“EL GENERAL NO TIENE QUIEN LE REPRENDA”

(Melvin López Herrera)

Para todo hondureño bien nacido no pueden pasar por desapercibidos los preceptos constitucionales dedicados a la “ciudadanía”, en donde en su artículo 38 se señala entre otros que todo hondureño está obligado a defender la Patria y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación… esto último no es otra cosa que procurar y luchar por un verdadero estado de derecho, para alcanzar el verdadero fortalecimiento de la institucionalidad; que no se logra sin hacer prevalecer la Constitución y las leyes por sobre todas la cosas.

Por su lado el artículo 40 constitucional señala entre diversos deberes del ciudadano: “cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes”; abarcando con la calidad de ciudadano incluso, a quienes estén de alta en las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.

Y en el artículo constitucional 272 en su párrafo primero le da un ineludible mandato a las Fuerzas Armadas  al definirle como una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante; agregando en su párrafo segundo la razón de su existencia, entre otros, para mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Quienes en la misión operativa de las Fuerzas Armadas, y particularmente dentro de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las mismas, quieran perderse, no por desconocimiento, de esa alta responsabilidad a la que están sometidos dentro de ese cargo; no cabe duda que su conducta punible no puede tipificarse penalmente más que como de traidores a la Patria y con la correspondiente imprescriptible sanción penal; que deberán cargar en cualquier momento en que en nuestro país se restablezca la debida administración de justicia.

En el pasado reciente y en los días en curso ha sido notoria por pública la participación inconstitucional del General Ponce Fonseca, actual Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien sin empacho ni vergüenza, ni respeto a la Constitución y las leyes, se ha atrevido a violentar la conducta apolítica y no deliberante que le impone la Constitución y la misma Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.  Ya antes con su inacción tras las elecciones generales de 2017, al no obedecer el precepto constitucional que impone al cuerpo armado asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, se convirtió en traidor a la Patria cargando de por vida la sanción punible que deberá soportar cuando sea juzgado en cualquier tiempo.

El 20 de agosto de 2019 en un programa radial de HRN, en una pretensión de sabiduría e ignorancia jurídicas se atrevió a manifestar que las Fuerzas Armadas seguirán respetando el estado (¿?) de derecho; y avalando la reelección ilegal de JOH.  Estas irresponsables declaraciones cayeron como un abominable balde de agua fría en quienes tuvimos la desdicha de escucharle, y como una burla a la sabiduría y dignidad del pueblo.  En la fecha calendarizada para las Fuerzas Armadas apareció en diferentes medios de comunicación social, después de un desfile intimidatorio de las FFAA, volviendo a inmiscuirse en política y ratificando su desobediencia al mandato constitucional que obliga a “la alterabilidad” ya referida.

Y lo más reciente fue una declaración pública en Radio América, donde sugiere desarrollar una encuesta mediante la cual se consulte el grado de popularidad y reelección del actual gobernante de facto… mismo que las FFAA mantienen ilegalmente en el cargo que dicha institución está llamada a proteger de toda usurpación, como actualmente está ocurriendo.

Con este Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA se dio algo insólito cuando sin haberse sometido a la aprobación constitucional del Congreso Nacional, tal como lo manda la Constitución de la República en su artículo 205 numeral 17; se atrevió a recibir una condecoración de gobierno extranjero como el de Estados Unidos de América por medio del Comando Sur.  Este artículo constitucional es muy categórico al señalar entre las atribuciones indelegables del Congreso Nacional (numeral 17) la de “conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar cargos o condecoraciones de otro Estado”.  Y lo inaudito como insólito resulto ser que esa inconstitucional ceremonia llevó consigo el beneplácito presencial y personal del gobernante de facto y del Presidente del Congreso Nacional donde jamás se sometió a su debida aprobación esa condecoración inconstitucionalmente recibida por Ponce Fonseca y que lo convierte una vez más en traidor a la Patria.

¿Cómo contralar la conducta reiteradamente violatoria del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA?… ¿Cómo lograrlo si, contario a ello, el titular ilegal del Ejecutivo y el del Congreso Nacional comparecieron como cómplices en esa inconstitucional ceremonia?

Como buenos hondureños, sabedores y reconocedores de las obligaciones ciudadanas que nos impone el artículo constitucional 40 numeral 1 (cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes) debemos exigirle al General Ponce Fonseca que se abstenga de desobedecer las restricciones que la Constitución y la Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas le imponen desde el cargo que ocupa. Ponce Fonseca, al margen de la complicidad de sus autoridades superiores,  debe mantenerse dentro de la apoliticidad  y la no deliberancia a la que le tiene sometido el artículo 272 párrafo primero constitucional.

Igualmente importante como imprescindible es que desde los debates y foros radio televisivos se abstengan de darle cabida en sus espacios al General Ponce Fonseca, quien asiste a esos eventos con deliberada desobediencia a las restricciones constitucionales que le son impuestas mientras ocupe ese cargo y pretendiendo levantarle imagen al gobernante de facto, como si se estuviera en una abierta campaña electoral.  Y no es que con ello se esté atentando contra la libertad de expresión… sucede únicamente que desde los medios de comunicación social, el darle cabida es incurrir en complicidad con su desacato a la Constitución.  Para los comunicadores sociales,  la libertad de expresión abusada por Ponce Fonseca no debe sobreponerse facilitando el empañamiento de la conducta profesional y ciudadana de los periodistas en el ejercicio de su profesión al coludirse con el General.

Si por su soberbia Ponce Fonseca piensa continuar en desobediencia a ese mandato constitucional, sería bueno que en las redes sociales se sometiera una encuesta sobre esa conducta; para con la venia del soberano declararle una baja deshonrosa muy bien merecida por su atrevimiento y osadía.

Y como el General no tiene quien le reprenda, nos toca al pueblo hacer valer el imperio de la Constitución a través de esa encuesta, para que el sometido y sus autoridades superiores entiendan que la Constitución merece el respeto que ellos desde sus cargos le desconocen.

Diciembre 10 de 2019