(Melvin López Herrera)
La insurrección viene y nadie la detiene. Este es un derecho constitucional, comprendido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna por el que el pueblo ejerce su legítima desobediencia a un gobierno usurpador. Entiéndase por pueblo la integración de todas la fuerzas políticas, sociales, económicas y tantas otras que no deben rehuir a su responsabilidad de defender y preservar la soberanía popular, y jamás deberán mostrarse indiferentes, complacientes y hasta coludidas con quienes desde un estado de inconstitucionalidad impuesta por la fuerza de las armas han secuestrado la institucionalidad, colocando y sosteniendo peones incondicionales y sumisos en los órganos e instituciones del Estado encargadas de hacer prevalecer el derecho, la justicia y sobre todo el imperio de la Constitución.
El recorrido de Juan Orlando por la jefatura de facto del Ejecutivo, pese a tener el blindaje que le ofrecen las Fuerzas Armadas y el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su embajada, y las fuerzas económicas que velan por sus intereses asociados con -o amenazado por- el gobierno; lejos de fortalecerse se ha ido irremediablemente debilitando. Y es que un gobierno usurpador, por mucha maniobra que ejecute, no puede sostenerse en el tiempo tras el despertar de un pueblo que, transitando de un estado de miedo al de valentía, ejerce irrenunciablemente su derecho constitucional a la insurrección.
Actualmente Juan Orlando y su séquito ante la forma dictatorial en que está conduciendo las cosas de Estado tomando en cuenta que ejerce hegemonía sobre todos los poderes e instituciones del Estado, están siendo enfrentados desde varios ángulos por diferentes fuerzas inclusive religiosas las que están conscientes que no puede postergarse ni un solo segundo el urgente rescate de la nación y la urgente recuperación del estado de derecho por el cual debemos regirnos todos sin excepción alguna.
La fuerte oposición y resistencia que ha encontrado en la “Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación Gratuitas”, movimiento genuino cuya lucha está inspirada en declaraciones constitucionales como la de su artículo 59 donde se aclama a la persona humana con el fin supremo de la sociedad y el Estado, siendo obligación de todos el protegerla… obligación de la que jamás debe desligarse el Estado, está haciendo retroceder al régimen en su pretensión de imponerse dictatorialmente al pueblo.
Los intentos desde el Estado de transitar hacia la privatización de la educación y la salud ha provocado el surgimiento de la lucha de los gremios de docentes y profesionales de la medicina, desde luego con el apoyo y calor popular, para hacer retroceder al gobierno usurpador en algunas decisiones que habían sido tomadas por medio de unos decretos ejecutivos y hasta legislativos. Tras los efectos de esa lucha algunos empresarios, sobre todo los de la costa norte, se han empezado a desmarcar, pronunciándose en desacuerdo con el gobierno y advirtiendo que las circunstancias actuales pueden llevar a indeseables situaciones de mayor peligro y efecto en vida de la nación.
A lo anterior se ha sumado el pronunciamiento de los obispos de Honduras a través de la Conferencia Episcopal donde se hacen señalamientos puntuales. La Iglesia en su mensaje hace eco de la situación de calamidad de la mayoría de la población contrastada de forma impotente contra la corrupción focalizada en las diferentes instituciones del Estado, desde la forma en que se legisla para proveernos de leyes protectoras de la corrupción y la delincuencia, la forma en que se sigue administrando la cosa pública, hasta la forma desproporcionada con la que los cuerpos de policía (civil y militar) pretender imponer orden ante las protestas populares.
Es plausible la fortaleza con que se ha mantenido la plataforma defensora de la salud y la educación, pese al intento del gobierno por debilitarla pues, como Juan Orlando nunca duerme, desde el Ejecutivo se ha pretendido montar unas mesas de diálogo integrándolas con algunos personajes a los que el mismo gobierno los ha llevado a los tribunales y ahora les incorpora al “diálogo” con el único fin de avalar decisiones en las mesas que al final serán modelos impuestos por el gobierno mismo. Es lamentable que desde la cooperación internacional se estén acreditando representantes ante esas mesas, aún estando conscientes que las mismas han sido integradas con “representantes” gremiales que no tienen la autorización de sus bases.
Pero como ciudadanos obligados a no desconocer nuestros deberes con la Patria, desde los diferentes gremios y sectores, no debemos continuar automarginándonos de nuestra responsabilidad constitucional de devolverle el estado de derecho a nuestra Honduras.
Así los empresarios no deben conducir su actividad lucrativa por sobre el interés nacional encaminado al sostenimiento de la democracia, al fortalecimiento y reafirmación de la soberanía que, conforme al artículo 2 constitucional, corresponde irrenunciablemente al pueblo.
Los periodistas -llámeseles reporteros, directores y conductores de programas de debate y noticiosos- deben estar conscientes que individual y gremialmente constituyen las venas comunicantes del cuerpo social, el puente de la identidad nacional, el vehículo informativo de la realidad nacional. Cualquier sometimiento a las presiones de los dueños de medios y del gobierno les volverá históricamente responsables del incierto destino de nuestras futuras generaciones. No deben permanecer silenciados ni mantenerse como informadores pasivos de los lamentables acontecimientos en la conducción de la nación por parte de quienes se enquistan, hasta inconstitucionalmente, en las diferentes instituciones del Estado.
La Iglesia, sobre todo la evangélica que se ha identificado con el gobierno usurpador, debe sostener la antorcha de luz del evangelio; denunciando todo le que esté mal hecho desde las estructuras del Estado y anunciando la esperanza que debe prevalecer en el pueblo para la reconstrucción de nuestra nación a la que estamos llamados todos.
No debemos olvidar que Juan Orlando se está rifando su propia libertad personal, y hará lo que tenga que hacer para que la justicia que se imparte a nuestros connacionales desde el exterior nunca le abarque a él. Obvio… dentro de sus planes personales está el definitivo blindaje que puede asegurarse desde las Fuerzas Armadas donde él es su máxima autoridad. Si pierde ese apoyo se considerará automáticamente desprotegido y obligado a responder a la justicia, por el asalto perpetrado al Ejecutivo, hasta la eventual vinculación ante la jurisdicción americana con la actividad ilícita por la que esta siendo sometido a la justicia su hermano Tony.
Y ante ese riesgo no descartemos que pretenda inclusive prolongar su dictadura más allá del período actual. Para ello deberá cuidar que el control de las Fuerzas Armadas esté ejercido por sus incondicionales. Y siendo que en el mes de diciembre vendrán cambios en la institución castrense, no descartemos que pretenda hacer un nuevo salto de promociones, entregando el control y mando de la institución a la promoción 26, y tras ello con la posibilidad que su primo actualmente comandando la Fuerza Aerea pase a ser el nuevo Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Es por eso que la insurrección popular debe fortalecerse, mantenerse compacta y decidida a la reconstrucción de la nación devolviéndole el estado de derecho y liberando a la institucionalidad del secuestro a que la ha sometido el actual jefe de facto del Ejecutivo. Y Las Fuerzas Armadas, cuya cúpula pasada y actual desobedeció el mandato constitucional que le impone el artículo 272 respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, debe saber que repeler el derecho a la insurrección popular constituye también delito de traición a la Patria.
MelvinLopezHerrera-Honduras 