(Melvin López Herrera)
“Después del trueno, Jesús María”. Ya están anunciando que las operaciones de compras de emergencia con motivo de la pandemia, serán encargadas a Naciones Unidas; como consecuencia de los grandes escándalos que han salido a la luz pública, donde se ha evidenciado el descarado manoseo y robo en las adquisiciones realizadas por las instituciones del Estado autorizadas para manejar las mismas.
Esto era de esperarse…. en esta “piñata virus” se ha estado jugando con balón adelantado. Estamos ante un gobierno nacionalista que lleva tres períodos consecutivos, donde se ha caracterizado por los grandes como impunes latrocinios, contra las débiles arcas del Estado y en donde apenas unos pocos están siendo juzgados, sin alcanzar el brazo de la justicia a quienes, desde la cúspide delincuencial, han sido los verdaderos peces gordos en la comisión de esos delitos.
Debemos reconocer que históricamente en todos los gobiernos ha habido malversación en los fondos del Estado, constituidos por los impuestos pagados por todos los hondureños y la deuda pública nacional e internacional contraída y con la que ha quedado hipotecada la nación en sus futuras generaciones. Pero es indiscutible que el partido político actualmente en el poder ha sido y sigue siendo el más corrupto al momento de volverse gobierno.
Basta recordar los grandes escándalos como el desfalco al Seguro Social, desde donde inclusive se alimentó millonariamente a ese partido político para atender sus campañas electorales; la gran millonada que se filtró a particulares a través de una de la Secretarías de Estado y cuyo proceso judicial fue identificado como “la caja de Pandora” y donde ha sido señalada la alta cúpula que nos ha gobernado; pero sin juzgársele. Igualmente cómo desde el Congreso Nacional se han reformado leyes con el único fin de que la justicia no alcance a ese foco de corrupción enquistado en ese poder del Estado controlado por el Partido Nacional, y con el soporte de algunos diputados de la oposición quienes a la hora de pronunciarse con su voto se les han adherido, lo más seguro que a cambio de algún beneficio pues, no haya almuerzo gratis. Bajo ese conocido perfil, no podía esperarse otra cosa de quienes nos gobiernan.
Con la emisión del Decreto Legislativo dándole vida a la “LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19” en la que, entre otras cosas, se autorizó la compra directa por la emergencia a Copeco, Invest-H y a la Secretaría de Salud; en la ejecución de esas autorizaciones sin el menor ápice de vergüenza (que nunca se tendrían) ni de temor alguno, se han saqueado los fondos del Estado que en este caso de la pandemia deberían ser sagradamente administrados.
El gobernante de facto en el caso de Copeco hizo sustituir a su cabeza por otra persona, sin que ello sirva para garantizar a la nación que a partir de allí las cosas serán manejadas con manos puras. Las otras dos autoridades dentro de las otras dos instituciones siguen capitaneando las acciones relacionadas con la pandemia. Pero es sorprendente que en el caso de Invest-H las cosas sigan igual pese a los grandes escándalos que se han hecho públicos en las compras sobre valoradas, y donde se han operado millonarias adjudicaciones de las mismas a personajes vinculados en otros negocios con Invest-H; y en otros casos a vendedores que resultaron ser familiares, descendientes o parientes, de otros funcionarios del Estado y de altas autoridades del Cohep. Y a pesar de ello no ha habido remoción en la persona que está al mando de aquella institución.
En estas operaciones emergentes, derivadas del combate a la pandemia, no se le ha querido dar la participación debida al CNA ni a FOSDEH, las que serían las únicas instituciones creíbles en la necesaria veeduría a practicar a las ejecutorias de las tres instituciones que tienen carta libre para realizar compras directas, con lo que queda suspendido el procedimiento regular de las mismas que incluye la debida apertura a licitaciones públicas. Y con ese marginamiento es indiscutible que, sin la participación de CNA y FOSDEH habrá ninguna garantía de haber administrado con la debida pureza la administración de los recursos financieros autorizados, que suman cuantiosos millones de lempiras. Con la designación del Fonac y el Cohep en la veeduría de estas operaciones de emergencia, no podría ni puede esperarse resultados concluyentes.
El Fonac recordemos que fue revivido como necesidad de darle vida al órgano paralelo del CNA con el único fin de neutralizar a este último en su accionar de combatir la corrupción. El Fonac sus altas autoridades con facultades de representación, están identificadas o integran instituciones de sociedad civil (particularmente la ASJ) que tienen encomendado por el Ejecutivo los procesos de depuración de la Policía Nacional. Y por consiguiente, quiérase o no, tienen intereses encontrados que no les permitiría desempeñarse con la idoneidad esperada; pues es difícil en esas circunstancias poner en evidencia la acción despilfarradora de este gobierno, que a su vez es quien les tiene en el mando de las tareas de depuración policial.
El Cohep por su lado es un órgano de naturaleza privada que está integrado por el mundo empresarial organizado, donde algunos de sus empresarios están entre los proveedores inmediatos en estas operaciones de compras directas autorizadas para esta crisis pandémica. Y en estas operaciones de compraventa de insumos y equipos emergentes siempre habrá un comprador identificado como el Estado y un vendedor identificado por los empresarios; de tal forma que se juegan intereses que indudablemente entrarían en conflicto con la tarea de veeduría encomendada al Cohep.
Así, mientras no se les permita irrestrictamente al CNA y al FOSDEH su necesaria participación en las tareas de veeduría sobre las operaciones de compras directas autorizadas a las tres instituciones del Estado; por mucha información que se brinde -como la que ya hizo evidente los grandes latrocinios ejecutados- no se le puede garantizar al pueblo que se esté administrando con manos puras sus débiles recursos; pues inclusive ha circulado que algunos de los vendedores de insumos y materiales están familiarmente identificados con algunas de las autoridades del Cohep y con algunos magistrados del TSC quienes tienen la responsabilidad final en la acción fiscalizadora del Estado.
Consideramos que asignadas las tareas de compra a Naciones Unidas, este organismo debe hacer pública en su plataforma, y en tiempo real, los procesos secuenciales en estas operaciones de compras: invitación a cotización, las cotizaciones mismas, y las concluyentes adjudicaciones. Así, y sólo así, se la habrá devuelto la confianza a la nación sobre la correcta administración de sus recursos en estas operaciones emergentes derivadas de la pandemia. Esa transparencia informativa debería observarla Naciones Unidas en la tarea que le está siendo encomendada.
Se debe ponchar de una vez ese balón adelantado, para ponerle fin a esta “piñata virus”.
Abril 23, 2020
MelvinLopezHerrera-Honduras 