autoridad inmediata; y que como cuerpo colegiado de Invests-H debió reunirse por lo menos una vez al mes, indistintamente ya por iniciativa del propio Director Ejecutivo, o al menos por dos de los miembros integrantes ese Consejo.
Por lo que ha trascendido mediáticamente a través de oficios y audios de origen, nos enteramos que las tres funcionarias mencionadas en su ocasión se dirigieron al ahora ex Director Ejecutivo dándole ciertas indicaciones o solicitándole ciertas acciones relacionadas con las adquisiciones que ahora han constituido el tema del fraude que se investiga en el Ministerio Público. En esas comunicaciones sostenidas por las tres funcionarias, ellas manifiestan al ex Director que se le dirigen “por instrucciones del señor Presidente de la República” (léase gobernante de facto); lo que deja a la vista que la tres sólo sirvieron de medio de comunicación entre la cabeza suprema de la administración pública y el ejecutivo de Invest-H.
Debemos tener presente que conforme al artículo 245 constitucional es el Presidente de la República (aún en el caso ilegítimo del actual gobernante de facto) quien tiene bajo su responsabilidad la administración general del Estado, y de una manera puntal entre sus atribuciones consignadas en este mismo artículo están las siguientes: “velar en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado”… “administrar la Hacienda Pública” y; “adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes”.
En el caso particular de Invest-H con las adquisiciones realizadas en torno a la actual pandemia, y ahora en investigación dentro del Ministerio Público, consideramos que el gobernante de facto debe tener suma responsabilidad desde el cargo que ilegalmente ocupa. No sabemos hasta ahora si, conforme a lo que dispone el artículo 227 del Código Procesal Penal, le será tomada la debida declaración en relación al fraude que se investiga sobre las adquisiciones ejecutadas por Invest-H en torno a la atención de la actual pandemia. Ese artículo respecto a su numeral 1 establece que el Presidente de la República no esta obligado a comparecer pero sí obligado a declarar. Por lo tanto el Ministerio Publico está facultado para tomarle su declaración, en el lugar que el gobernante de facto disponga.
Es de nuestro parecer que el Ministerio Público está obligado ineludiblemente a tomarle declaración por tres razones fundamentales: a) constitucionalmente es la autoridad suprema responsable de administrar la Hacienda Pública, por tener a su cargo la administración general del Estado, b) porque fue el mismo gobernante de facto quien nombró al señor Marcos Bográn como Director Ejecutivo de Invest-H y, c) porque en los oficios y audios conocidos mediáticamente provenientes de comunicaciones entre el ex Director Ejecutivo de Invest-H y la tres Secretarias de Estado anteriormente referidas, hay un punto de coincidencia al afirmar cada una que se han dirigido al ex Director Ejecutivo “por instrucciones del Presidente de la República”.
Dada las múltiples y continuas intervenciones del gobernante de facto en cadenas nacionales relacionadas estrictamente con la pandemia y las correspondientes estrategias del gobierno implantadas para combatirla, no queda ninguna duda que él debió estar al tanto de las operaciones realizadas en Invest-H y por consiguiente es quien mejor puede aclarar, en su declaración ante el Ministerio Público, dando luz sobre lo que realmente ha sucedido en Invest-H desde donde se ha cometido el fraude que se investiga y que hasta la fecha sigue produciendo efectos irreparables con el cobro de vidas humanas, que han traído luto y dolor a muchas familias y a la comunidad hondureña entera.
Si el Ministerio Público decide no tomarle declaración al gobernante de facto, entonces tendremos muy claro el panorama… sólo habrá estado haciendo la “patarata” ante estos actos de crueldad que se le han infringido a la nación, y que han tenido hasta trascendencia y efectos internacionales. Si esto termina así, se habrá escrito una página más en la deplorable gestión del Ministerio Público por medio de sus autoridades supremas, y con ello haciendo inefectiva la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, como las razones de la existencia constitucional (según artículo 232) para esta institución del Estado.
Julio 31 de 2020
MelvinLopezHerrera-Honduras 